Reclamación por denegación de acceso a la información sobre las causas de dilación en la ejecución de una sentencia de inhabilitación docente

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 7 de marzo de 2024 el reclamante solicitó al entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Por sentencia de 21 de enero de 2014, declarada firme el 10 de marzo de ese año, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de desestimó el recurso de apelación interpuesto por […] contra la sentencia de de 2023 del Tribunal del Jurado, en la causa , procedente del sumario instruido por el Juzgado de Instrucción de en la que se le condenó, de S/REF: 00001-00088086. N/REF: 512/2024. Fecha:La de firma. Dirección: DEPORTES. Información solicitada: Ejecución de sentencia. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b conformidad con el veredicto del Jurado, como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, a la pena de 18 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de violencia habitual en el ámbito familiar a la pena de 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación para la tenencia y porte de armas por un periodo de 4 años, como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito familiar a la pena de 10 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación al derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 2 años, como autor de un delito de amenazas en el ámbito familiar la pena de 10 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 2 años, así como al abono de las costas procesales, incluidas las devengadas por la acusación particular. Sin embargo, la Administración no dispone ejecutar dicha sentencia firme, en lo que se refiere a la pena de inhabilitación absoluta, declarando la pérdida de la condición de funcionario docente del condenado, como profesor de Enseñanza Secundaria que conste haberse declarado, en su caso, la caducidad del procedimiento. En consecuencia, solicito acceso a la información pública en la que consten las causas que han motivado dicha dilación de diez años para ejecutar la referida sentencia firme.» 2.El MINISTERIO requerido dictó resolución de fecha 26 de marzo de 2024 con el siguiente contenido: «(…)En primer lugar, recordar, a modo de contextualización, que tras las transferencias en materia educativa, el único ámbito de gestión territorial de este Ministerio en enseñanza no universitaria son las Ciudades Autónoma de Ceuta y Melilla, por tanto, la gestión ordinaria del personal docente es competencia de su correspondiente Administración educativa, en este caso la Comunidad Autónoma de . De hecho, como se indica en los antecedentes de la mencionada Consejería de de la G ú o - Comunidad Autónoma de , de , por lo que no se ha producido ninguna demora por parte de este Ministerio. En segundo lugar, señalar que esta Subdirección General de Personal entiende que el objeto de la misma no recae sobre "información pública" según la configuración prevista en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; es decir, contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la elaboración de un informe “ad hoc” sobre las “causas” de la supuesta dilación de la Administración en la ejecución de la sentencia que demanda esta solicitud, no puede considerarse información pública objeto de la Ley de Transparencia. 4º. Por tanto, a tenor de las consideraciones expuestas en el apartado esta Subdirección resuelve inadmitir a trámite esta solicitud registrada con el número 00001-00088086 por no ajustarse a lo establecido en el artículo 13 de la citada Ley de Transparencia.» 3.Mediante escrito registrado el 27 de marzo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que «(…)El Ministerio inadmite la solicitud sin explicitar la causa legal concreta de la inadmisión, sino aduciendo que lo solicitado no es información pública, porque se está solicitando un informe "ad hoc" sobre las causas de la dilación (que califica de "supuesta" cuando es manifiesta y notoria). Un supuesto similar ha sido resuelto por este Consejo en su Resolución 2024-0075, de 23 de enero, donde la Administración aducía que se estaba solicitando un informe "particularizado" ("ad hoc") sobre las causas de la suspensión de un contrato. Evidentemente lo solicitado aquí sí es información pública, pues concurren los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para ello: se encuentra en poder del Ministerio de Educación y ha sido elaborada u obtenida en ejercicio de sus funciones.» 4.Con fecha 1 de abril de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 9 de abril de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «(…)1) El artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la “información pública” como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 2) Por tanto, la disponibilidad de la información por el órgano administrativo (que obre en su poder) es un presupuesto básico para poder conceder el acceso a la misma. En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado de manera reiterada que el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada y facilitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida, debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones (citamos, por todas, la Resolución nº 0833/2020 y la Resolución nº 0689/2022). 3) Como conoce el interesado, pues hizo referencia a ella en su propia solicitud, por de la de la Comunidad Autónoma de , en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de […]. Según se exponía en el preámbulo de dicha Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado La sección segunda de la Audiencia Provincial de , con fecha 8 pena accesoria de inhabilitación absoluta durante 18 años, declarando a su vez que la citada sentencia ha sido declarada firme por auto de El artículo 66, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere». La de la Comunidad Autónoma de mediante Acuerdo de Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de […], con […]. 4) La gestión ordinaria del personal docente es competencia de su correspondiente Administración educativa, en este caso la Comunidad Autónoma de . Por Real Decreto 1763/1982, de 24 de julio, se acordó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de en materia de educación. Y en el apartado B), letra f), de su Anexo, se recoge que la Comunidad Autónoma de asume la competencia sobre los actos de administración de personal que se deriven de la relación entre los funcionarios y la Comunidad Autónoma, dentro de su ámbito territorial. Una excepción a ese traspaso es la resolución de los procedimientos que supongan la separación definitiva del servicio. Por esa razón, en este caso, la Comunidad Autónoma de sólo formuló una propuesta, mediante Acuerdo de la Consejería de Pero la tramitación previa de esa propuesta, como todos los actos de gestión ordinaria relacionados con el caso, eran competencia de la Comunidad Autónoma de siendo la única participación de este Ministerio la de dictar la Orden una vez recibida la propuesta de la Comunidad Autónoma. Es decir, el Ministerio no hubiera podido dictar tal Orden sin la previa propuesta de la Administración educativa competente para la gestión ordinaria. Dado que la propuesta de la Comunidad Autónoma tenía fecha de ha producido ninguna demora por parte de este Ministerio. Todo esto se exponía en la motivación de la Resolución que se impugna. 5) La solicitud del interesado requería “acceso a la información pública en la que consten las causas que han motivado dicha dilación de diez años para ejecutar la referida sentencia firme”. Sin embargo, no existía tal “información pública” en poder de este órgano, tal como se define en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, sino que la respuesta a lo solicitado hubiera requerido una labor de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma competente, para determinar la existencia o no de tal “dilación”y sus posibles “causas”, para elaborar un informe “ad hoc” sobre ello, en respuesta al interesado. Es decir, hubiera sido necesaria una labor de investigación sobre la ejecución de la sentencia, para obtener una información de la que no se disponía y que además correspondía al ámbito de competencias de otra Administración educativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha tratado este tema en diversas ocasiones, entre otras, en sus Resoluciones 223/2017, 402/2020, 833/2020 y 1045/2021, donde ha señalado que el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada y facilitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida, debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. La existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública. Cuando esta esencial condición previa no concurre, no existe objeto sobre el que proyectar el ejercicio del derecho. Por su parte, la Sentencia de la sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2017, dictada en el recurso de apelación número 63/2016, indica que “el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular”. Asimismo, la Sentencia 60/2016 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 9, ratificada por Sentencia Audiencia Nacional 75/2017, expone que “la interpretación que hace la demandada, va más allá de lo pretendido por el artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Esta causa de inadmisión también se señalaba expresamente en la motivación de la Resolución impugnada. 6) A mayor abundamiento, en cuanto a las alegaciones del interesado en su reclamación, este Ministerio debe manifestar su disconformidad con la siguiente afirmación: “…por mucho que este Ministerio haya sido, tradicionalmente, un desastre de gestión, consecuencia de la llamada burocracia educativa, uno de los cánceres de nuestra economía y causante, en buena medida, debido a su rigidez en titulitis y jungla normativa caótica, del paro estructural de nuestro mercado laboral”. Se trata de consideraciones gratuitas, falsas y ofensivas que, sin perjuicio del respeto al derecho de libertad de expresión de los ciudadanos, resultan improcedentes en este procedimiento y carecen de relación directa con el objeto de la reclamación. 7) En cuanto a la alegación de que la resolución no explicita la causa legal concreta de la inadmisión, se reitera que dicha resolución exponía, en su motivación, los motivos de inadmisión, como se ha expuesto en los puntos anteriores. La resolución califica la dilación de “supuesta” porque, como se ha expuesto también, se carece de información sobre ella, al referirse al ámbito de gestión de otra Administración educativa. 8) No se considera aplicable al presente caso el precedente de la Resolución 74/2024, de 23 de enero, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En ese caso, el CTBG consideraba que la información solicitada no implicaba elaborar un informe particularizado o cualquier otro tipo de reelaboración, dado que la información solicitada era muy concreta y no requería la consulta a ningún otro órgano, al menos fuera del Ministerio. Por el contrario, en el caso presente, como ya se ha expuesto en los apartados anteriores, la competencia de este Ministerio se limitaba a dictar la Orden declarando la pérdida de la condición de funcionario, a propuesta de la Comunidad Autónoma competente, lo que se hizo en un plazo adecuado. Este Ministerio carecía de competencias sobre las actuaciones previas a esa propuesta, que correspondían al ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma, como Administración educativa competente para la administración ordinaria del personal docente de su territorio. Por tanto, no podía trasladar ninguna información sobre sus “causas”. 9) En resumen, este Ministerio no podía responder a la solicitud formulada, a la vista del artículo 13 de la Ley 19/2013, dado que la información no obraba en poder del órgano (pues no se disponía de más información que la plasmada en la funciones (dado que la competencia para la gestión ordinaria del personal docente corresponde a la Administración educativa correspondiente). Y estas causas de inadmisión quedaron claramente expuestas en la resolución impugnada.» II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se solicitan las causas que han motivado la dilación de diez años para ejecutar por el Ministerio de referencia una pena accesoria de pérdida de la condición de funcionario de una sentencia firme. El Ministerio requerido dictó resolución inadmitiendo la solicitud al considerar que su objeto no se trataba de información pública a los efectos del artículo 13 LTAIBG, frente a la que el interesado interpone reclamación en aplicación del artículo 24 LTAIBG. 4.Centrado el debate en estos términos, es preciso recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, se entiende por información pública aquella que obra en poder de los sujetos obligados por haber sido elaborada o adquirida en ejercicio de sus funciones. El primer presupuesto necesario para que el ejercicio del derecho de acceso prospere es que esa información exista previamente y se encuentre en el ámbito de disposición de los órganos o entidades sometidas a la LTAIBG por haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias; presupuesto que aquí no concurre. Por su parte, la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG se proyecta sobre aquellas resoluciones expresas o presuntas que se dicten en materia de derecho de acceso a la información pública –entendiendo por ésta, como se ha dicho, la información que haya sido elaborada o adquirida por la administración en ejercicio de sus funciones—; lo que no acontece en este caso en el que lo que subyace a la solicitud es una petición de una explicación específica acerca de una actuación o una decisión de naturaleza administrativa, pretensión que se sitúa fuera del ámbito material de derecho de acceso regulado en la LTAIBG. No obstante, el Ministerio requerido ha dado abundante información sobre los fundamentos legales y competenciales de la decisión y el iter procedimental y temporal seguido, por lo que ha de considerarse que ha proporcionado toda la información que obra en su poder. 5.En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, procede la desestimación de esta reclamación. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación planteada frente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez