Acceso a la documentación del suministro de licencias Office Standard 2021 de Ibermutua

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 20 de junio de 2024 la sociedad reclamante solicitó a IBERMUTUA / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 Expediente de licitación CG-2023/2821/0182 con objeto 'Suministro de licencias Office Standard 2021 del fabricante Microsoft para IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274. (…) Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículos 17 a 22, solicitamos acceso por S/REF: 00001-00093282 N/REF:1375/2024 Fecha:La de firma. MIGRACIONES. Información solicitada:Documentación sobre suministro de licencias. R CTBG Número: 2024-1408 Fecha: 05/12/2024 medios electrónicos, de la documentación íntegra del suministro realizado por la empresa adjudicataria del contrato relacionado con el expediente arriba indicado. En caso que los documentos contengan datos personales especialmente protegidos, solicitamos que los mismos se entreguen anonimizados y que el acceso se verifique por vía electrónica, enviando los documentos en digital o el enlace en el que la documentación puede ser consultada. (…)». 2. Mediante resolución de 17 de julio de 2024, la Mutualidad responde lo siguiente: «(…) Mediante expediente CG-2023/2821/0182, se licitó el suministro de licencias office standard 2021 para IBERMUTUA, con un valor estimado del contrato de 149.000,00 euros sin IVA. (…) De conformidad con la precedente valoración, mediante acuerdo del Director General de la Mutua de 27/11/2023 se adjudicó el contrato a favor de TENDENCIAS ORIGINALES DOCUMENTADAS IT S.L., que oferta un precio de 139.500,00 euros, IVA no incluido. (…) El 15/12/2023 se formula por NOSSAYU SL recurso especial de contratación contra la adjudicación por entender que la candidata ganadora incurrió en presunción de anormalidad no siendo requerida por el órgano de contratación para justificar la viabilidad de su oferta, amén de carecer de habilitación legal para el suministro de licencias software. Tramitado el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se dicta resolución n.º 1720/2023, de 1 de febrero de 2024, acordando su inadmisión por carecer la recurrente de legitimación, rechazando obiter dictum los dos motivos de impugnación. Levantada por el TACRC la suspensión de la adjudicación, el 12/02/2024 se formaliza el contrato entre IBERMUTUA y TENDENCIAS ORIGINALES DOCUMENTADAS IT S.L., publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) el 18/06/2024. (…) La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información R CTBG Número: 2024-1408 Fecha: 05/12/2024 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), regula con carácter general en su artículo 63 el acceso a la información de los contratos a través de Perfil del Contratante del órgano de contratación publicado en la PCSP. En aplicación de dicha disposición IBERMUTUA publicó en la citada Plataforma todos los actos que integran el expediente administrativo CG-202328210182 para el Suministro de licencias Office Standard 2021 del fabricante Microsoft. Información a la que tuvo acceso el solicitante. De manera particular, la citada Ley 9/2017 señala en su artículo 52.1 que, si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley. Además, el apartado 2 de este precepto estipula que podrá hacerse la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. NOSSAYU SL presentó recurso especial de contratación el 15 de diciembre de 2023 contra el acuerdo de adjudicación del contrato de 27 de noviembre de dicho año. Con carácter previo a la adjudicación el órgano de contratación solicitó de la adjudicataria la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del pliego y de la disponibilidad de las licencias comprometidas en su oferta ex artículo 150.2 LCSP. Información a la que pudo haber accedido NOSSAYU en mérito del citado artículo 52 LCSP y que no debió considerar de interés para la preparación de su recurso, pues no hizo uso de ese trámite. Ahora, finalizado el procedimiento de licitación del referido contrato y agotados los plazos para que las empresas licitadoras puedan acceder de manera particular a la información que integra el expediente de contratación, se presenta por NOSSAYU una solicitud tardía de acceso a la documentación, utilizando de manera improcedente la vía de la Ley de Transparencia a modo de segunda instancia informativa ante el órgano de contratación. (…) RESUELVE DENEGAR la solicitud formulada (…)». 3. Mediante escrito registrado el 29 de julio de 2024, la sociedad solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: « (…) Es importante destacar que la documentación solicitada por mi representada no se refiere a la documentación generada durante la tramitación de la adjudicación del contrato, sino que se refiere a la documentación que el licitador ha debido presentar una vez formalizado el contrato y en justificación de las características técnicas del suministro realizado. (…) Sobre la aplicación de la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, podemos traer a colación, en primer término, el Criterio interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (…). I. La aplicación de la Disposición adicional primera, párrafo 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, requiere la existencia de una norma que prevea una regulación propia del acceso a la información. II. Las disposiciones adicionales por su naturaleza operan como excepciones a lo que establece la parte dispositiva de la norma. III. No cabe interpretar extensivamente la aplicación de esta disposición en base a la existencia de legislaciones sectoriales. IV. A salvo del contenido de este criterio, la legislación incluida en la Ley 19/2013, por su carácter básico, es aplicable a la totalidad de disposiciones que vinculan a los sujetos obligados, supletoriamente en caso de regulación específica del derecho de acceso”. El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance y aplicación de la meritada disposición, pudiendo traer a colación la sentencia nº 748/2020, de 11 de junio, recurso de casación nº 577/2019. (…) No podemos obviar que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dedica una serie de artículos a garantizar la transparencia en la contratación pública en general (preámbulo, artículos 1, 63, 64, 132 o 145); sin embargo, esta normativa no constituye una verdadera regulación específica del derecho de acceso a la información pública que pueda desplazar, en los términos de la Disposición adicional primera, la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya que contiene referencias puntuales y aisladas en el procedimiento de contratación (fundamentalmente, en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos y publicidad activa de los contratos suscritos). (…) En este sentido, como consta en la solicitud presentada por NOSSAYU, SL el día 20 de junio de 2024, mi representada solicitó acceso a la documentación del suministro realizado por la adjudicataria. Esa documentación, a pesar de lo manifestado de forma infundada por Ibermutua, no formaba parte de la documentación existente en el expediente tramitado para la adjudicación del contrato sino que es, o debió ser, aportada por el adjudicatario con posterioridad a la formalización del contrato y en fase de ejecución del mismo. Por tanto, ninguno de los mecanismos de publicidad establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, permitían a mi representada acceder a la información pública ahora solicitada. (…) En conclusión: 1. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no contiene una regulación completa y específica del derecho de acceso a la información pública que agote su contenido y que pueda desplazar, en los términos de la Disposición adicional primera, la aplicación de la Ley 19/2013. Las referencias normativas en la LCSP lo son al objeto de transparencia en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos y publicidad de los mismos. 2. La petición realizada por mi representada, NOSSAYU, SL, lo es respecto a un procedimiento concluido, lo que justifica la aplicación de la LTAIBG en detrimento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. La información pública solicitada por NOSSAYU, SL, no forma parte de la fase de adjudicación del contrato sino de la de ejecución del mismo, lo que supone que al tiempo de impugnar la adjudicación no estaba a disposición del recurrente, en los términos del artículo 52 de la LCSP. (…)». 4. Con fecha 29 de julio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Mutualidad requerida solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 16 de agosto de 2024 tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito en el que se señala lo siguiente: « (…) Antes de proceder a la valoración de ambas objeciones consideramos importante traer a colación la actitud seguida por NOSSAYU en los expedientes de licitación para el suministro de software convocados por IBERMUTUA en los últimos dos años, lo que permitirá apreciar el propósito que guía su actuación, no solo ante esta entidad, sino también ante las diferentes instancias administrativas y judiciales. Entre el pasado ejercicio y el presente año 2024 IBERMUTUA ha convocado cinco contratos para la adquisición de licencias de software habiendo sido ganador NOSSAYU SL solamente en uno de ellos al ser la única candidata (…). En las cuatro licitaciones restantes la citada mercantil mostró su discrepancia con el resultado de la contratación impugnando en tres de ellas el acuerdo de adjudicación y en otra, en la que no presentó oferta, dirigió el recurso contra los pliegos porque solo contemplaban la adquisición de licencias originales. En tres de los casos los recursos especiales de contratación fueron rechazados por el TACRC y en el último supuesto en que no cabía dicho instrumento por razón de la cuantía, el recurso de alzada fue desestimado (…). NOSSAYU es una empresa dedicada a la comercialización de productos de software (…). Su modelo de negocio es el suministro de licencias software se dirige a la oferta de licencias reutilizadas o de segundo uso (…). En el contrato licitado bajo el expediente CG 2023/2821/0052 (…) formuló el 19/02/2024, al amparo de la LTAIBG, solicitud de acceso (…). Dicha solicitud fue denegada por resolución de esta mutua de 05/03/2024 y posteriormente impugnada mediante recurso presentado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 en procedimiento ordinario 21/2024-C actualmente en curso. A pesar de su manifiesta intención de dirimir la controversia en el orden judicial, el 18 de abril de 2024 (…) presentó NOSSAYU SL nueva solicitud sobre el citado contrato, que fue inadmitida (…) por ser manifiestamente repetitiva, frente a la que se ha deducido reclamación potestativa ante eses CTBG, tramitada en expediente 1018/2024 (…). Como corolario de cuanto antecede debemos refutar por infundadas todas las conclusiones de la dicente en su escrito de reclamación: -La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, completada subsidiariamente con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sí contiene un régimen específico de acceso a la información generada en el curso de los procedimientos de contratación pública, siendo preferente en su aplicación a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. -La petición realizada por NOSSAYU SL, aunque referida a un expediente ya concluido, debió de formalizarse en tiempo y forma durante la vigencia del procedimiento de contratación y, de manera particular, al tiempo de la interposición del recurso especial de contratación contra el acuerdo de adjudicación, sin que quepa su revisión posterior a través de la LTAIBG en base a una pretensión garantista o de mera legalidad sobre la calificación de los hechos que determinaron la adjudicación del contrato. A mayor abundamiento, la mercantil pudo oponerse a la resolución desestimatoria del TACRC si albergaba dudas sobre la idoneidad de las licencias de la oferta ganadora mediante el oportuno recurso contencioso-administrativo. -Como ha quedado demostrado, la información solicitada por NOSSAYU SL sí forma parte de la fase de adjudicación del contrato, habiendo sido requerida al candidato ganador antes del acuerdo de adjudicación a fin de verificar la idoneidad de las licencias suministradas, estando a disposición del reclamante por la vía del artículo 52 LCSP. (…) Por los mismos motivos que apuntábamos en nuestro informe de alegaciones de 23/06/2024 al referido expediente 1018/2024, cuyos razonamientos solicitamos que se incorporen al presente procedimiento, y habida cuenta de la sustancial identidad material de la información requerida, aun cuando se refiera a contratos diferentes, y de que la controversia sobre su acceso se encuentra pendiente de resolución judicial, creemos necesario que se acuerde igualmente la suspensión de actuaciones a la espera de sentencia firme. (…) ». 5. El 19 de agosto de 2024, se concedió audiencia a la sociedad reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 2 de septiembre de 2024 en el que señala: « (…) Como expusimos en nuestra reclamación: 1. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no contiene una regulación completa y específica del derecho de acceso a la información pública que agote su contenido y que pueda desplazar, en los términos de la Disposición adicional primera, la aplicación de la Ley 19/2013. Las referencias normativas en la LCSP lo son al objeto de transparencia en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos y publicidad de los mismos. En todo caso, la existencia de un régimen específico propiamente tal no excluye la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia. 2. La petición realizada por mi representada, NOSSAYU, SL, lo es respecto a un procedimiento concluido, lo que justifica la aplicación de la LTAIBG en detrimento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. La información pública solicitada por NOSSAYU, SL, no forma parte de la fase de adjudicación del contrato sino de la de ejecución del mismo, lo que supone que al tiempo de impugnar la adjudicación no estaba a disposición del recurrente, en los términos del artículo 52 de la LCSP. (…) En primer lugar, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 110/2024, lo que evidenció fue la defectuosa configuración del Pliego de Cláusulas Administrativas elaborado por Ibermutua en la licitación; en particular en la determinación de los parámetros para considerar cuando una oferta estaba incursa en presunción de anormalidad. La resolución del Tribunal reconoce que la alegación realizada por Nossayu, Sl, en el recurso presentado es más razonable y exacta que la regulación del pliego; no obstante, el TACRC se ve obligado a aplicar la defectuosa regulación del pliego. Indica la resolución al respecto: “El criterio que plantea la recurrente podría ser más razonable o más exacto, pero lo cierto es que se separa de los términos del Pliego, debiendo ahora ser respetados para garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación entre licitadores; principios todos ellos que justifican el carácter vinculante “lex contractus” de los Pliegos para todos los licitadores…”. Por tanto, en contra de lo manifestado por Ibermutua, la resolución no desestima las alegaciones de Nossayu por falta de viabilidad sino por la defectuosa regulación del pliego administrativo. En segundo lugar, no es cierto que Nossayu, Sl, no acepte serenamente el resultado de las licitaciones, sino que trata de velar por sus derechos como potencial licitador, en unos casos, y real licitador en otros, intentando evitar situaciones de desigualdad entre licitadores. En tercer lugar, Ibermutua, como mutua colaboradora de la Seguridad Social y sujeta a los principios y preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación, como es la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (…) debería ser transparente y facilitar la información solicitada. (…)». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación delartículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en suartículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la documentación íntegra del suministro realizado por la empresa adjudicataria del contrato administrativo de suministro de licenciasOffice Standard 2021 licitado por la Mutualidad. La entidad requerida dictó resolución en la que acuerda denegar el acceso solicitado al considerar de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición adicional primera de la LTAIBG, pues existe un régimen jurídico específico de acceso a la información pública en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): en particular, el establecido en relación con el acceso al expediente por parte interesada con carácter previo a la interposición de un recurso especial en materia de contratación (artículo 52.1 LCSP). Añade, asimismo, que la información referida a la actividad contractual de la entidad se encuentra publicada en el Perfil del Contratante del órgano de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 LCSP. En el trámite de alegaciones de esta reclamación realiza diversas consideraciones sobre las motivaciones y la estrategia de la empresa reclamante,. 4. Con carácter previo a las cuestiones de fondo que se plantean en esta reclamación, deber traerse a colación la resolución de este Consejo R CTBG 1402/2024, de 4 de diciembre, que resuelve una reclamación planteada entre las mismas partes y con un objeto sustancialmente idéntico —en la medida en que en aquel caso se pretendía el acceso al mismo tipo de información pero respecto de un contrato diferente—, procedimiento al que alude expresamente la mutualidad. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que lo acordado en la citada resolución R CTBG 1402/2024 no resulta trasladable a este caso, pues lo allí acordado se refería a la consideración (o no) como manifiestamente repetitiva de la solicitud de acceso a la información, estimándose la reclamación a los efectos de que la solicitud fuera admitida a trámite por la mutualidad al constatar que, si bien existía una resolución de denegación de acceso en respuesta a una solicitud con contenido coincidente, aquella no será firme al haber sido recurrida ante la jurisdicción contencioso- administrativa. Se entendió entonces que, a la vista de lo actuado, no correspondía a este Consejo la suspensión del procedimiento de reclamación a la espera del pronunciamiento judicial, pues tal pronunciamiento únicamente resultaba determinante respecto de la resolución sobre el acceso, pero no sobre la resolución de la reclamación cuyo objeto era discernir si se había aplicado correctamente o no la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG (manifiestamente repetitiva). Y precisamente por tales razones, tampoco resulta de recibo acordar la suspensión de este procedimiento de reclamación en el que, además, las cuestiones planteadas son distintas a la vista de las alegaciones de la entidad requerida. 5. Sentado lo anterior, corresponde ahora verificar si resulta aplicable lo dispuesto en la Disposición adicional primera, segundo apartado, de la LTAIBG, por existir un régimen jurídico específico de aplicación preferente contenido en el artículo 52 LCSP. Sobre este particular debe recordarse que, según consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación subsidiaria en los extremos no regulados en las normas sectoriales [por todas: STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871)]. En este caso, resulta evidente que el artículo el 52 de la LCSP, invocado por la Mutualidad, no contiene ni un régimen completo y alternativa del derecho de acceso a la información ni una regulación sectorial que afecte a aspectos relevantes del derecho, y ello porque el citado precepto únicamente regula el acceso de las personas interesadas (licitadores) al expediente de contratación en el marco del recurso especial en materia de contratación y con carácter previo a su interposición. Esto es, la regulación que se contiene no se refiere al acceso de terceros a la información pública, sino únicamente al derecho de los licitadores de un procedimiento de contratación (o de las personas que hayan visto perjudicados sus derechos o intereses legítimos de forma directa o indirecta por la decisión objeto del recurso) a acceder al expediente con ocasión de la interposición de ese recurso especial de contratación a fin de garantizar que puedan fundamentar de forma suficiente y completa su recurso —acceso que se debe solicitar ante el órgano de contratación y dentro del plazo de la interposición del recurso—. Desde esta perspectiva, señala Ibermutua que la documentación solicitada («documentación íntegra del suministro realizado por la empresa adjudicataria del contrato(…)»), se refiere a información generada durante la tramitación de la adjudicación del contrato, puesto que fue requerida al candidato ganador antes del acuerdo de adjudicación a fin de verificar la idoneidad de las licencias suministradas, y, por tanto, estaba a disposición del reclamante por la vía del artículo 52 LCSP. Sin embargo, con independencia de si ello es así o, por el contrario, se trata de información que el licitador ha presentado con carácter posterior a dicha adjudicación, lo cierto es que la reclamante no está obligada a la interposición del recurso especial de contratación por lo que las previsiones del acceso al expediente en esos casos no pueden condicionar ni limitar el derecho de acceso a la información pública reconocido a todas las personas en la LTAIBG, derecho que en modo alguno se hace depender de la condición del interesado en un procedimiento del solicitante. En definitiva, el artículo 52 LCSP ni resulta aplicable a este concreto caso, ni puede fundamentar un desplazamiento de la LTAIBG con fundamento en lo dispuesto en la Disposición adicional primera, segundo apartado. 6. Por otra parte, señala IBERMUTUA que el acceso a la información pública de los contratos se regula, con carácter general, en el artículo 63 LCSP —que regula el perfil del contratante y la información que debe publicarse en el mismo: memoria justificativa del contrato, objeto, duración, presupuesto base de licitación e importe de adjudicación—. No obstante, debe recordarse en este punto que es doctrina consolidada de este Consejo —por todas, resoluciones R CTBG 311/2024, de 14 de marzo y R CTBG 168/2024, de 12 de febrero— que no debe confundirse el alcance de las obligaciones de publicidad activa con el alcance del derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 12 LTAIBG, en la medida en que sus ámbitos no son coincidentes. Así, en los casos en que, ante solicitudes de información sobre contratos, la Administración resuelve remitiendo al Perfil del Contratante del órgano de contratación, a la Plataforma de Contratación del Estado o al Portal de la Transparencia de la AGE, se ha señalado lo siguiente: «Desde la perspectiva apuntada conviene recordar, en primer lugar, la necesidad de no confundir el alcance de las obligaciones de publicidad activa con el alcance del derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 12 LTAIBG, pues no se trata de ámbitos coincidentes. Así, la existencia de previsiones específicas en la normativa sectorial de contratación que imponen determinadas obligaciones de publicidad activa, no incide en el alcance del derecho subjetivo de acceso a la información pública ni lo excluye respecto de aquella información que no sea objeto aquella publicidad. En este caso, ciertamente, el artículo 63.4 LCSP dispone que “[l]a publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario”, añadiendo que quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, en determinados supuestos. En esta línea, el artículo 8.1.a), primer párrafo in fine LTAIBG también prevé que “la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”. Sin embargo tales previsiones, se reitera, se establecen en el ámbito de la publicidad activa (fijando las obligaciones de publicidad que deben asumir los sujetos obligados) y no constituyen ni pueden configurarse como límites al ejercicio del derecho de acceso a la información». En definitiva, de lo anterior se desprende que el hecho de que se haya publicado determinada información no excluye, ni limita, el ejercicio del derecho de acceso a la información. En este sentido conviene recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 LTAIBG, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendiendo como tal, según el 13 LTAIBG, aquellos documentos o contenidos que obren en poder del sujeto obligado por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Y la propia mutualidad señala que posee dicha información, sin que tenga importancia el hecho de que la misma se haya generado antes o después de la licitación del contrato. 7. Por último, en relación con la supuesta motivación de la sociedad reclamante, debe recordarse que el artículo 17.3 LTAIBG no obliga a que se motive la solicitud de acceso y que la ausencia de la misma no determina que la solicitud deba ser rechazada. En este caso la mutualidad pone en duda la licitud del propósito que persigue la sociedad mercantil. A este respecto, debe recordarse que el Tribunal Supremo ha afirmado que la persecución de un interés meramente privado no está prevista como causa de inadmisión en la ley, por lo que no puede sustentarse en ello la denegación del acceso a información pública. En efecto, en la STS de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3870) se recuerda, en primer lugar, que «en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven», añadiendo a continuación que «el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, (…) no hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud» y remarcando, finalmente, que el interés meramente privado no puede reconducirse en todo caso a la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG «porque la repetida causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley, sin que ninguna de las resoluciones denegatorias del acceso haya siquiera contemplado la concurrencia del requisito de la conducta abusiva, que no puede apreciarse en este caso». 8. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, no habiéndose invocado la concurrencia de ninguna otra causa de inadmisión o límite legal que justifique la denegación del acceso, procede estimar la reclamación a fin de que se facilite la información solicitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , en representación de Nossayu S.L., frente a la resolución de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora nº 274 / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. SEGUNDO: INSTAR a IBERMUTUA, Mutua Colaboradora nº 274 / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la sociedad reclamante la siguiente información: x«IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 Expediente de licitación CG-2023/2821/0182 con objeto 'Suministro de licencias Office Standard 2021 del fabricante Microsoft para IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274. (…) Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículos 17 a 22, solicitamos acceso por medios electrónicos, de la documentación íntegra del suministro realizado por la empresa adjudicataria del contrato relacionado con el expediente arriba indicado. En caso que los documentos contengan datos personales especialmente protegidos, solicitamos que los mismos se entreguen anonimizados y que el acceso se verifique por vía electrónica, enviando los documentos en digital o el enlace en el que la documentación puede ser consultada.» TERCERO: INSTARa IBERMUTUA Mutua Colaboradora nº 274 / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la sociedad reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez