Acceso a informe de idoneidad para plaza en comisión de servicio, desestimado por vía procesal incorrecta

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 12 de abril de 2024 la reclamante interpuso recurso de reposición contra la resolución de fecha 23 de febrero de 2024, del MINISTERIO DEL INTERIOR, que acordaba la adjudicación de la plaza de jefe/a de oficinas a otro candidato, en cuyo solicito se incluía la siguiente petición: «(…)se me haga entrega del informe motivado sobre idoneidad y capacidad, con la correspondiente disociación o supresión de aquellos datos protegidos.» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 3 de junio de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el S/REF: N/REF: 996/2024 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Información sobre plaza en comisión de servicio. R CTBG Número: 2024-1213 Fecha: 29/10/2024 Consejo) en aplicación del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), en la que pone de manifiesto lo siguiente: « (…) SEGUNDO.- Pasado el plazo de resolución del recurso previsto en el art. 124 LPACAP se entiende por desestimada la pretensión de acuerdo con el art. 24 LPACAP y, por tanto, denegado el acceso al informe. (…) Es pública la postura de la Agencia Española de Protección de Datos que considera que en el caso de los procedimientos de concurrencia competitiva, esta Agencia ha venido considerando que debe poder accederse a los datos alegados para obtener una plaza por aquéllos con quien se compita”. A este respecto hay que aclarar que además esta parte no ha solicitado datos especialmente protegidos, pudiéndose anonimizar los datos personales que se considere, sino el acceso a los motivos que han llevado a que la administración se pronuncie en una determinada dirección. CUARTO.- La denegación de acceso al informe preceptivo impide realizar un control del cumplimiento del mandato constitucional del art. 103 CE que impone los principios de mérito y capacidad en la función pública, así como de la interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos (art. 9.3 CE). QUINTO.- Esta denegación por parte de la administración vulnera lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que en sus artículos 12 y siguientes regula el derecho de acceso a la información pública, debiendo ser motivadas las denegaciones y ponderadas de acuerdo con lo previsto en ella. SEXTO.- Esta administración viene adoptando esta postura de forma reiterada a pesar de diversas sentencias que advierten de que se tiene derecho a dicho informe, entre otras STSJ M 15216/2020 ECLI:ES:TSJM:2020:15216 y STSJ M 8033/2017 ECLI:ES: TSJM:2017:8033. Ello únicamente puede interpretarse como una negativa a someterse a los criterios de transparencia que nuestra legislación exige por parte de los actuales responsables.» 4. Con fecha 4 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere R CTBG Número: 2024-1213 Fecha: 29/10/2024 pertinentes. El siguiente 20 de junio tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito en el que se señala lo siguiente «1.- La reclamante participó en un procedimiento de provisión, con carácter provisional, de un puesto de trabajo. Este procedimiento está regulado, en el ámbito de la Secretaría General de IIPP- además de por la norma general ( artículo 64 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado) por una Instrucción propia, denominada Instrucción I/6 – 2011, de 17 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo, comisiones de servicio y adecuación al puesto de trabajo. De conformidad con la misma y, en tanto el puesto solicitado (Jefe/a de oficinas) está dotado con nivel de complemento de destino 20, su cobertura se tramitó aplicando el procedimiento establecido en el apartado 3.2 para aquellos puestos de niveles 19 a 22, en el cual la Administración Penitenciaria nombrará en comisión de servicios al funcionario/a que considere más idóneo de entre los/as tres que hayan obtenido mayor puntuación; estas puntuaciones se hacen públicas previamente y se da un plazo de alegaciones de 10 días para que cualquier persona candidata las conozca y pueda reclamar si así lo considera. En este caso, no se presentaron alegaciones y por Resolución de 23 de febrero de 2024 del Subdirector General de Recursos Humanos, se adjudicó la comisión de servicios de conformidad con el procedimiento mencionado a la persona que, en informe motivado de la Directora del centro penitenciario y reuniendo los requisitos de puntuación establecidos, se proponía. Contra esa resolución, la actual peticionaria de información presentó recurso de reposición el día 12 de abril siguiente que ha sido contestado el día 13 de junio de 2024, lo que implica que, si bien se ha resuelto fuera del plazo de un mes que determina el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es menos cierto que, atendiendo a la misma norma y a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tenía expedita la vía jurisdiccional para defender su derecho. Aún a más, el día 8 de marzo de 2024 solicitó el informe al que hace mención en la reclamación que ahora se responde, lo que fue contestado por oficio de fecha 19 de marzo de 2024, en el que se le participaba que no era posible acceder a su solicitud al contener el citado documento datos e información susceptibles de protección. (…) » II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información al informe de idoneidad elaborado en el marco de un proceso selectivo en el que participó la ahora reclamante. Dicha solicitud se realizó con ocasión de la interposición de un recurso de reposición interpuesto frente a la resolución que adjudicaba la plaza ofertada a una tercera persona. Ante la falta de respuesta en el plazo en que debe resolverse el recurso de reposición según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la reclamante entendió denegada su solicitud de acceso al informe e interpone reclamación al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 LTAIBG. En el trámite de alegaciones de ese procedimiento, la Administración pone en conocimiento de este Consejo que, si bien de forma tardía (en 13 de junio de 2024) se resolvió el recurso de reposición, quedando expedita la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa (no aporta copia de dicha resolución). Añade que, con anterioridad a la interposición del recurso de reposición (en fecha 8 de marzo de 2024), la interesada había solicitado acceder a una copia del mencionado informe, solicitud que denegada en resolución de 19 de marzo de 2024 al estar afectados datos personales de terceros. 4. A la vista de las alegaciones presentadas por el Ministerio del Interior, procede desestimar la presente reclamación. En efecto, el objeto de la presente reclamación no es la resolución de 19 de marzo de 2024 que denegó el acceso a ese informe de idoneidad formulado en una solicitud previa, sino la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto por la reclamante (en el que incluía su pretensión de acceso al informe de idoneidad) y consiguiente denegación de acceso. De lo anterior se desprende la improcedencia de esta reclamación en la medida en que la reclamación ante este Consejo se configura en el artículo 23 LTAIBG como sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo previsto, a hora, en el artículo 112.2 LPAC según cuyo tenor: «Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.» Por su parte, el artículo 124.1 LPAC dispone que « 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.» 5. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procedería la inadmisión de la reclamación pero, dado que el conocimiento de estas circunstancias se ha producido una vez tramitada, ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez