Reclamación de acceso al estado y contenido del expediente de concesión administrativa CNC02/19/03/0001 sobre el islote de Benidorm, estimada por el CTBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la entidad reclamante solicitó el 31 de enero de 2022 al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(i) Si se había adoptado acuerdo o resolución de suspensión del Expediente Administrativo CNC02/19/03/0001, o (ii) en caso negativo, se informara del estado del procedimiento, esto es, se informara de cuáles habían sido las concretas actuaciones seguidas tras las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia por S/REF: N/REF: R/0894/2022; 100-007498_100-007499_100-007500 [Expte. 148-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Información solicitada: Acceso a expediente de concesión administrativa R CTBG Número: 2023-0446 Fecha: 07/06/2023 esta parte (nótese que no se solicita información en curso de elaboración, como pretende alegar el Servicio Provincial de Costas).» Consta en el expediente que en fecha 6 de julio de 2022 la ahora reclamante presentó alegaciones en el trámite de información pública del expediente de concesión administrativa de referencia CNC02/19/03/0001 para la “Rehabilitación integral de las construcciones existentes en el islote de Benidorm con destino a Centro de Interpretación Medioambiental y embarcadero accesible, T.M. de Benidorm” —en particular, sobre la improcedencia de tramitación de la concesión administrativa, solicitando su suspensión hasta que se dicte resolución judicial en el proceso relativo al derecho concesional sobre tales edificaciones que reivindica—. A la vista de que dicha solicitud no fue resuelta por la Administración, se solicitó de nuevo, en fecha 27 de julio de 2022, acceso al expediente administrativo CNC02/19/03/0001, a fin conocer el estado en el que dicho expediente se encontraba. En dicha solicitud ya se puso de manifiesto que, en todo caso, el acceso al mencionado expediente quedaba amparado por el artículo 24 LTAIBG. 2. El MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO dictó resolución con fecha 14 de septiembre de 2022, en la que contestó a la entidad solicitante lo siguiente, respecto de ambas solicitudes: « (…) El artículo 152 del Reglamento General de Costas establece que en los procedimientos de solicitudes de concesión, la solicitud y su proyecto asociado serán sometidas obligatoriamente al trámite de información pública durante el plazo de veinte días. En el expediente que nos ocupa, el trámite de información pública ya fue efectuado, con su correspondiente publicación, habiendo expirado ya sobradamente el plazo reglamentario. En dicho plazo, sus representados tuvieron acceso al expediente, al igual que cualquier otro ciudadano, presentando además las alegaciones que consideraron oportunas. Fuera de dicho plazo, y hasta que no se resuelva el expediente, no cabe la personación de cualquier ciudadano en el expediente, ni para consultar los documentos que fueron objeto de información pública ni para consultar otros de distinta naturaleza que también podrían haberse incorporado al expediente, salvo que dichos ciudadanos ostenten la condición de interesados en el expediente (artículo 4 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). Sobre la pretendida condición de interesado del Sr. (…) y sus empresas en el presente expediente, cabe indicar lo siguiente: R CTBG Número: 2023-0446 Fecha: 07/06/2023 • La mera presentación de alegaciones en un procedimiento no otorga, por sí misma, la condición de interesado en dicho procedimiento (artículo 83 de la misma Ley 39/2015). • El pretendido interés legítimo del Sr. (…) se basaría en el mero hecho de que ocupa de facto el islote donde se plantea la concesión objeto del expediente. Esta ocupación no está amparada por ningún tipo de derecho ni por ningún título habilitante para la misma, tal y como se ha determinado en distintas resoluciones administrativas que incluso han sido ratificadas por sentencia firme. Difícilmente una ocupación a todas luces ilegítima puede ser considerada como un interés legítimo. La sentencia nº 214/2011 del TSJCV que Ud. invoca por considerarla un caso similar (relativa a un ocupante existente en una concesión radicada en Puerto Blanco) nada tiene que ver con el caso del Sr. (…), ya que éste no está a la espera de ningún resultado sobre sus posibles derechos concesionales, ya que estos han sido ya completamente descartados por resolución de este Ministerio ratificada por sentencia firme. De hecho, en la isla nunca ha existido concesión alguna, tan solo construcciones efectuadas sin ningún tipo de permiso por parte del titular de los terrenos (el Estado) que son ocupadas y explotadas por el Sr (…) sin ningún tipo de título público o privado para ello, y sin tener ni siquiera licencia municipal para tal explotación. En consecuencia, el Sr. (…), lejos de estar a la espera de algún hipotético reconocimiento de derechos (como sucedería en el caso de la sentencia invocada), solo debe proceder ya a desocupar el islote. • El expediente que nos ocupa trata exclusivamente sobre el futuro del islote una vez quede liberado de las ocupaciones irregulares existentes, no de la liberación en sí de dichas ocupaciones. Todos los expedientes relacionados con la liberación de dichas ocupaciones son plenamente conocidos por el Sr. (…), al tener en ellos plenamente acreditada la condición de interesado, de acuerdo con el objeto específico de dichos expedientes. Sin embargo, en lo que suceda en el islote tras su necesaria desocupación, el Sr. (…) no tiene mayor consideración que cualquier otro ciudadano. En consecuencia, este Servicio Provincial no considera que el Sr. (…)a ni sus mercantiles tengan la condición de interesados en el presente procedimiento, por lo que no cabe que tengan acceso al mismo en condiciones más favorables que cualquier otro ciudadano. En lo relativo al posible amparo de la petición en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este Servicio Provincial recuerda que la misma considera inadmisibles las solicitudes de documentación que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general (artículo 18), tal y como sería el caso del expediente que nos ocupa.» 3. Mediante escrito registrado el 13 de octubre de 2022, la entidad solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: « (…) (i)La información solicitada en fechas 31 de enero y 27 de julio de 2022 tiene la condición de información pública, por lo que mi representada tiene derecho a acceder a dicha información, al amparo de la Ley 19/2013. En primer lugar, interesa al Derecho de mis representados exponer que la información solicitada reviste el carácter de información pública y, por ende, esta parte tiene derecho a acceder a la misma. (…) Así pues, teniendo en cuenta que la información solicitada (i) se encuentra en poder y ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Costas de Alicante y (ii) dicho organismo se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del título referido; la única conclusión posible es entender que la información solicitada reviste la condición de información pública. Y, por ello, puesto que la información solicitada es información pública, “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, en virtud del artículo 12 de la Ley 19/2013. A este respecto, se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en su recientísima Sentencia del Tribunal Supremo nº 670/2022, de 2 de junio, al indicar que el derecho de acceso a la información pública no requiere la acreditación de un determinado interés: (…). En idéntico sentido se mostró el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 en su Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio al indicar que “el acceso a la información es la regla general, configurado de manera amplia, y los límites, la excepción”. Pues bien, si se aplica la citada jurisprudencia a nuestro caso concreto, resulta evidente que nos encontramos ante un Expediente de Concesión demanial, por lo que no cabe duda alguna de que se trata de una información pública sometida a la Ley 19/2013, debiendo admitirse nuestra solicitud de información “sin requerir la acreditación de acreditar un determinado interés” e “interpretando de forma estricta” tanto las limitaciones a ese derecho como las causas de inadmisión. Es más, el Servicio Provincial de Costas señala que “en lo relativo al posible amparo de la petición en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este Servicio Provincial recuerda que la misma considera inadmisibles las solicitudes de documentación que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general (artículo 18), tal y como sería el caso del expediente que nos ocupa”. Ahora bien, dicha causa de inadmisión NO puede ser aplicable al presente procedimiento por cuanto lo que están pidiendo mis representadas es conocer “el estado de tramitación del Expediente”, tal y como se indicó en las dos solicitudes que se formularon al Servicio Provincial de Costas. A este respecto, interesa poner de manifiesto la Resolución 830/2021, de 19 de abril de 2022, donde este Consejo estimó la reclamación de informació n de un administrado, frente a la alegación de esta causa de inadmisión, indicando lo siguiente: (…) A juicio de este Consejo de Transparencia, no resulta de aplicación, al presente caso, esta causa de inadmisión de la solicitud, dado que no debe confundirse información acabada con información pública del artículo 13 de la LTAIBG, relativa a documentos o contenidos”. Así, lo que mis representadas solicitan no es información en curso de elaboración, sino información sobre el estado de un expediente en tramitación. (…) (ii) En todo caso, mis representados sí tienen la condición de interesado en el presente procedimiento. En segundo lugar, y a pesar de que la presente reclamación debe ser estimada puesto que la información solicitada tiene la condición de información pública y no necesitan acreditar ningún interés, lo cierto es que mis representados sí tienen interés legítimo en el presente procedimiento. En efecto, tal y como ha quedado acreditado de los antecedentes de Hecho, mis representados llevan ocupando debidamente parte del islote de Benidorm durante más de 50 años, abonando el correspondiente canon. A este respecto, como bien sabe el Servicio Provincial de Costas, mis representados interpusieron varios pleitos frente a Costas para salvaguardar los derechos que, como ocupantes históricos de la Isla disponen. Entre dichos pleitos continúa pendiente de resolver a día de hoy el interpuesto para la declaración de dominio de la porción de Isla y edificación a favor del Ayuntamiento de Benidorm y reconocimiento de arrendamiento a favor de esta parte, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Alicante. La estimación de dicho pleito permitirá el reconocimiento del derecho concesional sobre la Isla en términos completamente distintos a los que se establecen en el Expediente de Concesión Administrativa de referencia CNC02/19/03/0001. De ahí que, mis representantes ostenten un interés legítimo real y diferente al “de cualquier ciudadano” (como dice Costas), pues han sido mis representados y no cualquiera quienes han venido ocupando la Isla a través de un Contrato con el Ayuntamiento; y han sido mis representados y no cualquiera quienes han impugnado las actuaciones de la Administración General del Estado en defensa de un reconocimiento de derechos prexistentes. Por ello, existe una situación singular y específica que acredita un interés legítimo especial en mis representados en el mentado Expediente de Concesión Administrativa de referencia CNC02/19/03/0001. Por tanto, siendo de extraordinaria relevancia el resultado del presente procedimiento, es evidente que mis representados tienen un interés legítimo en el presente procedimiento y, por tanto, el Servicio Provincial de Costas de Alicante debería haber accedido a la información que se solicitó en dos ocasiones.» 4. Con fecha 17 de octubre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 31 de octubre de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) Una vez analizado el objeto de su petición, se comprueba que la misma no se ajusta a la ley 19/2013, de 9 de diciembre citada, sino que acaso, podría encontrarse integrada en el procedimiento administrativo correspondiente a la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que dispone en su artículo 1.1ª) que dicha norma tiene por objeto regular el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, estableciendo en su artículo 2.3 que, a los efectos de dicha ley, se considerará información ambiental, entre otros supuestos, toda información que verse sobre (…) c) las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b) así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos . Cuarto.- Asimismo, la DA 1ª de la Ley de Transparencia señala en su apartado 1 que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. Por ello, ante la desestimación de su solicitud al no reunir la condición de interesado, la alegante debería haber planteado los recursos correspondientes en vía administrativa y/o judiciales, a fin de que se le reconozca dicha condición, sin que la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea el cauce correcto a fin de su reconocimiento como interesada en un determinado procedimiento administrativo. En este sentido, el propio Consejo de Transparencia ha señalado que “no corresponde a este Consejo determinar si la reclamante tiene o no la condición de interesado en un determinado procedimiento administrativo en curso…” (Resol. 377/2021).» 5. El 3 de noviembre de 2022, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 4 de noviembre de 2022 compareció al trámite sin realizar alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de dos solicitudes de acceso en las que, por una parte, se pide conocer el estado del expediente de concesión administrativa de referencia CNC02/19/03/0001 para la «Rehabilitación integral de las construcciones existentes en el islote de Benidorm con destino a Centro de Interpretación Medioambiental y embarcadero accesible, T.M. de Benidorm»; en particular, si se ha adoptado o no acuerdo de suspensión (en la línea de lo que solicitó en sus alegaciones en el trámite de información pública) y, en caso negativo, qué concretas actuaciones se han realizado tras las alegaciones de la reclamante en el trámite de información pública de aquel procedimiento. Por otro lado, en la segunda solicitud de acceso formulada, se pide el acceso al expediente de concesión. La Administración dictó resolución en la que acuerda denegar el acceso al expediente administrativo por no considerar interesada a la entidad solicitante, en el sentido de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y haberse efectuado ya el trámite de información pública en el que la solicitante presentó alegaciones. En relación con el posible fundamento de la solicitud de acceso al expediente en la LTAIBG, invoca la concurrencia de la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG, por referirse a información que está en curso de elaboración o de publicación general, en la medida en que el expediente de concesión se encuentra en tramitación. Posteriormente, en el trámite de alegaciones en este procedimiento de reclamación, invoca la aplicabilidad de la Disposición adicional primera, segundo y tercer apartados, alegando que se trata de información de carácter medioambiental y que, por tanto, la normativa aplicable es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIMA), no resultando procedente el cauce de la reclamación ante este Consejo. 4. Con carácter previo, si bien es en el trámite de alegaciones de este procedimiento cuando se alude a la naturaleza medioambiental de la información solicitada y aplicación preferente de la LAIMA y consecuente improcedencia, al entender del Ministerio, de la reclamación ante este Consejo (debiendo haber utilizado la reclamante los recursos administrativos ordinarios), resulta necesario aclarar este extremo. La pretendida improcedencia de la reclamación ante el Consejo de Transparencia que alega el Ministerio contradice la jurisprudencia sentada en la STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) en la que se señaló —en relación con el régimen jurídico de acceso establecido en los artículos 77 y ss. de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y la posibilidad de que «contra la resolución dictada por la Diputación de Girona en materia de acceso a la información de un Diputado Provincial cabe interponer la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la ley estatal 19/2013»— lo siguiente: «Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre).» Con este pronunciamiento el Tribunal Supremo da una respuesta claramente afirmativa a la cuestión largamente controvertida de si la cláusula de supletoriedad (prevista en la mencionada Disposición adicional primera LTAIBG) implica la competencia de las autoridades garantes del derecho de acceso a la información para conocer de las reclamaciones que se susciten en relación con la denegación de acceso a información que cuenta con un régimen jurídico específico. Partiendo, por tanto, de la mencionada jurisprudencia, debe concluirse que la previsión contenida en el artículo 20 y ss. LAIMA relativa a la posibilidad de interponer los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y demás normativa aplicable, así como, en su caso, el recurso contencioso- administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, no excluye que, en materia de acceso a la información ambiental, pueda interponerse la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG ante este Consejo. En definitiva, habiendo sentado jurisprudencia el Tribunal Supremo sobre la cuestión controvertida, este Consejo como órgano garante del ejercicio de derecho constitucional de acceso a la información declara su competencia para conocer de esta reclamación, sin perjuicio de aplicar el régimen sustantivo de la regulación del derecho de acceso y aquellas previsiones de la LTAIBG que sean aplicables supletoriamente. Esta posibilidad se sitúa, además, en la línea de lo previsto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la información medioambiental, cuyo artículo 6.1 se refiere a la necesidad de establecer procedimientos de reconsideración de la resolución dictada sobre el acceso y prevé, entre otras opciones, un recurso previo a la vía judicial ante una entidad independiente e imparcial creada por la Ley. Debe señalarse, sin embargo, que la invocación (ciertamente tardía) del carácter medioambiental de la información solicitada no se ha acompañado de la argumentación de la concurrencia de algunas de las casusas que el artículo 13 LAIMA configura como excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental, limitándose a cuestionar la procedencia de esta reclamación, y añadiendo que, dado que no ostenta la condición de interesado en el procedimiento (de concesión) ante la desestimación de su solicitud debió plantear lo recursos administrativos y judiciales y procedentes. 6. Sentado lo anterior, y respecto de la causa de inadmisión invocada por la Administración [artículo 18.1.a) LTAIBG] en su resolución inicial, no puede desconocerse que, si bien el órgano requerido proyecta la citada causa de inadmisión sobre el acceso al expediente de concesión, lo cierto es que la primera de las solicitudes de información se circunscribía a conocer (i) si se ha adoptado una resolución de suspensión de tramitación del procedimiento de concesión y, en caso negativo, (ii) qué actuaciones se han seguido con posterioridad a la presentación de alegaciones en el trámite de información pública de la interesada. Esto es, por lo que respecta a esa primera petición en la que se pide conocer el estado de tramitación del Expediente resulta evidente que no resulta de aplicable la causa prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG. Respecto del acceso al expediente, asiste la razón al reclamante cuando sostiene que la argumentación del Ministerio confunde expediente en tramitación con información en proceso de elaboración; diferenciación que ha sido apuntada en múltiples resoluciones de este Consejo que el propio reclamante trae a colación en su escrito. En efecto, no puede confundirse la información que se encuentra en elaboración y que, por ello, no está disponible y no puede proporcionarse en el momento en que se da respuesta a la solicitud —circunstancia que no está llamada a prolongarse en el tiempo, sino que finalizará con la elaboración de la información (debiendo permitirse a partir de ese momento el acceso) o con su publicación— con las diversas fases y documentos de un expediente en tramitación, sin que sea dable aplicar la causa de inadmisión del artículo 18.1 LTAIBG a todos y cada uno de los documentos que integran un expediente en tramitación. Por todo ello, no se aprecia la concurrencia de la única causa de inadmisión invocada que, hay que recordar, debe ser aplicada siempre de manera restrictiva dada la formulación amplia derecho de acceso como exige la jurisprudencia —por todas, STS de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530)—. 7. En conclusión, al no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1.a) LTAIBG y no haberse invocado la concurrencia de algún otro límite de los previstos en el artículo 13 LAIMA o 14 y 15 LTAIBG, procede estimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por la entidad EXCURSIONES MARÍTIMAS BENIDORM S.L. frente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, teniendo en cuenta las consideraciones hechas en el fundamento jurídico 6 respecto a la información a facilitar, remita al reclamante la siguiente información: «Información sobre el estado actual y acceso al contenido del Expediente de concesión administrativa de referencia CNC02/19/03/0001 para la Rehabilitación integral de las construcciones existentes en el islote de Benidorm con destino a Centro de Interpretación Medioambiental y embarcadero accesible, T.M. de Benidorm.» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de lo actuado y de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez