Reclamación sobre el acceso a información relativa al sueldo y gastos de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 con resultado estimatorio por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 4 de enero de 2023 al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « 1.- Importe del salario abonado a la ministra en metálico y en especie desde el año 2020 hasta 2022. 2.- Importe de las dietas abonadas a la ministra desde el año 2020 hasta el año 2022, proporcionando los detalles de fecha y motivo. 3.- Detalle de los gastos que ha pasado como justificantes desde 2020 hasta 2022 en: S/REF:001-075572 N/REF: 763/2023 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Sueldo y gastos de la Ministra. R CTBG Número: 2023-0610 Fecha: 25/07/2023 3.1.- Gastos de Hotel 3.2.- Gastos de viajes: tren, avión, taxi, combustibles. 3.3.- Gastos de manutención en restaurantes. 4.- Copia de las nóminas o justificantes de recibos de salarios de los años 2020 a 2022». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 9 de febrero de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «PRIMERO: Que en fecha de 4 de enero de 2023 se solicitó inform ación al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la legislación autonómica análoga y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación». 4. Con fecha 2 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 9 de junio se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) 1. El 4 de enero de 2023 se recibió la solicitud en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Al objeto de determinar quién sería, en su caso, el órgano competente para resolver el expediente, R CTBG Número: 2023-0610 Fecha: 25/07/2023 se efectuaron varias consultas internas a distintos órganos superiores y directivos del Departamento. 2. El 23 de enero de 2023 se acordó que la solicitud de acceso a información pública presentada por la z fuera resuelta por la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, fecha a partir de la cual empezó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Este extremo fue notificado a la interesada a través de la aplicación GESAT. 3. El 21 de febrero de 2023 se remitió notificación a la a través de la cual se le comunicaba que: a. El artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que "La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante". b. Se había considerado que su solicitud se encontraba dentro del supuesto contemplado en el artículo 20. En consecuencia, se le comunicaba que se ampliaba un mes el plazo máximo para la resolución de la solicitud. 4. El 2 de marzo de 2023 la ha presentado una reclamación ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) indicando que “No he recibido respuesta a la solicitud”. En relación con esta última consideración, cabe recordar que el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce el derecho que todo interesado tiene en un procedimiento administrativo a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado. Hasta la fecha de la reclamación no se tiene constancia de que la interesada se haya dirigido a este Departamento Ministerial para conocer el estado de tramitación de su solicitud. Además, cabe indicar que la aplicación GESAT que se utiliza para la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública contiene información sobre las fechas de vencimiento de los expedientes. 5. El 24 de marzo de 2023 se notificó la resolución a la persona interesada, concediendo el acceso a toda la información solicitada». Dichas alegaciones se acompañan de la resolución de 24 de marzo de 2023, en la que se concede el acceso en los siguientes términos: «(…) El 23 de enero de 2023 esta solicitud se recibió en la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, órgano competente para resolver, fecha a partir de la cual empezó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, se resuelve conceder el acceso a la información a la que se refiere la solicitud presentada por en los siguientes términos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las retribuciones percibidas durante el año 2022 por todos los altos cargos de este Departamento, entre las que se encuentran las de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, han sido publicadas en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Puede acceder a dicha información a través del siguiente enlace: buscador/buscar.htm?categoria=retribuciones&ente=E05070401&lang=es En documento anexo a esta resolución se proporciona la información solicitada relativa a gastos correspondientes a dietas, manutención, transporte, alojamiento y otros gastos que obra en poder de este Ministerio». 5. El 9 de junio de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el siguiente 22 de junio, en el que se pone de manifiesto que: «En relación a las alegaciones presentadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, insisten en que se presentó la reclamación antes del vencimiento de plazo, y evidentemente ello es falso. Con independencia de que el interesado pueda dirigirse o no a la Administración, lo cierto que es el plazo máximo de resolución es de un mes desde la entrada en el órgano encargado de resolver. La tardanza en el reparto al órgano encargado de casi tres semanas, únicamente evidencia la desidia del Ministerio en cumplir con lo establecido en la Ley y la incompetencia de los órganos encargados en el mismo de resolver las solicitudes de información. Dicho lo cual, se ha facilitado la información fuera del plazo establecido en la ley para la resolución por lo que procede una resolución estimatoria por motivos formales. Recordar al Ministerio que la Ley de Transparencia establece un procedimiento ágil, con un plazo de un mes para la resolución (una vez que accede al órgano competente) pero la Administración como tantas veces sucede carece de la eficacia necesaria para cumplir el mandato legal lo que evidencia una falta total de interés en el cumplimiento de la norma, que queda vacía de virtualidad y nos obliga a recurrir al CTBG e iniciar otro procedimiento administrativo sin necesidad. Dejando constancia de lo manifestado, procede por tanto la estimación por carácter formal, al no haberse producido respuesta en el plazo legal, por lo que solicitamos del CTBG una resolución estimatoria sin más trámite». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a los datos relativos a las percepciones salariales, a los percibidos concepto de dietas, así como gastos por viajes alojamientos y manutención justificados, correspondientes a la titular del MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 en el periodo 2020-2022. El Ministerio requerido no dio respuesta alguna a tal petición en el plazo de un mes establecido, por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación del artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en trámite de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente pone de manifiesto que la solicitud tuvo entrada en su departamento en fecha 23 de enero de 2023, acordándose la ampliación del plazo para resolver en un mes el 21 de febrero siguiente y dictándose resolución en fecha 23 de marzo de 2023 por la que se acuerda conceder el acceso en los términos que se recogen en la misma. Entiende que la reclamación ha sido interpuesta con carácter prematuro. Concedido trámite de audiencia a la reclamante, esta manifiesta su conformidad con la información recibida, objetando el carácter tardío con el que le ha sido entregada. 4. Sentado lo anterior debe reiterarse que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el este caso, alega el órgano competente que la solicitud de información no se recibió hasta el 23 de enero, habiéndose notificado a la reclamante el acuerdo de ampliación de plazo en un mes, en fecha 21 de febrero de 2023, sin que la interesada se dirigiera directamente al Depa4rtamente para informarse del estado de tramitación de su solicitud e interponiendo directamente la reclamación presentada. Conviene advertir, no obstante, que no consta en las actuaciones de este procedimiento ni la comunicación a la interesada de la fecha en la que la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver (veinte días después a su entrada en el Portal de Transparencia), ni la notificación de la ampliación de plazo acordada en su día y su necesaria justificación expresa —en la medida en que esa habilitación legal para la ampliación de plazo se ciñe a dos únicos supuestos: a) «el volumen de datos o informaciones» y b) «la complejidad de obtener o extraer los mismos»—. De ahí que no puedan derivarse consecuencias gravosas para la interesada respecto del día en el que interpuso la reclamación ante este Consejo. En cualquier caso, la resolución por la que se concede el acceso fue notificada fuera del plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No puede desconocerse, no obstante, que, aunque extemporáneamente, se ha resuelto sobre la solicitud de acceso concediendo la información solicitada, objetando únicamente la a reclamante únicamente el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, proceder la estimación de la reclamación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez