Reclamación por acceso a la información sobre el expediente de adaptaciones informáticas de la Orden TFP/153/2021 y desestimación de la misma

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 6 de julio de 2022 a la Secretaría General de Administración Digital del MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…), de conformidad con lo establecido en la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero en su disposición adicional cuarta solicito: Copia del expediente que se haya realizado o tramitado en orden a las adaptaciones informáticas que resulten necesarias para la ejecución de las previsiones contenidas en el mencionado texto. S/REF: 001-070637 N/REF: R-0681-2022 / 100-007185 [Expte. 884-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Información solicitada: Expediente de contratación R CTBG Número: 2023-0145 Fecha: 10/03/2023 Documentación que conste al día de la fecha con relación a las actuaciones realizadas Información sobre los trabajos realizados.» 2. El MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL di ctó resolución con fecha 27 de julio de 2022 en la que contestó al solicitante lo siguiente: «Le comunico que las adaptaciones informáticas realizadas sobre el Registro integrado de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que resultaron necesarias para la ejecución de las previsiones contenidas en la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, se han encuadrado en el ámbito del lote 7: “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones horizontales y de Administración Periférica”, del expediente 24/18, “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Secretaría General de Administración Digital”, cuya documentación se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el siguiente enlace: LLzXZeTJbMR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D En relación con los trabajos realizados sobre el citado Registro, le comunico que consistieron en su adaptación al nuevo baremo de puntuación de los méritos generales, específicos y autonómicos que vienen descritos en la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, así como otros trabajos relacionados, como procesos de cálculo, presentación en pantalla y generación de informes.» 3. Mediante escrito registrado el 28 de julio de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «(…), lo único que me contestan es: Un link a un expediente de contratación (que no funciona). En cualquier caso un expediente de contratación incluiría los servicios generales a realizar, pero no concreta qué actuaciones se han realizado en CONCRETO, por lo que no puedo obtener información de qué se ha hecho. He pedido copia del expediente tramitado. Es de suponer que si hay un contrato de servicios la empresa haya realizado informes o algo. No se me ha facilitado nada. Pedí documentación e informes sobre los trabajos realizados. No se me aporta nada.» R CTBG Número: 2023-0145 Fecha: 10/03/2023 4. Con fecha 28 de julio de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 16 de agosto de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «Como ya se indicó al contestar, el 27/07/2022 a esta petición de acceso a la información, las adaptaciones informáticas realizadas sobre el Registro integrado de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que resultaron necesarias para la ejecución de las previsiones contenidas en la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, tuvieron lugar en el ámbito del expediente general: “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones inform áticas de la Secretaría General de Administración Digital”, en concreto estos trabajos han tenido lugar en cumplimiento de lo previsto en el lote 7: “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones horizontales y de Administración Periférica”. Cumplida información de este expediente existe en la Plataforma de Contratación del Sector Público, PLACSP, en la URL, ya facilitada en la respuesta del día 27. LLzXZeTJbMR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D En este enlace se puede encontrar un resumen la licitación: (…) Así como Otros documentos: (…) Se ajunta Certificado de acuerdo de contratación del lote 7 en pdf. Los trabajos realizados sobre el citado Registro integrado de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, consistieron en su adaptación al nuevo baremo de puntuación de los méritos generales, específicos y autonómicos que vienen descritos en la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, así como otros trabajos relacionados, como procesos de cálculo, presentación en pantalla y generación de informes.» 5. El 19 de agosto de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El mismo día se recibió un escrito con el siguiente contenido: «Con relación al requerimiento entiendo que las alegaciones del órgano siguen sin resolver la cuestión. En concreto se limitan a indicar que existió un contrato y que con base en él se hicieron los trabajos. Ello no responde a esta solicitud de información como quiera que: Con la información del expediente de contratación, que se ha realizado de forma parcial, es imposible saber qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué resultado se ha obtenido porque no se aporta ningún tipo de información. Es imposible que ese sea el expediente completo ya que no consta supervisión de ningún órgano, instrucciones emitidas, comprobación por el órgano de recepción, acta de recepción, conformidad con los trabajos, resultados obtenidos. En suma se solicitó una información y lo que se contesta es “ que se trabajó” y que “ ahí está el expediente de contratación”, siendo imposible saber ni qué se hizo, ni cómo ni nada. Y se sigue sin responder a lo solicitado. Con esa información este ciudadano sigue sin saber nada sobre qué se ha hecho, qué criterios se han seguido, por qué se ha actuado de una manera y no de otra, por qué se ha ganado el dinero la empresa, quien es el responsable de la actuación realizada y así 1000 preguntas.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información referente al expediente de las adaptaciones informáticas necesarias para aplicar la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como el estado de ejecución de las actuaciones y descripción de los trabajos realizados. El Ministerio requerido resuelve concediendo el acceso a la información mediante un link a la información del expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, explicando brevemente en qué consistieron los trabajos. El solicitante interpone reclamación ante este Consejo al afirmar que el link ofrecido no funciona y por considerar que no se le ha aportado documentación e informes relacionados con los trabajos realizados. 4. La resolución de esta reclamación debe partir de la premisa de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, el objeto del derecho de acceso a la información pública está conformado por los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados, por lo que la existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el reconocimiento del derecho. En este caso, el Departamento ministerial requerido proporciona la información de la que dispone a través del vínculo o enlace que redirige a la Plataforma de Contratación del Sector Público —link que, debe señalarse, funcionaba correctamente, según comprobación realizada en este Consejo—, regulada en el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que proporciona a los operadores económicos toda la información sobre las licitaciones celebradas por los órganos de contratación adheridos a la misma — anuncios, pliegos, licitaciones, y otros documentos relevantes, todos ellos en estándares abiertos y reutilizables—. En este caso, además del resumen de la licitación y documentación referida a las ofertas, constan otros documentos como la memoria justificativa, el acuerdo de iniciación y aprobación del expediente, o diversas notas informativas. No puede desconocerse, a su vez, que el Ministerio, tanto en su resolución inicial como en las alegaciones formuladas en este procedimiento, remarca que las actuaciones llevadas a cabo se han encuadrado en el ámbito del lote 7: “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones horizontales y de Administración Periférica”, del expediente 24/18, “Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Secretaría General de Administración Digital” y que han consistido en la adaptación al nuevo baremo de puntuación de los méritos generales, específicos ya autonómicos. Este Consejo considera, por tanto, que la respuesta que se ha dado por el Ministerio se corresponde con la información solicitada y es completa —con independencia de que coincida o no con la esperada por el reclamante (quien, por otra parte, no identifica qué documentos considera ausentes)—, sin que pueda exigírsele que, para atender a esta solicitud de acceso a la información, elabore un informe ad hoc. 5. En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, procede la desestimación de esta reclamación pues el Ministerio requerido ha facilitado de forma completa la información solicitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez