Reclamación de acceso a la identidad, funciones y emolumentos de los asesores de memoria histórica del Ministerio de la Presidencia

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 17 de marzo de 2022 el reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicito que se me informe de quiénes son ahora mismo los asesores de memoria histórica actualmente, sus funciones y sus emolumentos». No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-066983 N/REF: R/0654/2022; 100-007141 [Expte. 715-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Información solicitada: Asesores de memoria histórica R CTBG Número: 2023-0135 Fecha: 07/03/2023 2. Mediante escrito registrado el 16 de julio de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «Solicité el 17 de marzo de este año esta información que detallo abajo y no tengo respuesta. Solicito que se me informe de quiénes son ahora mismo los asesores de memoria histórica actualmente, sus funciones y sus emolumentos». 3. Con fecha 18 de julio de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 12 de agosto de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) Con fecha 11 de agosto se firmó la resolución de concesión, comunicándole al interesado la relación de puestos de “Asesor/a” que había en la Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en la fecha de presentación de la solicitud con nº número 001-066983 (esto es, el 17 de marzo de 2022). Se proporcionó la cuantía correspondiente a la retribución total abonada durante el último período completo vencido -el año 2021-. Por lo que respecta a sus funciones, en la resolución se señalaba que las funciones que desarrollan quienes ocupan los puestos por los que se interesa el solicitante, son de colaboración inmediata con quien ostenta la titularidad del centro superior, en el marco en las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, “La Secretaría de Estado de Memoria Democrática es el órgano superior al que corresponde desempeñar, bajo la autoridad de la titular del Ministerio, además de las competencias que le encomienda el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las funciones de proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”. R CTBG Número: 2023-0135 Fecha: 07/03/2023 La resolución fue notificada al solicitante, mediante su puesta a disposición a través del Portal de la Transparencia, con fecha 12 de agosto. Por tanto, no cabe apreciar que este Departamento no haya procurado respuesta a la solicitud, si bien en el presente caso la resolución fue notificada después del vencimiento del plazo estipulado en la Ley (…)». 4. El 18 de agosto de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En la misma fecha se recibió escrito con el siguiente contenido: «Pregunté quiénes eran los asesores y no me han respondido con nombres y apellidos quiénes son esos asesores. Entiendo que mientras no aclaren estos datos, no se ha cumplido la Ley de transparencia». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide diversa información relativa a los asesores de memoria histórica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (identidad, funciones y emolumentos). El Ministerio requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio, quedando expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución en la que proporciona la relación de puestos de asesor/a que había en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hasta la fecha de presentación de la solicitud, la retribución total abonada durante el último período completo vencido (el año 2021) y las funciones desarrolladas como personal eventual. 4. Teniendo en cuenta lo anterior debe recordarse, en primer lugar, que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso el órgano al que se ha dirigido la solicitud no respondió en el plazo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». No obstante lo anterior, en el trámite de alegaciones de este procedimiento el Ministerio requerido ha aportado la resolución dictada el 11 de agosto de 2022 (y notificada al interesado al día siguiente) en la que facilita extemporáneamente la información solicitada, salvo la identidad de los asesores/as del Gabinete del Secretario de Estado de Memoria Democrática. 5. Entrando en el fondo del asunto, y partiendo de la premisa de que la reclamación se circunscribe, ahora, a la información consistente en el nombre o listado de los asesores, es preciso recordar que la cuestión del acceso a información relativa al personal eventual de los organismos públicos ya ha sido abordada y resuelta en múltiples pronunciamientos, tanto de este Consejo de Transparencia como de los Tribunales de Justicia. Así, en el Criterio Interpretativo 1/2015, de 24 de junio, elaborado conjuntamente por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en virtud del mandato contenido en la Disposición adicional quinta de la LTAIBG, ya se estableció una clara pauta interpretativa sobre el particular al indicar que, en el caso de personal eventual que ocupa puestos de especial confianza y asesoramiento y de alto nivel en la jerarquía —puestos con niveles 30, 29 y 28—, provistos mediante libre designación prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual en la protección de los datos de carácter personal. Por otra parte, el contenido del mencionado Criterio Interpretativo ha sido confirmado en varias ocasiones por la jurisprudencia; en particular, y a los efectos que aquí interesan, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 6 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3968), extiende la prevalencia del interés público en el acceso a la información a todos los nombramientos de carácter eventual (incluidos aquellos que desarrollan labores correspondientes a la categoría de administrativos) formulando los siguientes razonamientos: «Por último, observa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el ejercicio por el personal eventual de labores de oficina y de colaboración y apoyo administrativo en su sentencia de 9 de julio de 2015 (asunto C- 177/14), en virtud de una cuestión prejudicial planteada por la Sección Séptima de esta Sala, y que ésta, en virtud de la anterior, dictó después su sentencia n.º 60/2016, de 21 de enero. Y concluye el Abogado del Estado: "De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ese Tribunal Supremo han admitido expresamente que el personal eventual pueda realizar labores materialmente administrativas, sin perjuicio de que se trate de personal cuya naturaleza es intrínsecamente temporal y basada, por la naturaleza del puesto, en relaciones de confianza”. CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso contencioso-administrativo. C) La resolución recurrida descansa en una ponderación incorrecta de los intereses concernidos. (…) Descartado, pues, el aspecto retributivo nos encontramos que estamos hablando únicamente del acceso a la identidad del personal eventual nombrado en el período de referencia para puestos que, si bien puede convenirse que no implican asesoramiento especial y cuyo cometido puede en gran medida equivaler al de los auxiliares administrativos, sí son de especial confianza, tal como recuerda la contestación a la demanda, y se proveen por decisión libre del Presidente del Tribunal de Cuentas a propuesta, en su caso, de los Consejeros [artículo 2.1 j) de la Ley 7/1988]. En estas condiciones, no parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador». En esta línea también se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional (SAN) en sentencia de 16 de marzo de 2021 (rec. apelación n.º78/2020) en la que se pone de manifiesto que: «La identificación de quienes ostentan un empleo público es la regla general. Los nombramientos de prácticamente todos los funcionarios públicos son publicados en los diarios oficiales y de general conocimiento. Solo cuando una ley expresamente autoriza la confidencialidad de la identidad del empleado público puede mantenerse ésta reservada, así como cuando pueda comprometer otros derecho s constitucionales prevalentes. El artículo 15.2 de la Ley de Transparencia, corroborando las anteriores afirmaciones, “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. Puede mantenerse la confidencialidad sobre datos personales, especialmente aquellos que faciliten la localización de las personas o de su centro de trabajo, cuando pueda comprometerse la integridad física de los empleados públicos, por ejemplo, en los casos de empleadas que tengan protección por razones de violencia de género. Pero fuera de estos casos, no puede hablarse de que la identidad del empleado sea un dato personal que pueda el afectado oponerse a que se divulgue». También la SAN de 8 de noviembre de 2022 (rec. apelación n.º 101/2021) se pronuncia en esos términos trayendo a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo: «A ello debe unirse lo que resulta de la STS dictada en el recurso 316/2018 donde se afirma que: “Vemos que la regla sigue siendo la de conceder el acceso salvo que la ponderación a la que se refiere imponga lo contrario. Si de aquí nos vamos al Criterio Interpretativo 1/2015, en concreto a su apartado 2, que se ocupa de la “Información referida al puesto de trabajo desempeñado por uno o varios empleados o funcionarios públicos o a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados, nos encontramos que, en su letra B) subapartado a), dice que con carácter general primará el interés público si el empleado público ocupa un puesto de especial confianza, es de alto nivel o se provee mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad. Luego, en el subapartado b) señala que se debería conceder “el acceso a la información sobre retribuciones correspondientes” al personal eventual de asesoramiento y especial confianza de los Ministros y Secretarios de Estado; (iii) al personal directivo; y (iv) al de libre designación”. Esta última sentencia reconoció el derecho a que se informara de la identidad de las personas que trabajaban como secretarias particulares de determinados cargos del Tribunal de Cuentas con el siguiente razonamiento: “En estas condiciones, no parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador”. (…) Debemos comenzar señalando que el resultado de dicha ponderación será favorable a la confirmación de la resolución recurrida y ello puesto que es prevalente la exigencia de transparencia a la posible reserva de las retribuciones percibidas por personal eventual y que ocupa puestos de confianza. (…) Esto se debe relacionar con la circunstancia de que la resolución del CTBG que es objeto de impugnación solo se refiere a que se deben facilitar datos con identificación del titular de las percepciones en relación a “personal eventual, así como personal titular de órganos directivos y personal de puestos de libre designación- N30, 29 y 28- “ mientras que del resto de funcionarios perceptores solo se facilitara información “sin identificar a los titulares de los datos, dando la cuantía global por niveles”. (..) Esta Sala al efectuar la ponderación a la que le obliga el artículo 15.3 de la LTBG entiende que, habida cuenta de que el personal eventual está intrínsecamente ligado al personal denominado como alto cargo, dado que, entre otras circunstancias, cesan automáticamente con el cese del cargo a quien preste función de confianza o asesoramiento (art. 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015) , parece razonable pensar que su régimen de transparencia habrá de ir igualmente unido al régimen de transparencia previsto para los altos cargos que les han nombrado. (…) El artículo 12 (apartados 1 y 2) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público al definir al personal eventual afirma que es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Añade que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicos (…)». 6. La aplicación de la doctrina expuesta a este caso comporta la estimación de la presente reclamación; por un lado, porque la información relativa al número y retribución del personal eventual ha sido aportada por el Ministerio de forma tardía (una vez interpuesta esta reclamación y desconociendo el derecho del reclamante a obtener una respuesta en plazo); y, por otro lado, porque no se ha proporcionado la información relativa a la identidad de las personas nombradas como asesores cuyo conocimiento reviste interés público en los términos razonados. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Identidad de los asesores/as de memoria histórica en la fecha de presentación de la solicitud. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez