Solicitud de revalorización anual de pensión de incapacidad permanente total, estimada formalmente por el CTBG debido a la falta de respuesta en plazo del INSS

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 17 de mayo de 2024 el reclamante solicitó al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) revalorización anual de mi pensión permanente total desde la primera mensualidad recibida hasta el día de hoy». 2.No consta respuesta de la Administración. S/REF: N/REF: 1120/2024 Fecha:La de firma. Dirección: MIGRACIONES. Información solicitada: Revalorización de una pensión por IPT. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b 3.Mediante escrito registrado el 19 de junio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «El 17 de mayo de 2024 presenté un escrito a través de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En dicho escrito, solicité información sobre la revalorización anual de mi pensión permanente total desde la primera mensualidad recibida hasta el día de hoy. Tras pasar un mes y no recibir contestación, acudo presencialmente a la sede de la Seguridad Social en la localidad de Cistierna (León). Desde dicha oficina, me indican que sólo me facilitan esa información desde el año 2019. Por lo tanto, les pido que me revisen y envíen todas las revalorizaciones de mi pensión desde el inicio de su cobro hasta el día de hoy, ya que las últimas revalorizaciones no concuerdan». 4.Con fecha 21 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Unidad de Información y Transparencia Singular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones -UITSSSP-solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de julio de 2024, tuvo entrada en este Consejo escrito del INSS en el que señala: «(…)El 9 de julio de 2024 la dirección provincial del INSS de León ha informado al interesado de todos aquellos aspectos relacionados con su solicitud. Por lo tanto, las alegaciones que esta Entidad puede realizar no son sino reflejo, o ampliación, de lo que en esa comunicación se informa: a. El artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, (TRLGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley. b. A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año G ú o - en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior. c. Por su parte la Resolución de 17 de enero de 1996 de la Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se establecen nuevas medidas de mejora de la gestión de la Seguridad Social y de la atención e información prestada al ciudadano establece en su resuelve sexto que el INSS y el ISM comunicarán individualmente a los pensionistas del sistema de Seguridad Social la revalorización de sus pensiones. d. En la citada notificación deberán figurar como datos mínimos: El importe íntegro de la pensión en el ejercicio anterior a la revalorización, el porcentaje y cuantía en que se revaloriza la pensión, el importe íntegro de la pensión una vez revalorizada que se percibirá durante el nuevo ejercicio y las retenciones que, en su caso, procedan. e. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual establece la obligación de los órganos que dicten las resoluciones y actos administrativos de notificarlos a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos. f. Las normas relativas a las notificaciones administrativas se contemplan también en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. Así, el artículo 14 establece que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. g. Los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social no se encuentran incluidos dentro del apartado segundo del artículo 14 que relaciona los obligados al uso de medios electrónicos. h. El régimen de notificaciones en la Administración de la Seguridad Social ha sido desarrollado por la Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. i. Los pensionistas no se encuentran incluidos en la relación de sujetos obligados a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del artículo 4 de la norma. j. Por lo tanto, y conforme a estos mandatos legales, esta Entidad tiene la obligación de notificar el acto administrativo de revalorización de las pensiones en formato papel salvo que los beneficiarios hayan optado por relacionarse electrónicamente con la Administración. En resumen, todos los pensionistas reciben a comienzos de cada año la notificación de la revalorización de su pensión, sea en formato electrónico o en papel. Por lo tanto, la información solicitada por el reclamante se le ha enviado, en este caso por correo postal, cada año, a la dirección que facilitó a la dirección provincial del INSS de León. En la comunicación enviada por la dirección provincial del INSS de León al interesado se le informa, además, del sistema de cálculo de la revalorización y de otras circunstancias relacionadas con su pensión. Finalmente, hay que indicar que no es posible acceder al segundo punto de la solicitud del interesado, el relativo al envío de la documentación requerida desde la fecha solicitada dado que en el expediente administrativo únicamente hay constancia de las resoluciones de revalorización de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que ya habían sido facilitadas por el funcionario destinado en el CAISS de Cistierna, hecho al que hace referencia el interesado en su escrito. Conclusión: Por todo lo anterior, esta Entidad considera que ha cumplido con el requerimiento del interesado». 5.El 16 de julio de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que conste su comparecencia a la notificación. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre la revalorización de una pensión de incapacidad permanente total desde la primera mensualidad recibida hasta la fecha de la solicitud. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. En la fase de alegaciones de este procedimiento, pone de manifiesto que con fecha 9 de julio de 2024 la Dirección Provincial del INSS en León ha informado al interesado de todos los aspectos relacionados con su solicitud. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante, no cabe desconocer que, aun de forma tardía, el INSS ha dado respuesta al interesado y le ha informado de la notificación de la revalorización de su pensión a comienzos de cada año (en su caso, por correo postal), del sistema de cálculo utilizado y de otras circunstancias relacionadas con su petición. Respecto al envío de la documentación requerida, señala que en el expediente administrativo únicamente hay constancia de las resoluciones de revalorización de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que ya le habían sido facilitadas desde el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Cistierna (León). En consecuencia, procede la estimación por motivos formales al no haberse respetado su derecho a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta por frente al INSS / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez