Solicitud de convenios entre empresas y máster de la UCM dirigido por Begoña Gómez, y documentación sobre la prevención de conflicto de interés por parte de Presidencia del Gobierno

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 4 de junio de 2024 la reclamante solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a la noticia publicada en prensa relativa a que un portavoz de Moncloa preguntado por El Confidencial afirma que no considera que exista ningún conflicto de interés en los contratos firmados por Telefónica, Indra y Google con el Máster del cual es Directora Begoña Gómez, de Transformación Social Competitiva de la S/REF: 00001-00091513 N/REF: 1290/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Convenios firmados entre empresas y la UCM. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b Universidad Complutense de Madrid en la colaboración habitual que tienen estas mismas compañías con otras entidades educativas, SOLICITO: 1.- Copia de los convenios firmadas por dichas empresas y que Presidencia ha tenido ocasión de examinar al objeto de prevenir la existencia de conflicto de interés del Presidente del Gobierno con los intereses profesionales de su mujer. 2.-Dado el pronunciamiento efectuado por Moncloa, en el sentido de que no es la mujer del Presidente del Gobierno, Dª. Begoña Gómez, la firmante de los meritados acuerdos, señalando que se firmaron por otros responsables de la UCM, y dado que ello confiere a las manifestaciones realizadas condición de información pública adquirida por razón de su cargo solicito copia de la documentación recibida para realizar dicha comprobación e identidad de la persona o departamento al cual se dirigió la petición». 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 16 de julio de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4.Con fecha 16 de julio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 1 de agosto de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en el que se señala: «(…) La solicitud de acceso a la información pública recurrida fue resuelta y notificada a la interesada con fecha 31 de julio de 2024». En esta resolución, se acuerda la inadmisión de la solicitud en los siguientes términos: «(…)La Ley 19/2013 regula, en su artículo 12, el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma G ú o - norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública con relación a información existente, por cuanto que está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Determinado lo anterior, y en relación con la información solicitada, indicar que no obra en poder de este órgano documento o contenido que se corresponda con la información solicitada, por lo que al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso, procede la inadmisión a trámite de la solicitud». 5.El 2 de agosto de 2024, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 6 de agosto de 2024 en el que expone que: «En relación a las alegaciones presentadas, proceden en vía de alegaciones a manifestar que hubo una resolución en la que se concedió la información fuera del plazo legalmente establecido». Por lo que solicita: «Dejando constancia de lo manifestado procede por tanto la estimación con carácter formal sin más trámite». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a copia de los convenios firmados por Telefónica, Indra y Google con un máster de la Universidad Complutense de Madrid cuya directora es la mujer del Presidente del Gobierno. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita a vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, pone de manifiesto que por resolución de 31 de julio de 2024 se acordó la inadmisión de la solicitud al no existir la información cuyo acceso se solicita. Concedido trámite de audiencia, la reclamante alega que no ha recibido la respuesta en plazo y solicita la estimación de la reclamación por motivos formales. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aunque extemporáneamente, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ha resuelto la solicitud acordando su inadmisión por no existir información pública en los términos dispuestos en el artículo 13 LTAIBG; y la reclamante únicamente objeta el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez