Reclamación sobre el acceso a información relativa al cumplimiento de sentencias del 25% de castellano en Cataluña y su desestimación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 14 de noviembre de 2022 al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «SOLICITO TODA LA INFORMACION SOBRE COMO INDICA EL QUE DESDE QUE GOBIERNA EL PSOE EN CATALUÑA SE CUMPLE LA LEY COMO Y QUE ES TA HACIENDO EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DEL 25 POR CIENTO DEL CASTELLANO YA QUE ESTAN MIRANDO PARA OTRO LADO, QUE HACEN BLA BLA BLA O COMO SE ESTA CUMPLIENDO LA LEY EN CATALUÑA HACIENDOLA A LA CARTA.» S/REF: 001-073806 N/REF: Expte. 30-2023 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Información solicitada: Cumplimiento sentencias 25% castellano R CTBG Número: 2023-0506 Fecha: 23/06/2023 2. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática dictó resolución con fecha 7 de diciembre de 2022 en la que contestó al solicitante lo siguiente: «(…) Una vez analizada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite. La citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, reconoce en su artículo 12 del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, según el cual se considera información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, lo que pide el solicitante no es una información generada o conservada por este Ministerio en el ejercicio de sus funciones, sino que más bien parece estarse requiriendo una explicación acerca de una declaración pública en la que se aludía, según el interesado, a un partido político. Por tanto, entendemos que la presente solicitud plantea una pretensión que no se encuentra amparada por el derecho reconocido en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Adicionalmente, cabría recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha explicitado en diversas ocasiones, entre otras, en la Resolución 402/2020, de 3 de septiembre y en la Resolución 223/2017, de 25 de julio, que el concepto de información pública contemplado en el artículo 13 de la citada Ley 19/2013, viene referido a información que ya existe, circunstancia ésta que no se da en el presente caso, puesto que en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no existe información ni documentación alguna sobre la cuestión planteada en la solicitud.» 3. Mediante escrito registrado el 13 de diciembre de 2022, el solicitante, manifestando que no ha recibido respuesta a su solicitud, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: R CTBG Número: 2023-0506 Fecha: 23/06/2023 «COMO ES HABITUAL ESTE GOBIERNO Y SOBRE TODO NO OFRECEN NINGUN TIPO DE TRANSPARENCIA YA QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO EN LA MENTIRA Y CONTRADICCION CONTINUA ES POR ELLO QUE SOLICITO LA INFORMACION REQUERIDA.» 4. Con fecha 17 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática solicitando remisión de la copia del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y de las alegaciones que considere pertinentes. El 1 de febrero se recibió respuesta al trámite. El Ministerio aporta copia de la documentación obrante en el expediente, indicando y acreditando que, pese a lo afirmado por el reclamante, la solicitud fue contestada en tiempo. Así mismo, en su informe de alegaciones reitera los términos de la resolución añadiendo: «[L]a reclamación presentada por el interesado, atendiendo a los términos en que la ha formulado, en su mayor parte contiene un conjunto de valoraciones personales acerca de la opinión que le merece la actuación del Gobierno o del Ministro titular de este departamento. Por tanto, puede considerarse que el contenido de la reclamación se circunscribe a las últimas palabras, en las que reitera “es por ello que solicito la información requerida.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información relacionada con unas declaraciones del Ministro de la Presidencia relativas al cumplimiento de la ley en Cataluña desde que gobierna el Partido Socialista Obrero Español. El Ministerio inadmite la solicitud por considerar que su contenido no se encuadra en el concepto de información pública que recoge el artículo 13 de la LTAIBG, indicando que lo que pide el solicitante no es una información generada o conservada por ese Ministerio en el ejercicio de sus funciones, sino una explicación acerca de una declaración pública en la que se aludía a un partido político. 4. En primer lugar procede señalar que pese a lo afirmado por el interesado, y según se desprende de la documentación aportada, el Ministerio requerido procedió a dictar resolución con fecha 7 de diciembre de 2022, habiendo sido notificada al reclamante con fecha 13 de diciembre, por lo que no se ha producido el silencio indicado por este en su reclamación. 5. Centrado el objeto de la reclamación en los términos expuestos, y de acuerdo con lo señalado en el fundamento de derecho tercero, debe indicarse que la existencia previa de la información, elaborada o adquirida por los sujetos obligados en el ejercicio de las funciones y en el ámbito de sus competencias, es presupuesto necesario para el ejercicio y reconocimiento del derecho de acceso. La ratio decidendi del Ministerio se enfoca en la falta de encaje de lo solicitado en la noción de información pública del artículo 13 LTAIBG en la medida en que no interesa el acceso a «contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación […] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones» sino una serie de explicaciones sobre la base de unas declaraciones públicas del Ministro, en el marco de una entrevista. En este sentido, cabe recordar que dentro del concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG no tienen cabida solicitudes de información que, como acontece en este supuesto, pretenden obtener una justificación específica de las razones por las que se realizó una actuación y no otra; tampoco entra dentro del contenido del derecho reconocido en la ley que la Administración conteste a una valoración política de determinadas actuaciones o dé respuesta a críticas o juicios subjetivos de la actuación de los poderes públicos, con independencia de su mayor o menor acierto — que es lo que subyace a la solicitud de información en este caso pues, tal como pone de relieve el Ministerio requerido en sus alegaciones, la mayor parte de la solicitud «contiene un conjunto de valoraciones personales acerca de la o pinión que le merece la actuación del Gobierno o del Ministro titular de este departamento»—. En este caso, resulta evidente que no se pretende el acceso a un contenido o documento preexistente que obre en poder del Ministerio, sino que lo que se intenta es obtener una explicación de las razones por las que, a juicio del reclamante, no se está dando cumplimiento a determinadas sentencias. Por tanto, con arreglo a lo expuesto, procede desestimar la presente reclamación al no versar la solicitud inadmitida sobre información pública en los términos en que esta se configura en el artículo 13 LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, de fecha 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez