Reclamación por acceso incompleto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Cervantes

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 22 de mayo de 2022 al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «a) la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo de trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación relativa al año 2022. Si no estuviera elaborada, por favor facilítenme la versión más reciente que tengan. S/REF: 001-069071 N/REF: R/0579/2022; 100-007034 [Expte. 199-2022] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN E INSTITUTO CERVANTES Información solicitada: RPT del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo, con indicación de la retribución máxima anual por puesto. R CTBG Número: 2023-0061 Fecha: 07/02/2023 b) la RPT del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo de trabajo, de los centros del Instituto Cervantes en el mundo, relativa al año 2022. Si no estuviera elaborada, por favor facilítenme la versión más reciente que tengan. Menciono que de conformidad con el punto 4.2 de la Resolución de 31 de enero de 2008 de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, la RPT es información pública y tiene que incluir, entre otros datos, la retribución máxima anual de cada plaza. Lo estipulado en el punto 4.2 mencionado anteriormente lo confirmó el TRIBUNAL SUPREMO de España (Sala de lo Social) en su sentencia del 12 de mayo de 2014 (Recurso número: Casación 92/2013). » 2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dictó resolución con fecha 30 de mayo de 2022, en la que contestó al solicitante lo siguiente: «Se consideran información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, los contenidos o documentos que obre en poder de alguno de los sujeto incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones En consecuencia la Directora General del Servicio Exterior, RESUELVE Conceder la información relativa a la solicitud presentada Según la información disponible en la Dirección General del Servicio Exterior, se facilita la relación de puestos de Trabajo del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo, relativa al año 2022. Será el Instituto Cervantes quién facilitará la RPT del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo de trabajo, de los centros del Instituto Cervantes en el mundo» A dicho escrito se acompaña un listado de puestos con indicación del código, categoría laboral y unidad orgánica de adscripción. Así mismo, con fecha 14 de junio de 2022, el Instituto Cervantes resuelve en términos similares, indicando que se concede el acceso a la información disponible solicitada mediante anexo que se facilita en el mismo acto, y con el mismo tipo de información. R CTBG Número: 2023-0061 Fecha: 07/02/2023 3. Mediante escrito registrado el 22 de junio de 2022, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, en la que pone de manifiesto que el acceso concedido es parcial dado que las relaciones de puestos entregadas «no incluyen ni la retribución máxima anual de cada plaza, ni la divisa de situación lo que vulnera el artículo 4.2 de la Resolución de 31.01.2008 de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, así como la sentencia del Tribunal Supremo de España no.3293 del 12/05/2014. » En documento anexo señala: «El artículo 4.2 de la Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la mesa General de Negociación de la Administración General del estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, establece que: “Instrumentos de organización del trabajo. - La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración que estructurará los puestos de trabajo correspondientes al ámbito de aplicación del presente acuerdo a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos su ubicación, la categoría/grupo, el nº máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación. Dichos instrumentos serán públicos.” (…) Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo de España STS 3293/2014 (Sala de lo Social), de fecha 12/05/2014 (Recurso Casación 92/2013), confirmó el contenido del art. 4.2 de la Resolución (…)» 4. Con fecha 24 de junio de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 20 de julio de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «Desde la Dirección General del Servicio Exterior se ha facilitado la documentación de puestos de personal laboral en el exterior sin convenio colectivo mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2022, dando así debido cumplimiento al mandato legal establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Dicha documentación de puestos es interna y contiene autorizaciones presupuestarias, si bien no constituye formalmente una relación de puestos de trabajo, y contiene salarios de contrataciones temporales realizadas, pero en ningún caso fija tramos de retribuciones legalmente establecidos ni fija retribuciones máximas anuales para cada puesto. A mayor abundamiento, la información solicitada en esta reclamación, tras realizar un análisis de razonabilidad y la debida ponderación, debe entenderse que podría afectar a la protección de datos personales en los términos del artículo 15.3 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicho sentido para poder dar acceso a la información de las retribuciones del personal laboral en el exterior aquí solicitada, se exigiría la notificación para el trámite de alegaciones de más de 3.000 personas, lo cual supondría sin ningún género de duda una paralización y grave alteración para el normal funcionamiento de los servicios de esta Dirección General. Asimismo, conviene recordar que los instrumentos de organización del trabajo del personal laboral que presta servicios en el exterior que contengan la categoría/grupo, el número máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación no corresponde fijarlos a esta Dirección General. De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado corresponde al actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, previa consulta con los departamentos ministeriales con personal laboral en el exterior, elaborar un informe sobre la situación, condiciones y régimen aplicable del personal laboral en el exterior, a fin de optimizar y ordenar la gestión de los recursos humanos en el exterior de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos. En la misma línea, la Ley de Presupuestos Generales del Estado viene estableciendo ya desde la entrada en vigor del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos del año 2008, que son los ministerios del ramo de Hacienda y Función Pública los competentes para determinar y actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.» 5. El 26 de julio de 2022, se concede audiencia a la reclamante para que presente las alegaciones que estime pertinentes. El 31 de julio de 2022, se recibió un escrito en el que, en resumen, se alega lo siguiente: - Las RPT no contienen datos de carácter personal. El artículo 4.2 de la de la Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, establece con toda claridad la información que deben incluir estos instrumentos organizativos, siendo esta como mínimo la siguiente: ubicación, categoría/grupo, número máximo de dotaciones, retribución máxima anual y divisa de situación. No se estipula ningún dato de carácter personal. - El artículo 15 de la LTAIBG, precepto invocado por la Administración para justificar negativa a conceder el acceso, ya estaba vigente cuando el TS dicta la sentencia a la que se hace referencia en sus escritos anteriores, no habiendo sido óbice para que el órgano jurisdiccional ordenara la publicación de dichos documentos. - La RPT es un documento de carácter público, que ha sido facilitado en ocasiones anteriores, sin ninguna objeción, por otros Ministerios, y que el propio Ministerio reclamado ya tuvo que hacer público en ejecución de la sentencia del TS a la que se ha venido haciendo referencia, incluyendo todos los datos que se solicitan en el presente caso. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de «formato o soporte». Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza «pública» de las informaciones: (a) que se encuentren «en poder» de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas «en el ejercicio de sus funciones». Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a las RPT debidamente completadas, del personal laboral en el exterior, sin convenio colectivo de trabajo, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Colaboración y al Instituto Cervantes, correspondientes al año 2022. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dictó resolución concediendo información sobre la RPT, pero omitiendo cualquier dato relativo a la retribución máxima de los puestos de trabajo o a la divisa de situación. La solicitante entiende que la información proporcionada es incompleta y vulnera lo establecido en el artículo 4.2 de la resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública. En trámite de alegaciones el Ministerio subraya que i) la documentación solicitada es de carácter interno y contiene autorizaciones presupuestarias, si bien no constituye formalmente una relación de puestos de trabajo, contiene salarios de contrataciones temporales realizadas, pero no fija tramos de retribuciones ni fija retribuciones máximas anuales para cada puesto; ii) dicha documentación podría afectar a la protección de datos personales en los términos del artículo 15.3 LTAIBG, haciendo necesaria la realización del trámite de audiencia del artículo 19.3 LTAIBH; iii) la competencia para fijar el número máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación del personal laboral en el exterior, corresponde al actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, previa consulta con los departamentos ministeriales afectados, siendo también el competente para determinar y actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país. 3. Sentado lo anterior y en lo que aquí interesa, debe tenerse en cuenta que la documentación objeto de la presente reclamación se refiere a una información cuyo carácter público es claro, no solo por quedar incluida dentro de la amplia definición de información pública recogida en el artículo 13 LTAIBG, sino por el específico mandato de publicidad que contiene el artículo 4.2 de la resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior; resolución que trae a colación la reclamante. El mencionado precepto establece, por una parte, el contenido mínimo de las relaciones de puestos de trabajo —la ubicación, la categoría/grupo, el nº máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación— y, por otra, el carácter público de tales instrumentos. Fijado el carácter público de la información solicitada, y delimitado el contenido mínimo de la misma, es necesario valorar a continuación si concurren, o no, las circunstancias sobre las que Ministerio reclamado fundamenta su negativa a conceder el acceso en los términos y con el nivel de detalle reclamado, ya que el acceso parcial concedido no satisface el interés de la solicitante. 4. El argumento aducido por el Ministerio para no facilitar la retribución anual máxima de cada uno de los puestos de trabajo que se relacionan en la RPT es que ya ha facilitado la información de la que dispone; añadiendo que la competencia para determinar y actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior es del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tales alegaciones, sin embargo, no resultan de recibo ni pueden constituir un óbice a que la información sea facilitada. Ello, en primer lugar, porque en caso de no disponer de toda información facilitada, y dado que asegura conocer al órgano competente, debió dar traslado de esa parte de la solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en cumplimiento de la obligación que impone el artículo 19.4 LTAIBG. En este sentido el Tribunal Supremo, interpretando los artículos 18.1.d y 19.1 LTAIBG ya ha señalado en su Sentencia (STS) de 3 de marzo de 2020 - ECLI:ES:TS:2020:810 en la que se señala que «(…) los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión “deberá indicar” en la resolución el órgano que, “a su juicio”, es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo “remitirá al competente”, si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso. Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente.» 5. A lo anterior se añade que, con independencia de que sea el Ministerio de Hacienda y Función Pública el competente para determinar determinados aspectos de índole económica de la RPT, no se solicita aquí el acceso a los criterios de esa decisión, sino a las retribuciones máximas de los puestos de trabajo y a las dividas de situación, información que ha de formar parte de las relaciones de trabajo u otros instrumentos organizativos similares según dispone expresamente el varias veces citado artículo 4.2 de la Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública cuyo tenor literal resulta inequívoco: «La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración que estructurará los puestos de trabajo correspondientes al ámbito de aplicación del presente acuerdo a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos su ubicación, la categoría/grupo, el nº máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación. Dichos instrumentos serán públicos.» 6. Por lo que concierne al posible conflicto entre el acceso solicitado y la protección de datos personales que invoca el Ministerio, no en su resolución inicial sino en trámite de alegaciones, es necesario aclarar que las relaciones de puestos de trabajo no tienen por qué contener ningún dato de carácter personal. Su contenido, con carácter general, hace referencia a la dotación en materia de recursos humanos de cada unidad, mediante el detalle de la estructura de puestos, con inclusión de su denominación, ubicación/adscripción, categoría/grupo, dotación económica correspondiente, pero sin que en ningún momento constituya información de necesaria u obligada consignación la identificación personal de quienes los ocupan. Se da, además, la circunstancia de que la interesada en ningún momento pide la retribución concreta de cada puesto, sino la retribución máxima anual y la divisa de situación de cada puesto, datos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser vinculados a personas físicas identificadas o identificables. En consecuencia, no tratándose de información de carácter personal no está fundada la necesidad de realizar el trámite de audiencia a que alude el Ministerio. 7. Por todo lo expuesto, el presente recurso debe ser estimado, debiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como el Instituto Cervantes, proceder a facilitar la información sobre las RPT solicitadas de forma completa, añadiendo, por tanto, la retribución anual máxima y la divisa de situación de cada puesto. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a las resoluciones del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPE A Y COOPERACIÓN, de fecha 30 de mayo de 2022, y del INSTITUTO CERVANTES de fecha 14 de junio de 2022. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN y al INSTITUTO CERVANTES a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remitan a la reclamante la siguiente información: x la retribución máxima anual y la divisa de situación de cada de puesto de trabajo de las RPTs del personal laboral que presta servicios en el exterior, sin convenio colectivo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Instituto Cervantes. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN y al INSTITUTO CERVANTES a que, en el mismo plazo máximo, remitan a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez