Reclamación sobre acceso al expediente de provisión y publicidad de comisión de servicios en Caravaca de la Cruz con resultado de archivo por desistimiento

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 10 de mayo de 2023, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « Con respecto a las plazas de funcionarios de habilitación nacional de Caravaca de la Cruz ( Caravaca) Solicito: Copia del expediente tramitado en orden a la provisión del pues to de secretaría del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. En caso de que dicha plaza se encuentre provisionada en comisión de servicios solicito conocer si se ha dado algún tipo de S/REF: 001-079530 N/REF: 2135/2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Expediente de provisión de puesto de trabajo e información sobre publicidad de las comisiones de servicios. R CTBG Número: 2023-0581 Fecha: 18/07/2023 publicidad a la concesión de dicha comisión de servicios y, en caso negativo, por qué no se atiende a la jurisprudencia del tribunal supremo sobre publicidad de las comisiones de servicio (por ejemplo Sentencia de 24 de junio de 2019 del TS sala contencioso administrativo) ». 2. El MINISTERIO de HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA dictó resolución, de 31 de mayo de 2023, en la que se acuerda conceder el acceso a la información en los siguientes términos: « (…) en relación con la primera cuestión, se adjunta archivo comprimido con la copia del expediente tramitado en orden a la provisión del puesto de secretaría del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. En relación con la segunda cuestión planteada, de acuerdo con el artículo 51.3 y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, relativo a las competencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con la autorización de las comisiones de servicio: El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá conceder comisiones de servicio en los supuestos siguientes: a) Para ocupar puestos reservados situados en Comunidad Autónoma distinta de la del puesto de procedencia, ya sea de la misma o distinta subescala o categoría, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual. b) Para cooperar o prestar asistencia técnica, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual, a la Administración General del Estado, a la de una Comunidad Autónoma distinta de la de procedencia, o a una Entidad Local de diferente Comunidad Autónoma. c) Para participar, por tiempo no superior a seis meses, en misiones de cooperación al servicio de Organismos Internacionales de carácter supranacional, Entidades o Gobiernos extranjeros. En todos los supuestos anteriores, la comisión de servicios se efectuará a petición de la Administración interesada y previo informe favorable de la Entidad Local donde el funcionario preste sus servicios.» 3. Mediante escrito registrado el 14 de junio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en R CTBG Número: 2023-0581 Fecha: 18/07/2023 aplicación del artículo 24 de la LTAIBG poniendo de manifiesto su disconformidad con la información recibida. En este sentido alega: « Pedí información acerca de por qué no se aplica cierta jurisprudencia a un tipo de nombramiento de funcionarios de habilitación nacional. Entiendo que me conceden el derecho a saberlo ya que no argumentan causa de inadmisión o denegación, pese a ello no contestan y simplemente se remiten a la ley. Dado que me reconocen el derecho quiero saber por qué no se ha aplicado esa jurisprudencia en este nombramiento y entiendo que tienen que darme esa información porque no me han denegado la información ni me la han inadmitido, simplemente no contestan. Por otro lado la mera repetición de textos legales ya ha sido señalado por el TS que no es motivación del acto.» 4. Con fecha 15 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO de HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 13 de julio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « En primer lugar, se pone de manifiesto que el interesado es un ciudadano cualificado, es decir, pertenece a la Subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por lo que se presupone que debe entender el sentido de la contestación remitida, ya que es un personal cualificado de la administración, que entre sus funciones se encuentra la de asesoramiento legal preceptivo a la corporación. Aplicando la jurisprudencia señalada por el interesado (STS 873/2019, de 24 de junio) se recuerda que la comisión de servicios es un sistema no definitivo de provisión de puestos de trabajo, de carácter excepcional y provisional. Ese carácter excepcional deriva de la propia definición del concurso como sistema normal de provisión de puestos, y del hecho de que se basa en casos de urgente y inaplazable necesidad como fórmula no definitiva de provisión de vacante, debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo previsto: es decir, tiene una duración máxima de un año, prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. Por tanto, es una figura cuya razón de ser es la cobertura definitiva del puesto, lo que se pone en conexión con el hecho de que el concurso sea el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. Señala la sentencia: “Por tanto, cuando la causa que justifica la comisión de servicios es que haya una plaza vacante cuya cobertura es urgente e inaplazable, si como medida transitoria se acuerda cubrirla en comisión de servicios -obviamente voluntaria-, la comisión de servicios debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo. …. La convocatoria pública a la que se refiere el artículo 81.3 del EBEP no implica -máxime si concurren necesidades urgentes e inaplazables- aplicar las exigencias y formalidades procedimentales propias de los sistemas de provisión ordinarios, en especial el concurso, en el que se presentan y valoran méritos, se constituyen órganos de evaluación, etc.: bastará el anuncio de la oferta de la plaza en comisión de servicios, la constatación de que el eventual adjudicatario cuenta con los requisitos para ocuparla según la relación de puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar la plaza vacante”. Siguiendo la línea argumental de la sentencia, la regulación del artículo 78 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito concreto se realiza a través del artículo 51 del Real Decreto 128/2018 sobre las comisiones de servicio señala lo siguiente: (…) Por tanto, la concesión de la comisión de servicios, en su caso, corresponde a las comunidades autónomas o del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero el hecho de que el procedimiento se inicie a petición de la administración interesada, se deduce que es ésta, y no el Estado o las CCAA, quien debe efectuar el trámite de publicidad, en la medida en que es ésta quien debe acreditar las necesidades urgentes. (…)» 5. El 13 de julio de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; presentándose escrito El 17 de julio en el que se pone de manifiesto lo siguiente: « Que habiéndose recibido las explicaciones oportunas por el Ministerio tal y como se solicitó, SOLICITA: Desistir del recurso, si bien ruego se indique en el desistimiento que los costes del recurso se podrían haber ahorrado si el Ministerio hubiera contestado en primer lugar lo que ha contestado en sede de alegaciones.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, en la que se pide copia del expediente tramitado para la provisión de un puesto de trabajo, así como, para el caso en que la forma de provisión sea la comisión de servicios, la publicidad que se ha dado a la mencionada comisión con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Ministerio requerido dictó resolución en la que se acordaba conceder la información solicitada, aportando copia del expediente e información sobre la regulación de las comisiones de servicio. En trámite de alegaciones de este procedimiento, habiendo manifestado el reclamante su disconformidad con la información trasladada en la medida en que no se informa sobre la incidencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aclara y amplía la información solicitada. En respuesta al trámite de audiencia concedido, el reclamante manifiesta su voluntad de desistir de la reclamación, subrayando que esta no habría sido necesaria, con el consecuente ahorro de dinero público, de haberse facilitado la información completa en la resolución inicial. 4. A la vista de lo expuesto, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en la que se indica que: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. (…) 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia (…)». En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez