Reclamación sobre el acceso a la información relativa a la composición de las Juntas de Personal de la AGE en las provincias y desestimación de la misma

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 27 de octubre de 2022 al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Desearía ser informado del número de miembros que componen los órganos de representación de los funcionarios de la administración general del estado (Juntas de Personal) en cada una de las provincias en la actualidad, así como la composición por organización de cada una de las mismas.». 2. El MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA dictó resolución, con fecha 20 de diciembre de 2022, en la que contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-073305 N/REF: 98/2023 Fecha: La de firma Dirección: Información solicitada: Número de miembros componentes de los órganos de representación de los funcionarios de la AGE R CTBG Número: 2023-0576 Fecha: 14/07/2023 «Con fecha 27 de octubre de 2022 tuvo entrada en el Portal de Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la solicitud de acceso a la información pública presentada por D. …, registrada con el número 001-073305, en la que se solicita la siguiente información: Número de miembros que componen los órganos de representación de los funcionarios de la administración general del estado (Juntas de Personal) en cada una de las provincias en la actualidad, así como la composición por organización de cada una de las mismas. Con fecha 7 de diciembre de 2022 se recibió en el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial dicha solicitud, comenzando a contar a partir de esa fecha el plazo de un mes para su resolución, previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LTAIBG). Analizada la solicitud, se concede acceso a la información solicitada, si bien con la salvedad de que la información de la que se dispone en este Departamento se refiere a la Junta de Personal de los Servicios Centrales del extinto Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no se incluyen las Juntas de Personal de provincias (en las que se integra la representación de las Delegaciones de Economía y Hacienda), por no disponer de dicha información. Con la premisa indicada, se indica que, en el último proceso electoral, llevado a cabo en junio de 2019 y en el ámbito de los Servicios Centrales, territoriales y otros Organismos dependientes del extinto Ministerio de Hacienda en Madrid, se produjo el siguiente resultado electoral respecto a la Junta de Personal y que conformó un Órgano con 27 miembros: • GESTHA: 9 representantes • FEDECA: 5 representantes • CSI.F: 6 representantes • UGT: 4 representantes • CCOO: 3 representantes» R CTBG Número: 2023-0576 Fecha: 14/07/2023 3. Mediante escrito registrado el 23 de diciembre de 2022 el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «El pasado 27 de octubre de 2022 se presentó solicitud de acceso a la información pública en el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la siguiente literalidad: “Desearía ser informado del número de miembros que componen los órganos de representación de los funcionarios de la administración general del estado (Juntas de Personal) en cada una de las provincias en la actualidad, así como la composición por organización de cada una de las mismas.” En fecha 18 de noviembre de 2022 se me notificó el inicio de tramitación del procedimiento. No obstante, con posterioridad, el 23 de noviembre de 2022, el centro directivo competente me remite comunicación indicando lo siguiente: “Se le comunica que desde la Dirección General de Función Pública se va a proceder a la duplicación de su solicitud a todos los Ministerios, dejando así sin efecto el documento de inicio de tramitación que se notificó automáticamente en el momento de aceptar la competencia.” Una vez mostrada mi oposición y aportando escrito en el que requería que se emitiese resolución expresa al procedimiento en el que se me remitiese la información solicitada o se me denegase, el 20 de diciembre de 2022 se emite resolución en la que se me indica solamente la composición de la Junta de Personal de los Servicios centrales del Ministerio de Hacienda. El artículo 3.1 de la Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal en la Administración General del Estado señala: “El Registro de Órganos de Representación del personal al servicio de la Administración General del Estado depende de la Dirección General de la Función Pública, a la que corresponden su coordinación y control.” Igualmente, el artículo 14 de la Ley 40/2015, del Sector Público señala: “El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.” No habiendo sido remitida la información solicitada, es decir, la composición de las juntas de personal provinciales (servicios periféricos); entendiendo que el centro directivo ante el que se presentó la solicitud de información es el competente y poseedor de la información y que en caso de no serlo está obligado a remitirlo al que entendiese competente». 4. Con fecha 18 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 9 de febrero se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) Tal y como se indicó en la resolución, no se dispone en este Departamento la información referida a las Juntas de Personal en cada una de las provincias, ni de su composición. Por lo tanto, se procedió a facilitar la composición de la Junta de Personal de los Servicios Centrales del extinto Ministerio de Hacienda. El interesado reconoce que su solicitud respecto a este punto está contestada. Segundo. Competencia para resolver. El reclamante alega que de conformidad con el artículo 3.1 de la Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal en la Administración General del Estado: “El Registro de Órganos de Representación del personal al servicio de la Administración General del Estado depende de la Dirección General de la Función Pública, a la que corresponden su coordinación y control.” No obstante, debe señalarse que a la Dirección General de Función Pública le corresponde, con arreglo al artículo 5 de la Orden HAP/535/2015, lo siguiente: “Artículo 5. Gestión. 1. La gestión del Registro se realiza de forma descentralizada. 2. (…) 3. Corresponderá a los órganos competentes en materia de recursos humanos de los Departamentos Ministeriales, Organismos y Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, la realización de los asientos referidos a los órganos de representación y a los de sus miembros, los relativos a los de las secciones sindicales y sus delegados, así como aquellos que se refieran a los Comités de Seguridad y Salud y a sus delegados de prevención…”. Conforme a la disposición normativa citada se desprende que, al realizarse la gestión del Registro de órganos de representación de forma descentralizada, la Dirección General de Función Pública carece de la información que se solicitaba, por lo que deberían ser los Departamentos y organismos referidos quienes facilitasen la citada información, al tener la competencia registral. Tercero. Remisión al órgano competente. Finalmente, el reclamante alega, que el artículo 14 de la Ley 40/2015, del Sector Público dispone que: “El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.” El reclamante considera que si el centro directivo ante el que se presentó la solicitud de información no es el competente está obligado a remitirlo al que entendiese competente A este respecto, cabe señalar que la solicitud del reclamante fue duplicada a cada departamento ministerial para conceder el acceso a la información solicitada, quedando distribuidos los expedientes duplicados de la siguiente manera: 001-073305 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 001-074499 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 001-074500 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 001-074501 ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 001-074502 CIENCIA E INNOVACIÓN 001-074503 CONSUMO 001-074504 CULTURA Y DEPORTE 001-074505 DEFENSA 001-074506 DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 001-074507 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 001-074508 IGUALDAD 001-074509 INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 001-074510 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 001-074511 INTERIOR 001-074512 JUSTICIA 001-074513 POLÍTICA TERRITORIAL 001-074514 PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 001-074515 SANIDAD 001-074516 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 001-074517 TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO 001-074518 TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 001-074519 UNIVERSIDADES Por lo tanto, cada ministerio aportará la información correspondiente a su ámbito y, en relación con los servicios provinciales competencia del Ministerio de Hacienda y Función pública, será el Ministerio de Política Territorial quien deberá aportar la composición de las Juntas de Personal en cada una de las provincias. En base a las consideraciones expuestas, y partiendo del planteamiento de que el objetivo que persigue la Ley 19/2013, es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa, en este caso concreto, a la composición de las Juntas de Personal, el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial considera que ha sido atendido el derecho de acceso a la información solicitada». 5. El 16 de febrero de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que conste su comparecencia. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al número de miembros que componen los órganos de representación de los funcionarios de la Administración General del Estado (Juntas de Personal) en cada una de las provincias, en la actualidad, así como la composición por organización de cada una de las mismas. El Ministerio requerido respondió facilitando tan solo parte de la información, concretamente, la relativa a la composición del citado órgano de representación en el ámbito de los Servicios Centrales del extinto Ministerio de Hacienda correspondiente al último proceso electoral llevado a cabo en junio de 2019; remitiendo la solicitud de información al resto de Ministerios, al considerarlos competentes. En trámite de alegaciones de este procedimiento, el Ministerio requerido especifica los Ministerios a los que se ha duplicado la información (y el número GESAD con el que se tramita cada uno de ellos) y concreta que, «en relación con los servicios provinciales competencia del Ministerio de Hacienda y Función pública, será el Ministerio de Política Territorial quien deberá aportar la composición de las Juntas de Personal en cada una de las provincias.» 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, el Ministerio requerido facilitó la información de la que dispone, según declara de forma expresa, y duplicó la solicitud de información al resto de Ministerios concernidos, especificando, por lo que concierne a los servicios territoriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que esa información será proporcionada por el Ministerio de Política Territorial —aclaración que se realiza, ya, en trámite de alegaciones de este procedimiento—. Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que, con arreglo al artículo 13 LTAIBG (antes transcrito), la noción de información pública se proyecta sobre aquellos documentos y contenidos que obren en poder (en su ámbito de disposición) del sujeto obligado, por haberlos elaborado o adquirido en ejercicio de sus funciones, debe confirmarse el criterio del Ministerio en este concreto particular, al haberse proporcionado la información que obra en su poder (representación órganos centrales) y haber remitido directamente al resto de Ministerios la solicitud de información —por tanto, en una aplicación correcta de la previsión del artículo 19.1. LTAIBG— para que estos respondan en la parte de la información que se incluye en el ámbito de sus competencias (siendo el Ministerio de Política Territorial el que aportará la composición de las Juntas de Personal en cada una de las provincias). En este sentido, el órgano requerido ha acreditado que si bien es cierto que el Registro de órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado depende de la Dirección General de la Función Pública, a la que corresponden su coordinación y control, también lo es que su gestión (y la realización de los correspondientes asientos) se realiza de forma descentralizada, correspondiendo a los órganos Competentes en materia de recursos humanos de los Departamentos Ministeriales, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 6. En conclusión, con arreglo a lo expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos procede la desestimación de la reclamación pues el Ministerio requerido ha proporcionado la información de la que dispone y ha remitido la solicitud en aplicación del artículo 19.1 LTAIBG al resto de Ministerios competentes. 7. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez