Reclamación por falta de respuesta en plazo sobre la justificación de la obligatoriedad telemática del Bono Cultural Joven

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la entidad reclamante solicitó el 3 de mayo de 2022 al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «El pasado miércoles 23 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven. En su artículo 10, dicho decreto establece en su punto 3 que, cito, las solicitudes se presentarán por medios telemáticos, a través de la aplicación informática específica para la gestión del Bono Cultural Joven, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre... Dicha ley establece en su artículo 14 quiénes están S/REF: 001-068412 N/REF: R-0645-2022 / 100-007128 [Expte. 718-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Información solicitada: Fundamento obligación presentación telemática bono cultural R CTBG Número: 2023-0120 Fecha: 01/03/2023 obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. Ya que en ninguno de los supuestos del punto 2, entendemos, no se encuentran las personas que cumplen 18 años en 2022, nos fijamos en el punto 3 de ese artículo, que dicta que, cito, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Me gustaría preguntar: ¿Cómo ha acreditado el Ministerio, como marca la norma, que todas las personas de 18 años de este país tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios? Solicito los informes realizados o en los que se hayan basado para acreditarlo y tomar esta decisión. En paralelo, me gustaría saber qué aplicación se plantea utilizar, si está ya en marcha o en qué punto del proceso está y si se va a realizar con medios propios o contratando a una empresa (en ese último caso, por favor, agradecería el expediente del contrato si ya se ha puesto en marcha). Además, me gustaría saber si existe, o se plantea poner en marcha, alguna vía alternativa para aquellas personas que no tengan acceso ni disponibilidad de esos medios.» 2. La Administración notifica la fecha de inicio de la tramitación el 13 de mayo de 2022, fecha en que se recibe en el órgano competente para resolver, procediendo posteriormente, el 9 de junio de 2022, a ampliarlo en un mes en virtud de lo previsto en el artículo 20.1 LTAIG. No consta respuesta de la Administración en ese plazo ampliado. 3. Mediante escrito registrado el 14 de julio de 2022, la entidad solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «EXPONGO: R CTBG Número: 2023-0120 Fecha: 01/03/2023 El pasado 3 de mayo realicé una solicitud de información al Ministerio de Cultura y Deporte (adjunta). El 13 de ese mismo mes notificaron el inicio de la tramitación. El 9 de junio ampliaron el plazo para responder un mes más. Hoy, 14 de julio, dos meses después del inicio de la tramitación no he obtenido respuesta. SOLICITO: - Una respuesta a mi solicitud de información. - Que el Ministerio de Cultura y Deporte justifique las razones de complejidad o volumen de información, según el artículo 20 de la Ley 19/2013, para ampliar un mes el plazo, puesto que se trata de una solicitud de información sencilla y directa.» 4. Con fecha 15 de julio de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 20 de julio de 2022 se recibió un escrito señalando haber concedido el acceso a la información solicitada mediante resolución de la Subsecretaría de Cultura y Deporte de 14 de julio de 2022. En la resolución, que se adjunta, se pone de manifiesto lo siguiente: «En relación con la primera cuestión que plantea sobre la elección de la tramitación electrónica, el proyecto del Bono Cultural Joven, según el Real Decreto 210/20220, de 22 de marzo, que establece sus normas reguladoras, afirma que su objetivo es facilitar el acceso universal y diversificado de las personas jóvenes a la cultura. La cobertura digital del territorio estatal es prácticamente íntegra, por lo que el acceso generalizado es en la práctica posible. Los jóvenes están habituados a trabajar con equipos telemáticos en sus centros docentes y a conectarse a las redes sociales o acceder a contenidos online en su vida cotidiana. La denominación generacional de nativos digitales está acuñada desde los años noventa del siglo pasado y es de plena aplicación a los jóvenes nacidos en 2004. La ayuda del Bono Cultural Joven se canaliza a través de un medio de pago virtual y se instala en un teléfono SmartPhone con tecnología NFC. En el caso de que ella persona beneficiaria no disponga de este tipo de teléfono, lo hará constar en la solicitud y la entidad colaboradora de medios de pago le facilitará la tarjeta o tarjetas prepago de carácter físico en la dirección especificada. En todos los casos, el seguimiento de las compras y el saldo correspondientes a los tres grupos de actividades, productos culturales en soporte físico y consumo digital en línea, podrá hacerse desde la web del programa, al que se tiene acceso simplemente accediendo mediante ordenador conectado a https://bonoculturajoven.gob.es. En cuanto a la aplicación que se pretende utilizar, el Real Decreto 210/2022 establece que para la gestión del Bono Cultural Joven será necesaria la colaboración de entidades que realizarán las funciones de colaborar en la gestión de ayudas, control de la aplicación de ayudas a las actividades subvencionables a través de la aplicación informática que sirva de soporte al programa, ser el cauce de relación con los beneficiarios y entidades para articular su adhesión y controlar el adecuado desarrollo de los compromisos adquiridos en virtud de la misma. Con tal fin se han formalizado dos encargos para la colaboración en la gestión tecnológica del programa BCJ 2022 y para la colaboración y apoyo en la gestión del programa de ayudas BCJ 2022, con la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda E.P.E. M.P.” (FNMT – RCM) y con la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) respectivamente, así como un convenio para la colaboración con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. para la facilitación y gestión de los medios de pago de las ayudas BCJ 2022. Y, por último, respecto a la posibilidad de establecer alguna alternativa a la tramitación electrónica, no existe una vía paralela, sino complementaria (…).» 5. El 26 de julio de 2022, se concedió audiencia a la entidad reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 19 de septiembre de 2022, la entidad reclamante compareció al trámite sin realizar alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre la justificación utilizada para extender la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, mediante norma reglamentaria, a los solicitantes del bono cultural joven. El Ministerio requerido, aun habiendo ampliado el plazo máximo para resolver, de acuerdo con el artículo 20.1 LTAIBG, no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la entidad requerida ha puesto de manifiesto que dictó resolución en fecha 14 de julio de 2022 (y, por tanto, con posterioridad a la interposición de la reclamación), concediendo el acceso a la información solicitada. 4. Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo es preciso referirse a la ampliación del plazo para resolver comunicada por el Ministerio requerido. Cabe recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En relación con la habilitación contenida en el último párrafo del artículo transcrito, este Consejo de Transparencia ha precisado en el Criterio Interpretativo 5/2015, de 14 de octubre cuáles son los requisitos que han de concurrir para su correcta aplicación, haciendo hincapié en que la ley ciñe a dos únicos supuestos la posibilidad de ampliación del plazo: a) «el volumen de datos o informaciones» y b) «la complejidad de obtener o extraer los mismos». Además, se subraya que la ampliación debe ser convenientemente justificada en relación con el caso concreto y esta justificación habrá de constar de forma expresa. En este caso, el Ministerio no solo comunicó la decisión de ampliación del plazo sin la más mínima justificación de la concurrencia de alguno de los presupuestos legales que habilitan para ello —pues se limitó a citar el contenido del artículo 20 LTAIBG—, sino que no resolvió en el plazo ampliado, aportando la resolución una vez incoado este procedimiento de reclamación; proceder que no resulta conforme a derecho. En este sentido debe reiterarse que la observancia del plazo máximo de contestación establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG (y en su caso, del plazo ampliado) es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la Ley al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No puede obviarse, no obstante, que, aun de forma tardía, el Ministerio ha facilitado la información de la que dispone sin que se haya recibido objeción alguna al respecto. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante este Consejo, debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener una resolución en el plazo legalmente establecido y por otro, tener en cuenta el hecho de que le ha proporcionado la información. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho de la entidad solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO frente al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez