Acceso a información sobre el transporte de armas a Israel por el Puerto de Santander y sus protocolos, donde la Autoridad Portuaria respondió parcialmente y completó la información durante la reclamación ante el CTBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 15 de abril de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Deseo información directa (o derive a órgano competente) la siguiente información: -Deseo saber si en 2024 el Puerto de Santander ha acogido barcos que llevasen armas a Israel o ha cargado armas con destino a Israel S/REF: 00001-00089786. N/REF: 839/2024. Fecha:La de firma. Dirección: TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. Información solicitada: Transporte de armas. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b -Deseo saber si el Puerto de Santander tiene algún protocolo específico para cargar armas en el Puerto -Deseo saber si el Puerto de Santander ha tomado alguna decisión para asegurarse de que, en sus instalaciones, no opera ningún barco que cargue o transporte armas con destino a Israel para asegurarse de no colaborar con las criminales acciones que dicho país está llevando a cabo contra la población de Palestina.» 2.Mediante resolución de 9 de mayo de 2024 la citada Autoridad Portuaria resolvió lo siguiente: « (…)En cuanto a la pregunta de si el Puerto de Santander “ha acogido barcos que llevasen armas a Israel o ha cargado armas con destino a Israel” o “ha tomado alguna decisión para asegurarse de que, en sus instalaciones, no opera ningún barco que cargue o transporte armas con destino a Isra el”, consultado el departamento competente, se informa que desde el 1 de noviembre de 2021, y de conformidad con resolución de la Autoridad Portuaria de 14 de octubre de 2021, remitida a la Asociación de Consignatarios y Estibadores del Puerto de Santander, no se permite la realización de operaciones con explosivos en el Puerto. Es por este motivo que se tiene constancia de que en el año 2024 no se han realizado operaciones con mercancías peligrosas de clase 1 (explosivos) con ningún estado, incluyendo -por tanto- a Israel. En cuanto a la existencia de un protocolo específico para la carga de armas en el Puerto, la Autoridad Portuaria de Santander cuenta con una instrucción de fecha 18 de diciembre de 2018, que tiene por objeto “definir el proceso para la manipulación de explosivos que se cargan y/o descargan en el Puerto de Santander, a fin de conseguir que dichas operaciones se desarrollen con las debidas garantías de seguridad” y que se adjunta a esta resolución. Sin embargo, como se ha indicado, no se utiliza desde, al menos, noviembre de 2021. Por lo tanto, a la vista de lo anterior, esta Presidencia, resuelve: Conceder el acceso a [la persona reclamante], a la información solicitada.» A la resolución se acompaña copia de la Instrucción de 18 de diciembre de 2018 sobre manipulación de mercancías peligrosas clase 1. 3.Mediante escrito registrado el 12 de mayo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el G ú o - Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «Formulé 3 preguntas referidas al tránsito de armas por el Puerto de Santander con destino a Israel y solamente me dieron una respuesta y además, referida solamente a "explosivos" sin contestar o referirse a otro tipo de armas no consideradas como explosivos.» 4.Con fecha 13 de mayo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 3 de junio de 2024 tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito en el que se señala lo siguiente: «(…)TERCERO.- El interesado, en su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno indica que “formulé 3 preguntas referidas al tránsito de armas por el Puerto de Santander con destino a Israel y solamente me dieron una respuesta y además, referida solamente a "explosivos" sin contestar o referirse a otro tipo de armas no consideradas como explosivos”. La Autoridad Portuaria, sin embargo, tal y como se puede apreciar en la resolución, respondió a las tres preguntas. En cuanto a la pregunta de si el Puerto de Santander en el año 2024 “ha acogido barcos que llevasen armas a Israel o ha cargado armas con destino a Israel”, se respondió en la resolución que “desde el1 de noviembre de 2021, y de conformidad con resolución de la Autoridad Portuaria de 14 de octubre de 2021, remitida a la Asociación de Consignatarios y Estibadores del Puerto de Santander, no se permite la realización de operaciones con explosivos en el Puerto”. Además de explosivos se puede incluir en este caso cualquier mercancía peligrosa de Clase 1. El Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos clasifica las mercancías, en su artículo 37 en varios grupos, recogiendo que serán mercancías de clase 1 los explosivos. El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas dispone que: “La Clase 1 comprende: 1. las sustancias explosivas (las sustancias que de por sí no son explosivas, pero que pueden constituir una atmósfera explosiva de gas, vapor o polvo, no se incluyen en la Clase 1), excepto las que son demasiado peligrosas para ser transportadas y aquellas cuyo riesgo predominante corresponde a otra clase; 2. los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en cantidad o de naturaleza tales que su ignición o iniciación por inadvertencia o por accidente durante el transporte no daría por resultado ningún efecto exterior al artefacto que pudiera traducirse en una proyección, en un incendio, en un desprendimiento de humo o de calor, o en un ruido fuerte (véase 2.1.3.4); y 3. las sustancias y los objetos no mencionados en .1 o .2 que se fabriquen para producir un efecto práctico, explosivo o pirotécnico”. En este mismo Código, entre las mercancías peligrosas de clase 1 se citan los cartuchos para armas con carga explosiva, municiones incendiarias con o sin carga iniciadora, carga expulsora o carga propulsora, cartuchos para armas con proyectil inerte o cartuchos para armas de pequeño calibre, entre otras. Todos estos elementos se entienden comprendidos en la clase 1: explosivos De hecho, en lo referente a la liquidación de la tasa de la mercancía, de acuerdo con el artículo 211 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, la cuota íntegra de la tasa vendrá determinada por el grupo al que pertenezca la mercancía de conformidad con lo indicado en el anexo III al Texto Refundido que recoge los diferentes códigos arancelarios. En este Anexo III se estipula que los códigos arancelarios 9301.5 a 9307.5 son los referentes, entre otros, a armas de guerra, revólveres y pistolas y demás armas; indicándose por el Departamento Económico Financiero de este organismo que en el año 2024 el movimiento para estos códigos arancelarios únicamente se ha producido entre España y Reino Unido. Además, se puede añadir, que, de conformidad con lo indicado por este mismo Departamento, en el año 2024 no se ha intercambiado ninguna mercancía con Israel. En cuanto a la pregunta de si “el Puerto de Santander tiene algún protocolo específico para cargar armas en el Puerto”, se adjuntó a la resolución la instrucción con la que la Autoridad Portuaria cuenta “que tiene por objeto “definir el proceso para la manipulación de explosivos que se cargan y/o descargan en el Puerto de Santander, a fin de conseguir que dichas operaciones se desarrollen con las debidas garantías de seguridad”. Por último, y en cuanto a la pregunta de “si el Puerto de Santander ha tomado alguna decisión para asegurarse de que, en sus instalaciones, no opera ningún barco que cargue o transporte armas con destino a Israel para asegurarse de no colaborar con las criminales acciones que dicho país está llevando a cabo contra la población de Palestina” se entiende contestada con las respuestas a las preguntas anteriores.» 5.El 5 de junio de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que, a fecha de elaborarse esta resolución se haya presentado escrito alguno. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información relacionada con el transporte de armas desde el puerto de Santander hasta el Estado de Israel. La Autoridad Portuaria dictó resolución estimando la solicitud. Con relación a las preguntas 1 y 3 indicó que desde el 1 de noviembre de 2021, de conformidad con resolución de la Autoridad Portuaria de 14 de octubre de 2021 remitida a la Asociación de Consignatarios y Estibadores del Puerto de Santander, no se permite la realización de operaciones con explosivos en el Puerto, motivo por el que se tiene constancia de que en el año 2024 no se han realizado operaciones con mercancías peligrosas de clase 1 (explosivos) con ningún Estado, incluyendo -por tanto- a Israel. Respecto de la pregunta 2, adjunta a la resolución una Instrucción de fecha 18 de diciembre de 2018, que tiene por objeto “definir el proceso para la manipulación de explosivos que se cargan y/o descargan en el Puerto de Santander, a fin de conseguir que dichas operaciones se desarrollen con las debidas garantías de seguridad”. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones instado en el seno de este procedimiento de reclamación, amplía la información con transcripción de diferentes pasajes del Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos; información sobre liquidación de tasas por mercancías, de la que se deduce que en el año 2024 el movimiento para los códigos arancelarios referentes, entre otros, a armas de guerra, revólveres y pistolas y demás armas, se ha producido únicamente entre España y Reino Unido, precisando, finalmente, que según comunica ese departamento en el año 2024 no se ha intercambiado ninguna mercancía con el Estado de Israel. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente, si bien respondió al solicitante dentro del plazo máximo legalmente establecido, no atendió completamente a la consulta planteada, lo que suscitó la interposición de la reclamación al considerar el interesado que no se había respondido completamente a sus requerimientos. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones, la Autoridad Portuaria amplío la información con un alto grado de detalle según se refleja en los antecedentes de esta resolución. 5.De lo anterior se desprende que, interpuesta la reclamación la Autoridad Portuaria requerida ha completado la información que proporcionó inicialmente, sin que se haya recibido objeción alguna sobre el alcance y contenido de lo finalmente facilitado. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener la información completa en el plazo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación planteada frente a la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez