Reclamación de acceso a las resoluciones de méritos para la concesión de medallas de plata al mérito policial con resultado estimatorio

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 17 de septiembre de 2022, al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) Copia de las resoluciones en las que se pormenorizan los méritos que acreditan los comisarios principales y que se han tenido en cuenta para ordenar su ingreso en la orden al mérito policial con medalla de plata, S/REF: 001-072253 N/REF: R-1017-2022; 100-007736 [Expte. 22-2022] Fecha:La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR Información solicitada: Resoluciones concesión medallas policiales R CTBG Número: 2023-0410 Fecha: 30/05/2023 distinción que conlleva un incremento de pensión equivalente al 15 % del sueldo que percibían cuando estaban en activo.» No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 25 de noviembre de 2022, el solicitante, al considerar que su solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 3. Con fecha 28 de noviembre de 2022, se trasladó la reclamación al Departamento ministerial de referencia a fin de que remitiese las alegaciones que considerase oportunas. El 7 de diciembre de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) desde la Dirección General de Policía informa: «Vista la reclamación presentada por […] y traslada a este centro Directivo, se informa en primer lugar, que la concesión de condecoraciones en el ámbito de la Policía Nacional, se lleva a cabo con observancia de lo previsto y regulado en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, así como en la resolución de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Policía por la que se implementan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial. Así mismo y una vez referido lo anterior, se considera que debe garantizarse el derecho fundamental de toda persona a la protección de datos personales, consagrado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, por lo que previa ponderación del interés público en conocer los méritos que les hicieron merecedores de las condecoraciones policiales y la salvaguarda de datos que pudieran afectar a la seguridad personal, en aplicación del artículo 15.3 apartado d), de la LTAIBG que alude a “la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad”, se considera que no se debe facilitar la información solicitada prevaleciendo, en este caso, la protección de datos de carácter personal y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público de la divulgación de los datos solicitados. R CTBG Número: 2023-0410 Fecha: 30/05/2023 En este sentido, facilitar la relación de méritos realizados por los funcionarios vulneraría su derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución derecho que, a juicio de este Centro Directivo, debe primar frente al derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos establecido en el artículo 105 de la CE. Dicha argumentación sigue la línea de lo marcado por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quien en Resolución 490/2015, de 29 de febrero de 2016 relativa a una solicitud similar en la que sostenía la vigencia de la aplicación del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 15 LTAIBG. En los fundamentos jurídicos de la citada resolución se recogía: “Teniendo en cuenta lo anterior, procede analizar la causa que ha motivado que la información solicitada haya sido denegada y que no es otra que el derecho a la protección de datos de los beneficiarios de la condecoración. A este respecto, debe resaltarse especialmente que por lo que se interesa el solicitante no es por los datos (entendiendo nombre y apellidos y, en su caso, destino u ocupación profesional) sino "información contenida en el historial profesional" que, además, no se circunscribiría a los beneficiarios finales de la condecoración sino de las "Propuestas de Ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo". (…) En el presente caso, los datos que se solicitan no son especialmente protegidos por la normativa de protección de datos, dado que no se refieren a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. Tampoco, a juicio de este Consejo de Transparencia, se tratarla de datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. En efecto, si atendemos a los términos de la solicitud, la misma no se circunscribía a conocer la identidad de los beneficiarios de la condecoración (que es lo que se englobaría dentro del término datos meramente identificativos y que ya son públicos y del conocimiento de la organización solicitante), sino la información de su historial profesional "a los efectos de conocer cuáles han sido los méritos acreditados de los condecorados (...)". Debería ser, por lo tanto, la ponderación requerida en el apartado 3 del artículo 15 (ponderación entre el derecho de acceso ~ información pública y el derecho a la protección de datos de carácter personal) lo que sería de aplicación al caso que nos ocupa. Debe recordarse en este punto los hechos y circunstancias que, según la Ley de 1964 acreditarían que se reúnen las condiciones para ser beneficiarios de la condecoración mencionada reiteradamente. Y debe también recorda rse que la misma se otorga, con carácter mayoritario, a miembros del Cuerpo Nacional de la Policía cuyas funciones, a nadie se le escapa, se desarrollan o pueden desarrollarse en circunstancias en las que su propia integridad personal o, incluso, el desarrollo de determinadas operaciones en el marco de la Seguridad del Estado pudieran verse comprometidas. No cabe duda, a nuestro juicio, que el conocimiento conjunto de la identidad de los condecorados y de los méritos concretos que le son atribuidos podrían implicar la puesta en riesgo no sólo su propia integridad personal sino, incluso, el buen término de operaciones que podrían estarse llevando a cabo y en el marco de las cuales hayan acaecido las circunstancias motivadoras de la distinción. Este riesgo, previsible y no hipotético así como el ámbito de discrecionalidad concedido por los Tribunales a la concesión de las mencionadas condecoraciones (lo que no significa que las mismas no puedan ser recurridas jurisdiccionalmente y, de tal manera, controlar la correcta aplicación de los debidos límites a una actividad discrecional de carácter administrativo) lleva a considerar a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la aplicación al presente caso del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 15 LTAIBG”. Esta denegación se refuerza de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG según la cual “El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre". A mayor abundamiento, de igual forma sería de aplicación el artículo 18.1.b) ya que la elaboración del expediente de concesión de las condecoraciones constituiría un carácter auxiliar o de apoyo a la resolución efectuada por el órgano que tiene la potestad de su concesión, en este caso, el Ministro del Interior, tal y como dimana de la dicción del artículo 2 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales. En este sentido, la concesión de la medalla al Mérito Policial ha sido objeto de diversa jurisprudencia, entre ellas, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo n° 5 de la Audiencia Nacional núm. 346/2015 de 11 noviembre, que se pronuncia en los siguientes términos: “De esta forma puede afirmarse que como se desprende de los términos literales utilizados por los preceptos transcritos, para el otorgamiento de este tipo de condecoraciones se confiere una potestad discrecional a la Administración, no predeterminándose de forma reglada los supuestos en base a los cuales es procedente dicho otorgamiento de la condecoración. La regulación contenida en el artículo 6 de la Ley 51/1964, es por lo tanto indicativa de los supuestos en que procede tal otorgamiento, o si se quiere, configura los requisitos mínimos en base a /os cuales procedería el reiterado otorgamiento, mas no puede establecerse, «a sensu contrario», que basta con que nos encontremos con el supuesto contemplado en dicha norma para que ya proceda tal otorgamiento, sino que por el contrario ha de ser la Administración la que valore de una forma discrecional el supuesto de hecho en base al cual el funcionario se hace acreedor de la meritada condecoración, aun partiendo de la existencia de alguna de las causas previstas en el artículo 6 citado. (. . .) Así pues, el Ministro del Interior goza de discrecionalidad para la concesión de la medalla que tratamos, pero no implica que dicha potestad no sea controlable jurisdiccionalmente, no solamente en relación con los elementos reglados, sino también en cuanto a la concurrencia de los hechos determinantes de la decisión, o si la decisión adoptada es arbitraria, o, vulnera los principios generales del derecho. (. .. ) En efecto, nos encontramos ante el ejercicio de una potestad discrecional, sin que pueda apreciarse irracionalidad o arbitrariedad de la Administración, y ello porque nos encontramos ante una típica acción de fomento, en la que se ejercita una potestad dotada de la máxima discrecionalidad, una función de recompensa frente acciones dignas de emulación, acciones no determinables de forma apriorística, y no es en principio revisable el ejercicio de tal potestad, salvo que se vulneren algunos de los elementos fiscalizables en toda potestad discrecional, como pudieran ser el fin para el que la misma se otorgó, el procedimiento seguido, el órgano que ejerció la potestad, o la vulneración de los principios generales del derecho.”». 4. El 21 de diciembre de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Habiendo comparecido en el procedimiento el mismo 21 de diciembre, aquél manifestó lo siguiente: «Si se diera por buena la argumentación invocada por el Ministerio del Interior en el trámite de alegaciones habría claramente una zona de sombra que impediría al administrado conocer cómo se gestionan los recursos públicos, uno de los objetivos que inspiraron al legislador a la hora de redactar la Ley de transparencia. Como se expresaba en la solicitud de información, la concesión de una medalla de plata comporta un incremento económico de la pensión para el beneficiario, de ahí que conocer los méritos que sustentan el otorgamiento no parece que sea baladí. Si no quiere revelar la identidad de los mandos policiales a los que se les ha realizado tal distinción, la Administración al menos podría obviar los nombres y enumerar los méritos asignándoselos a 'beneficiario 1', 'beneficiario 2'... En mi opinión, ello sería un exceso de celo por cuanto el otorgamiento de dichas medallas ha tenido amplio eco en la prensa y toda vez que algunos sindicatos policiales han interpuesto recursos en el orden contencioso-administrativo. Por todo lo expuesto, ruego al CTBG que continúe adelante con la tramitación de esta reclamación y dicte resolución estimatoria.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a una copia de las resoluciones en las que se pormenorizan los méritos que acreditan determinados comisarios principales y comisarios perfectamente identificados para ordenar su ingreso en la orden al mérito policial con medalla de plata. El Ministerio requerido no dictó resolución en el plazo legalmente establecido para ello. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones instado en el procedimiento de reclamación, desestimó la solicitud basándose en la anterior resolución de este Consejo de Transparencia con referencia R/490/2015, de 29 de febrero de 2016. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. El Ministerio requerido, tal y como se ha señalado, desestima la solicitud invocando el límite de la protección de datos de carácter personal previsto en el artículo 15 de la LTAIBG, reproduciendo extensos pasajes la resolución precedente de este Consejo con referencia R/490/2015, en la que se desestimó la reclamación interpuesta en aplicación del artículo 24 LTAIBG por un sindicato policial que había solicitado al Ministerio del Interior información sobre el contenido del historial profesional de las propuestas de ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional y personas ajenas a él, a los efectos de conocer cuáles habían sido los méritos acreditados de los condecorados. A pesar de que el Departamento ministerial de referencia no lo menciona en las alegaciones realizadas en el seno de la reclamación ahora examinada, no puede obviarse que el sindicato policial mencionado interpuso un recurso contencioso- administrativo frente a la R/490/2015, que dio lugar a la Sentencia nº 162/2016 del Juzgado de Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10, de 2 de diciembre de 2016. Esta sentencia estimó el recurso y, en consecuencia, anuló la resolución del Consejo de Transparencia, «condenando a la Administración demandada a permitir al demandante el acceso a la información contenida en el historial profesional de las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo del año 2015, de los funcionarios de la Policía Nacional y de las personas ajenas a él, a los efectos de conocer cuáles han sido los méritos acreditados de los condecorados respecto de la legislación que regula estos reconocimientos y, especialmente, de aquellos que han predominado sobre los de otros funcionarios a los que no les ha considerado merecedores de tan digna distinción», según se desprende de su Fallo. Esta Sentencia fue recurrida en apelación y la Audiencia Nacional, en Sentencia de la Sección Séptima de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 de abril de 2017 [ECLI:ES:AN:2017:1436], desestimó el recurso de apelación, confirmando la sentencia de instancia de 2 de diciembre de 2016. 6. Centrado el asunto en los términos descritos, procede, en consecuencia, verificar si puede apreciarse el límite de la protección de datos de carácter personal esgrimido por el Departamento ministerial en sus alegaciones en los términos que se desprenden de los fallos jurisprudenciales mencionados. A estos efectos, resulta pertinente comenzar reproduciendo parte del extenso Fundamento Jurídico Cuarto de la ya mencionada Sentencia nº 162/2016 del Juzgado de Central de lo Contencioso- administrativo nº 10, de 2 de diciembre de 2016, a tenor del cual: «(…) La Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, establece en su artículo sexto las condiciones que han de tomarse en consideración para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, en concreto las siguientes:”...a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente. b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario. c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio. d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal...”. El precepto se refiere a actuaciones o conductas ya consumadas y, por lo tanto, no puede darse el riesgo a que hace referencia el Consejo. El beneficiario de la Cruz ya ha resultado herido cuando se le propone para ella, ya ha participado en los tres o más servicios, en los que se produjo agresión con armas, ha realizado el hecho abnegado y ha observado la conducta a que se refiere la ley. Por otra parte la concesión de la condecoración se hace pública al poco tiempo de que se haya decidido y, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 11 de mayo de 2012, que regula el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial, las organizaciones sindicales, como lo es la solicitante de la información y demandante en este recurso, deben tener acceso a la relación de los funcionarios propuestos, así como, en su caso, a una información puntual de los hechos concretos que las motivan. A este respecto en el DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIONES, Año 2012 X LEGISLATURA Núm. 164 Pág. 1, se recoge la número 9 de INTERIOR, celebrada el miércoles 26 de septiembre de 2012 en la que compareció el Director General de la Policía quien, entre otras cosas, manifestó:”...Por otro lado, hemos aprobado también la resolución de 11 de mayo de 2012, por la que se implementan los criterios y procedimientos a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial. Con esta norma hemos establecido unos criterios objetivos y homogéneos para la concesión de medallas al mérito policial, estableciendo al efecto un procedimiento que con la participación de las organizaciones sindicales otorgue una mayor transparencia a todo el proceso de concesión...”, por lo que la información solicitada por el sindicato demandante está amparada en la normativa establecida para la concesión de las recompensas, sin que pueda afirmarse que el cumplimiento de la norma implique peligro alguno para los relacionados con la información. Según se recoge en la resolución impugnada el sindicato solicitante de la información hizo constar en su reclamación que:”...en la solicitud de acceso a la información no pedía, en ningún caso, la identificación de las personas afectadas, entre otros motivos porque no constituye una necesidad conocer dato de identificación alguno para valorar la posible incorrecta e injusta interpretación de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, concretamente, lo establecido en el artículo 60. Por ello, solamente, se solicitaba conocer el contenido de los expedientes con los méritos que han sido valorados, y de ellos quienes han merecido tan distinguida condecoración y cuáles no...”, por lo que el riesgo a que hace referencia sería, de apreciarse su concurrencia, fácilmente eludible, de acuerdo con las conclusiones recogidas en el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/002/2015, elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en fecha 24 de junio de 2015, sobre la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, en concreto la recogida en el apartado e):”En cualquier caso si no cupiera el otorgamiento del acceso a la totalidad de la información una vez hechas las valoraciones anunciadas, se concederá acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”. La información a la que pretende acceder el demandante es necesaria para comprobar si se han cumplido las previsiones normativas para la concesión de la recompensa y, en consecuencia, para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad que a estos efectos se le reconoce sin incurrir en arbitrariedad y, finalmente, quien la solicita tiene reconocida su intervención en el proceso y representa y defiende los intereses profesionales de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que la ponderación a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, se resuelve en la clara procedencia de que se conceda el acceso solicitado, que tiene por objeto una información pública con relevancia de la misma naturaleza pues, entre otras cosas, tiene trascendencia presupuestaria, ajustándose a los criterios establecidos en el precepto. En el preámbulo de la Ley 5/1964 se afirma que se modifica la normativa vigente a fin:”...de disponer de un instrumento legal adecuado, dotado de la necesaria flexibilidad que permita premiar a quienes observen las virtudes de patriotismo, lealtad y entrega al servicio en el más alto grado, y que, al mismo tiempo, fomente la interior satisfacción y estímulo en todos los funcionarios de la Policía Gubernativa...”, satisfacción y estímulo que difícilmente se pueden alcanzar si se oculta la razón de la concreta concesión las recompensas.» Criterio que fue respaldado en la Sentencia de la Audiencia Nacional dictada en apelación, cuyo Fundamento de Derecho Tercero precisa lo siguiente: «El Consejo apelante también considera, como se ha expuesto, que el acceso a dichos expedientes puede suponer que se ponga en peligro la seguridad de los beneficiarios, al conocer la identidad de los mismos. Dichas alegaciones han de ser manifiestamente rechazadas pues ningún dato fáctico avala estas consideraciones. Como bien expresa la sentencia impugnada la Dirección General de Policía ya anunció dar publicidad a los expedientes de otorgamiento de dichos méritos, según se deduce del Diario de Sesiones del Congreso al que alude la sentencia. Por otro lado, el Consejo de Transparencia reconoció que el dato relativo al otorgamiento de estos méritos no supone que se esté divulgando datos sensibles, y el art.13 de la Ley de Transparencia 19/2013 lo que obliga es a realizar una adecuada ponderación de los intereses en conflicto; ponderación debidamente realizada por el Juez a quo, en el sentido de que resulta procedente dicho acceso a dichos historiales o expedientes de concesión de dichos méritos policiales. Y en este sentido ha de indicarse que si la Ley 19/2013 ha venido a facilitar y hacer eficaz el derecho a la información de los ciudadanos sin necesidad de motivar la solicitud de información, es decir, la acreditación de un interés legítimo ( art.17.3), como se deducía del viejo art.35.h y 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del PAC, lo que no puede entenderse es que la petición realizada por la apelada pueda ser de peor condición bajo la vigencia de la Ley 19/2013 -a la que hubiese tenido acceso, acreditando dicho interés legítimo- que bajo la vigencia de la Ley 19/2013, no siendo ése el espíritu de esta Ley. Así, teniendo en cuenta la petición del sindicato recurrente, del que se presume un especial deber de sigilo y secreto en la información que pueda obtener, por la condición de sus miembros y fines, y con independencia de los criterios interpretativos de la apelante, no vinculantes para esta Sala, es evidente que es perfectamente congruente con los fines del mencionado sindicato el conocimiento y acceso a dichos expedientes e historiales, sobre todo, dada la trascendencia presupuestaria de las resoluciones adoptadas en dichos expedientes. Lo expuesto conlleva la confirmación de la sentencia impugnada, lo que conlleva a su vez la confirmación igualmente de la estimación del recurso contencioso- administrativo.» 7. En definitiva, de lo expuesto hasta ahora, cabe concluir que procede la estimación de la reclamación interpuesta al no considerarse de aplicación el límite previsto en el artículo 15 de la LTAIBG en los términos delimitados por las sentencias reproducidas; debiendo asimismo recordarse que este Consejo ha llegado a idéntica conclusión en la resolución R CTBG 2023-0369, de 22 de mayo —en relación con una solicitud de acceso a la copia íntegra de los expedientes administrativos de concesión de las Medallas al Mérito Policial con distintivo blanco—con fundamento en las sentencias citadas. En la citada resolución se añadía que no se había argumentado en qué medida el otorgamiento de un reconocimiento al mérito policial puede afectar al derecho a la intimidad de los policías a cuyos expedientes se pretende acceder; o, al menos, en qué medida la protección de ese derecho resulta prevalente al interés público ya indicado en la sentencias precitadas (que anulan la temprana resolución de este Consejo en la que el Ministerio fundamenta su argumentación); prevaleciendo el interés público consistente en discernir si la Administración se ha movido dentro de los márgenes razonables y justificados de discrecionalidad que deben regir su actuación, sin incurrir en arbitrariedad. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x «Copia de las resoluciones en las que se pormenorizan los méritos que acreditan los comisarios principales y que se han tenido en cuenta para ordenar su ingreso en la orden al mérito policial con medalla de plata.» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez