Solicitud de inversión publicitaria de ENISA en 2023 y beneficiarios finales, resuelta con estimación de la reclamación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de marzo de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «¿A cuánto ascendió la inversión publicitaria que ENISA hizo en medios de comunicación en el año 2023? ¿Qué empresas se beneficiaron de esa inversión? ¿Qué cantidad de dinero recibió cada una de ellas?» 2.Con fecha 4 de abril de 2024 el citado Ministerio dictó resolución expresa en la que acordó conceder la información solicitada en los siguientes términos: S/REF: 00001-00088573 N/REF: 555/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Inversión publicitaria de ENISA R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b «La información requerida relativa a la inversión publicitaria de ENISA en medios de comunicación está disponible en el portal de contratación del Estado. El artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece sobre la información disponible que, “si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. En este sentido, la regulación de la contratación del sector público se encuentra recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.” Esta Ley establece para los órganos de contratación del sector público, una plataforma electrónica que permite la difusión a través de internet de sus perfiles contratantes (art. 347). La Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre establece que: Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. El Criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “Criterio 8/2015: Aplicación DA 1ª sobre regulaciones especiales del derecho de información”, establece en sus conclusiones que: La aplicación de la Disposición adicional primera, párrafo 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, requiere la existencia de una norma que prevea una regulación propia de acceso a la información. Y, en este sentido, opera la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público G ú o - 1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley. 2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España. La información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares abiertos adoptados a nivel internacional {…} 5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los órganos de las Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet. {…} En virtud de lo anterior, se resuelve facilitar la información requerida: La información requerida relativa a la inversión publicitaria que ENISA realizó en medios de comunicación en el año 2023, empresas que se beneficiaron y cantidades recibidas, es pública y, conforme a la normativa indicada anteriormente, se puede consultar en el Portal de Contratación del Estado. Dicha información se encuentra en el siguiente enlace: Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) No obstante, para facilitar la búsqueda se facilitan los siguientes parámetros: 3.Mediante escrito registrado el 4 de abril de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «Le he pedido los contratos de inversión publicitaria y me han contestado que los busque yo con unas instrucciones muy escuetas en el portal de contratación, cuando me es imposible identificar los contratos por sus nombres, tampoco por la cantidad que hay, y especialmente porque estos contratos se dan empresas de publicidad y no se desglosan las empresas finales que reciben esta publicidad. He hecho solicitudes similares y me han dado la respuesta sin ningún problema.» 4.Con fecha 5 de abril de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 18 de abril de 2024 tuvo entrada en este Consejo, junto al expediente, escrito en el que se señala lo siguiente: “ALEGACIONES Uno. Uno. Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado. (Se reiteran los argumentos de la resolución de 4 de abril de 2024 ya reproducidos). «Dos. Relaboración de la información El artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece entre las causas de inadmisión las “Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. La persona interesada requiere que este órgano reelabore la información que solicita, cuando esta ya se encuentra disponible para todos los ciudadanos en la Plataforma de Contratación del Estado, conforme establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Tres. Facilidad de acceso a la información. El Criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “Criterio 9/2015: Actuación del órgano o unidad cuando se solicite información ya objeto de publicidad activa”, se establece que: [..] Página 5de 1212 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AAI En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionar a la información de publicidad activa, siempre que, la información satisfaga totalmente la información solicitada,pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos ni de sucesivas búsquedas Si bien el criterio indica que la remisión se haga de forma inequívoca, rápida y directa, no escapa al sentido común que la Plataforma de Contratación del Estado no puede llevar directamente lo que pide cada interesado, este puede acceder a la información en las sucesivas pantallas de la Plataforma con las indicaciones que se le brindan. La Plataforma contiene los expedientes de cada licitación en su integridad. Toda la información está a disposición del ciudadano. No obstante, para facilitar el acceso a la información requerida, esta SEI ha procedido a revisar los datos que permitan redireccionar al ciudadano a la misma y, pueda servir de guía de ayuda para esta o futuras peticiones. CONCLUSIÓN Uno. Instrucciones detalladas de acceso a la información: Toda la información susceptible de publicarse conforme establece la normativa en vigor, está publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, donde se puede consultar. Asimismo, para cada uno de los expedientes de contratación, está disponible la información completa de dicho expediente. No obstante, de cara a facilitar la búsqueda de los datos, se procede a detallar más exhaustivamente los pasos necesarios para acceder a la misma. El enlace del portal de la Plataforma de Contratación del Estado es el siguiente enlace: . , -20 4#.%=%1. 0.646.6 Žƒ 27 5 , %0.4 –Sector Público OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ESTATALES Ministerio de Industria y Turismo ENISA. # ,%+ . , 061. 754Ž„ < 24 4 . , 2#%.„ Pulse en: “Consejo de Administración de Empresa Nacional de Innovación S.M.E., S.A. (ENISA)” En la siguiente pantalla, pulse en “Licitaciones”: Aparecen otras opciones de búsqueda donde es posible filtrar por otros criterios más avanzados: Entre los criterios de búsqueda puede elegir, por ejemplo, como “Objeto del contrato”: el texto “publicidad”: Al hacer la correspondiente búsqueda podrá ver filtrados diversos contratos de la Entidad ENISA: Página 7de 1212 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AAI Al pulsar en uno de los expedientes, puede acceder a la información íntegra del expediente, donde puede consultar toda la información relativa a cada contrato, que está a disposición de todos los ciudadanos: Dos. Portal de transparencia de la Entidad ENISA Asimismo, se informa que, en aras de una mayor transparencia, ENISA dispone de un portal propio específico de Transparencia, donde publica todos los datos de contratación: También se puede acceder desde la página de inicio del portal de Enisa www.enisa.es27,5.0 .  574 .%5Ž “Transparencia”: Por otro lado, también están disponibles en este portal los informes anuales de la Entidad con los gastos a las partidas. Se puede acceder desde la página de inicio Página 8de 1212 del portal de Enisa www.enisa.es27,5.0 .  574 .%5Ž 7 564 Organización”.» 5.5.El 19 de abrilde 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentessin que, a fecha de elaborarse esta resolución,se haya recibido contestación. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c)de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d)del Real Decreto 615/2024, de 2de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocerdedelas reclamaciones que, en aplicación delartículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.2.La LTAIBGreconoce en susuartículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en elelartículo 13,«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBGdelimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y5 ;6% . 600 6%20 formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance,exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinanla naturaleza “públicaŽ ,5 %."04-%0. 5„ ‰Š 37 5 .7 .64 . en poderŽ ,#7.0 de los sujetos obligadosƒ < ‰Š 37 $<. 5%0 ,045 7 06 .%5 en el ejercicio de sus funcionesŽ‚ Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a 3838 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre la inversión publicitaria que hizo ENISA en medios de comunicación en el año 2023 con indicación de las empresas beneficiarias y la cantidad recibida por cada una de ellas. El Ministerio resolvió alegando la existencia de una normativa específica contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y remitiendo a lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con invocación del artículo 22.3 LTAIBG. Posteriormente, en la fase de alegaciones de este procedimiento, tras reiterar los argumentos esgrimidos en la resolución y, hacer referencia a la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG, reproduce lo indicado por este Consejo en su Criterio interpretativo 9/2015 acerca de los requisitos que se han de cumplir para conceder el acceso a la información ya publicada conforme a lo previsto en el artículo 22.3 LTAIBG y facilita una serie de detalladas instrucciones sobre cómo localizar en la Plataforma de Contratación los contratos de publicidad celebrados por ENISA. Adicionalmente, señala que todos los datos de contratación están disponibles en el Portal de Transparencia de la entidad e indica cómo se puede acceder al mismo. 4. Entrando en el análisis de las cuestiones suscitadas, lo primero que procede aclarar es que, como este Consejo ha declarado en múltiples ocasiones, la LCSP no contiene una normativa específica que desplace la LTAIBG en virtud de lo previsto en la Disposición adicional primera. En este sentido, hay que volver a recordar que ya en el Criterio Interpretativo 8/2015 se concluye que solo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa no son de aplicación directa las normas de la LTAIBG y operan como normas supletorias. Y este entendimiento ha sido refrendado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558), en la que establece la siguiente doctrina, reproducida en varias posteriores: «El desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por lo tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse». Basta con la mera lectura de los preceptos invocados de la LCSP para apreciar que en ellos no se establece una regulación alternativa y autónoma del acceso a la información pública, sino un régimen específico de publicidad de los contratos del sector público, que es algo bien distinto. En consecuencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información sobre contratación pública se ha de regir enteramente por lo establecido en la LTABG. 5. En cuanto a la posibilidad de remitir a lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, también existen reiterados pronunciamientos de este Consejo en los que se subraya que la mera remisión genérica a un portal, sede electrónica o página web no es suficiente para satisfacer el derecho de acceso con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3 LTAIBG, sino que la remisión ha de ser precisa y llevar de forma inequívoca y directa a la información solicitada, tal y como se indica en el Criterio interpretativo 9/2015. La fórmula genérica de remisión que emplea el Ministerio en su resolución resulta por tanto inadecuada para este fin. No ocurre lo mismo con la incorporada al escrito de alegaciones tras reparar en lo señalado en el Criterio interpretativo 9/2015 pues, en esta ocasión, se proporciona una explicación detallada -e ilustrada con imágenes- de los pasos a seguir para localizar la información sobre los contratos de publicidad licitados por la entidad que cumple con los estándares exigidos por este Consejo. De hecho, ha validado fórmulas similares en otros supuestos. Sucede sin embargo que, en este caso, la información a la que se puede acceder a través de la Plataforma de Contratación no coincide con la solicitada. No se pide la información y los documentos de los contratos de publicidad celebrados por ENISA en el año 2023, sino la inversión publicitaria que hizo ENISA ese año en medios de comunicación, con indicación de las empresas beneficiarias y la cantidad recibida por cada una de ellas. Y, a través de la Plataforma de Contratación, únicamente se puede acceder a información sobre los contratos de publicidad celebrados con indicación del importe de los mismos y de las agencias de publicidad adjudicatarias, pero no a cuáles han sido las empresas de medios de comunicación beneficiarias y la cantidad obtenida por cada una de ellas. 6. Sentado lo anterior es pertinente recordar también que existe una consolidada doctrina de este Consejo sobre la cuestión aquí abordada, habiendo declarado al respecto que «el acceso a la información objeto de controversia tiene un indudable interés público y entronca directamente con los fines de rendición de cuentas y control ciudadano de las actuaciones de los poderes públicos a los que sirve la legislación de transparencia. Revelar el destino concreto de los gastos en publicidad institucional y anuncios oficiales realizados por una administración con cargo a sus presupuestos es una parte inescindible de las obligaciones de transparencia de las instituciones para posibilitar que la ciudadanía pueda conocer “cómo se manejan los fondos públicos” y someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. Premisa que, además, ha sido remarcada por el propio legislador al identificar a la transparencia como uno de los principios a los que han de ajustarse las campañas institucionales de publicidad y comunicación, según se declara en el artículo 3.4 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.» (R CTBG 251/2023, de 17 de abril de 2023, reiterada posteriormente en varias ocasiones, entre otras en las R CTBG 135/2024, de 6 de febrero de 2024 y R CTBG 390/2024, de 8 de abril de 2024). Y en conexión con ello, en las mencionadas resoluciones ha concluido que procede conceder el acceso a «la información sobre los medios de comunicación destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales debe obrar en poder de la Administración. Así se desprende de lo dispuesto en el Acuerdo Marco 50/2020 para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional [vigente en el momento de realizarse las contrataciones de 2023, dado que el actual AM 50/2023 entró en vigor el 19 de diciembre], de sus instrucciones de aplicación y del Pliego de Prescripciones Técnicas que imponen la comprobación, al cierre del contrato, de que se ha efectuado la inversión acordada en cada medio, de acuerdo con el plan de medios que fue aportado por la empresa adjudicataria y cuya conformidad debe declararse por la Secretaría de Estado de comunicación. Lo anterior se lleva a cabo mediante la aportación del plan de medios de cierre (con informe de inversión) y de los justificantes de emisión de campaña.» 7. Aplicando la doctrina precedente al presente supuesto, procede reconocer el derecho de acceso y estimar la reclamación dado que no se aprecia la concurrencia de ningún límite que dificulte o impida el acceso la información solicitada, constándole a este Consejo que la misma ya ha sido facilitada por otros departamentos ministeriales y organismos públicos. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: «¿A cuánto ascendió la inversión publicitaria que ENISA hizo en medios de comunicación en el año 2023? ¿Qué empresas se beneficiaron de esa inversión? ¿Qué cantidad de dinero recibió cada una de ellas?» TERCERO: INSTARal MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez