Reclamación por falta de respuesta del Ministerio de Transportes sobre la solicitud del mapa de ruido del Puerto de Maó, estimada formalmente por el CTBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 8 de abril de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: S/REF: 00001-00089437 N/REF: 1263/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Mapa de ruido del Puerto de Maó. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b «El art. 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido establece que se tendrán que hacer mapas de ruido para establecer las zonas de servidumbre de las zonas de transporte aéreo, ferroviario y portuario. Solicito que se me tramita copia digital de dicha declaración en relación con el puerto de Maó (Illes Balears)». 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 11 de julio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4.Con fecha 12 de julio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 8 de agosto de 2024 tuvo entrada en este Consejo copia del expediente y escrito de alegaciones en el que se señala: «La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece en su art. 12.2 que las infraestructuras portuarias quedan clasificadas como emisor acústico a efectos de la citada Ley. A diferencia de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones (municipios con más de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que se considera como una zona urbanizada), esta Ley no establece un calendario para que las infraestructuras portuarias elaboren y aprueben su mapa de ruido y planes de acción. Esto viene motivado por el artículo 10.1 de la citada Ley donde describe las Zonas de servidumbre acústica: “Los sectores de l territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.” G ú o - El R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en su artículo 7.3 establece que: “3. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas.”. Respecto a la regulación autonómica la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears describe en su Artículo 2.2 Ámbito de aplicación y exclusiones, vuelve a excluir las infraestructuras portuarias de competencia estatal de su ámbito de aplicación: “2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley: a) Las infraestructuras portuarias y las aeroportuarias de competencia estatal, salvo que su propia normativa u otras normas específicas dispongan lo contrario.” A la vista de todo lo anterior, y en especial a la vista de la no obligatoriedad de la elaboración de los mapas de ruidos, se informa que a fecha de la solicitud la Autoridad Portuaria de Baleares no dispone del mapa de ruido del puerto de Maó y por lo tanto, tampoco de la correspondiente delimitación de las zonas de servidumbre acústica solicitada. No obstante, está en la planificación de esta Autoridad Portuaria dar comienzo en el presente ejercicio 2024 el inicio de la tramitación para la elaboración de los mapas de ruido del puerto de Maó, habiendo realizado ya los mismos para los puertos de Palma y Eivissa». 5.El 8 de agosto de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el mismo día en el que expone que: «Hoy, 8-8-2024 he recibido la notificación relativa al inicio del trámite de audiencia sobre el expediente 1263/2024. Que vistas las alegaciones presentadas por la parte reclamada y teniendo en cuenta que afirman no disponer de mapa de ruido, no hay objeto sobre el cual ejercer mi derecho de acceso a la información pública. A pesar de ello, la resolución de mi solicitud se ha hecho fuera del plazo legal y fuera de la ampliación del plazo». Por lo que solicita: «Dada la resolución extratempórea, solicito que se mi reclamación se admitida por motivos formales». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la copia digital del mapa de ruido realizado en el Puerto de Maó. El ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita a vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, pone de manifiesto que no existe la información cuyo acceso se solicita, al no ser obligatorio normativamente realizar un mapa del ruido del puerto mencionado. Concedido trámite de audiencia, el reclamante alega que no ha recibido la respuesta en plazo y solicita la estimación de la reclamación por motivos formales. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aunque extemporáneamente, la Administración ha resuelto la solicitud señalando que no existe la información pública cuyo acceso se pide, en los términos dispuestos en el artículo 13 LTAIBG; y el reclamante únicamente objeta el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez