Reclamación por silencio administrativo sobre el requerimiento al Gobierno de Castilla y León y archivo por desistimiento frente al Ministerio de Sanidad

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 16 de enero de 2023 al MINISTERIO DE SANIDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Expediente completo (incluidos informes jurídicos) que sustenta el requerimiento que el Gobierno le ha enviado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León y a que se refiere la siguiente noticia publicada por elplural.com del 15 de enero de 2023: enviado-consejeria-sanidad-castilla-leon_ 3042771 02.» S/REF: 001-075944 N/REF: Expte. 684-2023 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Información solicitada: Requerimiento efectuado por el Gobierno a Castilla -León R CTBG Número: 2023-0132 Fecha: 06/03/2023 En fecha 18 de enero de 2023, presentó solicitud de información al Ministerio de Política Territorial en los siguientes términos: «Expediente completo (incluidos informes jurídicos) que sustenta el requerimiento acordado en el Consejo de Ministros del17/01 /2023: "Política Territorial. REQUERIMIENTO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/20 10, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/201 O. de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior». No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «1.- Que con fecha 16 de enero de 2023, cursó telemáticamente, a través del Portal de la Transparencia, al MINISTERIO DE SANIDAD, la siguiente petición de acceso a documentos: (…) 2.- Que adjunta en archivo pdf los documentos generados por el Portal de la Transparencia, bajo el número de expediente 00001-00075944; sin que a fecha de hoy se haya recibido ninguno más, habiendo transcurrido más de UN MES desde la solicitud. 3.- Que con fecha 18 de enero de 2023, cursó telemáticamente, a través del Portal de la Transparencia, al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL, la siguiente petición de acceso a documentos: Expediente completo (incluidos informes jurídicos) que sustenta el requerimiento acordado en el Consejo de Ministros del 1710112023: ·'Política Territorial. REQUERIMIENTO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y R CTBG Número: 2023-0132 Fecha: 06/03/2023 reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/201 O, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior”. 4.- Que adjunta en archivo pdf los documentos generados por el Portal de la Transparencia, bajo el número de expediente 00001-00075989; sin que a fecha de hoy se haya recibido ninguno más, habiendo transcurrido más de UN MES desde la solicitud. 5.- Que dado que, en definitiva, las dos solicitudes se refieren a los mismos documentos y que el órgano que finalmente adoptó los acuerdos fue el Consejo de Ministros, el que suscribe considera que, en aras de la economía procedimental, la reclamación contra la denegación por silencio administrativo de ambas solicitudes debe acumularse y sustanciarse en una única reclamación ante ese Consejo de Transparencia. (…) PRIMERO.- Que existe un absoluto silencio administrativo respecto a las solicitudes de acceso. SEGUNDO.- Que es muy difícil atacar jurídicamente una desestimación por silencio (…). TERCERO.- Los documento solicitados no están incursos en ninguna de las causas de inadmisión (artículo 18) ni en ninguno de los límites al derecho de acceso (artículo 14), previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (…) QUINTO.- Que el acceso a los documentos solicitados reviste un evidente interés público (…).» 3. Con fecha 24 de febrero de 2023 se recibió nuevo escrito del solicitante en el que se pone de manifiesto lo siguiente: « (…) Que transcurrido el mes establecido en la Ley de Transparencia, con fecha de hoy (…), el que suscribe ha recibido, procedente del Ministerio de Sanidad, la documentación que adjunta: - "Documento de comienzo de tramitación. Fecha del documento: 21 de febrero de 2023". El que suscribe entiende que dicho documento es extemporáneo, está fuera de plazo, pues debe evacuarse, a más tardar, dentro del plazo de un mes desde que el solicitante remite la solicitud a través del Portal de Transparencia; pues, de lo contrario, los plazos de tramitación quedarían - de manera arbitraria- al arbitrio de la Administración. - Requerimiento de la Ministra de Sanidad a la Junta de Castilla y León. - Orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Catilla y León por la que se inadmite el requerimiento. Que, no obstante, y aunque el solicitante considera que únicamente se ha dado acceso parcial al expediente, al no constar el más mínimo informe jurídico, etcétera, que sustente el mismo; en este caso va a entender que no constan dichos documentos porque no existen y, por lo tanto, procede a DESISTIR de la referida reclamación ante ese Consejo respecto al expediente referido al MINISTERIO DE SANIDAD, n° 00001- 00075944. 3.- Dado que como se observa del documento suscrito por la Ministra de Sanidad y que consta en dicho expediente, el mismo es de fecha 15/0112023 y el requerimiento, se realiza, según consta en el mismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; dicho expediente es distinto al que se refiere el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17/01/2023. Por tanto, parece que nos encontramos ante un expediente distinto al solicitado al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL: número de expediente 00001-00075989; dado que, como se ha señalado, este se refiere a un Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha posterior: del 17 /0112023; por lo que el que suscribe mantiene, respecto a esta solicitud y en todos sus términos, la reclamación presentada ante ese Consejo. (…) Que le tenga por DESISTIDO en la referida reclamación en relación, exclusivamente, al expediente referido al MINISTERIO DE SANIDAD: número de expediente 00001- 00075944. Que de curso a la reclamación a la solicitud de acceso, denegada por silencio administrativo, relativa al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL: número de expediente 00001-00075989.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud en la que se pide el acceso al expediente completo, incluidos los informes jurídicos, del requerimiento que el Gobierno ha remitido a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, según consta en información periodística. No consta respuesta de la Administración en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. 4. Debe aclararse, con carácter previo, que la reclamación presentada ante este Consejo, como ha quedado reflejado en los antecedentes, se refería de forma conjunta a dos peticiones de información formuladas ante Ministerios distintos (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Política Territorial) entendiendo el reclamante que dado que «las dos solicitudes se refieren a los mismos documentos y que el órgano que finalmente adoptó los acuerdos fue el Consejo de Ministros», la falta de respuesta en ambas peticione se pueden tramitar como una única reclamación. Posteriormente presenta nuevo escrito en el que pone en conocimiento de este Consejo que recibido respuesta del Ministerio de Sanidad (si bien de forma parcial) y expresa su voluntad de desistir de la reclamación únicamente respecto de la solicitud dirigida al citado Ministerio de Sanidad, solicitando la continuación de la tramitación de la reclamación respecto del silencio del Ministerio de Política Territorial. Es importante precisar que este Consejo inició el presente procedimiento de reclamación bajo el número 684/2023, únicamente respecto de la solicitud de información dirigida al Ministerio de Sanidad; incoándose el procedimiento de reclamación n.º 687/2023 respecto de la solicitud de acceso dirigida al Ministerio de Política Territorial —reclamación que continua en tramitación (al no constar desistimiento del reclamante)—. 5. Es preciso recordar, por otro lado, que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 6. No obstante, el Ministerio dictó resolución tardía en la que proporcionar la información solicitada y el reclamante manifiesta su voluntad de desistir. Resulta de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), según cuyo tenor: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. (…) 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.» 7. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones, por lo que respecta a la solicitud de información dirigida al Ministerio de Sanidad (nº GESAT 00001-00075944), continuándose la tramitación de la reclamación frente al Ministerio de Política Territorial con número de procedimiento de reclamación 687/2023, nº. GESAT 00001- 00075989). III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por , frente al MINISTERIO DE SANIDAD. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez