Reclamación sobre acceso a información de un expediente sancionador de la AEPSAD y desestimación de la misma

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 30 de mayo de 2022 a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (AEPSAD), del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación con la tramitación del expediente sancionador 32/2019 de la AEPSAD, derivado de una infracción administrativa cometida el 28/09/2019 y resuelto el 16/02/2021, se desea acceder a la siguiente información: 1) ¿En qué fecha se emitió propuesta de resolución en el expediente AEPSAD 32/2019? S/REF: 001-069398 N/REF: R-0730-2022 / 100-007242 [Expte. 1328-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: CELAD/M INISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Información solicitada: Información sobre tramitación de expediente sancionador R CTBG Número: 2023-0346 Fecha: 11/05/2023 2) ¿Cuál fue la causa legal por la que, reanudados los plazos administrativos el 1/06/2020, no se resolvió este expediente hasta el 16/02/2021? 3) Una copia de la resolución administrativa emitida el 16/02/2021 en el expediente AEPSAD 32/2019, salvaguardando todos los datos personales del expedientado por no resultar de interés público. 4) Tras la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de 30/04/2021 declarando la caducidad del expediente AEPSAD 32/2019, ¿ha incoado el Director de la AEPSAD y en qué fecha un nuevo expediente dentro del periodo de prescripción previsto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio? 5) De ser así, ¿cuál ha sido la resolución recaída en dicho expediente y en qué fecha?.» 2. La AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (AEPSAD), del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE dictó resolución con fecha 8 de julio de 2022 en la que contestó al solicitante lo siguiente: « (…) En respuesta a su solicitud de información se le comunica que la Propuesta de Resolución del expediente AEPSAD 32/2019 se emitió el 24 de septiembre de 2020. La causa por la que no se resolvió el expediente hasta el 16 de febrero de 2021 fue el retraso en la gestión administrativa debido al estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la situación de cris is sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se adjunta con esta contestación una copia anonimizada de la resolución administrativa emitida el 16 de febrero de 2021 en el expediente AEPSAD 32/2019. Por último, se comunica que no se ha acordado nueva incoación de expediente por los mismos hechos.» 3. Mediante escrito registrado el 5 de agosto de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: « (…) Sin embargo, como se indicaba en la solicitud de información, los plazos administrativos se reanudaron el 1 de junio de 2020, también para la CELAD, y de R CTBG Número: 2023-0346 Fecha: 11/05/2023 hecho el órgano competente emitió la Propuesta de Resolución del expediente AEPSAD 32/2019 el 24 de septiembre de 2020, a pesar de la alegada situación de crisis sanitaria (totalmente ajena a la función atribuida al Director de la CELAD, consistente en resolver los procedimientos sancionadores en el plazo correspondiente). Por lo tanto, no se está preguntando por la dilación provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, que incluso llevó a la suspensión de los plazos administrativos hasta el 1 de junio de 2020, sino por la dilación ocurrida reanudados los plazos administrativos en esta fecha, dilación que se mantuvo incluso después de emiti rse propuesta de resolución el 24 de septiembre de 2020. (…) En relación con la segunda cuestión (apartado 3) de la solicitud), en la resolución recurrida se dice que “se adjunta una copia anonimizada de la resolución administrativa emitida el 16 de febrero de 2021 en el expediente AEPSAD 32/2019”, si bien de la citada resolución también se han eliminado datos que nada tienen que ver con la anonimización de la misma (sin poder subir la misma a la sede electrónica de este CTBG). A este respecto, se han eliminado las tres sustancias prohibidas detectadas en la muestra analizada, así como el grupo al que las mismas pertenecen, datos imprescindibles para valorar la decisión alcanzada por el Director de la CELAD pues la Ley Orgánica antidopaje prevé distintas sanciones en función de la sustancia detectada, en este caso tres. Al igual que la disciplina deportiva e incluso el nombre del funcionario o funcionaria emisor de la misma. Sin embargo, la anonimización de la resolución con el fin de salvaguardar los datos del expedientado no alcanza a la sustancia detectada, al no existir asociación alguna entre el expedientado, cuyos datos deben salvaguardarse, y la sustancia detectada (…).» 4. Con fecha 8 de agosto de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 26 de agosto de 2022 se recibió respuesta de la CELAD con el siguiente contenido: « (…) El reclamante parece estar disconforme con la información trasladada a propósito de las preguntas contenidas en los apartados 2º y 3º de su solicitud de información (…) La realidad es que la respuesta, incluso aceptando el giro de la pregunta dado en trámite de Alegaciones, seguiría siendo la misma. La situación de crisis sanitaria no ceso, desgraciadamente, con el final de la vigencia de los sucesivos Reales Decretos, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el último de ellos de fecha de 25 de octubre de 2020. Más allá de las insinuaciones o críticas que el reclamante parece deslizar, no hay tras ellas motivo de reclamación, pues la respuesta es la que es, y no la que el reclamante parece esperar. La segunda cuestión (..) lo cierto es que los datos relativos a las sustancias detectadas ni siquiera se hacen públicos en el régimen especial de publicad de las resoluciones sancionadoras establecido en el artículo 39.10 de la ley orgánica 3/2013 de 20 de junio, que es la aplicable al caso (…). Por ello, la anonimización de tales datos es obligada, más aun en el caso presente, en el que la eventual apertura de un nuevo procedimiento sancionador, como el propio reclamante sabe al no haber prescrito la infracción, con idénticos fundamentos de hecho, supondría de facto, dar a las sustancias detectadas la publicidad que proscribe el citado precepto pudiendo llegar a ser público el contenido de la resolución si esta fuera recurrida al Tribunal Administrativo del Deporte, pues aun anonimizando todos los elementos establecidos en la ley, la identidad en los fundamentos de hecho haría muy sencillo vincular esta información con la que ahora se reclama al conocer ya el solicitante el contenido de aquellos fundamentos de hecho (…)» 5. El 31 de agosto de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 1 de septiembre de 2022, se recibió un escrito con el siguiente contenido: « (…) Entre estas cuestiones, dos no fueron informadas, a juicio del reclamante, en los términos solicitados y amparados por la Ley de Transparencia, lo que dio lugar a la presente reclamación: 1) la causa legal por la que, reanudados los plazos administrativos el 01/06/2020 tras la crisis del COVID-19, no se resolvió este expediente hasta el 16/02/2021 (caducando el mismo); 2) una copia de la resolución administrativa emitida el 16/02/2021 en dicho expediente, salvaguardando todos los datos personales del expedientado. Respecto a la primera de las cuestiones (…) concluye el Director de la CELAD, “la respuesta es la que es”, al margen de que no se entienda la vinculación entre la referida propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y la dilación de la resolución del expediente (…). Respecto a la segunda de las cuestiones, debemos mantener que no hay motivo para excluir de la resolución proporcionada al reclamante las sustancias prohibidas (…) no resulta de aplicación el precepto referido por el Director de la CELAD, art. 39.10 de la Ley Orgánica 3/2013, de 30 de junio, pues en ningún caso se está solicitando a la CELAD que divulgue públicamente y de forma asociada “los datos relativos al infractor, especialidad deportiva, precepto vulnerado y sanción impuesta”, como exige dicho precepto. (…), sino cómo adoptó el Director de la CELAD la decisión (…), anulada por caducidad del expediente, y bajó qué criterios técnicos, lo cual requiere conocer previamente las sustancias prohibidas sobre las que versa la resolución proporcionada (sin identificación en ningún caso del expedientado) (…).» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre un determinado expediente sancionador tramitado por la AEPSAD. La Agencia resuelve conceder el acceso a la información respondiendo a las preguntas realizadas por el solicitante y enviando una copia anonimizada de la resolución administrativa que, además, excluye la identificación de las sustancias prohibidas detectadas en el caso concreto. El reclamante se muestra disconforme con la respuesta recibida, así como con la forma en que se ha llevado a cabo la anonimización de la resolución. 4. Centrada la cuestión en estos términos no es posible desconocer, en primer lugar, que la entidad requerida ha proporcionado la información que se le ha solicitado ya en la resolución emitida frente a la solicitud inicial. Así, ha señalado la fecha en que se emitió la propuesta de resolución del expediente, ha explicado la causa por la cual el mismo se retrasó, ha entregado una copia de la resolución administrativa anonimizada y ha comunicado que no se ha acordado nueva incoación del expediente. Por tanto, entiende este Consejo que, con independencia de las consideraciones de vertidas en la reclamación en relación con eventuales dilaciones en el procedimiento administrativo que son ajena a su competencia, la CELAD ha proporcionado información completa y adecuada a la solicitud formulada. 5. En segundo lugar, en relación con la copia de la resolución facilitada, cuestiona el reclamante que se hayan eliminado las referencias a las sustancias prohibidas detectadas en aquel caso. Sobre este particular la CELAD argumenta que facilitar esa información supondría, de facto, dar la publicidad a las sustancias que proscribe el artículo 39.10 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, hoy derogado, pero aplicable al caso que nos ocupa. El mencionado precepto artículo dice que «[l]a publicación se referirá a sanciones firmes en la vía administrativa y únicamente contendrá los datos relativos al infractor, especialidad deportiva, precepto vulnerado y sanción impuesta. No contendrá datos sobre el método o sustancia empleada salvo que resulte completamente imprescindible.» No obstante lo anterior, no puede obviarse que el vigente artículo 44 de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, sí prevé que se publique la sustancias o métodos empleados para cometer la infracción, lo que apunta para los casos posteriores a su entrada en vigor a un criterio diferente al mantenido por la Agencia. En cualquier caso, entiende este Consejo que, atendiendo a los términos de la solicitud inicial, al derecho vigente en relación con su objeto y a lo aportado por la CELAD, se ha dado respuesta satisfactoria y completa al reclamante; sin que el conocimiento de las concretas sustancias detectadas aporte un valor añadido a la finalidad de controlar cómo se toman las decisiones por parte de las Administraciones. 6. En consecuencia, y con arreglo a lo expuesto, se desestima esta reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la CELAD / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez