Reclamación por falta de respuesta en plazo sobre actuaciones de control de legalidad de la Comarca de Sobrarbe

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de febrero de 2024 el reclamante presentó escrito ante la Subdelegación del Gobierno de Huesca (MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA) solicitando su actuación de control de la legalidad con arreglo a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como determinada información al amparo Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), en los siguientes términos; : S/REF: N/REF: 522/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Actuación Subdelegación del Gobierno según sus competencias en materia de régimen local. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b «Asunto: CONTROL LEGALIDAD SOBRARBE. RPT 2024 Y PRESUPUESTO DE 2024 Expone: Que con fecha 17 de enero de 2024 y n.º registro fin de solicitar el ejercicio del preceptivo control de la legalidad de los acuerdos de la Comarca de Sobrarbe en relación con su RPT Y PRESUPUESTOS, aportando documentación justificativa de esta petición. Que mediante el presente escrito se amplía el contenido y se aporta documentación que constata las irregularidades llevadas a cabo al respecto de la CREACION DE PLAZAS, APROBACION DE RPT, APROBACION DE PRESUPUESTO, INEXISTENCIA DE PUBLICIDAD ACTIVA, DOTACION ECONOMICA, APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS Solicita: La actuación de la SUBDELEGACION DE GOBIERNO conforme a las competencias que le son propias derivadas de la legislación en materia de régimen local y su comunicación a esta parte.» Dicha solicitud se acompaña de escrito en el que amplía y detalla el contenido de su pretensión en los siguientes términos: «PRIMERO: Que con fecha 17 de enero de 2024 y n.º registro fin de solicitar el ejercicio del preceptivo control de la legalidad de los acuerdos de la Comarca de Sobrarbe en relación con su RPT Y PRESUPUESTOS, aportando documentación justificativa de esta petición, y sin que se haya recibido respuesta alguna hasta el momento. Mediante el presente escrito se amplía el contenido y documentación ya presentada. SEGUNDO: Que con fecha 30 de enero de 2024 la Comarca de Sobrarbe publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca aprobando definitivamente su Presupuesto y Plantilla para el ejercicio 2024, pero a continuación con fecha 1 de febrero de 2024 publicó un nuevo anuncio anulando dicha aprobación definitiva, por lo que en el momento actual dicha Comarca se encontraría funcionando bajo prórroga del presupuesto de 2023. TERCERO: Que en la misma sesión del Consejo Comarcal de 3 de enero de 2024 en que se aprobó inicialmente el Presupuesto y la Plantilla para 2024 ahora anulados, G ú o - se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Comarca de Sobrarbe que fue publicada en el BOPH de fecha 8 de enero de 2024. CUARTO: Falta de contenido económico de la RPT. (…) QUINTO: Que (…), la Comarca de Sobrarbe ha procedido a publicar el Acta de la Sesión del Consejo Comarca extraordinario de 3 de enero donde se aprobaron tanto la RPT como el Presupuesto y la Plantilla para el ejercicio 2024. (…). SEXTO: Que de ambos documentos se desprende lo siguiente: • La RPT aprobada el 3 de enero de 2024 NO SE ENCUENTRA en el Acta del Consejo Comarcal, como debería. SÉPTIMO: Pago de incrementos salariales sin consignación presupuestaria. (…) OCTAVO: Falta de adecuación de los incrementos salariales de RPT y Presupuesto la LPGE. (…). NOVENO: Falta de adecuación a la Tasa de Reposición de efectivos públicos. (…). DECIMO: Desviación de poder relacionada con la amortización del puesto de gerente. (…) DECIMOSEGUNDO: Que todo lo expuesto y acreditado en este documento en relación al Presupuesto, Plantilla y RPT de la Comarca de Sobrarbe, debe ser objeto de control de la legalidad por parte de esa Subdelegación del Gobierno conforme a lo establecido en la legislación de régimen local, como conoce esa Subdelegación. DECIMOTERCERO: Que esta parte se ha dirigido a esa Subdelegación en innumerables ocasiones, solicitando se le diera traslado de la información y actuaciones derivadas de sus escritos, tanto en su condición de interesada como con arreglo a lo dispuesto en la legislación de transparencia. Se adjunta como DOCUMENTO 4 Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España en un supuesto de solicitud de control de legalidad en relación a la RPT de una entidad local por parte de un ciudadano, en la que el CTBG resuelve lo siguiente: (…)» Que por todo lo expuesto SOLICITA: La URGENTE INTEVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMARCA DE SOBRARBE EN MATERIA DE PRESUPUESTOS, PLANTILLA Y PERSONAL, todo ello con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y demás normativa concordante, INFORMANDO A ESTA PARTE de las actuaciones que se lleven a cabo por esa Administración, conforme a lo dispuesto en la normativa sobre transparencia y acceso a la información de las Administraciones Públicas.» [Acompaña resolución de este Consejo R/697/2018, de 14 de febrero de 2019] 2.Mediante escrito registrado el 30 de marzo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 LTAIBG, en la que pone de manifiesto lo siguiente: «2.- Que como recoge dicho escrito, esta era la segunda ocasión en la que esta parte se dirigía a esta Subdelegación con esta misma solicitud, habiendo remitido esta solicitud anteriormente (escrito de fecha 17 de enero de 2024 y n.º registro Que habiendo transcurrido el plazo para la contestación de la solicitud de acceso a la información contenida en el DOCUMENTO 1 adjunto de fecha 18 de febrero de 2024, entendiéndose desestimada por silencio administrativo, dentro del plazo máximo de 1 mes previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para formular reclamación ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, mediante el presente escrito esta parte: Presenta ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reclamación de derecho de acceso a la información frente a la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Huesca, en cuanto a la solicitud de información a esta parte de las actuaciones llevadas a cabo en el control de la legalidad de los acuerdos de la Comarca de Sobrarbe con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y demás normativa concordante.» 3.Con fecha 2 de abril de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 18 de abriltuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «(…)Los dos escritos presentados ante la Subdelegación del Gobierno en Huesca son una petición a esa Subdelegación para que intervenga, en la forma que la solicitante exige, en relación con acuerdos adoptados por la Comarca de Sobrarbe, y para que le informe de las actuaciones que lleve a cabo como consecuencia de esa petición, en su calidad de interesada. El contenido de estos escritos no permite considerarlos como solicitudes de derecho de acceso a la información en los términos del artículo 12 de la LTAIBG, sino como escritos de carácter general, en la medida en que en los mismos no se solicita información pública, según la definición que se recoge en el artículo 13 de la LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La peticionaria no solicita un contenido o documento que obre en poder de la Subdelegación del Gobierno en Huesca y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, sino que pide a ese organismo que realice actos futuros, consistentes en una determinada y expresa intervención en relación con otra Administración Pública (entidad local), lo cual excede los límites del derecho de acceso a la información pública. El CTBG ha indicado en diferentes resoluciones que la LTAIBG define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, que está en posesión del organismo que recibe la solicitud, por lo que las solicitudes de acceso no se pueden referir a contenidos o documentos que haya que elaborar expresamente para contestar cuestiones o realizar interpretaciones a petición de los solicitantes. Tampoco se pueden referir a actuaciones futuras que la Administración deba realizar a petición del solicitante. Así, la resolución R/0276/2018 del CTBG indica lo siguiente: “(…) atendiendo altenor literal de la solicitud, la misma se orientaría a obtener una respuesta elaborada ex profeso por parte del referido organismo a la cuestión planteada por el interesado. (…) el derecho de acceso a la información pública, en la configuración efectuada por la LTAIBG, no ampararía la posibilidad de obtener una respuesta expresamente elaborada o informe ad hoc frente a cuestiones formuladas, como sería el caso que nos ocupa, puesto que lo anterior daría lugar a actos futuros, entendidos estos como aquellos que deben producirse en virtud de la petición que se formule”. Adicionalmente, el CTBG menciona lo siguiente en su resolución R/0418/2018: “(…) las consultas de interpretación jurídica como la presente, en las que se pretende conseguir respuesta a una duda originada por una determinada interpretación legal, deben ser resueltas elaborando expresamente un informe o respuesta aclaratoria de la cuestión que no existe en el momento en que se solicita, por lo que no alcanza la condición de información pública, en los términos definidos por el precitado artículo 13 de la LTAIBG”. Por todo lo indicado, desde el punto de vista procedimental no se consideraron los escritos como solicitudes de derecho de acceso a la información pública en los términos del artículo 12 de la LTAIBG, sino que se consideraron como unas solicitudes de carácter general. Segunda. Tratamiento dado a las dos solicitudes generales recibidas por la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Una vez aclarada la naturaleza jurídica de los escritos presentados por la reclamante (solicitudes generales) es necesario destacar, además, que la Subdelegación del Gobierno en Huesca realizó las siguientes actuaciones: • En relación con el escrito recibido en dicha Subdelegación el 18 de enero de 2024, firmado el 17 de enero de 2024, la Subdelegación dio traslado del escrito a la Comarca de Sobrarbe el 19 de enero de 2024 y se informó por escrito el 20 de febrero de 2024 a la interesada, a través de su representante, de ese traslado (anexos 2 y 3). • En relación con el escrito recibido en la Subdelegación del Gobierno en Huesca el 19 de febrero de 2024, firmado el 18 de febrero de 2024, esa Subdelegación solicitó el 25 de marzo de 2024 a la Comarca de Sobrarbe información complementaria sobre diferentes extremos, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Igualmente, se informó por escrito el 25 de marzo de 2024 a la interesada, a través de su representante, de que se ha solicitado ampliación de información a la Comarca (anexos 4 y 5). Por ello, adicionalmente a las mencionadas consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los escritos presentados, se deja constancia de que no son fundadas las alegaciones formuladas por la interesada en su reclamación, en las que indica que no ha recibido respuesta a los escritos y afirma que es inexistente la contestación a la solicitud de actuación. Estas respuestas deben entenderse, no obstante, en el marco de la obligación general de la Administración de responder a las solicitudes de la ciudadanía, pero no como acceso a la información pública con arreglo a la LTAIBG.» 4.El 22 de abril de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 13 de mayoen el que señala: «En cuanto al escrito de esta parte de fecha 17 de enero de 2024 (…) El escrito de contestación de la Subdelegación de fecha 19 de febrero de 2024 también incorporado al expediente por la Dirección General de la AGE en el Territorio, tenía un carácter escueto, confuso y que no respondía a lo solicitado, por lo cual esta parte solicitó una aclaración, a la vez que el acceso a la información sobre lo actuado por la Subdelegación hasta ese momento. Este escrito no ha sido incorporado al parecer en las alegaciones de la Dirección General de la AGE en el Territorio, por lo que se adjunta como DOCUMENTO 1. (…)En la alegación de la Dirección General de la AGE en el Territorio sobre la naturaleza jurídica de las solicitudes de esta parte, se les niega el carácter de solicitudes de derecho de acceso a la información pública en los términos de la LTAIBG por considerar que las mismas solicitan la realización de actos futuros, consistentes en una intervención en relación con otra Administración Pública. Sin embargo, lo que se solicitaba en el escrito objeto de esta reclamación (la solicitud dirigida por esta parte a la Subdelegación del Gobierno con fecha 18 de febrero de 2024) era el acceso a la información sobre actuaciones que ya se habían solicitado previamente (con fecha 17 de enero de 2024), que habrían sido ya ejecutadas por la Subdelegación, y que deberían obrar en el expediente, por lo que esta parte tendría derecho a solicitar información sobre la situación de las mismas. (…) Precisamente en el escrito de 18 de febrero de 2024 presentado ante la Subdelegación del Gobierno solicitando información sobre lo actuado desde la remisión del escrito de 17 de enero y otra información, se hacía referencia a la Resolución del CTBG 697/2018 de fecha 13 de febrero de 2019, en el cual el CTBG declaraba en este mismo supuesto (solicitud de información al reclamante sobre las actuaciones realizadas por una Subdelegación dentro de un procedimiento de control de acuerdos de Entidades Locales en el que ostenta competencias exclusivas), que contrariamente a lo alegado por el Ministerio, esta solicitud puede considerarse enmarcada en el ejercicio del derecho de acceso a la información regulado en la LTAIBG. (…) B) Solicitud de acceso a la información de fecha 18 de febrero de 2024: la Subdelegación no había contestado a este escrito pasado un mes, por lo que seguía sin facilitar la información sobre sus actuaciones en cuanto al control de la legalidad de los actos de la Administración Local conforme al procedimiento del art. 65 y concordantes de la LBRL, que le habían sido solicitadas en el escrito de 17 de enero de 2024. Por ello esta parte interpuso la reclamación ante el CTBG con fecha 30 de marzo de 2024, señalando que a esa fecha no habíamos recibido contestación por parte de la Subdelegación a nuestra solicitud de acceso a la información de 18 de febrero de 2024, lo cual era absolutamente cierto. La Subdelegación niega este hecho alegando que contestó con fecha 25 de marzo de 2024. Pero lo cierto es que como ya hizo con su anterior contestación, la Subdelegación del Gobierno no comunicó este escrito de forma electrónica a esta parte, tal y como tenía la obligación legal de hacer, sino que lo volvió a enviar por correo postal ordinario, de forma que esta parte no lo recibió hasta el 4 de abril de 2024.» El reclamante acompaña justificante de registro (de 5 de marzo de 2024) y copia del documento dirigido al ministerio en el que especifica su elección de la vía telemática para sus comunicaciones, y reitera su solicitud de información en los siguientes términos: «En consecuencia, la Subdelegación del Gobierno no facilitó a esta parte el acceso a la información solicitada en tiempo y forma, por lo que la reclamación ante el CTBG está totalmente motivada. Por otra parte, ninguna de las dos contestaciones recibidas por esta parte, la primera con fecha 28 de febrero de 2024, a la que se solicitó aclaración por no responder a lo solicitado, y la segunda con fecha 4 de abril de 2024 tras haber formulado la reclamación ante el CTBG, responden a lo solicitado por esta parte en relación al control de la legalidad de los acuerdos de la Administración Local previsto en el art 65 de la Ley de Bases de Régimen Local.» II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el ejercicio, por parte de la Administración General del Estado, de las funciones de control de la legalidad que le atribuye el artículo 64 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como la información sobre las actuaciones que se hayan llevado a cabo conforme a las competencias que le son propias derivadas de dicha norma La solicitante entendió desestimada su solicitud por silencio e interpuso la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. En fase de alegaciones el Ministerio pone en conocimiento de este Consejo que calificó la solicitud como una petición o escrito de carácter general ya que, a su juicio, no tiene encaje en el concepto de información pública, puesto que lo pretendido no es un contenido o documento, sino la realización de una actuación concreta por parte de la Administración. Añade, en cualquier caso, que procedió a solicitar a la Comarca de Sobrarbe información complementaria sobre diferentes extremos, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, informando de ello al reclamante. 3.Sentado lo anterior, no puede desconocerse que, ciertamente, la pretensión principal de los escritos presentados por el reclamante (tanto en enero como en febrero de 2024) es la de que la Administración General del Estado ejerza sus funciones de control de legalidad de los acuerdos adoptados por la Comarca de Sobrarbe en materia de presupuestos y RPT. Sin embargo, también es cierto que en el suplico de solicitud de 18 de febrero de 2024 (de la que trae causa esta reclamación) se añade la pretensión de que se le informe de las actuaciones que se lleven a cabo por esa Admiración y es la ausencia de respuesta a esta concreta petición la que constituye el objeto de esta reclamación. Desde la perspectiva apuntada, entiende este Consejo que esa segunda pretensión sí tiene encaje en la noción de información pública que se recoge en el artículo 13 LTAIBG, pues se trata, en caso de existir, de un contenido que obra en poder de la Administración requerida referido al hecho de si se ha ejercitado o no una determinada potestad atribuida legalmente. 4.Reconocido el carácter de información pública de parte de lo reclamado, resulta claro que el ministerio no respondió en el plazo máximo legalmente establecido, habiéndose alegado que la demora se debió a la calificación de la solicitud como una consulta o escrito general cuyo plazo de resolución es superior a un mes. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante, no puede desconocerse que, aun de forma tardía, el Ministerio ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo; en particular, que en fecha 25 de marzo se procedió a solicitar a la Comarca de Sobrarbe información complementaria sobre diferentes extremos, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. El propio reclamante en sus alegaciones reconoce implícitamente haber recibido dicha información cuando manifiesta: «la Subdelegación del Gobierno no facilitó a esta parte el acceso a la información solicitada en tiempo y forma, por lo que la reclamación ante el CTBG está totalmente motivada», manifestando a continuación que faltaría por responder a lo solicitado «en relación al control de la legalidad de los acuerdos de la Administración Local previsto en el art 65 de la Ley de Bases de Régimen Local», esto es, el requerimiento de actuación material de control de legalidad, cuestión esta que no figura en la reclamación y que además, como se ha indicado, resulta ajena al ámbito del derecho de acceso a la información. 6.En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto y tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por MEMORIA DEMOCRÁTICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez