Reclamación por falta de respuesta en plazo sobre vuelos militares a República Dominicana y actuaciones de la Presidencia del Gobierno

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 26 de marzo de 2024 la reclamante solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a las informaciones sobre viajes efectuados por aeronaves del ejército español desde el año 2021 a la República Dominicana que han sido publicados en S/REF: 00001-00088936 N/REF: 806/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Viajes realizados por aeronaves del ejército a la República Dominicana desde el año 2021. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b la página web “Falcon despega” y tras obtener confirmación oficial, mediante la solicitud de información 001-079356 y la ejecución de la resolución del CTBG 2023/1056 del número de vuelos realizados en las mismas fechas a la República Dominicana en un número muy considerablemente inferior, y ante la evidente y palmaria contradicción entre las cifras oficiales y las contabilizadas por el mencionado medio, SOLICITO: 1.- Actuaciones realizadas por el Presidente del Gobierno al tener conocimiento de dichos desplazamientos en orden a la averiguación de los motivos de tales viajes realizados sin un objetivo evidente. 2.- Actuaciones ordenadas por el Presidente del Gobierno, como autoridad pública competente, en aplicación de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, ante las noticias publicadas y recogidas por numerosas medios e incluso aludidas en sede parlamentaria, sobre el número de dichos vuelos a la República Dominicana que no se corresponden con la información oficial. 3.- Copia de las comunicaciones, solicitudes de rectificación o requerimientos realizados desde Presidencia del Gobierno al titular del dominio “Falcon despega” instando al cese de sus publicaciones dado que los datos en él publicados no coinciden con los certificados oficialmente, según el procedimiento seguido en la solicitud de información 001-79356 y la posterior ejecución de la RCTBG 2023/1056, así como copia de las respuestas recibidas en caso de que las hubiera habido». 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 6 de mayo de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «PRIMERO: Que en fecha 26 de marzo de 2024 se solicitó información a Presidencia del Gobierno cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. G ú o - SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa». 4.Con fecha 7 de mayo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 21 de mayo de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en el que se señala: «(…) La solicitud de acceso a la información pública recurrida fue resuelta y notificada a la interesada con fecha 13 de mayo de 2024». En esta resolución, se acuerda inadmitir a trámite la solicitud en los siguientes términos: «(…) La Ley19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, delimita el ámbito material del derecho de acceso a la información pública a partir de un concepto amplio, abarcando cualquier documento o contenido, pero, a su vez, acota el alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos: que la información obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en su alcance y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, los requisitos necesarios para que el derecho de acceso prospere enunciados en el párrafo anterior no concurren en este caso, motivo por el que se inadmite a trámite la solicitud presentada». 5.El 23 de mayo de 2024, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 5 de junio de 2024 en el que expone que: «En relación a las alegaciones presentadas por Presidencia, proceden en vía de alegaciones a reconocer que se contestó fuera de plazo». Por lo que solicita: «Dejando constancia de lo manifestado procede por tanto la estimación por carácter formal, por lo que solicitamos del CTBG una resolución estimatoria sin más trámite». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a los viajes realizados por aeronaves del ejército español a la República Dominicana desde el año 2021. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita a vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, pone de manifiesto que por resolución de 13 de mayo de 2024 se acordó la inadmisión de la solicitud por no versar sobre información pública en los términos previstos en el artículo 13 LTAIBG. Concedido trámite de audiencia, la reclamante alega que no ha recibido la respuesta en plazo y solicita la estimación de la reclamación por motivos formales. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aunque extemporáneamente, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ha resuelto la solicitud acordando su inadmisión por no existir información pública en los términos dispuestos en el artículo 13 LTAIBG; y la reclamante únicamente objeta el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez