Solicitud de información sobre la personalidad jurídica civil de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, y el proceso de su reconocimiento y registro, estimada formalmente por respuesta tardía

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de marzo de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «[P]ersonalidad jurídica actual de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. 1. ¿Desde qué fecha tiene la personalidad jurídica actual? S/REF: 00001-00088556 N/REF: 791/2024 Fecha:La de firma. Dirección: CORTES. Información solicitada: Personalidad jurídica civil de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b 2. Está el Opus Dei sujeto al trámite de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas? 3. Si la repuesta a la anterior pregunta es no, ¿en base a qué fundamento jurídico se le dispensó del trámite? 4. ¿Quién realizó la notificación al estado español de la situación canónica del Opus Dei? ¿Me podrían facilitar copia del documento? 5. ¿Qué ministerio/departamento y persona aprobó la solicitud y envío notificación a la Iglesia y al Opus Dei? ¿Me podrían facilitar copia de la notificación?» 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 3 de mayo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que, habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido no ha recibido respuesta a su solicitud de información cuyo contenido reitera. 4.Con fecha 7 de mayo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 29 de mayo tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito en el que se señala lo siguiente: «(…)Tras completar los procesos necesarios de búsqueda de la información solicitada que tiene una data de veintiocho años y se encuentra en depósito físico en el Registro de Entidades Religiosas, así como del análisis jurídico relativo a la aplicación del procedimiento específico de publicidad que dispone el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas, sobre su contenido y la emisión de copias y certificados de los documentos registrados, con fecha 21 de mayo de 2024, se firmó la resolución comunicándole a la persona interesada que, una vez analizada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre se concedía la información solicitada, indicando lo siguiente: “La Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei tiene reconocida personalidad jurídica civil de conformidad con el art. I.2 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos firmado entre el G ú o - Estado Español y la Santa Sede, el 3 de enero de 1979. La notificación se realizó desde la Nunciatura Apostólica y es recibida en la Dirección General de Asuntos Religiosos en 1996. Respecto de los documentos de notificación solicitados, al tratarse de una documentación registral, cuya publicidad está sometida a un régimen específico, regulado en el Título IV del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas, la solicitud de los documentos deberá realizarse, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, a través de la Sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mediante el procedimiento “Solicitud de certificado de datos registrales”, en el enlace: https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/932/ida/2909/ previsto para la emisión de copias de documentos registrales”. La resolución fue notificada al solicitante mediante su puesta a disposición a través del Portal de Transparencia el 23 de mayo de 2024. Se acompaña una copia de la citada resolución. Por tanto, no cabe apreciar que este Departamento no haya procurado respuesta a la solicitud, si bien en el presente caso la resolución fue notificada después del vencimiento del plazo estipulado en la Ley.» Entre la documentación aportada figura la referida resolución que se pronuncia en los términos indicados. 5.El 4 de junio de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya presentado observación alguna. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información relativa a la personalidad jurídica del Patronato de La Santa Cruz y Opus Dei. El ministerio requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta la resolución de 21 de mayo de 2024 por la que se concede la información solicitada y que fue notificada al interesado sin que este haya opuesto objeción alguna a su contenido. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aunque extemporáneamente, el ministerio ha proporcionado información solicitada dando respuesta a las cuestiones planteadas, sin que el reclamante haya planteado objeción alguna en el trámite de audiencia que le ha sido concedido. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez