Reclamación por acceso a documento de cobro de crédito judicial a favor de la Armada Española desestimada por inexistencia de la información

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 12 de febrero de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «De acuerdo con la información disponible, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ferrol (A Coruña), mediante resolución de 17 de mayo de 2000 emitida en el procedimiento judicial 351/1999, reconoció a favor de la Armada Española la cantidad de 475'33 euros. Sin embargo, no consta que la Administración haya procedido al cobro de la misma, salvo que, en su caso, a falta de confirmación y con respeto a la presunción de inocencia de todas las personas, pudiese haberse librado S/REF: 00001-00086897 N/REF: 495/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Documento de cobro en procedimiento judicial. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b dicha cantidad a alguien desde la cuenta del órgano judicial, sin producirse la baja del crédito en la Cuenta General de Depósitos y Consignaciones, generando así la ficticia apariencia de la falta de cobro, tras la que podría esconderse, en su caso, una apropiación indebida que quedaría impune tras la declaración del crédito en presunción de abandono, siempre que, efectivamente, se pudiera confirmar que esto haya podido suceder así, ya que no es lógico que el Juzgado reconozca a favor de la Armada Española una cantidad dineraria y que la Administración militar no conozca este hecho ni haya reclamado, en su caso, el cobro de la misma. Mucho menos lógico es que el Juzgado no haya podido notificar su resolución a alguien cuyo domicilio es tan público y notorio como la Armada Española. En consecuencia, solicito acceso al documento de cobro de dicha cantidad o, en su caso, al documento de renuncia a dicho crédito judicial por parte de la Administración militar». 2.Mediante resolución de 22 de marzo de 2024 el citado ministerio señala lo siguiente: «(…)se considera que procede CONCEDER el acceso a la información que consta en la Armada sobre la solicitud realizada por (…): No existe constancia de la resolución citada ni de sus efectos en los archivos de la Armada, ni se ha podido acceder a sus términos concretos tras haber consultado sobre el procedimiento al juzgado n. 1 de primera instancia de Ferrol, a quien tampoco le consta en sus archivos». 3.Mediante escrito registrado el 25 de marzo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto su disconformidad con la resolución recibida y señalando lo siguiente: «(…)Sorprendentemente se resuelve concediéndome acceso a la información interesada, pero afirmando que no se tiene constancia de la resolución judicial reconocedora del crédito dinerario a favor de la Armada y, mucho más sorprendente, que tampoco se tiene constancia de la misma en el propio Juzgado. Esto es un contrasentido con lo que consta publicado oficialmente (…), lo que da idea, una vez más, del descontrol caótico sobre los fondos públicos reconocidos al Estado (…)». 4.Con fecha 25 de marzo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la G ú o - solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 26 de abril de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «Se confirma la información a la que ya se ha dado trámite desde esta unidad como contestación a la pregunta recibida del apartado Segundo y emitida por resolución según el apartado Tercero, no existe constancia de la resolución citada ni de sus efectos en los archivos de la Armada, ni se ha podido acceder a sus términos concretos tras haber consultado sobre el procedimiento al juzgado n1 de primera instancia de Ferrol, a quien tampoco le consta en sus archivos». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al documento de cobro de cantidad reconocida a la Armada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ferrol (A Coruña) o, en su caso, al documento de renuncia a dicho crédito judicial. El Ministerio de Defensa resuelve la solicitud informando de que no tiene constancia de la resolución del Juzgado de Primera Instancia 1 de Ferrol y que, consultado dicho juzgado, tampoco ha sido localizada en sus archivos. En este caso, la solicitud se basa en la información publicada en el anuncio del Ministerio de Justicia (sección V. B, dedicada a «otros anuncios oficiales») del BOE de 12 de febrero de 2024; en particular, la «Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia sobre la prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales», por la que se pone en conocimiento de las personas reseñadas en el mismo las cantidades ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales de las que son beneficiarias, indicando que el Ministerio de Justicia va a proceder a ordenar su ingreso al Tesoro Público, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.6 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. Lo que se recoge en el BOE es el anuncio previsto en la normativa que regula esta materia, el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depósitos y consignaciones judiciales, en metálico, de efectos o valores, que en su artículo 14.6 establece que «(t)ranscurrido el plazo para que los fondos de esta cuenta se consideren abandonados por sus titulares, el Ministerio de Justicia ordenará su ingreso al Tesoro Público, previo anuncio de prescripción de depósitos a favor del Estado, el cual tendrá el carácter de resolución de inserción obligatoria, a efectos de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, sobre Ordenación del Boletín Oficial del Estado». Tal y como se recoge en el anuncio publicado en el BOE, si en el plazo de un mes a contar desde su publicación no se ha presentado reclamación alguna en el órgano judicial correspondiente, se declararán abandonadas a favor del Estado y prescritas las cantidades consignadas. 4.Sentado lo anterior, debe tomarse en consideración que, a la vista de la solicitud de acceso, el órgano competente ha actuado con la diligencia debida, pues ha verificado si la información obra en su poder y, al no ser así, ha solicitado la información al Juzgado de referencia, en cuyos archivos tampoco se ha localizado. Por otro lado, no puede desconocerse que le hecho de que en la resolución del Ministerio de Justicia publicada en el BOE se identifique el procedimiento 17-0351- 99, del Juzgado de Primera Instancia 1 de Ferrol, en el que se declara a la Armada Española, como beneficiario de 475,33 euros el 17 de mayo de 2000, evidencia que el beneficiario no ha cobrado dicha cuantía (por lo que no existe documento de cobro) y que, esta, en consecuencia está ingresada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y se va a proceder a su ingreso en el Tesoro Público. 5. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto procede la desestimación de la reclamación ya que se ha proporcionado toda la información que obra en poder del ministerio reclamado; y, por otra parte, se ha constatado que, por la publicación en el BOE, era de conocimiento público (y también del reclamante) que no se había producido el cobro por parte de la beneficiaria así como que, salvo reclamación, se va a ordenar su ingreso en el Tesoro Público. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA, de fecha 22 de marzo de 2024. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez