Reclamación sobre el acceso al listado de asistentes a las recepciones de la Fiesta Nacional (2014-2022) desestimada por falta de ámbito material administrativo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 13 de octubre de 2022, a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicito el listado nominal (nombre y apellidos) de los asistentes a las recepciones de Sus Majestades los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional celebradas desde 2014 hasta 2022.» 2. Mediante resolución de fecha 10 de noviembre de 2022, la precitada Secretaría General respondió lo siguiente al solicitante: S/REF: 001-072923 N/REF: R-0963-2022; 100-007640 [Expte. 977-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Información solicitada: Listado asistentes recepción de la Fiesta Nacional R CTBG Número: 2023-0386 Fecha: 24/05/2023 «(…) El artículo 2.1 f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), incluye en su ámbito de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Ello implica que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal y como está regulado en la citada norma, se circunscribe a información referente a la Casa de su Majestad el Rey, organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad el Rey, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado, y respecto a actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial, términos utilizados en el artículo 1.3 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para sujetar a dicha jurisdicción determinados actos del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo, órganos a los que la Casa de S.M. el Rey se equipara a efectos de la Ley de Transparencia. Por tanto, cabe concluir, que la LTAIBG, tal y como fue configurada por el legislador, es de aplicación en tanto que la información solicitada sea relativa a la Casa de S.M. el Rey y respecto de los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Establecido lo anterior, este órgano debe determinar si la información requerida por el interesado se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG o si, por el contrario, no se encuentra amparada en esta norma. Se solicita la relación nominal de invitados de Sus Majestades del Reyes de España a las recepciones ofrecidas con motivo del Día de Fiesta Nacional celebradas desde 2014 hasta 2022. Conocer la relación nominal de las personas invitadas a dichas recepciones no encuentra amparo en la LTAIBG, al no poder ser considerada como una actividad sujeta a derecho administrativo en la conceptualización que realiza la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto que no está referida a materia de personal, administración o gestión patrimonial. Subsidiariamente, significar que la información solicitada contiene datos de carácter personal, por lo que, en su caso, sería de aplicación el artículo 15.3 de la LTAIBG que establece que se deberá realizar una ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Para hacer dicha ponderación entre el interés público de conocer la lista de personas invitadas y su derecho a la R CTBG Número: 2023-0386 Fecha: 24/05/2023 protección de datos de carácter personal, debe tenerse en cuenta que una gran parte de los asistentes al acto accede al mismo en calidad de acompañantes, sin que medie invitación nominal de Sus Majestades los Reyes de España y, por tanto, sin relación con la institución ni con las decisiones adoptadas por esta. (…)» 3. Mediante escrito registrado el 11 de noviembre de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, al no estar de acuerdo con los argumentos de la resolución. 4. Con fecha 15 de noviembre de 2022, se trasladó la reclamación a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a fin de que remitiese las alegaciones que considerase oportunas. El 22 de noviembre de 2022 se recibió respuesta en la que se concluye indicando que, dado que el interesado en su escrito de reclamación no manifiesta ninguna información adicional ni aduce diferente aplicación o interpretación normativa que pueda ser valorada en la revisión de la formulación de la resolución objeto de recurso, se reiteran los fundamentos expuestos en la resolución recurrida. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al listado nominal (nombre y apellidos) de los asistentes a las recepciones de Sus Majestades los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional celebradas, desde 2014 hasta 2022. El Ministerio requerido desestimó la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1.f) de la LTAIBG y, subsidiariamente, en el límite previsto en el artículo 15 de la misma norma legal. 4. Centrado el asunto en los términos indicados, conviene recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.1.f) LTAIBG, la aplicación de la regulación del derecho de acceso a la información y de la publicidad activa se circunscribe, en el supuesto de la Casa de Su Majestad el Rey y del resto de instituciones mencionadas en el citado precepto, a las actividades sujetas a Derecho Administrativo. En consecuencia, si la información solicitada versa sobre cuestiones que no se rigen por el Derecho Administrativo, queda fuera del ámbito de aplicación de la norma y, en consecuencia, de la obligación legal de proporcionarla. En efecto, como se puso ya de manifiesto en la STS de 27 de noviembre de 2009 — dictada en relación con el control jurisdiccional de los actos y disposiciones de los órganos constitucionales— «(…) las actividades que realizan los órganos constitucionales que menciona el citado artículo 12.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción, y significadamente el Defensor del Pueblo (…), no son esencialmente administrativas, sino constitucionales. Ahora bien, para el desarrollo y cumplimiento de tales funciones constitucionales encomendadas precisan realizar una serie de funciones de carácter instrumental y naturaleza administrativa, con competencias de auto organización que comportan una propia y genuina actividad administrativa. De manera que realizan la selección de personal, celebran contratos, gestionan su patrimonio y, en fin, responden de la lesión que sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos si es consecuencia de tal actividad administrativa, pues tal es el alcance de la expresión en "materia de personal, administración y gestión patrimonial". (…) Por lo tanto, puede concluirse que serían las actuaciones en materia de personal, administración y gestión de patrimonial las que quedan englobadas en ese concepto de actividad sujeta a Derecho Administrativo.». A diferencia de lo que podría suceder con otros aspectos relacionados con la organización de las recepciones conmemorativas de la Fiesta Nacional, la actividad consistente en la elaboración del listado de invitados a dichas recepciones, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser incluida en el ámbito de las actuaciones en materia de personal, o de administración y gestión patrimonial que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se acaba de citar, son las que integran la actividad sujeta a Derecho Administrativo a la que resulta aplicable la LTAIBG. Como consecuencia de lo expuesto, la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la resolución de la SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez