Reclamación por denegación de acceso a datos catastrales protegidos para la redacción de un estudio de detalle urbanístico

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, las reclamantes solicitaron el 17 de marzo de 2022 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicitud datos catastrales estudio de detalle y relación de datos catastrales necesarios para estudio de detalle.» 2. El Ministerio de Hacienda y Función Pública dictó resolución, con fecha 24 de marzo de 2022, en la que acordó denegar el acceso solicitado en los siguientes términos: S/REF: N/REF: R-0360-2022 / 100-006725 / [Expte. 289-2022] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINIS TERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Información solicitada: Datos catastrales R CTBG Número: 2023-0101 Fecha: 22/02/2023 «(…) El artículo 51 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece que tienen la consideración de datos protegidos el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares, así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y de la construcción. El acceso a estos datos se somete a un régimen restrictivo, limitado en estos casos a los propios titulares catastrales, sus representantes o personas autorizadas, así como a aquéllos que acrediten fehacientemente que se encuentran en uno de los supuestos de interés legítimo y directo establecidos en el artículo 53 del citado texto refundido. En la presente solicitud de información catastral de carácter protegido, se invoca la finalidad de su aportación a un procedimiento administrativo de gestión urbanística (redacción de un estudio de detalle), por parte de quienes no son los titulares catastrales de los inmuebles, ni cuentan con la representación ni la autorización de dichos titulares, ni se amparan en ninguno de los supuestos de interés legítimo y directo establecidos taxativamente por el artículo 53.1, párrafos a), b), c) y d) del TRLCI. Aportan como justificación de su derecho, una autorización decretada por el Alcalde de Tarifa que dice expresamente. “Acceder a la solicitud de autorización de la Administración urbanística para que los Organismos Públicos faciliten los elementos informativos precisos para la redacción del instrumento de ordenación y gestión, en este caso del instrumento de planeamiento consistente en estudio de detalle…”. El régimen de acceso a los datos catastrales protegidos únicamente se regula por los preceptos ya mencionados del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sin que esa autorización dictada por el Alcalde sea suficiente para legitimar el derecho del solicitante. En este punto debe tenerse en cuenta que para iniciar la tramitación de una actuación urbanística por los denominados agentes urbanizadores, los certificados catastrales deben ser obtenidos por la propia administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Tarifa, que tiene acceso a la información solicitada al Catastro, de conformidad con el artículo 74.4 del Real Decreto 417/2006 (…)» 3. Mediante escritos registrados el 29 de marzo y el 4 de abril de 2022, las solicitantes interponen sendas reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, desde el que son remitidas a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con el siguiente contenido: R CTBG Número: 2023-0101 Fecha: 22/02/2023 Reclamación 29/03/2022: «Para cumplir con los requisitos legales al presentar un estudio de detalle al ayuntamiento de Tarifa, me piden los datos catastrales de las viviendas afectadas por el proyecto (regla 2 de procedimiento del artículo 32 de la ley 7/2002 del 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía ) pero catastro me ha rechazado la solicitud. Por lo que el ayuntamiento me ha rechazado el proyecto.» Reclamación 04/04/2022: «Se nos ha denegado en la Gerencia territorial del catastro la facilitacion de datos informativos de las parcelas afectadas por el estudio de detalle en . Hemos aportado una autorizacion emitida por el ayuntamiento de tarifa para solicitar dicha información y poder notificar a las viviendas y parcelas afectadas, pero se nos ha denegado con toda la documentacion presentada.» 4. Con fecha 2 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al objeto de que se remitiese el expediente y se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas; lo que se efectuó mediante escrito recibido el 2 de febrero de 2023 en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «PRIMERO. – La Dirección General del Catastro, como cualquier otro órgano de la Administración General del Estado, está sujeta a la regulación de la Ley 19/2013 en aquellos casos en que la solicitud de acceso no se refiera a información que esté sujeta a un régimen jurídico específico, como ocurre con la información catastral, sino a otros ámbitos de actuación de dicha Dirección General (contratación pública, retribución de su personal, etcétera). Sin embargo, cuando el acceso solicitado se refiere a información catastral y por tanto sujeta a un régimen jurídico específico de acceso, como ocurre en este supuesto, debe tenerse en cuenta dicho régimen jurídico, que resulta de aplicación preferente a la Ley 19/2013. SEGUNDO. - El acceso a la información catastral, como es el acceso al contenido del expediente mencionado, se regula de forma específica en el Título VI “Del acceso a la información catastral”, del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Además, los artículos 80 a 82 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario citado, también contienen determinadas normas sobre el acceso a la información catastral. En conclusión, el acceso a datos catastrales constituye una materia para la que está prevista una normativa específica que resulta directamente aplicable, normativa que no solo introduce especialidades procedimentales, sino de carácter material, estableciendo requisitos adicionales para el acceso, legitimación, medios específicos para lograr dicho acceso, o un régimen específico de recursos frente a la desestimación de las solicitudes. En el presente caso, en el que no hay un expediente de derecho de acceso a la información pública previo, conforme se regula en el artículo 17 y siguientes de la Ley 19/2013 y ha sido tramitado desde la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz la solicitud de información conforme a lo dispuesto a la regulación específica en materia catastral y en el que hubo posibilidad de presentar recurso de alzada ante la Dirección General del Catastro según se desprende de la resolución de la Gerencia de fecha 24 de marzo de 2022. Por ello, no se considera procedente la reclamación planteada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y debe continuar con los canales procedimentales establecidos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. En conclusión, De acuerdo con la doctrina de ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emanada en recursos de naturaleza similar (Resoluciones R/0417/2015 y R/0043/2016), el recurso presentado debe ser INADMITIDO por no ser de aplicación el régimen de acceso a la información pública de la Ley 19/2013. El régimen jurídico del derecho de acceso a la información en el ámbito de la Dirección General del Catastro aparece regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) y en el Título V del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el anterior.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a los datos catastrales (incluidos los de titularidad catastral y domicilio de dichos titulares),relativos a una serie de fincas afectadas por el Estudio de Detalle cuyo expediente para autorización se sustancia por las recurrentes ante el Ayuntamiento de Tarifa. 4. El Ministerio de Hacienda y Función Pública resolvió denegar el acceso a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 53 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, LCI). En trámite de alegaciones en este procedimiento, la Administración reitera sus argumentos, añadiendo que el acceso a información catastral tiene previsto un régimen jurídico específico en la LCI que resulta de aplicación preferente a la LTAIBG. En este caso, se remarca, la solicitud ha sido tramitada por la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz, teniéndose posibilidad de interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Catastro, por lo que no resulta procedente la reclamación ante el Consejo de Transparencia y debe ser inadmitida. 5. Con carácter previo al examen del fondo del asunto, dado que el Ministerio hace referencia en su resolución al régimen específico de acceso a la información en los procedimientos en materia de Catastro, conforme a lo dispuesto en la LCI y su desarrollo por el Real Decreto 417/2006, es necesario recordar que, con arreglo a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo —por todas, STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871)—, la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación supletoria en los extremos no regulados en las normas sectoriales —en este sentido, la resolución de este Consejo 112/2022, de 11 de julio de 2022—. En este caso, existe sin duda un régimen específico de acceso a la información en el Título VI (Del acceso a la información catastral) de la Ley del Catastro Inmobiliario (artículos 50 a 53) que se desarrolla en el Título V del Reglamento. Sin embargo, en lo que aquí importa, la existencia de dicho régimen específico no excluye la posibilidad de interposición de una reclamación ante este Consejo (en sustitución del recurso de alzada ante la Dirección General de Catastro) en la medida en que tal posibilidad se desprende de la aplicación supletoria de la LTAIBG. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) en la que examina la procedencia de interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG cuando existe un régimen jurídico específico de acceso a la información. La citada sentencia da respuesta al interrogante de si la cláusula de supletoriedad contenida en la disposición adicional primera de la LTAIBG da soporte a la competencia de las autoridades garantes del derecho de acceso a la información para conocer de reclamaciones respecto de solicitudes de información en ámbitos que cuentan con un régimen jurídico específico. En este sentido, el Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes términos: «(…) debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información, el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre).» De la reseñada jurisprudencia se desprende que este Consejo es competente para conocer de las reclamaciones presentadas contra la denegación del acceso a la información en materia propia de este régimen del catastro —sin perjuicio de que deba aplicarse con carácter preferente la regulación específica de dicho acceso en la LCI—, siempre que no se haya hecho uso ya de la vía del recurso administrativo de alzada (en la medida en que la reclamación del artículo 24 LTAIBG tiene carácter sustitutivo de aquél). En este caso, la propia Administración reconoce que las reclamantes no han interpuesto recurso de alzada por lo que nada obsta a la interposición, admisión y tramitación de la presente reclamación. 6. Sentado lo anterior, y entendiendo a la concreta información cuyo acceso es objeto de solicitud —datos identificativos de las personas titulares de una serie de parcelas, así como de sus correspondientes domicilios, afectadas por el estudio de detalle al que se ha hecho referencia en los antecedentes de hecho—, no es posible desconocer que, tal como invoca la Administración, el artículo 51 LCI caracteriza tales datos como datos protegidos —(…) nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares, así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción de los bienes inmuebles individualizados— cuyo acceso, según lo previsto en el artículo 53 del mismo texto legal, sólo podrá realizarse mediante el consentimiento expreso, específico y por escrito del afectado, o cuando una ley excluya dicho consentimiento o la información sea recabada en alguno de los supuestos de interés legítimo y directo siguientes: «(…)Para la ejecución de proyectos de investigación de carácter histórico, científico o cultural auspiciados por universidades o centros de investigación, siempre que se califiquen como relevantes por el Ministerio de Hacienda. a) Para la identificación y descripción de las fincas, así como para el conocimiento de las alteraciones catastrales relacionadas con los documentos que autoricen o los derechos que inscriban o para los que se solicite su otorgamiento o inscripción, por los notarios y registradores de la propiedad, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la legislación hipotecaria. Asimismo los notarios podrán acceder a los acuerdos catastrales derivados de dichas alteraciones para su entrega, en su caso, a los interesados. b) Para la identificación de las parcelas colindantes, con excepción del valor catastral de cada uno de los inmuebles, por quienes figuren en el Catastro Inmobiliario como titulares. c) Por los titulares o cotitulares de derechos de trascendencia real o de arrendamiento o aparcería que recaigan sobre los bienes inmuebles inscritos en el Catastro Inmobiliario, respecto a dichos inmuebles. e) Por los herederos y sucesores, respecto de los bienes inmuebles del causante o transmitente que figure inscrito en el Catastro Inmobiliario. 2. No obstante, podrán acceder a la información catastral protegida, sin necesidad de consentimiento del afectado: a) Los órganos de la Administración General del Estado y de las demás Administraciones públicas territoriales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con las limitaciones derivadas de los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad. (…)» Dado que, como se adelantó en el FJ 4, estas previsiones específicas de acceso a la información catastral resultan de aplicación preferente según lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo —por todas, la antes citada STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033)—; por lo que, teniendo en cuenta que lo solicitado se incardina en el concepto de datos protegidos contemplados en el artículo 51 LCI, su acceso únicamente podrá realizarse en los términos del transcrito artículo 53 LCI. En este caso, tal como se desprende de la resolución denegatoria del catastro, las interesadas no ostentan el carácter de titulares catastrales —ni actúan en representación de dichos titulares (sin que la autorización del Alcalde sea suficiente en este sentido)— y la finalidad para la que se pretende recabar esa información —su aportación a un procedimiento administrativo de gestión urbanística (redacción de un estudio de detalle)— no encuentra amparo en ninguno de los supuestos de interés legítimo y directo previstos en el citado artículo 53 LCI. En definitiva, la Gerencia Catastral ha aplicado correctamente las previsiones específicas contempladas en la LCI por lo que esta reclamación debe ser desestimada. A lo anterior se suma que el órgano requerido ha indicado ya a las reclamantes que «para iniciar la tramitación de una actuación urbanística por los denominados agentes urbanizadores, los certificados catastrales deben ser obtenidos por la propia administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Tarifa, que tiene acceso a la información solicitada al Catastro, de conformidad con el artículo 74.4 del Real Decreto 417/2006». III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descrito s, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA de fecha 24 de marzo de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez