Reclamación de acceso a la información sobre el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de la moneda Sestercio de Augusto

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la asociación reclamante solicitó el 14 de noviembre de 2022 al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Copia digital completa, y de sus anexos si existen, de los informes, documentos, resoluciones y/o peticiones enviadas por el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes) a la Xunta de Galicia sobre la incoación y posterior declaración de Bien de Interés Cultural BIC la moneda denominada Sestercio de Augusto (declarada mediante Decreto 162/2022, de 22 de septiembre de la Xunta, BOE» núm. 273, de 14 de noviembre de 2022, páginas 155447 a 155450).» S/REF: 001-073805 N/REF: 96/2023 Fecha: La de firma de Murcia. Dirección: E CULTURA Y DEPORTE Información solicitada: Expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. R CTBG Número: 2023-0569 Fecha: 13/07/2023 2. El MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE dictó resolución con fecha 14 de diciembre de 2022 en la que contestó a la asociación solicitante lo siguiente: « (…) La obra sobre la cual se solicita información fue declarada inexportable mediante Orden Ministerial de 30 de diciembre de 2020 (se adjunta como DOCUMENTO 1, dicha Orden). La inexportabilidad es una medida cautelar que se encuentra regulada en el artículo 51 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el cual literalmente dice: “El Ministerio de Cultura, cuando las circunstancias lo aconsejen podrá declarar inexportable un determinado bien integrante del Patrimonio Histórico como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir al bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985. En la Orden que efectúe esta declaración se acordará requerir a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre este bien para que incoe el correspondiente expediente” Por ello, en cumplimiento de esta disposición y dado que la obra se encuentra ubicada en Galicia, se dio traslado a dicha Comunidad autónoma de la citada Orden Ministerial el 28 de abril de 2021 para que procediera a incoar el correspondiente expediente de protección (se adjunta como DOCUMENTO 2, dicha comunicación). El resto de los documentos, comunicaciones e informes que acompañaban a ese escrito de este Departamento a la Xunta de Galicia, y que son también objeto de la solicitud de información presentada ante el Portal de Transparencia, no se aportan por las siguientes razones: PRIMERA. - La moneda a la que se refieren es propiedad de un particular y en la documentación obrante en el expediente aparecen reiterada y constantemente sus datos personales. Por tanto, esos documentos no pueden ser proporcionados sin vulnerar la ley de protección de datos. SEGUNDA. - Esos informes y comunicaciones se consideran incluidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el cual señala que se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran a “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.” R CTBG Número: 2023-0569 Fecha: 13/07/2023 Estamos, por tanto, ante un caso claro de aplicación de esta causa de inadmisión dado que la comunicación entre este Departamento y la Xunta de Galicia no es un acto administrativo recurrible en sí, sino un mero traslado de información, para que la administración autonómica competente, incoe, si así lo considera, un expediente de protección del bien. Ese acto de incoación y posterior declaración requerirá de la e laboración de una serie de documentación e informes propios por parte de la administración autonómica, la cual podrá (o no) tener en consideración la documentación e información trasladada por el Ministerio de Cultura y Deporte, dado que esa información no es preceptiva para completar el procedimiento de la Xunta de Galicia. TERCERA. - Tal y como señala el Preámbulo de la Ley 19/2013 (…). La documentación e información que se ha solicitado queda fuera del objetivo de la ley, dado que no se refiere a un acto (como pueda ser la declaración como Bien de Interés Cultural, que si puede ser recurrido y está sujeto a un periodo de información pública), sino al mero acto de comunicación entre entidades administrativas realizado por este Departamento con la Xunta de Galicia.» 3. Mediante escrito registrado el 23 de diciembre de 2022, la asociación solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: « (…) Como cuestión previa se debe señalar que la documentación solicitada, es decir, los informes, documentos, resoluciones y/o peticiones enviadas por el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Patrimonio Cultural y B ellas Artes) a la Xunta de Galicia ya han sido elaborados, firmados y emitidos, por lo que obran en poder de la administración reclamada. Este hecho no ha sido negado por el ministerio (…) la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, como es en este caso, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. A este respecto debemos traer la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2018, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (…) Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho (…) como las causas de inadmisión (…) La primera y sorprendente “razón” que ofrece el Ministerio de Cultura para negar la información solicitada es (…) en la documentación que se pide hay muchos datos personales no se puede facilitar. Ante esto recordamos que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno estipula en diversos artículos (art. 15 y otros) que la información se ofrecerá previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera. Así las cosas, la existencia de datos personales no es excusa ni óbice para no facilitar la información solicitada. La segunda razón que ofrece el Ministerio de Cultural para negar la información requerida es la aplicación del artículo 18.1 b) de la Ley 19/2013 (…). Ante esto se recuerda que la información solicitada no es interna del Ministerio de Cultura desde el momento que la misma salió de éste para ser entregada a la Xunta, administración autonómica y diferente a la primera. En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de fecha 20/1/2021 (asunto C-619/19, ECLI:EU:C:2021:35) estableció que el concepto de “comunicaciones internas” incluye la información “que circule en el seno de una autoridad pública y que, en la fecha de la solicitud de acceso, no haya abandonado la esfera interna de esta autoridad, en su caso tras su recepción por dicha autoridad y siempre que no haya sido o no debiera haber sido puesta a disposición del público antes de esta recepción”. A la vista de la causa de inadmisión invocada y de la justificación ofrecida por el Ministerio, debe descartarse que se trate de información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. (…) Antes al contrario, es el medio por el que el Ministerio transmite a una comunidad autónoma del país, la Xunta de Galicia, precisamente, su propio parecer, esto es, las opiniones o valoraciones del propio Ministerio de Cultura, por las cuales dicha administración autonómica debe proceder a la declaración de la moneda denominada Sestercio de Augusto como Bien de Interés Cultural BIC. Toda la documentación que se pide, constituye la base y la argumentación técnica y jurídica por la cual el ministerio lleva a cabo esa decisión. (…) [l]a LTAIB (…) tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación de un expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación. Estas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo, tal y como sucede en este caso. (…) En la escasa documentación (dos oficios de un folio) que sí ha dado el Ministerio de Cultura se indica que: “Por Orden Ministerial de 30 de diciembre de 2020, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, previo informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordado en sesión del Pleno celebrada el 17 de noviembre de 2020 (…) se ha resuelto como medida cautelar, declarar la inexportabilidad de la pieza Sestercio de Augusto. En razón de lo expuesto, se adjunta copia de la documentación obrante en el expediente, con la indicación de que esa Dirección General inicie el procedimiento de declaración de dicho bien como Bien de Interés Cultural o categoría análoga según normativa autonómica, a fin de reconocerle la protección especial prevista en la legislación vigente para los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español”. De esto se demuestra además la existencia de informes técnicos y jurídicos sobre el asunto que nos ocupa y que van incluidos en el paquete de documentación remitida a la Xunta de Galicia. Documentación que se solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Lo anterior sirve igualmente para demostrar que en el paquete de información que el ministerio remitió a la Xunta de Galicia hay documentación que no reviste el carácter ni de auxiliar ni de apoyo, ya que es la base para conformar la voluntad administrativa en cuestión, que es la declaración BIC de la moneda denominada Sestercio de Augusto (…).» 4. Con fecha 18 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 3 de febrero de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) ya se le ha remitido la información que ha solicitado: copia digital de las resoluciones (la OM de 30/12/20) y/o peticiones enviadas por el Ministerio de Cultura y Deporte a la Xunta de Galicia sobre la incoación/declaración como BIC de la moneda (el escrito de 28/04/21), habiéndose denegado el acceso solamente a “los informes, documentos y anexos”. (…) ¿Cuál es la razón para negar el acceso a dicha información? Precisamente la ya expuesta en la respuesta remitida (…) La comunicación entre este Departamento y la Xunta de Galicia es, en puridad y única y exclusivamente, el escrito de 28 de abril de 2021 que ya le fue remitido a HUERMUR, en el que se incluye una transcripción literal e integra de la argumentación por la cual la Administración Central adoptó la resolución de declarar esta moneda inexportable (…) Por tanto, el escrito de 28 de abril de 2021 es: “el medio por el que el Ministerio transmite a una comunidad autónoma del país, la Xunta de Galicia, precisamente, su propio parecer, esto es, las opiniones o valoraciones del propio Ministerio de Cultura, por las cuales dicha administración autonómica debe proceder a la declaración de la moneda denominada Sestercio de Augusto como Bien de Interés Cultural BIC” (por usar la misma formulación empleada por HUERMUR, en su reclamación). La base y la argumentación técnica y jurídica por la cual la Xunta de Galicia decidió declarar BIC esta moneda se encontrará en el expediente de declaración de la administración autonómica, a quien HUERMUR puede, si así lo considera, solicitar el acceso a dicha información, pero no puede ser exigido el acceso a los informes y resto de documentos de apoyo remitidos por este Departamento a la Xunta, dado que la administración autonómica debe elaborar una serie de documentación e informes propios para poder cumplir correctamente con el trámite de declaración como BIC, pudiendo (o no) tener en consideración toda, parte o ninguna de la información remitida por el Ministerio, dado que esa información no es preceptiva para completar el procedimiento de la Xunta de Galicia y, en definitiva, esa información es completamente ajena a cuales hayan sido los elementos relevantes para la “conformación de la voluntad pública” del órgano autonómico competente para la declaración como BIC. (…) Por su similitud con el caso que nos ocupa, debemos recordar que las cuestiones que se plantean en la presente reclamación ya fueron analizadas por el Consejo de Transparencia en la reclamación R/0020/2020, cuyo objeto era el acceso a los informes solicitados por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico -o que obraran en poder del Ministerio- en el marco de la tramitación de las solicitudes de exportación de bienes culturales protegidos. En dicho expediente, y tras analizar el marco de aplicación de la causa de inadmisión prevista en el art.18.1 b), el Consejo razonaba lo siguiente: “Asimismo, en aplicación del Criterio de este Consejo pueden ser inadmitidas, entre otras, cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud y cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final, circunstancias a nuestro entender aplicables al presente supuesto, teniendo en cuenta que la Junta Consultiva, en el caso de que hubiera solicitado el informe de estos expertos, podrá tenerlo en cuenta o no para elaborar su informe, y que el informe de la Junta aunque preceptivo, no es vinculante (oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español), ya que , la competencia final es del Director General, que puede también diferir en su criterio del criterio de la Junta (…). Finalmente, cabe recordar que el informe que sí tiene incidencia en la decisión pública del órgano, como lo demuestra que tenga naturaleza preceptiva- es el elaborado por la tantas veces mencionada Junta de Calificación. Documentación que, como afirma la Administración se aportan a quien los pide. No se trata, por tanto, de informes, en el caso de existir, que ayuden a conformar el criterio final y definitivo, como exigen nuestros tribunales para que no se aplique la causa de inadmisión invocada (…)”. Entendemos que no facilitar estos informes no implica que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas (…).» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a los informes, documentos, resoluciones y peticiones, enviados por el Ministerio requerido a la Xunta de Galicia, y relacionados con la incoación y posterior declaración de Bien de Interés Cultural BIC de la moneda denominada Sestercio de Augusto. El Ministerio dictó resolución en la que acuerda conceder parcialmente el acceso a la información solicitada, remitiendo la orden ministerial por la que se declara la inexportabilidad del bien, así como el escrito de traslado a la Xunta de Galicia. En relación con el resto de información (informes, documentos y anexos) acuerda su denegación, en primer lugar, porque la información contiene datos de carácter personal al ser la moneda de propiedad privada —invocando en este sentido el artículo 15 LTAIBG; y, en segundo lugar, porque se trata documentación auxiliar o de apoyo, en el sentido del artículo 18.1.b) LTAIBG, al ser «comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas». 4. Centrada la cuestión en los términos descritos procede verificar, en primer lugar, la causa de inadmisión invocada en la medida en que, de apreciarse su concurrencia, no sería necesario analizar el resto de límites alegados. Conviene recordar, desde esta perspectiva, que la premisa de partida es que «[l]a formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información» —por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:35309)—. En particular, por lo que concierne a qué deba entenderse por la información auxiliar o de apoyo a que alude el citado artículo 18.1.b) LTAIBG, el Criterio Interpretativo 006/2015 de este Consejo puntualizó que es esa condición o naturaleza auxiliar o de apoyo, y no la denominación que se atribuya a la información o al soporte que la contiene, lo que determina la aplicabilidad de la causa de inadmisión —siendo la relación expresada en el precepto («notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos») un mero elenco de ejemplos que no implica que los textos así nombrados contengan siempre información cuya verdadera naturaleza sea la de auxiliar o de apoyo—. Partiendo de este enfoque sustantivo, se indica que una solicitud podrá inadmitirse por estar referida a información auxiliar o de apoyo cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: «• Contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad; • Lo solicitado sea un texto preliminar o borrador, sin la consideración de final; • Se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud; • La solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento; • Se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final». Pero también se advierte que en ningún caso tendrá la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo aquella que «tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación». En este sentido, debe subrayarse que los informes auxiliares «son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados» —Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 25 de julio de 2017 (ECLI:ES:AN:2017:3357)—. 5. Aplicando los parámetros expuestos al presente caso, no cabe entender que los informes y anexos solicitados tengan carácter auxiliar o de apoyo a los efectos previstos en el artículo 18.1.b) LTAIBG. Y es que, como claramente se determina en el Criterio de este Consejo, «en ningún caso tendrá la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo aquella que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano» y, en este caso, el Ministerio está instando a la administración autonómica a iniciar un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural según la normativa autonómica. Requerimiento de incoación que se acompaña una serie de documentos –entre ellos, una serie informes jurídicos y técnicos— que mostrarían la posición de esta Administración en relación con el asunto. De ahí que no pueda aceptarse la argumentación del Ministerio, vertida en su escrito de alegaciones en este procedimiento de reclamación, de que dicha información no sea preceptiva para completar el procedimiento de la Xunta, pues se trata de una petición razonada de inicio de un concreto procedimiento. Tampoco cabe compartir la afirmación contenida en la resolución impugnada, según la cual la información tendría ese carácter de auxiliar o de apoyo por «no ser un acto administrativo recurrible en sí, sino un mero traslado de información». Más allá de no constituir un supuesto de información auxiliar con arreglo al criterio antes expresado, la anterior afirmación equivaldría a sostener que únicamente los actos administrativos recurribles tienen la consideración de información pública, lo cual, como este Consejo ha señalado en múltiples ocasiones, no se corresponde con el concepto amplio de la de la misma que consagra el artículo 13 LTAIBG. Tal y como afirma la entidad reclamante, lo solicitado son informes relevantes para la rendición de cuentas sobre la actuación de la Administración General del Estado y posteriormente sobre la actuación final de la administración autonómica, por cuanto expresan «las opiniones o valoraciones del propio Ministerio de Cultura, por las cuales dicha administración autonómica debe proceder a la declaración de la moneda denominada Sestercio de Augusto como Bien de Interés Cultural BIC». Finalmente, en relación con el precedente (resolución de este Consejo R/020/2020, de 13 de abril) que invoca la Administración aduciendo su similitud, debe señalarse que existen diferencias significativas. En dicha resolución, este Consejo se pronunciaba sobre el carácter de información de carácter auxiliar o de apoyo en relación con unos informes, no preceptivos ni obligatorios, que eventualmente (y de hecho, de forma muy esporádica) solicitaba la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Española especialistas externos de reconocida competencia en el asunto que se suscitaba. La aplicabilidad de la causa de inadmisión del artículo 18.1.b) LTAIBG se fundamentó en argumentos que no resultan trasladables pues no puede equipararse la opinión de expertos externos que hace suya (o no) el órgano administrativo competente para la emisión del informe (en aquel caso, la Junta de Calificación) con la petición razonada, realizada por una Administración pública a otra, para la incoación de un determinado expediente. Por ello, la resolución del Consejo en aquel caso concluía que «no facilitar estos informes no implica que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, dado, como se ha indicado, que es el Director General de Bellas Artes el que tiene la competencia para resolver este tipo de expedientes y que en su resolución, junto con el acuerdo que se tome, se incluirá la motivación en base a la que se haya tomado la decisión». Como se ha dicho, esta afirmación no puede ser sostenida en este supuesto. En definitiva, no cabe atribuir la condición de auxiliar o de apoyo a unos documentos como los solicitados, que tienen una indudable relevancia para la rendición de cuentas sobre las actuaciones públicas y especialmente sobre el proceso de toma de decisiones sobre el asunto en cuestión, debiendo estimarse la reclamación en este punto. 6. Por otro lado, advierte el Ministerio que en los documentos que integran el expediente aparecen reiterada y constantemente los datos personales del particular propietario de la moneda, que constituyen datos «sobre personas físicas identificadas o identificables» que, por tanto, tienen la naturaleza de datos de carácter personal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 – Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que determina que su tratamiento ha de regirse por lo establecido en el propio RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Ahora bien, como en otras ocasiones se ha señalado, el hecho de que los documentos o informaciones objeto de una solicitud de acceso contengan determinados datos de carácter personal, no ha de conducir, como regla, a denegar por entero el acceso a los mismos; pues, habida cuenta de que esta circunstancia se da en un elevado porcentaje de supuestos, de procederse siempre así, el derecho de acceso a la información pública quedaría reducido a un ámbito marginal. En tales casos, al igual que sucede en todos los supuestos de conflicto entre derechos, la decisión sobre el acceso a la información pública ha de adoptarse con arreglo al principio de proporcionalidad, que obliga a no sacrificar ninguno de los derechos concurrentes más allá de lo necesario para conferir eficacia al otro en el caso concreto. La propia LTAIBG incorpora directamente en su artículo 16 los postulados de este principio, al imponer la obligación de conceder el acceso parcial cuando la totalidad de la información no se vea afectada por alguno de los límites legales. Y, para los supuestos de colisión con el derecho a la protección de los datos personales, la LTAIBG habilita expresamente la aplicación del principio de proporcionalidad mediante la previsión de su artículo 15.4, según el cual «no será de aplicación lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas». Pues bien, en este supuesto, teniendo en cuenta que la asociación reclamante acepta implícitamente, en las alegaciones vertidas en su escrito de reclamación, la recepción de la información previa disociación de los datos personales, no cabe denegarla con apoyo en el límite de la protección de los datos de carácter personal, siendo lo procedente que se facilite la información previamente anonimizada, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por la entidad HUEMUR – ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA HUERTA DE MURCIA frente a la resolución del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la entidad reclamante la siguiente información, previa disociación de los datos de carácter personal: «Copia digital completa, y de sus anexos si existen, de los informes, documentos, resoluciones y/o peticiones enviadas por el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes) a la Xunta de Galicia sobre la incoación y posterior declaración de Bien de Interés Cultural BIC la moneda denominada Sestercio de Augusto (declarada mediante Decreto 162/2022, de 22 de septiembre de la Xunta, BOE» núm. 273, de 14 de noviembre de 2022, páginas 155447 a 155450) » TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la entidad reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez