Acceso a datos nominales de productividad e incentivos de funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro durante 2023

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 15 de febrero de 2024 el reclamante, Sección Sindical de CGT en los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado en Zaragoza, así como miembro de la Junta de Personal en dicha provincia, solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: S/REF: 00001-00087106 N/REF: 537/2024 Fecha:La de firma. de CGT en los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado en Zaragoza. Dirección: Información solicitada: Productividad e incentivos percibidos por funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro, anualidad 2023. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b «(…) SOLICITA: Se le faciliten para el período comprendido entre enero y diciembre de 2023 con su desglose correspondiente por nombre y apellidos de los diferentes empleados públicos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, así como del Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro, los siguientes datos mensuales: Tipo y cuantía del complemento de productividad percibido conforme a la Instrucción 2016/PRI-90, Asunto: Incentivos al rendimiento y complemento de productividad de 26 de febrero de 2016: 1. Complemento de Productividad de Especial Responsabilidad Dedicación y Disponibilidad (CP1). 2. Complemento de Productividad por Cumplimiento de Objetivos en el Área Administrativa y de Seguridad Vial y Movilidad (CP2). 3. Complemento de Productividad por cumplimiento de Objetivos en el Área de Exámenes para la Obtención del Permiso de Conducir (CP3). 4. Complemento de Productividad por Desempeño de Puestos Específicos (CP4). 5. Complemento de Productividad por Trabajo a Turnos (CP5). 6. Complemento de Productividad por Guardias y Actividad Extraordinaria fuera de la Jornada Laboral (CP6). 7. Complemento de Productividad del Plan Especial de Recursos (CP7). 8. Complemento de Productividad por Mayor Jornada Fija y Partida (CP8). 9. Complemento de Productividad por Cumplimiento de Objetivos del Personal Laboral (CP9). Así como los incentivos semestrales y anuales para el período comprendido entre enero y diciembre de 2023, percibidos por los citados empleados públicos con su desglose correspondiente por nombre y apellidos.» 2.Mediante resolución de 4 de marzo de 2024 el citado ministerio inadmite la solicitud en los siguientes términos: «(…)En contestación a su solicitud a través del Portal de Transparencia, indicar que la información solicitada no se puede facilitar ya que su divulgación hace necesaria una acción previa de reelaboración, art. 18.1.c de la Ley de Transparencia. G ú o - Al solicitar información de perceptores concretos (nombres y apellidos), y no simplemente el gasto total referido a un concepto retributivo, el programa de Gestión de Nómina NEDAES (Nómina Estándar de la Administración del Estado) desarrollado por la Secretaría General de Administración Digital, no permite desagregar el número de DNI de los restantes datos, lo cual, vulnera la normativa de protección de datos. De modo que, para poder remitir la información solicitada, es necesaria una acción previa de reelaboración de la misma, analizar la nómina mensual de cada perceptor y consignar manualmente en un archivo Excel los datos solicitados. Asimismo, esta reelaboración conlleva una dedicación exclusiva de medios, recursos personales y tiempo de los que la DGT lamentablemente no dispone en estos momentos, sin perjuicio de que el trabajo diario se vería afectado.» 3.Mediante escrito registrado el 1 de abril de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que expone lo siguiente: « (…) en relacióncon la existencia de una acción previa de reelaboración del art. 18.1 letra c) de la LTBAIG, nos remitimos a las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: 3530/2017, de 16 de octubre de 2017 ; 810/2020, de 3 de marzo; 1256/2021, de 25 de marzo), Jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido acogida y concretada por la Audiencia Nacional en su Sentencia 359/2022, de 31 de enero, en cuyo fundamento de derecho tercero razona en los siguientes términos sobre el sentido del concepto de reelaboración: (…) Por lo tanto, aplicando esta doctrina jurisprudencial al presente caso, no cabe considerar que la justificación proporcionada por la Secretaria General de la Dirección General de Tráfico satisfaga los requisitos necesarios para admitir que concurre la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) de la LTAIBG. SEGUNDA.- La ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, en su artículo 23.3 c), indica lo siguiente: En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales Aunque la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha derogado el artículo 23 de la Ley 30/1984, la Disposición Final Cuarta del EBEP ha venido a “prolongar”su vigencia: Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. La naturaleza de norma de rango legal de la Ley 30/1984 y del EBEP servirían de base legitimadora para facilitar la identidad del empleado público sin su consentimiento, sobre todo, si el solicitante es un funcionario del mismo departamento u organismo o un representante sindical. En este sentido además cabe recordar, conforme al propio CTBG: Si el solicitante es un empleado público o un representante sindical del mismo departamento u organismo, la cesión está autorizada sin el consentimiento expreso de la persona afectada y con independencia del concreto puesto de trabajo que ocupe ésta. TERCERA. – Se debe señalar que la propia Secretaria General de Tráfico, mediante oficio de 27 de febrero de 2023, concedía el acceso a la información demandada en la solicitud 001-076645 (se adjunta oficio de respuesta), en la que se solicitaba idéntica información para el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, si bien en lo relativo a las productividades del Centro de Gestión Pirineos Valle del Ebro hubo que presentar reclamación ante este Consejo obteniendo la resolución estimatoria 816/2023. Pero es que además ya existen otras resoluciones estimatorias a favor del presente interesado del CTBG, sobre las productividades de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y del Centro de Gestión Pirineos – Valle del Ebro, como son: 928/2021, de 9 de junio de 2022, por la que el Ministerio de Interior hubo de entregar para el período comprendido entre marzo de 2016 y diciembre de 2020, listado nominal mensual sobre el tipo y complemento de productividad, así como incentivos semestrales y anuales. 30/2023, de 23 de enero de 2023, por la que el Ministerio de Interior hubo de entregar para el período comprendido entre enero y diciembre de 2021, listado nominal mensual sobre complementos de productividad, así como incentivos semestrales y anuales. 816/2023, de 3 de octubre de 2023, por la que el Ministerio de Interior concede para el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, listado nominal mensual del complemento de productividad, así como incentivos semestrales y anuales percibidos por los empleados públicos del Centro de Gestión Pirineos –Valle del Ebro Resoluciones a las que además se pueden añadir otras muy similares o casi idénticas de la propia Dirección General de Tráfico, como son: 38/2023, de 27 de enero de 2023, por la que el Ministerio de Interior ha de conceder listado nominal mensual sobre el tipo y complemento de productividad, así como incentivos semestrales y anuales de los empleados públicos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra y de la Oficina Local de Tráfico de Vigo. 29/2023, de 23 de enero de 2023, por la que el Ministerio de Interior debe conceder información sobre los complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios percibidos desde el año 2016 hasta el 2020 por los Jefes Provinciales de Tráfico y funcionarios de los niveles 29 y 30 en los Servicios Centrales del Organismo, con la identificación de cada perceptor. Y en otros ministerios, podemos señalar: 263/2021, de 10 de agosto de 2021, por la que se obliga al Ministerio de Justicia a informar sobre los criterios de distribución de la asignación del complemento de productividad establecidos para el año 2019 y 2020, así como de las cantidades satisfechas por productividad y gratificaciones extraordinarias con el conocimiento nominal de todos los empleados públicos perceptores de productividad en todos sus niveles. 982/2021, de 15 de junio de 2022, por la que se obliga al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a facilitar el listado nominal de productividades y gratificaciones del INSS de los años 2020 y 2021, sus criterios de distribución, las modificaciones de RPTs y el listado de comisiones de servicio con los listados de ocupación con nombres y apellidos del INSS. Así pues, en base a todo lo anteriormente expuesto, se FORMULA la siguiente RECLAMACIÓN ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al objeto de que la Secretaria General de la Dirección General de Tráfico facilite la información demandada en la solicitud 00001-00087106». 4.Con fecha 3 de abril de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de abril tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «(…)Tal y como lo hemos manifestado anteriormente consideramos que compartir la información solicitada vulnera lo establecido en la propia Ley de Transparencia. Así en respuesta a las alegaciones presentadas, respecto al criterio expuesto 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen gobierno, el cual conocemos, debemos destacar que su aplicación ha dado lugar numerosas sentencias que ayudan a delimitar y conformar qué supone reelaboración, a los efectos que aquí interesan, debiendo destacar que los órganos judiciales han declarado que el derecho de acceso no comprende el deber de la Administración de producir o generar información que no tiene. Alguna instancia superior va más allá y declara que el derecho de acceso «no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular». Como ya se ha indicado, el formato en el que se obtiene la información no permite la anonimización de los datos, hemos consultado a nuestro Centro de Servicio al Usuario (CSU) al respecto. Atendiendo a lo establecido por la Agencia Española de Protección de datos, debe tomarse en consideración, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en esta materia, que configura el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental autónomo, diferenciado del derecho fundamental a la intimidad. Señala así en su Sentencia 292/2000, lo siguiente: (…) La aludida Sentencia 292/2000 determina, asimismo, el contenido del derecho a la protección de datos personales señalando en su fundamento jurídico 7: “De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué pudiendo oponerse a esa posesión o uso (…).” En virtud de la anterior, entendiendo que facilitar el acceso no anonimizado a la información solicitada supone una vulneración de los derechos arriba indicados, rechazamos las alegaciones del reclamante». 5.El 16 de abril de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, recibiéndose escrito el 7 de mayoen el que manifiesta su desacuerdo con las manifestaciones del ministerio reiterando los argumentos contenidos en su reclamación. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que el interesado, en su condición de representante sindical, pide el acceso a las productividades mensuales derivadas de la Instrucción 2016/PRI-90, y los incentivos tanto semestrales como anuales, abonados a cada uno de los empleados públicos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, y el Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro, durante el año 2023, con identificación (nombre y apellidos) de cada perceptor y con el nivel de desglose detallado. El órgano requerido dictó resolución denegando el acceso, por considerar de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG, indicando además que, al no poder desagregar el DNI de los funcionarios afectados, el acceso vulneraría la normativa sobre protección de datos. 4.Centrada la cuestión en los términos descritos, corresponde en primer lugar verificar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión invocada, partiendo de la premisa de la necesaria interpretación estricta, cuando no restrictiva, tanto de las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIBG como de los límites que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG, «sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información» [por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530), requiriéndose en todo caso una «justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida» [STS de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558)]. Por lo que concierne a la concurrencia de la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG —que permite inadmitir aquellas solicitudes de información que requieran de una acción previa de reelaboración— conviene recordar que, tal como se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810), «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre esas causas, la citada sentencia destaca el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. A su vez, en la STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256) —a la que también hace referencia el reclamante— se incluye en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos, remarcándose que no puede confundirse la supresión o anonimización de datos con un supuesto de reelaboración de la información pública. Esta jurisprudencia se aplica, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN), de 31 de enero de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:359), en la que se pone de manifiesto que la acción de reelaboración no puede ser aducida en relación con la extracción de información de expedientes administrativos concretos identificados por el interesado, sino, en su caso, respecto de «expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas (…)». Se confirma, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información —sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa—; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. 5.En este caso, teniendo en cuenta que lo solicitado se restringe al concreto ámbito de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro, entiende este Consejo que no se ha justificado de forma suficiente la concurrencia de la causa de inadmisión invocada, sin que resulte bastante la sucinta afirmación, de que «para poder remitir la información solicitada, es necesaria una acción previa de reelaboración de la misma, analizar la nómina mensual de cada perceptor y consignar manualmente en un archivo Excel los datos». Lo cierto es que estos datos deben estar digitalizados y centralizados en la aplicación Nómina Estándar Descentralizada de la Administración del Estado (NEDAES), de forma que, aunque la información no esté elaborada con la estructura y desglose solicitados, obra a disposición del órgano requerido, y puede ser extraída aplicando procedimientos habituales. Por otra parte, la mera afirmación de la importante carga de trabajo que supondría su extracción y la escasez de efectivos, cuando esta información, como se ha indicado, está digitalizada y centralizada resulta claramente insuficiente para justificar la aplicación de una causa de inadmisión que debe ser interpretada en términos restrictivos y que, según la doctrina jurisprudencial reproducida, se ha de limitar aaquellos casos en los que la información se encuentra dispersa y diseminada y, por tanto, sea necesario realizar complejas operaciones previas para recabarla, ordenarla y sistematizarla. A lo anterior se suma que, tal como se señala de forma expresa en la jurisprudencia y doctrina reseñadas, los procesos de exclusión de datos de carácter personal o anonimización no integran el concepto de reelaboración. En conclusión, no se aprecia la concurrencia de la causa de inadmisión invocada por la Administración 6.Sentado lo anterior, no puede desconocerse que según ha señalado este Consejo en múltiples resoluciones (véanse, por todas, las recientes R CTBG 512/2024, de 9 de mayo y R CTBG 530/2024, de 14 de mayo), los datos relativos a las retribuciones variables que perciben los empleados de una organización no son datos meramente identificativos, a los que se refiere el artículo 15.2 LTAIBG, ni tampoco pertenecen a las categorías especiales reguladas en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) a los que se refiere el artículo 15.1 LTAIBG, por lo que, como regla, es preciso llevar a cabo la ponderación suficientemente razonada que exige el artículo 15.3 LTAIBG —a fin de determinar si resulta prevalente el interés público en divulgar la información o la protección del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los afectados—. A estos efectos, en el Criterio Interpretativo conjunto AEPD/CTBG 1/2015 se indica que, cuando se solicite las retribuciones ligadas al rendimiento o a la productividad con identificación de todos o alguno de sus perceptores, habrán de observarse las siguientes pautas: «a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de los datos de carácter personal. Y ello porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en el que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal. b) En este sentido -y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto- con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a: - Personal eventual de asesoramiento y especial confianza —asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. - Personal directivo, esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y c) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. - Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 - éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalentes, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados». 7.En relación con los puestos de nivel 30, 29 y 28 (éstos últimos siempre que sean de libre designación) o equivalentes, de acuerdo con el Criterio 1/2015 conjunto del CTBG y la AEPD al que se ha hecho referencia, es claro que prevalece el derecho de acceso a la información sobre retribuciones de empleados públicos, sin que sea preciso el consentimiento expreso de los mismos, por lo que debe facilitarse la información con identificación de los perceptores. Con independencia de ello, en el caso que nos ocupa, el alcance del derecho de acceso se extiende más allá de lo establecido con carácter general en dicho Criterio para las solicitudes realizadas por personas no pertenecientes al organismo o entidad afectada, pues concurre la particularidad de que el solicitante ostenta la condición de Secretario General de la Sección Sindical de un Sindicato en los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado en Zaragoza, así como la de miembro de la Junta de Personal en dicha provincia. En tales supuestos, en la ponderación del artículo 15.3 LTAIBG han de tomarse en consideración también estas circunstancias especiales, por lo que el peso específico del derecho de acceso es superior al que se aprecia cuando la solicitud procede de una persona ajena a la organización. Por otra parte, la injerencia en la esfera personal de los afectados, derivado del conocimiento de sus retribuciones por un trabajador de la propia organización, es sensiblemente inferior a la producida por su divulgación a terceros no pertenecientes a la misma entidad. Si a todo ello añadimos que el solicitante es, además, un representante de los trabajadores que tiene legalmente reconocidas funciones relacionadas con sus condiciones laborales, la balanza se ha de inclinar necesariamente a favor de reconocer el derecho de acceso a la información solicitada sobre los empleados públicos de la organización con independencia del puesto de trabajo que ocupen. A lo expuesto se añade la existencia de una previsión legal específica que establece la publicidad de las productividades en el ámbito de la organización de que se trate, contenida en el artículo 23.3.c) de la de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 1984, de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP), que este CTBG considera vigente, según cuyo tenor «[e]n todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales». 8.En definitiva, como ya se ha indicado, tanto si se aplica la regla general que exige que la decisión sobre el acceso a las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos se adopte mediante la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG, como si se atiende al hecho de que el legislador ya ha realizado la ponderación y ha establecido la obligación para la Administración de dar público conocimiento de las cantidades que perciba “cada funcionario” en concepto de retribución variable a los demás funcionarios del departamento y organismo interesado, así como a los representantes sindicales, la conclusión ha de ser la de reconocer en este caso, atendidas las circunstancias concurrentes, el pleno derecho de acceso a la información solicitada. Esta conclusión, como ya se señaló en la aludida R CTBG 512/2024, de 9 de mayo, «entronca claramente con el interés público en conocer cómo se reparten fondos públicos en concepto de retribuciones variables a los concretos funcionarios de un órgano, organismo o entidad, con la finalidad de valorar si se han producido arbitrariedades, abusos o discriminaciones injustificadas y, en definitiva, poder exigir la correspondiente rendición de cuentas a una Administración Pública en un ámbito tan esencial para detectar un buen o mal funcionamiento como es la gestión del dinero público en relación con las retribuciones no fijas de los funcionarios, que tienen como finalidad la mejora de resultados y de la eficacia de la acción pública». Como se recordó también en esta resolución del Consejo, dicho interés público se ha reconocido, por ejemplo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 23 de noviembre de 2018 (recurso de apelación 53/2018), en cuyo fundamento de derecho tercero se recoge lo siguiente: «[p]or consiguiente, el art.15 de la Ley de Transparencia 19/2013 lo que obliga es a realizar una adecuada ponderación de los intereses en conflicto; ponderación debidamente realizada por el Juez a quo, en el sentido de que resulta procedente dicho acceso a una información que contribuye a la transparencia y justificación de la objetividad de la Administración en el reparto de la productividad.» 9.En último término se ha de señalar que la referida circunstancia particular concurrente en este caso de que el solicitante es un representante sindical determina que no sea necesario el trámite de audiencia del artículo 19.3 LTAIBG. Y ello porque, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la citada STS 3195/2020, «el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no resulta de aplicación cuando por parte de la Junta de Personal se solicita de la Administración la información sobre el Catálogo de los puestos de trabajo desempeñados por los funcionarios a los que representa y que se contiene en los catálogos de puestos de trabajo, no siendo por tanto necesario el trámite de audiencia previa a los funcionarios que ocupan tales puestos de trabajo» (fundamento jurídico quinto). Exención del trámite del artículo 19.3 LTAIBG que resulta plenamente aplicable al caso en la medida en que la solicitud procede del Secretario General de la Sección Sindical del sindicato CGT y miembro de la Junta de Personal. La conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo en relación con estos supuestos es plenamente lógica y resulta coherente con los criterios de ponderación establecidos con carácter general por este Consejo y la AEPD en el Criterio Interpretativo 1/2015, pues la finalidad de dicha audiencia es evitar que el conocimiento público del lugar de trabajo de una persona que se encuentre en situación de especial protección pueda poner en peligro su privacidad o su integridad. Cuando los solicitantes son los representantes sindicales o los propios trabajadores, que ya tienen la información sobre quienes forman parte de la plantilla, este riesgo, por definición, no existe. 10.En conclusión, de acuerdo con todo lo expuesto, procede estimar la reclamación. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por Administración General del Estado en Zaragoza frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: •Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2023 con su desglose correspondiente por nombre y apellidos de los diferentes empleados públicos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, así como del Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro, los siguientes datos mensuales: - Tipo y cuantía del complemento de productividad percibido conforme a la Instrucción 2016/PRI-90, Asunto: Incentivos al rendimiento y complemento de productividad de 26 de febrero de 2016: 1. Complemento de Productividad de Especial Responsabilidad Dedicación y Disponibilidad (CP1). 2. Complemento de Productividad por Cumplimiento de Objetivos en el Área Administrativa y de Seguridad Vial y Movilidad (CP2). 3. Complemento de Productividad por cumplimiento de Objetivos en el Área de Exámenes para la Obtención del Permiso de Conducir (CP3). 4. Complemento de Productividad por Desempeño de Puestos Específicos (CP4). 5. Complemento de Productividad por Trabajo a Turnos (CP5). 6. Complemento de Productividad por Guardias y Actividad Extraordinaria fuera de la Jornada Laboral (CP6). 7. Complemento de Productividad del Plan Especial de Recursos (CP7). 8. Complemento de Productividad por Mayor Jornada Fija y Partida (CP8). 9. Complemento de Productividad por Cumplimiento de Objetivos del Personal Laboral (CP9). •Incentivos semestrales y anuales para el período comprendido entre enero y diciembre de 2023, percibidos por los citados empleados públicos con su desglose correspondiente por nombre y apellidos. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez