Reclamación sobre la solicitud de información del refrendo de la concesión del título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear, inadmitida por el Ministerio y estimada por el Consejo por falta de motivación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de mayo de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA, Y RELACIONES CON LAS CORTES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «1) El 16-01-2024 la Casa de S.M. el Rey concedió el título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear. Se adjunta la documentación que lo acredita. La documentación adjunta proviene del registro del Parlament de les Illes Balears, con núm. 5897/2024 y exp. 11-2024/SUQU-0003. S/REF: 00001-00090736 N/REF: 1072/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Refrendo acto SM el Rey. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b 2) El art. 64 CE establece que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno o por los ministros competentes. 3) Por lo tanto, solicito toda aquella documentación que tenga relación con el refrendo de la concesión del título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear. 4) En caso que la documentación solicitada no obre en poder de este ministerio, solicito que se remita al órgano competente de acuerdo con el art. 19.1 de la Ley de Transparencia». 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 12 de junio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido notificación de iniciación del expediente ni tampoco de ampliación de plazo. 4.Con fecha 13 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. 5.Con anterioridad a recibir la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno al anterior requerimiento, el reclamante, el 14 de junio de 2024, aporta escrito con el siguiente contenido: «Que con fecha 13-6-2024 recibí la notificación de la resolución del expediente (…). Que entre los motivos expuestos para la inadmisión exponen que "que la actuación sobre la que versa la solicitud está fuera del ámbito de actuación del Gobierno". Que el artículo 64 de la Constitución establece que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno o por los ministros competentes. De la misma forma se pronuncian los artículos 2 y 4 de la Ley 50 /1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por lo tanto, resulta evidente que mi solicitud de información sí que tiene relación con el ámbito de competencia del Gobierno. Así mismo, cabe tener en cuenta que el artículo 65 de la Constitución solo establece dos supuestos en los que el Rey no necesita del refrendo del Gobierno, eso son, la G ú o - distribución de los fondos destinados a sostener la Familia y la Casa Real (art. 65.1) y la designación de los miembros civiles y militares de la Casa (art. 65.2). Que dado que desconozco cuál de los ministerios ha sido el que ha refrendado el acto al que hace referencia mi solicitud, en la solicitud misma explicité que en caso que no fuera el Ministerio de la Presidencia (a quién dirigí la solicitud), se remitiera al órgano competente de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Se adjunta a este escrito la resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, dictada el 12 de junio de 2024 y facilitada al reclamante un día después, en la que se indica lo siguiente: «(…)El día 21 de mayo de 2024, la solicitud tiene entrada la solicitud en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual comienza el plazo de un mes que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para resolver y notificar. (…)no obra en poder de este órgano documento o contenido que se corresponda con la información solicitada en tanto que la actuación sobre la que versa la solicitud está fuera del ámbito de actuación del Gobierno, por lo que al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso, procede la inadmisión a trámite de la solicitud». 6.El escrito aportado por el reclamante con posterioridad a la presentación de su reclamación se remite, el 17 de junio de 2024, al órgano de la Administración requerido, a los efectos oportunos. 7.Con fecha 13 de septiembre de 2024 tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito de alegaciones en el que se reitera el contenido de la resolución dictada. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre la autoridad que refrenda la concesión por parte de SM el Rey del título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear. El órgano competente no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, la Secretaría General de la Presidencia dictó resolución en la que acuerda la inadmisión a trámite de la solicitud señalando que la actuación sobre la que versa la solicitud está fuera del ámbito de actuación del Gobierno, por lo que no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, no se respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, haciéndose constar en la resolución tardía que la solicitud tuvo entrada en el órgano competente en fecha 21 de mayo (cuando la solicitud se registró en el portal de transparencia en fecha 9 de mayo). A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno dictó una resolución tardía acordando la inadmisión de la solicitud en los términos antes indicados; resolución cuya conformidad a Derecho ha de ser examinada en este procedimiento. A estos efectos se ha de comenzar subrayando que la parquedad de la motivación que el órgano requerido proporciona en su resolución, rayana en la ausencia, difícilmente satisface los estándares que se derivan de los artículos 35 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 18 y 20 de la LTAIBG, en los términos precisados por el Tribunal Supremo al indicar que la motivación de los actos administrativos requiere una «justificación razonable y suficiente que contenga los presupuestos de hecho y los fundamentos de Derecho que justifican la concreta solución adoptada» [STS de 9 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1716)], y al subrayar que «la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida» —STS de 2 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2272)—. En este sentido, la mera afirmación de que la actuación sobre la que versa la solicitud está fuera del ámbito de actuación del Gobierno, sin más justificación ni explicitar el fundamento jurídico que la sustenta, no puede considerarse suficiente para cumplir adecuadamente con los parámetros expuestos. Aun cuando es conocido que la propia Constitución prevé la existencia de actos del Rey que no necesitan refrendo, y que la práctica constitucional española ha mantenido la tradición histórica de reconocer determinadas prerrogativas personales al Monarca, lo que pudiera explicar que no haya habido una actuación del Gobierno en el caso que nos ocupa, no corresponde a este Consejo suplir las carencias de motivación existentes en las resoluciones de los sujetos obligados. En consecuencia, se ha de proceder a estimar la reclamación, instando al órgano competente a que conceda la información solicitada o, en caso contrario, justifique de manera expresa y detallada las razones por las que no obra en su poder. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO en el plazo máximo de 10 días hábiles resuelva sobre la solicitud de acceso de conformidad con lo indicado en el fundamento jurídico quinto de la presente. TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez