Acceso a información ambiental del proyecto fotovoltaico 'Puerto La Luz' en Huelva y solicitud de consideración como interesado en su tramitación, desestimado por la Administración al no constar el procedimiento de evaluación ambiental

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de febrero de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «PRIMERO. - Que habiendo conocido por medios de comunicación que la empresa Alter Enersun desarrolla la instalación fotovoltaica para suministrar energía renovable denominada “Puerto La Luz” que se construirá en los terrenos portuarios de Huelva, con una potencia de hasta 200 MW, y que en estos momentos, finalizado el estudio de fauna y aves, “está a la espera de recibir la autorización S/REF: N/REF: 1145/2024 Fecha:La de firma. HUELVA) Dirección: DEMOGRÁFICO. Información solicitada: Proyecto instalación fotovoltaica. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b ambiental y administrativa por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO)”. (https://www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/alter-enersun- desarrolla-1000-mw-fotovoltaicos-eolicos-suministrar-proyectos-hidrogeno- huelva/20231218123118311923.html) SEGUNDO. - Que según se informa dicha planta se ubicará en terrenos Portuarios de Huelva, denominados “Marismas del Pinar”, actual “zona 1”de los vertidos de Fosfoyesos. En su virtud, SOLICITO: Que se nos facilite el acceso a la información ambiental referente al citado proyecto y se considere a la organización Mesa de la Ría de Huelva como “persona interesada” en la tramitación de la citada Declaración de Impacto Ambiental sita en la parcela catastral número 21900A007000470000TY.» 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 25 de junio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4.Con fecha 25 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 2 de julio de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala lo siguiente: «Ha tenido entrada en esta Subdirección, requerimiento de remisión de expediente y alegaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, referente a la reclamación presentada por la Mesa de la Ría de Huelva, con respecto al acceso a la información ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica para suministrar energía renovable denominado “Puerto La Luz”, cuyo promotor es Alter Enersun. A este respecto, se traslada que, teniendo en cuenta los datos facilitados y analizados los antecedentes obrantes en esta unidad, no se ha tramitado ni se encuentra en tramitación ningún procedimiento de evaluación ambiental en G ú o - relación con el citado proyecto, por lo que no es posible facilitar información sobre el mismo.» 5.El 2 de julio de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que, habiendo comparecido a la notificación, a fecha de elaborarse esta resolución se haya presentado escrito alguno. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información ambiental referente a un proyecto para construir una instalación fotovoltaica para suministrar energía renovable. La Administración no respondió en el plazo legalmente establecido, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, la solicitud de acceso se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente pone de manifiesto que ha dictado la resolución correspondiente a la citada solicitud, en la que concede el acceso a la información solicitada. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante, no cabe desconocer que, aun extemporáneamente, se ha resuelto sobre la solicitud de acceso formulada señalando que la información solicitada no existe, y como tal no consta en su poder, y el reclamante no ha formulado objeción alguna en el trámite de audiencia concedido al efecto. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez