Acceso a datos y copias de expedientes de justiprecio de expropiaciones forzosas para autopistas de peaje, denegado inicialmente por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid por dificultad de localización y estimado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 22 de diciembre de 2023, el reclamante (en nombre y representación de JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MADRID (MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: S/REF: N/REF: 200/2024 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Información solicitada: Expedientes de expropiación forzosa para autopistas de peaje. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b «1) Facilitar a esta representación, en relación con los expedientes expropiatorios listados en los Documentos nº6, nº 7 y nº 8 adjuntos (así como en relación con cualesquiera otras fincas y expedientes expropiatorios relativos a la construcción de las vías objeto de los Contratos de Concesión de los que tenga constancia este Jurado y que no se encuentren listados en los Documentos nº 6, nº 7 y nº 8 adjuntos, ni en las resoluciones de este Jurado de 23 de enero de 2019 ( ), 4 de febrero de 2019 ( ) y 28 de febrero de 2019 ( ) adjuntas como Documentos nº 2, nº 3 y nº 4, los datos correspondientes a: a) la fecha en que cada uno de los expedientes de justiprecio fue registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación, en los términos del artículo 39 del Reglamento de Expropiación Forzosa; b) la fecha en que el Jurado adoptó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; c) la fecha en que el Jurado notificó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; d) en su caso, la fecha en que se interpuso recurso de reposición contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio, o confirmación de que no se interpuso recurso contra dicha resolución; e) en su caso, la fecha en que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio; y f) en su caso, la fecha en que se notificó el acuerdo por el que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio. 2) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia completa de los expedientes expropiatorios referidos en el punto 1) anterior o, al menos, la documentación acreditativa de las fechas indicadas en los apartados a) a f) del punto 1 anterior. 3) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia de la documentación referida en el punto 2) anterior a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que complete el expediente de liquidación del Contrato de Concesión». 2.El 3 de enero de 2024 -según se afirma por el reclamante en el expediente- se comunica al interesado por sede electrónica resolución de rechazo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid a la solicitud presentada, en virtud de los siguientes motivos: "[…] Con la aplicación informática actual no nos es posible localizar con los datos que nos aporta la información solicitada a la cual solamente podríamos acceder si conociéramos nuestro número de expediente. Por otra parte, y como ya conoce usted, las concesionarias que ejercieron como beneficiarias de las expropiaciones de las que solicita los datos se encuentran en concurso de acreedores, y existe un Administrador Concursal al que se debería dirigir para que le aportara los datos solicitados, dadas las competencias que le fueron otorgadas en su nombramiento. G ú o - Por último, y sobre la copia solicitada de documentación que consta en nuestros expedientes, informarle de que el acceso a ellos solamente lo tienen las partes afectadas, situación en la que usted no se encuentra". 3.Mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que puso de manifiesto que: «5. Los Acreedores Financieros son titulares de la mayoría de la deuda financiera que sirvió para la ejecución de los contratos de concesión de autopistas que se enumeran en el Anexo al presente escrito (en adelante, los "Contratos de Concesión"). Todos estos Contratos de Concesión han sido resueltos anticipadamente como consecuencia del concurso de acreedores de las sociedades concesionarias y de la apertura de la fase de liquidación de las mismas. Entre dichos Contratos de Concesión se encuentran los de las autopistas de peaje 6. Como acreedores de las sociedades concesionarias, y en garantía de dicha deuda financiera, mis representadas tienen reconocido judicialmente, en siete de los ocho concursos de acreedores de las correspondientes concesionarias, un derecho de prenda ejecutado sobre los derechos de crédito derivados de los Contratos de Concesión, incluidos los derivados de su terminación anticipada, también denominados "responsabilidad patrimonial de la Administración" o "RPA". (…) 7. En los expedientes de liquidación de los respectivos Contratos de Concesión, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje (en adelante, la "Delegación del Gobierno"), que es el órgano competente para su tramitación, requirió a las sociedades concesionarias la aportación de toda la documentación necesaria para completar o corregir, entre otros, los documentos relativos a los expedientes de expropiación que obrasen en su poder, los cuales resultan determinantes para el cálculo de la RPA. 8. Dado que son los Acreedores Financieros quienes en último término perciben el importe de la RPA objeto de liquidación, aquellos han procedido a desplegar toda su diligencia para recabar y aportar a la Delegación del Gobierno cuantos documentos y datos sea posible para su incorporación al expediente administrativo de liquidación de los respectivos Contratos de Concesión. En este sentido, desde el mes de diciembre de 2018, los Acreedores Financieros han solicitado el acceso a cualquier información pública relacionada con el cálculo o estimación de la RPA, en cualquier ámbito o procedimiento. De esta manera, se presentaron requerimientos de información pública a distintos organismos, entre los que se encuentran siete Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa de toda España. 9. La importancia de la información y documentación relativas a los expedientes expropiatorios se desprende, entre otros, del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en fecha 26 de abril de 2019, "de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración» (RPA)" (…) publicado en el Boletín Oficial del Estado número 124, de 24 de mayo de 2019. (…) Según resulta del Acuerdo de Interpretación (…)para el cálculo de la RPA se contabilizará el importe de todos los justiprecios (incluidos los intereses) pagados a los expropiados por las Concesionarias o por la Administración General Concesionarias), así como los pendientes de pago. Sin embargo, los importes pagados o pendientes de pago por parte de la Administración General del Estado (en sustitución de las Concesionarias) minorarán la cifra de la RPA, según resulta del artículo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, en su redacción dada por el Real Decreto- ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas. 10. Considerando que la Delegación del Gobierno no dispone de toda la información relativa a los expedientes expropiatorios tramitados en virtud de la ejecución de los Contratos de Concesión y que ha requerido a las sociedades concesionarias la aportación de toda documentación relativa a los mismos para completar el expediente, recae sobre estas, así como sobre los Acreedores Financieros, la responsabilidad de probar y aportar la información relativa a los expedientes expropiatorios con la finalidad de justificar si se ha producido el pago de los correspondientes justiprecios (incluidos los intereses) y calcular los intereses imputables a la Administración que, como tales, no pueden minorar el importe de la RPA. En tanto no se recabe la información y documentación solicitada, la Administración minora provisionalmente de la RPA todos los importes (por principal e intereses) que se estiman pagados o pendientes de pago por parte de la Administración General del Estado, sin calcular la parte de intereses imputables a la propia Administración que no deberían minorar el importe de la RPA. Así lo viene haciendo en las Propuestas de Liquidación y Liquidaciones provisionales de la RPA dictadas hasta la fecha en relación con los distintos Contratos de Concesión. Lo anterior supone que la RPA derivada de la resolución anticipada de los Contratos de Concesión se liquide provisionalmente en un importe inferior al que correspondería. Y ello genera un evidente perjuicio económico a los Acreedores Financieros, que son quienes tienen derecho a percibir, en último término, la citada RPA. 12. A la vista de la extrema importancia que tiene esta cuestión para la correcta liquidación de la RPA derivada de la resolución anticipada de los Contratos de Concesión, los Acreedores Financieros identificaron al JPEF de Madrid como aquél que dispone de la información pública necesaria relativa a determinados expedientes expropiatorios tramitados en el marco de la ejecución de los Contratos de Concesión correspondientes a las autopistas de peaje 15. La denegación por parte del JPEF de Madrid a la solicitud de acceso a la información pública formulada por mis representadas vulnera, a nuestro respetuoso juicio, el articulado de la LTAIBG, por cuanto el ejercicio del citado derecho solamente podría denegarse por las causas enumeradas, con carácter tasado y de interpretación restrictiva, en los artículos 14 (Límites al derecho de acceso) y 18 (Causas de inadmisión) de la LTAIBG. 16. (…) el JPEF de Madrid no ha alegado la concurrencia de ninguna de las circunstancias contenidas en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG, que contemplan, respectivamente, las limitaciones al derecho y las causas por las que una solicitud de acceso debe ser inadmitida. Así pues, esta parte entiende que debería habérsele dado acceso a toda la información pública solicitada, sin limitación ni restricción alguna. 17. El principal motivo alegado por el JPEF de Madrid para el rechazo de la solicitud presentada es la imposibilidad de localizar la información solicitada con los datos facilitados por los Acreedores Financieros, al no indicarse el número de expediente otorgado por el propio Jurado. Sin embargo, debe señalarse que el JPEF de Madrid ha sido contradictorio con sus propios actos dictados en otras ocasiones (…) En concreto, a una solicitud de información previa presentada ante el mismo JPEF de Madrid en relación con los expedientes de expropiación de otra autopista (en ese caso se trataba de la ), el JPEF de Madrid dio una respuesta satisfactoria aportando toda la información pública requerida, siendo la solicitud idéntica a la presentada en este caso (se requería los mismos datos del SOLICITO reproducido anteriormente). (…)si bien es cierto que en el listado de expedientes proporcionado por los Acreedores Financieros en aquella solicitud (vid. documento número 7) incluía una columna relativa al número de expediente otorgado por el propio Jurado, que es el dato que el JPEF de Madrid considera imprescindible para poder localizar los expedientes, los Acreedores Financieros no aportaron este dato en 72 de los expedientes de los cuales se solicitaba información (…) Sin embargo, a pesar de no aportar dicho número de expediente, en la respuesta facilitada por el JPEF de Madrid (vid. documento número 8), este si logró localizar los expedientes expropiatorios con el resto de información facilitada. Concretamente, de los 72 expedientes sin número de referencia otorgado por el propio Jurado, este logró identificar y aportar información sobre 61 de ellos, y de los 11 restantes comunicó que todavía no han tenido entrada en el Jurado. 19. (…) es evidente que el JPEF de Madrid tiene acceso a la información solicitada y es capaz de localizar los expedientes y la información solicitada sin necesidad de aportar número de expediente otorgado por el propio jurado, más aún teniendo en cuenta que la respuesta del JPEF de Madrid es de fecha de 21 de noviembre de 2023, no pudiendo admitirse el argumento del JPEF de Madrid en virtud del cual "la aplicación informática actual" no lo permite. 20. En cualquier caso, de cara a facilitar la labor del JPEF de Madrid, esta parte ha procedido a recabar en la medida de lo posible los números de expediente otorgados por el propio Jurado, e incluirlos en una nueva columna de los listados adjuntos a la solicitud de 22 de diciembre de 2023. De esta forma, se aportan de nuevo, como Documentos número 9, 10 y 11, los listados de expedientes expropiatorios para los que se solicita información, con el dato adicional mencionado. 21. Además, como ejemplo de otras resoluciones previas emitidas por el mismo JPEF de Madrid, se adjunta, como Documento número 12, copia de la resolución del JPEF de Madrid en fecha 24 de julio de 2019 en la que se aportó la misma información pública que ahora se solicita, pero con respecto a otros expedientes de expropiación afectados por otros Contratos de Concesión. 22. Por otro lado, frente a lo alegado por el JPEF de Madrid para rechazar la solicitud de acceso a información pública presentada, es irrelevante que exista la figura de un Administrador Concursal nombrado para cada sociedad concesionaria en concurso al que, según el JPEF de Madrid, esta representación "se debería dirigir para que le aportara los datos solicitados, dadas las competencias que le fueron otorgadas en su nombramiento". El derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, fiscas o jurídicas, y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, conlleva la correlativa obligación de todas las Administración Públicas de facilitar el acceso a aquella información que se solicite, de acuerdo con el artículo 2 de la LTAIBG, con la única sujeción a los límites establecidos en la propia LTAIBG. Es por tanto obligación del JPEF de Madrid dar acceso a esta parte a la información solicitada, siempre que no concurran las causas de inadmisión o límites establecidos en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG, independientemente de que se haya nombrado un Administrador Concursal en el marco de la liquidación de las sociedades concesionaria. 23. Y, como indicábamos, el JPEF de Madrid no ha alegado en ningún momento la concurrencia de ninguna de las circunstancias contenidas en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG que podrían justificar un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información pública o una causa de inadmisión de las solicitudes de acceso previstos, y que en ningún caso concurren en el presente supuesto.» 4.Con fecha 6 de febrero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerara pertinentes. Con fecha 1 de marzo de 2024 se formuló un nuevo requerimiento, y el 15 de marzo de 2024, tuvo entrada en este Consejo escrito de alegaciones, junto con el expediente reclamado, en el que se señaló que: «Para realizar su actividad administrativa los Jurados de expropiación cuentan con una aplicación informática (Aplicación Jurados), en la que están introduciendo datos de los expedientes de su competencia desde el año 2010. Con anterioridad el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa utilizaba una base de datos propia que se suprimió en el 2017 por la unidad informática, al no poderse actualizar con el uso de los nuevos productos tecnológicos. Por lo expuesto, para poder informar del contenido de los expedientes anteriores a 2010 necesitamos saber la referencia que el propio Jurado asigna a la documentación que tiene entrada en su Registro. Los proyectos expropiatorios sobre los que se nos solicitaba información son de una fecha bastante anterior (2001-2006), por lo que para su localización es necesario que nos aporten el número de expediente que fue asignado por este Jurado. Los mencionados números no figuraban en la relación presentada en la que se solicitaba información, hecho que se puso en conocimiento del solicitante de la información. Asimismo, se le sugería que para acceder a los solicitado era más sencillo que se dirigiera al Administrador concursal, el cual debería tener los mencionados datos. Con anterioridad a esta solicitud el representante de Titulización de activos, Sociedad Gestora de Fondo de Titulización, S.A., había solicitado información de otras fincas afectadas por otro proyecto expropiatorio también anterior a 2010, que le fue facilitada porque aunque no aportara el número asignado a cada uno de los expedientes sí aportó alguno de ellos, y las resoluciones de esos expedientes se formularon en sucesivas sesiones del Jurado entre 24 de mayo de 2007 y 8 de mayo de 2008, por lo que se pudo acceder con facilidad a lo solicitado. También porque era un único proyecto expropiatorio y solo afectaba a tres municipios (Anexo I). La pluralidad de proyectos expropiatorios sobre los que se ha solicitado la última información y su coincidencia con varios más ( ), el tiempo transcurrido, la actualización de nuestra tecnología, la cantidad de municipios afectados (alrededor de veinticinco) y la imposibilidad de saber con certeza la fecha de las sesiones en que fueron resueltos, hacen que su localización con las actuales herramientas con las que desempeñamos nuestras funciones sea de extrema dificultad.» 5.El 19 de marzo de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 4 de abril de 2024 en el que señaló: «Que las Alegaciones del JPEF de Madrid señalan principalmente que debido a la (i) la pluralidad de proyectos expropiatorios sobre los que se ha solicitado la información pública; (ii) el tiempo transcurrido desde la tramitación de los expedientes expropiatorios de los cuales se requiere la información; (iii) la actualización de la aplicación informática utilizada por el Jurado; (iv) la cantidad de municipios afectados (alrededor de veinticinco) y (v) la imposibilidad de saber con certeza la fecha de las sesiones en que fueron resueltos, hacen que la localización de la información pública requerida sea de extrema dificultad, sin añadir, como decía la Resolución recurrida, que "por tanto que no sea posible su facilitación a los Acreedores Financieros"¿?. A la vista de las Alegaciones del JPEF de Madrid, esta parte no puede sino remitirse al contenido de su reclamación inicial. En efecto, frente a la reclamación formulada ante el CTBG, el JPEF de Madrid no aporta ningún argumento adicional y se limita a reiterar la extrema dificultad de localizar dicha información con los medios actuales disponibles (…). El JPEF de Madrid no ha alegado la concurrencia de ninguna de las circunstancias contenidas en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG, que contemplan, respectivamente, las limitaciones al derecho y las causas por las que una solicitud de acceso debe ser inadmitida. por tanto, esta parte entiende que, al no haberse alegado ninguna circunstancia contenida en los referidos artículos 14 y 18 de la LTAIBG, debería habérsele dado acceso a toda la información pública solicitada, sin limitación ni restricción alguna. (…)esta dificultad a la hora de localizar la información no puede servir como causa de inadmisión a la solicitud. Además, la penosidad alegada resulta incomprensible, puesto que, para atender la solicitud de acceso presentada por los Acreedores Financieros, de forma subsidiaria a la misma se proponía directamente aportación de una copia de los expedientes expropiatorios (al menos de la parte en la que aparecen las fechas solicitadas) y remitirla a los Acreedores Financieros o directamente a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, que es el órgano encargado de tramitar los expedientes de liquidación de los Contratos de Concesión. Para ello no es necesario sufrir una extrema dificultad en el desempeño de las funciones del JPEF de Madrid. Basta con recopilar los expedientes y enviar una copia de los mismos. Así pues, no puede aceptarse en ningún caso este motivo como causa de inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública. SEGUNDA. – El JPEF de Madrid es contradictorio con sus propios actos al no facilitar la información pública solicitada, contraviniendo así la finalidad perseguida por la LTAIBG. (…). A la vista de cuanto antecede, se solicita respetuosamente que por parte de este CTBG se requiera al JPEF de Madrid para que aporte la información pública solicitada, en los términos de la petición de acceso a la información pública de 22 de diciembre de 2023 y reproducidos en la reclamación inicial ante el CTBG». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información referida a ciertos datos de una serie de expedientes expropiatorios, concretamente, la fecha de entrada en registro de cada uno de los expedientes de justiprecio señalados en la solicitud tramitados ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid (en adelante, JPEF) y de su resolución y notificación, así como la fecha de interposición del recurso de reposición contra las mismas (en su caso), fecha de su resolución y de su notificación. Subsidiariamente, se pide copia completa de los referidos expedientes o, al menos, de la documentación acreditativa de las fechas o, subsidiariamente, que se remitiera la documentación solicitada a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para completar el expediente de liquidación del Contrato de Concesión. El JPEF de Madrid denegó -por resolución expresa- la información solicitada con el argumento de que con los datos aportados por el interesado y la aplicación informática actual no era posible localizar la misma, salvo que se conociera el número expediente. De otro lado, le indicó que estando los concesionarios -a la sazón, beneficiarios de las expropiaciones- en situación de concurso de acreedores se dirigieran al administrador concursal nombrado para la obtención de esa información. Por último, añadió que el acceso a la copia de documentación que consta en sus expedientes, solamente lo tenían las partes afectadas, situación en la que el interesado no se encontraba. En la reclamación, el interesado, tras defender que ostentaba un interés específico en la obtención de la información solicitada -por su condición de acreedor financiero de los extintos contratos de concesión de autopistas de peajes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (RPA)-, señaló que el JPEF de Madrid disponía de la información pública solicitada siendo inadmisible una respuesta sobre la imposibilidad de su localización, toda vez que existían precedentes en los que el mismo JPEF había facilitado la información aunque en ese caso se había proporcionado por el solicitante información respecto del número de expediente otorgado por el propio Jurado. Como consecuencia de ello, el interesado alegó en la reclamación que había procedido a recabar en la medida de lo posible los números de expediente otorgados por el propio Jurado, incluyéndolos, en fase de alegaciones, adjuntos a la solicitud de 22 de diciembre de 2023. El JPEF de Madrid, por su parte, insistió en la necesidad de conocer la referencia que el Jurado asigna a los documentos que son registrados en el mismo para conceder su acceso, instándole nuevamente a dirigirse al administrador concursal nombrado a la vez que justificó su actuación en los precedentes invocados en que, en esos expedientes, el interesado había aportado el número de algunos de los expedientes solicitados (no de todos), tratándose además de un único proyecto expropiatorio y que sólo afectaba a tres municipios; razones, todas ellas, por las que podía acceder con facilidad a la información solicitada.Por el contrario, insistió en que, en el presente caso, al tratarse de una pluralidad de proyectos expropiatorios sobre los que se había solicitado la información, su coincidencia con varios más (M-50 y R-2), el tiempo transcurrido, la actualización de la tecnología empleada, la cantidad de municipios afectados (alrededor de veinticinco) y la imposibilidad de saber con certeza la fecha de las sesiones en que fueron resueltos, hacían que su localización con las actuales herramientas informáticas fuera de extrema dificultad. En trámite de audiencia el interesado señaló que el JPEF de Madrid no había aportado ningún argumento adicional al de la resolución impugnada, limitándose a reiterar la extrema dificultad de localizar la información solicitada con los medios actuales disponibles, sin alegar tampoco la concurrencia de circunstancia alguna contenida en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG, además de resultar incomprensible la penosidad alegada para atender la solicitud subsidiaria de aportación de una copia de los expedientes expropiatorios (en la parte en la que aparecen las fechas solicitadas) para su remisión bien al interesado, bien directamente a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, como órgano encargado de tramitar los expedientes de liquidación de los Contratos de Concesión. Para resolver adecuadamente el presente asunto conviene aclarar, en primer lugar que, sin perjuicio del indiscutible interés que asiste al interesado en la obtención de la información solicitada -a los efectos de la defensa de sus derechos económicos como acreedor financiero en los referidos procesos de extinción y liquidación de los contratos de concesión-, la LTAIBG reconoce el derecho de acceso a la información pública en favor de “Todas las personas”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española (artículo 12 LTAIBG) sin necesidad de ostentar o probar que se ostenta interés legítimo alguno, sin perjuicio de que, como sucede en este caso, pueda efectivamente concurrir. Fijado lo anterior, lo relevante, en segundo lugar, es si aquello que se solicita es o no información pública -a los efectos de la LTAIBG-, entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (artículo 13). Para su determinación, en este caso, procede examinar la legislación sectorial de aplicación. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa -En el Artículo segundo: «1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio». -En el Artículo veinticinco: «Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio». -En el Artículo veintiséis: «1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. 2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables (…)». - En el Artículo treinta y uno: «Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación». - En el artículo treinta y cuatro: «El Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación». - Y en el Artículo treinta y cinco: «1. La resolución del Jurado de expropiación habrá de ser necesariamente motivada, razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo dispuesto en esta Ley. 2. Esta resolución, que se notificará a la Administración y al propietario, ultimará la vía gubernativa y contra la misma procederá tan sólo el recurso contencioso- administrativo». Conforme a la legislación sectorial expuesta este Consejo extrae que la información solicitada por el interesado concerniente a los expedientes de justiprecio seguidos ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid es información pública -a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG-, al haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones, en cuanto que es el órgano competente para decidir de forma ejecutoria sobre el justo precio de los bienes o derechos objeto de expropiación, y por consiguiente, se trata de información obrante en el mismo y por ende, localizada o al menos localizable por él. 4.Recuérdese que, en el presente caso el interesado solicitó la información pública identificada del siguiente modo «1)(…) en relación con los expedientes expropiatorios listados en los Documentos nº 6, nº 7 y nº 8 adjuntos (así como en relación con cualesquiera otras fincas y expedientes expropiatorios relativos a la construcción de las vías objeto de los Contratos de Concesión de los que tenga constancia este Jurado y que no se encuentren listados en los Documentos nº 6, nº 7 y nº 8 adjuntos, ni en las resoluciones de este Jurado de 23 de enero de 2019 ( , 4 de febrero de 2019 ( ) y 28 de febrero de 2019 ( ) adjuntas como Documentos nº 2, nº 3 y nº 4, los datos correspondientes a: (…). 2) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia completa de los expedientes expropiatorios referidos en el punto 1) anterior o, al menos, la documentación acreditativa de las fechas indicadas en los apartados a) a f) del punto 1 anterior. 3) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia de la documentación referida en el punto 2) anterior a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que complete el expediente de liquidación del Contrato de Concesión». Según se advierte de la lectura de la petición transcrita, el interesado identificó parte de la información pública solicitada de forma concreta y determinada, y parte de la información pública de forma determinable, por referencia a otros expedientes, de acuerdo con los medios disponibles a su alcance. A la luz de la resolución denegatoria el interesado aportó datos nuevos en la reclamación ante el Consejo a fin de que facilitaran la localización de los expedientes de justiprecio referenciados; extremo éste último, respecto al cual, el JPEF no hizo pronunciamiento alguno durante la sustanciación de este procedimiento, limitándose a reiterar su motivación inicial de denegación. Repárese también que de forma subsidiaria solicitó copia completa de los expedientes expropiatorios referidos, o la remisión, en su caso, a la Delegación del Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que completara el expediente de liquidación del Contrato de Concesión. A la vista de la documentación obrante en el expediente y de las alegaciones formuladas por las partes, a juicio de este Consejo, no resulta admisible la motivación ofrecida por el JPEF para denegar la información solicitada en este punto al esgrimir que no era posible localizarla por razón de la aplicación informática que utilizan en la actualidad, remitiendo para su obtención al Administrador Concursal, y a continuación informarle, en cambio, que «sobre la copia solicitada de documentación que consta en nuestros expedientes, informarle de que el acceso a ellos solamente lo tienen las partes afectadas, situación en la que usted no se encuentra»; todo lo cual, permite suponer que el Jurado poseía esa parte de la información solicitada, siendo expedientes identificados o al menos identificables por la Administración. La Audiencia Nacional en Sentencia de 31 enero 2022 (ECLI:ES:AN:2022:359) ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión similar a la que es objeto de esta reclamación en la que los demandantes (varios Fondos de Titulización)se habían personado en el procedimiento de liquidación de la concesión de unas autopistas en su condición de parte, señalando entonces que: «No hay ningún precepto que legitime al órgano instructor para determinar que se dará acceso a la información "a medida que avance el procedimiento de liquidación", es decir, de determinar los tiempos de acceso a la información, cuando intentada su recopilación a juicio de una de las partes interesadas no se haya dado respuesta satisfactoria por la administración que la custodia a los requerimientos que le hayan sido dirigidos. La penosidad de la recopilación de la información no puede ser por sí misma un motivo para la denegación de la información, salvo que pueda apreciarse que la petición se realiza con manifiesto abuso de derecho, algo que no cabe apreciar en este caso en el que se reclaman datos sobre expedientes expropiatorios de las fincas sobre las que se ejecutaron las obras de construcción de las autopistas cuya concesión se liquida en el procedimiento donde están personadas las demandantes». A lo anterior añadió: «TERCERO.- Todas las causas de inadmisión de solicitudes de información deben ser interpretadas de manera restrictiva. Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración", no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (RCL 2015, 1477) , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico. Por ello, la petición de obtención de datos concretos que necesariamente deben figurar en los expedientes señalados por el solicitante de la información, no está comprendida en la excepción sobre la que se basa la sentencia de instancia». En el supuesto que nos ocupa, aunque el solicitante no identifica todos los expedientes afectados de forma concreta y específica con su número, es indudable que los señala, aportando la información de la que dispone, y facilita a la Administración datos y referencias suficientes para que ésta los individualice y los localice. Sería abiertamente contrario a la lógica que subyace a la regulación del derecho de acceso a la información pública que, para satisfacerlo, la Administración exija a los solicitantes que aporten datos o referencias específicas que han sido generadas por el propio órgano requerido y que los ciudadanos no tienen por qué conocer. En consecuencia, a juicio de este Consejo, no cabe acoger las razones esgrimidas para denegar el acceso. 5.En definitiva, por las razones expuestas en los apartados anteriores, la reclamación debe ser estimada. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MADRID/ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, de fecha 3 de enero de 2024. SEGUNDO: INSTAR al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MADRID/ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: •«1) Facilitar a esta representación, en relación con los expedientes expropiatorios listados en los Documentos nº6, nº 7 y nº 8 adjuntos (así como en relación con cualesquiera otras fincas y expedientes expropiatorios relativos a la construcción de las vías objeto de los Contratos de Concesión de los que tenga constancia este Jurado y que no se encuentren listados en los Documentos nº 6, nº 7 y nº 8 adjuntos, ni en las resoluciones de este Jurado de 23 de enero de 2019 ), 4 de febrero de 2019 y 28 de febrero de 2019 ( adjuntas como Documentos nº 2, nº 3 y nº 4, los datos correspondientes a: a) la fecha en que cada uno de los expedientes de justiprecio fue registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación, en los términos del artículo 39 del Reglamento de Expropiación Forzosa; b) la fecha en que el Jurado adoptó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; c) la fecha en que el Jurado notificó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; d) en su caso, la fecha en que se interpuso recurso de reposición contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio, o confirmación de que no se interpuso recurso contra dicha resolución; e) en su caso, la fecha en que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio; y f) en su caso, la fecha en que se notificó el acuerdo por el que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado fijando el justiprecio. 2) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia completa de los expedientes expropiatorios referidos en el punto 1) anterior o, al menos, la documentación acreditativa de las fechas indicadas en los apartados a) a f) del punto 1 anterior. 3) Subsidiariamente a lo anterior, proporcionar copia de la documentación referida en el punto 2) anterior a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que complete el expediente de liquidación del Contrato de Concesión». TERCERO: INSTAR al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MADRID/ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez