Reclamación sobre los requisitos y naturaleza de la concesión de la Medalla de Plata de la Orden de San Raimundo de Peñafort

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 14 de noviembre de 2022, al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicito se me comuniquen los requisitos necesarios para la concesión a un profesional jurídico de la Medalla de Plata del mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Solicito se me comunique también si, cumplidos los requisitos, esa concesión es reglada o discrecional por parte de la Administración y, de ser discrecional, en basa a qué criterios.» S/REF: 001-073811/001-074032 N/REF: R-1028-2022; 100-007761 [Expte. 60-2022] Fecha:La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE JUSTICIA Información solicitada: Requisitos necesarios para concesió n de condecoración R CTBG Número: 2023-0430 Fecha: 05/06/2023 2. Mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2022, el Departamento ministerial respondió lo siguiente a la solicitante: «(…) Una vez analizada dicha solicitud, esta Subsecretaría de Justicia resuelve conceder el acceso a la información solicitada en la misma, indicando lo siguiente: 1. Los artículos 10 y 11 del Decreto de 2 de marzo de 1945 por el que se aprueba el texto refundido de las normas estatutarias de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, sin perjuicio del examen que del resto de articulado pueda realizarse, contemplan el grado de la Medalla en relación con los profesionales del ámbito jurídico. 2. Las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables, independientemente de que deban reunirse previamente ciertos requisitos que ponen al candidato en situación de poder optar a dicha condecoración, como sucede en el caso de las Medallas. 3. Toda la información acerca de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort se encuentra recogida en la siguiente página web del Ministerio de Justicia: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/orden-raimundo-penafor (…)» 3. Con fecha 19 de noviembre de 2022, la solicitante remitió al Portal de Transparencia un escrito en el modelo normalizado de solicitudes de acceso a la información pública indicando lo siguiente: «(…) Que, no encontrando conforme a derecho dicha resolución, por la presente, en tiempo y forma, interpone ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la siguiente RECLAMACIÓN en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. PRIMERO: La resolución no responde a una de las preguntas planteadas. Se solicitaba saber si la concesión “de ser discrecional, en base a qué criterios.”. La resolución simplemente indica que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables” pero, en ese caso, no especifica los criterios. SEGUNDO: La resolución establece que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables”. Específicamente, en relación con la Medalla de Plata del mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort, no parece que este sea el caso. La misma no está configurada como un acto discrecional o graciable de la Administración, sino que está reconocida como un derecho de la persona que cumple las condiciones establecidas en la norma. R CTBG Número: 2023-0430 Fecha: 05/06/2023 El Decreto de 2 de marzo de 1945 establece en su artículo segundo que la condecoración se crea para “premiar los servicios prestados por los funcionarios de la Administración de Justicia, los miembros de las profesiones directamente relacionadas con ella (…)” Así mismo, en su artículo diez, establece literalmente lo siguiente: “La Medalla del Mérito de la Justicia se crea para premiar los años de servicio, sin nota alguna desfavorable, prestados en las profesiones jurídicas comprendidas dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia.” Siendo así, la Medalla del Mérito a la Justicia se crea y queda configurada como una medalla a la constancia cuya concesión constituye un derecho de los miembros de cualquiera de las profesiones jurídicas relacionadas con el Ministerio de Justicia que no tengan nota negativa y cumplan con un concreto número de años de ejercicio. Esta configuración no ha sido derogada por norma posterior. Abundando en lo anterior, las Cruces de la Orden, en sus clases de la Gran Cruz, la Cruz de Honor, la Cruz Distinguida de primera y de segunda categoría o la Cruz Sencilla, están destinadas a premiar discrecionalmente méritos relevantes en el ámbito de la Administración de Justicia y el desarrollo del Derecho. Este sentido queda reflejado en la redacción del artículo nueve del citado Decreto, que dice que tanto la Cruz Distinguida como la Cruz Sencilla “podrán ser otorgadas” a quienes, no hallándose comprendidos en el artículo segundo, hayan, no obstante, realizado servicios relacionados con cualquiera de las funciones atribuidas al Ministerio de Justicia, siempre que se estimen acreedores a dicha recompensa. El sentido del legislador queda claro cuando expresa nítidamente que la Cruz Distinguida y la Cruz Sencilla “podrán ser otorgadas” en lugar de la expresión de “se hará” para cuando se refiere a la concesión de la Medalla del Mérito a la Justicia. La primera expresión de la Ley es potestativa; la segunda imperativa. El legislador diferencia las condecoraciones discrecionales o graciables de la Orden: Gran Cruz, Cruz de Honor, Cruz Distinguida y Cruz Sencilla frente a las regladas o tasadas como la Medalla del Mérito a la Justicia cuya concesión se configura como un derecho de la persona en la cual concurran las circunstancias establecidas a las que se ha hecho referencia anteriormente. TERCERO: Un Dictamen de la Abogacía General del Estado, de 26 de diciembre de 2006 (ref.: A. G. Trabajo y Asuntos Sociales 7/06), sobre la adecuación a Derecho de la concesión de la Medalla al Mérito en el Trabajo, estableció lo siguiente: “(…) la adecuación a Derecho del acto administrativo de concesión de la medalla de continua referencia debe examinarse, en primer lugar, desde una perspectiva material o sustantiva vinculada a la legalidad intrínseca del propio acto de concesión, lo que exige efectuar una valoración de la concurrencia méritos adecuados y suficientes en el concesionario de la medalla. El artículo 1 del Real Decreto 711/1982, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Medalla al Mérito en el Trabajo, fija el concepto de dicha condecoración del que se desprenden los requisitos generales a los que se supedita su otorgamiento. Así, el precepto citado dispone lo siguiente: La "Medalla al Mérito en el Trabajo" es una condecoración nacional civil que se concede en mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercidos por la persona concesionaria, o en reconocimiento y compensación de daños y sufrimientos padecidos en el leal cumplimiento de ese mismo deber profesional. De acuerdo con el precepto transcrito, el otorgamiento de la Medalla al Mérito en el Trabajo se supedita a la apreciación de especiales méritos derivados del ejercicio habitual de cualquier trabajo, profesión o servicio, o del padecimiento de daños y sufrimientos en el leal cumplimiento del deber profesional, siempre que, en ambos casos, quepa apreciar una conducta socialmente útil y ejemplar en el concesionario de la medalla (…) El artículo 1 del Real Decreto 711/1982 emplea para definir la Medalla al Mérito en el Trabajo una serie de conceptos jurídicos indeterminados («mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar» o «daños y sufrimientos padecidos en el leal cumplimiento del deber profesional») cuya concreción precisa inexcusablemente la formulación de un juicio de estimación o valoración por parte del órgano concedente. Dado que la apreciación de la concurrencia de méritos o padecimientos especiales en el desempeño habitual del trabajo corresponde a la Administración concedente, y que dicha apreciación exige necesariamente la formulación de un juicio de estimación o valoración, el otorgamiento de la Medalla al Mérito en el Trabajo se configura como una potestad discrecional de la Administración, (…). Pues bien, al contrario de lo que ocurre con la Medalla al Mérito en el Trabajo, en la configuración de la Medalla del Mérito a la Justicia no hay conceptos jurídicos indeterminados cuya concreción precise la formulación de un juicio de estimación o valoración. Los conceptos están perfectamente determinados: la constancia y servicios prestados (medidos en número de años) y que los mismos se hayan prestado sin nota alguna desfavorable. CUARTO: La doctrina mayoritaria entiende que el derecho premial español es un reconocimiento, es el otorgamiento de un honor, siempre previamente reglado. Por ello, la arbitrariedad en las concesiones de premios debe eliminarse en la medida de lo posible ya que, lo ideal, es que los merecimientos sean reales, objetivos y el premio se otorgue precisamente por los mismos, estableciendo para ello la norma claras e inequívocas premisas para su concesión. Esto es lo que ocurre exactamente con las Medallas del mérito de la Justicia, en sus distintas categorías, de la Orden de San Raimundo de Peñafort: se crean para premiar los años de servicio, sin nota alguna desfavorable. QUINTO: Da la impresión de que, cuando la resolución objeto de este escrito, establece que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables” está homogeneizando todo tipo de condecoraciones en cuanto a los mecanismos de su concesión. No es así. El campo de las recompensas honoríficas es amplio y diverso. Unas recompensan méritos o servicios prestados, otras se conceden por costumbre o cortesía, otras condecoraciones tienen una finalidad de reparación (como la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y otras tienen finalidades específicas como las del Reglamento General de Recompensas Militares. Estas últimas, por ejemplo, no se limitan al carácter honorífico, sino que forman parte de su relación estatutaria y pueden tener consecuencias retributivas y de promoción en la carrera militar y su concesión está reglada y es impugnable. Por todo lo anterior, solicito una ACLARACIÓN a la resolución notificada para saber: • en base a qué criterios jurídicos y normativa de aplicación se sustenta la afirmación contenida en la resolución que establece que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables”; • si la concesión de la Medalla de Plata del mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort es una concesión graciable, ¿cuáles son los requisitos para obtener esa “gracia”?» 4. Mediante escrito con fecha 28 de noviembre de 2022, el MINISTERIO DE JUSTICIA trasladó a este Consejo copia de la solicitud presentada por la interesada ante el Portal de Transparencia al entender que su intención era interponer una reclamación ante esta Autoridad Administrativa Independiente. Asimismo, este traslado fue comunicado por el referido Departamento ministerial a la interesada. Con fecha 28 de noviembre de 2022, la interesada presenta una reclamación en el modelo normalizado del Consejo de Transparencia en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 5. Con fecha 12 de enero de 2023, se trasladó la reclamación al Departamento ministerial de referencia a fin de que remitiese el expediente y las alegaciones que considerase oportunas. El 7 de febrero de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) Para dar cumplimiento al punto primero de su oficio [remisión del expediente], se relaciona a continuación el contenido del expediente del que trae causa la solicitud y reclamación, cuya copia anonimizada se adjunta en anexo aparte. La reclamante presentó telemáticamente, a través del Registro electrónico del Ministerio de Justicia, el 13 de marzo de 2022 la solicitud de concesión de la Medalla al Mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort a favor de […] considerando que dicha concesión “no es un acto discrecional de la Administración sino como un acto reglado”, adjuntando un Certificado del Ilustre Colegio de Abogados de […], un Certificado de docencia del […] y otro Certificado de docencia del […]. El 25 de marzo de 2022 volvió a solicitar telemáticamente nuevo escrito, sin adjuntar ninguna documentación. De nuevo el 20 de abril de 2022 dirigió nueva solicitud telemática adjuntando la misma solicitud de 13 de marzo y los tres certificados anteriormente citados. El 5 de julio de 2022 la reclamante interpuso una queja ante este Ministerio de Justicia al no haber recibido ninguna notificación a sus solicitudes, remitiéndose respuesta a su queja el 22 de julio de 2022. El mismo 22 de julio de 2022, ante la respuesta recibida, la reclamante reiteró su solicitud de que el candidato que propuso no figuraba entre los condecorados con motivo del Aniversario de la Proclamación de S.M. El Rey, el pasado 27 de junio de 2022. A dicha solicitud, la Directora de la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos (Ministerio de Justicia) informó a la reclamante, en escrito con salida de 1 de agosto de 2022, que esa solicitud y las anteriores se pondrían a despacho para diciembre, con motivo del Aniversario de la Constitución Española de 1978, señalando que, si fuera su deseo, podría recabar escritos de adhesión a su propuesta por parte de Autoridades, Instituciones o Colegios Profesionales, del ámbito jurídico, para incluir en el expediente. Una vez descrito el expediente, y para cumplimentar el punto dos de su oficio, conviene realizar las siguientes consideraciones: 1. La concesión de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort tiene una regulación propia y específica. La Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort fue creada mediante Decreto de 23 de enero de 1944. Posteriormente, las normas estatutarias fueron refundidas mediante texto aprobado por Decreto de 2 de marzo de 1945. 2. Las concesiones de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort se producen ordinariamente en torno a dos períodos: con motivo del Aniversario de la Proclamación de S.M el Rey y con motivo del Aniversario de la Constitución Española. La propuesta de la reclamante a favor de […] fue puesta a despacho para las condecoraciones a otorgar con motivo del Aniversario de la Proclamación de S.M. el Rey, en junio de 2022, y no resultó favorable. 3. El art. 1º de las normas estatutarias establece la creación de esta condecoración “para premiar el mérito a la Justicia, poniéndola bajo la advocación del eximio español y Príncipe de los canonistas San Raimundo de Peñafort”. Por su parte el art.2º de las normas estatutarias señala que “esta condecoración se denominará Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort y será otorgada por el Ministerio de Justicia para premiar los servicios prestados por los funcionarios de la Administración de Justicia, los miembros de las profesiones directamente relacionadas con ella y cuantos hayan contribuido al desarrollo del Derecho, al estudio de los Sagrados Cánones y de las Escrituras y a la obra legislativa y de organización del Estado. También se premiará con ella a los autores de publicaciones de carácter jurídico de relevante importancia y a los fundadores y cooperadores de Entidades o Instituciones que tengan por finalidad el perfeccionamiento de la técnica del Derecho y la Jurisprudencia”. El art 3º establece que “la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que podrá otorgarse a nacionales y a extranjeros, tendrá las siguientes clases: Cruz Meritísima (actualmente Gran Cruz), Cruz de Honor, Cruz Distinguida, Cruz Sencilla y Medalla del Mérito a la Justicia”. Por otra parte, el art. 10 de las normas estatutarias establece: “La Medalla del Mérito a la Justicia se crea para premiar los años de servicio, sin nota alguna desfavorable, prestados en las profesiones jurídicas comprendidas dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia.” En este mismo artículo 10, tras regular las características de fabricación de esta insignia, se dice que “se hará en oro, plata y bronce”; y su art. 11º establece que “La concesión de la Medalla del Mérito a la Justicia, como reconocimiento y premio de los servicios prestados sin nota desfavorable a los miembros de las profesiones jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia, se hará de la forma siguiente: ... Abogados en ejercicio..., Medalla de Plata a los quince años y de oro a los veinticinco”. 4. De acuerdo con los artículos expuestos anteriormente, la Medalla del Mérito a la Justicia es una clase más de Cruz de San Raimundo de Peñafort. Asimismo, no puede ser considerada al margen del resto de Cruces en su concesión, ya que la norma apela al mismo cauce procedimental que el resto de condecoraciones, y así, el art. 14º establece que “La iniciativa para el otorgamiento de esta condecoración podrá ser del Ministro de Justicia o en virtud de petición de Entidades o particulares. En este último caso será preceptivo el informe favorable de la Junta de Gobierno de esta Institución”. 5. Este único procedimiento además tiene un marcado carácter deliberativo establecido en el art. 18, párrafo 2º que establece que “Todos los componentes de la Junta tienen voz y voto en sus deliberaciones. En los empates tendrá voto de calidad el que presida”. Este carácter deliberativo lo aleja de cualquier automatismo que se pretenda. Se deduce, por tanto, que el proceso deliberativo abarca a todas y cada una de las condecoraciones de la Orden, las cuales son sometidas a examen, resultando que el carácter reglado sólo abarca a la fase de tramitación de las condecoraciones y en ningún caso se extiende a su concesión. No hay excepción en lo referido a las Medallas, sino simplemente una especialización en lo referente a los requisitos previos necesarios para su evaluación, pero que de modo alguno implica un automatismo en su concesión. 6. Así pues, y teniendo en cuenta, como se ha señalado, que la medalla es un grado más de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, y sujeto al mismo procedimiento que el resto de condecoraciones de la Orden, cabe puntualizar que la norma, al mencionar años de servicio y ausencia de nota desfavorable, para el caso de las Medallas, no está estableciendo un parámetro de concesión sino que establece condicionantes que, examinados, ponen al interesado en la situación de optar a la condecoración, ya que de no ser así se minaría el propio sentido y fundamento con el que se creó la Orden. Se puede afirmar por tanto que estamos ante un procedimiento reglado únicamente en su fase de tramitación, sin que esta garantía tenga que desplegar efecto más allá de lo puramente procedimental. O, dicho de otro modo, aunque las medallas pueden considerarse como un premio a la constancia, no es menos cierto que siguen siendo una clase de condecoración de entre las establecidas en la Norma y siguen regidas bajo el espíritu premial establecido en su art. 1º. La consecución de un cierto número de años de servicio y la ausencia de nota desfavorable son requisitos que pueden hacer posible la concesión de condecoración, pero no suponen un derecho a una condecoración. 7. Una actividad de gracia no conlleva necesariamente la eliminación o exención de condiciones que puedan ser exigidos o cumplidos en pro de situar al candidato en la situación idónea para poder ser agraciado. Por lo tanto, el carácter reglado que se postula en el escrito de reclamación no alcanza al hecho de su concesión. 8. Sirva además, como fundamento, la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 25 de junio de 2014, en donde, en un caso análogo, concluye que “todo tipo de condecoraciones, por su propia naturaleza se configuran como actos “graciables” independientemente de la necesidad de reunir unos requisitos para poder optar a ellas, pero no se conceden automáticamente por este hecho. En todo caso, la Medalla pretendida en este caso se regula como una concesión en caso de que se estime procedente y no es automática por el hecho de reunir objetivamente requisitos de los exigidos para cada una de las clases de las contempladas en la Norma”. (Se aporta en un anexo esta sentencia, anonimizada). En definitiva, existe un procedimiento de tramitación cuyo carácter reglado no se extiende a la concesión, resultando, por tanto, que el mero transcurso del tiempo en ejercicio sin nota desfavorable no implica automáticamente la constitución de derecho alguno a la concesión de una Medalla. En consecuencia y, por lo expuesto anteriormente, esta Subsecretaría de Justicia sólo puede ratificarse en la resolución notificada y solicitar a ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tenga en cuenta estas alegaciones y sea desestimada la reclamación presentada por la interesada .» 6. El 8 de febrero de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que en el momento en que se elabora esta resolución se haya recibido ninguna. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información relacionada con los requisitos necesarios para la concesión a un profesional jurídico de la Medalla de Plata del Mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort y, si, cumplidos los requisitos, esa concesión es reglada o discrecional por parte de la Administración y, de ser discrecional, en base a qué criterios. El Ministerio requerido dictó resolución estimando la solicitud y, en consecuencia, facilitó información sobre la regulación de la concesión de la medalla -artículos 10 y 11 del Decreto de 2 de marzo de 1945 por el que se aprueba el texto refundido de las normas estatutarias de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort-, precisando que las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como « actos graciables, independientemente de que deban reunirse previamente ciertos requisitos que ponen al candidato en situación de poder optar a dicha condecoración, como sucede en el caso de las Medallas» y, finalmente, facilitó un enlace a la página web del Departamento ministerial en el que figura información relacionada con la condecoración –normativa reguladora, preguntas frecuentes, etc.-. La reclamante considera que la resolución no responde a una de las preguntas planteadas, dado que, a su juicio, no aborda lo relativo a conocer en base a qué criterios se realiza la concesión en caso de ser ésta discrecional, limitándose a señalar que «las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables” pero, en ese caso, no especifica los criterios.» de este modo, concluye su escrito de reclamación solicitando aclaración a la resolución sobre dos aspectos: (i) «en base a qué criterios jurídicos y normativa de aplicación se sustenta la afirmación contenida en la resolución que establece que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables”»; y (ii) «si la concesión de la Medalla de Plata del mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort es una concesión graciable, ¿cuáles son los requisitos para obtener esa “gracia”?». 4. Delimitado el objeto de la reclamación en los términos expuestos, resulta conveniente recordar que la naturaleza revisora de la reclamación regulada en el artículo 24 de la LTAIBG se ciñe, única y exclusivamente, a las cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública en los términos concretados por el legislador de desarrollo en la propia LTAIBG. Esta circunstancia, en consecuencia, excluye de su alcance la posible valoración de cualesquiera otras circunstancias que desbordan su objeto, como puede ser la clarificación de la naturaleza jurídica –reglada o graciable- de la concesión de medallas, tarea que corresponde determinar al orden jurisdiccional competente. En este sentido, cabe precisar que la primera de las cuestiones sobre las que la interesada persigue aclaración en su escrito de reclamación -«en base a qué criterios jurídicos y normativa de aplicación se sustenta la afirmación contenida en la resolución que establece que “las condecoraciones, por su propia naturaleza, se configuran como actos graciables”»- no puede sino considerarse como una nueva petición que no figura en la originaria solicitud, introduciendo un nuevo objeto en fase de recurso que no figuraba en la originaria petición. En efecto, ante la pregunta de si la concesión de una medalla es un acto reglado o discrecional, el Departamento ministerial informa que se trata de un acto graciable, con lo que, a juicio de este Consejo, responde en los términos requeridos por la LTAIBG a la pretensión de la solicitante. En definitiva, la reclamación debe ser desestimada en este aspecto concreto dado que la naturaleza revisora de la reclamación no alcanza a nuevos aspectos que no figuraban en el objeto de la solicitud recurrida. En lo que atañe a la segunda cuestión sobre la que la interesada requiere aclaración, cabe advertir que, atendiendo al alcance general la solicitud, la Administración ha facilitado en fase de alegaciones información genérica sobre los requisitos para obtener esa “gracia” mediante el envío de la Sentencia núm. 382 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de junio de 2014, en la que se aborda la naturaleza reglada o discrecional de la concesión de la medalla en un caso similar al ahora examinado. En particular, su Fundamento Jurídico Cuarto, tras reproducir diferentes artículos de la Orden de 22 de marzo de 1944, dispone lo siguiente: «(…) es evidente que existe un proceso reglado de tramitación, pero ello no implica la concesión automática de ninguna de las condecoraciones. Debe diferenciarse entre requisitos que necesariamente han de concurrir para que pueda optarse a una condecoración, y derecho a la misma que no existe configurado como tal en la normativa que regula las condecoraciones de esta clase. No toda persona que ejerza profesiones jurídicas y no tenga nota desfavorable tiene derecho a una de las citadas condecoraciones, sino que se parte de estos requisitos y se valora si procede su concesión o no. La diferencia entre Cruces y Medallas lo es solo entre tipos o clases de condecoración, no implica un trato jurídico diferente, puesto que ambas tienen su razón de ser en la misma norma que las crea y regula. La resolución valora perfectamente los datos y en realidad se pronuncia en su fundamento jurídico segundo y refiere que es una decisión graciable, como de hecho es y así se desprende de la normativa de aplicación.» De acuerdo con lo expuesto, aunque fuera del plazo legalmente establecido, el Departamento requerido en fase de alegaciones da respuesta a la solicitud de información, por lo que, como ocurre en los casos en que la respuesta se proporciona de forma extemporánea, debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener una resolución en el plazo previsto en la LTAIBG y por otro, tener en cuenta el hecho de que le ha proporcionado la información. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales sin más trámites ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante el CTBG para que la reclamante vea plenamente reconocido su derecho de acceso a la información pública. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada ante el MINISTERIO DE JUSTICIA sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez