Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (INCIBE) información sobre el coste, autores y descargas de un estudio de ciberseguridad. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación al Consejo de Transparencia. El reclamante desistió de su reclamación tras recibir la información solicitada, por lo que el Consejo procede a archivar el expediente.
Puntos clave de la argumentación
1
La LTAIBG reconoce el derecho de acceso a la información pública, definida como contenidos o documentos en poder de sujetos obligados, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
2
La Administración no respondió en el plazo legalmente establecido, lo que implicó una desestimación por silencio administrativo y habilitó la reclamación ante el Consejo.
3
El reclamante manifestó su voluntad expresa de desistir de la reclamación al haber recibido la información solicitada por parte de la Administración.
4
El artículo 94 de la Ley 39/2015 (LPAC) permite al interesado desistir de su solicitud, debiendo la Administración aceptarlo de plano y declarar concluido el procedimiento.
5
Al haberse recibido el desistimiento expreso y no existir terceros interesados que insten la continuación, ni causas que limiten sus efectos, procede archivar el procedimiento de reclamación.
Texto completo
Resolución reclamación art. 24 LTAIBG
I.ANTECEDENTES
1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 17 de abril de
2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(en adelante,
LTAIBG), la siguiente información:
«¿Cuánto ha costado la elaboración del estudio sobre el ecosistema de
emprendimiento en ciberseguridad en España? Desglosando todos los gastos.
¿Cuánto ha cobrado cada uno de los autores del texto? ¿Cuántas descargas ha
tenido el informe?
S/REF: 00001-00089903
N/REF: 1466/2024
Fecha:La de firma.
Dirección:
Información solicitada: Estudio del ecosistema de emprendimiento en
ciberseguridad.
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¿Cuántas durante el último mes completo con datos?»
2.No consta respuesta de la Administración.
3.Mediante escrito registrado el 9 de agosto de 2024, el solicitante interpuso una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el
Consejo) en aplicación del artículo 24
de la LTAIBG en la que pone de manifiesto
que no ha recibido respuesta a su solicitud.
4.Con fecha de 13 de agosto de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio
requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la
solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere
pertinentes.
5.El 28 de octubre de 2024, el reclamante ha presentado escrito en el que comunica a
este Consejo su voluntad de desistir de la reclamación.
6.El 29 de octubre de 2024 ha tenido entrada en este Consejo, resolución del INCIBE la
que se acuerda la concesión de la información en los siguientes términos:
«(…)INCIBE ha encargado un Estudio sobre el ecosistema de emprendimiento de
ciberseguridad en España a través del expediente de contratación 026/21 Lote 9
con un coste de 7.811,77. La autoría del citado estudio corresponde a la empresa
Dicampus S.L., adjudicataria del expediente de referencia en la plataforma de
contratación del sector público.
Se ha publicado una versión del informe en el portal web de INCIBE, en la sección
de emprendimiento, además de difundirse a través del boletín semanal de INCIBE
remitido cada viernes a 6.040 profesionales de medios de comunicación y ha sido
difundido a través de redes sociales. En las primeras veinte semanas desde su
publicación el pasado mes de abril de 2024, ha recibido casi 11.500 personas, en
concreto 11.484, han accedido a su contenido mediante su visita a la sección web
o a través de las redes sociales. En el mes de septiembre se han producido 51
visualizaciones del citado informe.
Toda la información relacionada con esta contratación puede ser consultada en:
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o
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htps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl
=AY0FJvP34oPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D ».
II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG
y en el artículo
13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.
, el presidente de esta Autoridad
Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que,
en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG
, se presenten frente a las resoluciones
expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12
el derecho de todas las personas a acceder a
la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en
poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un
concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos
específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota
su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza
“pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los
sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus
funciones”.
Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso
a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la
concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.
3.La presente reclamación trae causa de una solicitud en la que se pide el acceso a
información consignada en el antecedente primero de esta resolución.
El órgano competente no respondió en el plazo legalmente establecido, por lo que la
solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación del
artículo 24.1 LTAIBG.
Durante la sustanciación del presente procedimiento el reclamante ha manifestado
su voluntad expresa de desistir de la reclamación, al haber recibido resolución que
concede la información; resolución que la Administración ha aportado al
procedimiento.
4.A la vista de lo expuesto, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 94 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas (LPAC), en la que se indica que:
«1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. (…)
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que
permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de
acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desistimiento o renuncia (…)».
5.En consecuencia, recibido en el Consejo el desistimiento expreso y no habiéndose
personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni
existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual
procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones.
III.RESOLUCIÓN
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la
reclamación interpuesta frente al INCIBE S.A., S.M.E.
De acuerdo con el artículo 23.1
, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24
de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto
en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
.
EL PRESIDENTE DEL CTBG
Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez