Reclamación por acceso a instrucciones policiales sobre la formalización de solicitudes de protección internacional y prórroga de derechos

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 27 de diciembre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Instrucciones que detallan la actuación de los funcionarios ante las solicitudes de protección internacional, incluyendo las relacionadas con la nueva documentación acreditativa de la prórroga de derechos como solicitante de protección internacional pendiente de recurso». 2.No consta respuesta de la Administración. S/REF: 00001-00085101 N/REF: 0405/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Instrucción sobre formalización de solicitudes de protección internacional. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b 3.Mediante escrito registrado el 12 de marzo de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4.Con fecha 12 de marzo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 19 de junio de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala que, mediante resolución de 15 de junio de 2024 y registro de salida el 18 de junio de 2024, la Dirección General de Protección Internacional resolvió la solicitud, adjuntando copia del justificante de registro de salida de la notificación de la resolución y la información facilitada. La precitada resolución de 15 de junio de 2024 tiene el siguiente contenido: « (…)Examinada la mencionada solicitud, este centro directivo ha resuelto conceder el acceso a la información solicitada. Por lo tanto, se le indica que: En virtud al artículo 15 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, es competencia de la Dirección General de Protección Internacional desarrollar las competencias que tiene atribuidas el Ministerio sobre la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional, apatridia y protección temporal. Respecto a lo planteado, se informa que la aplicación procedimental en la formalización e instrucción de todas las solicitudes de protección internacional presentadas en España, se tramitan conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, realizando un estudio individualizado de cada caso, tal y como estable el artículo 17. 4. de la citada Ley. En este sentido, el Titulo II «De las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional », en su capítulo I «De la presentación de la solicitud» de la Ley de referencia, desarrolla las actuaciones previstas en la formalización de las solicitudes de protección internacional. Asimismo, en relación con la cuestión específica relativa a las instrucciones relacionadas con la nueva documentación acreditativa de la prórroga de derechos como solicitante de protección internacional pendiente de resolución de recurso G ú o - interpuesto cabe informar que la actuación administrativa responde a la siguiente dinámica: • Una vez interpuesto por la persona interesada recurso administrativo y/o judicial, tras su recepción, la unidad encargada de la Dirección General de Protección Internacional procede a su registro en la aplicación ASILO y a su comunicación a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Dirección General de la Policía Nacional) para que, a su vez, procedan a la grabación del recurso en la aplicación ADEXTTRA, de modo que la persona recurrente sea documentada conforme a su situación provisional (documento acreditativo de la prórroga de derechos como solicitante). En este sentido, se informa que se encuentra habilitada la posibilidad de que los recurrentes pueden obtener un certificado de interposición del recurso a través de la sede electrónica: servicios/asilo-y-refugio/ • El régimen de suspensión de las resoluciones denegatorias recurridas en vía administrativa es el establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el de los recursos judiciales el previsto en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.» 5.El 19 de junio de 2024, se concedió audiencia a la entidad reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 1 de julio de 2024 en el que señala: «La respuesta ofrecida por el Ministerio de Interior detalla las instrucciones de la DG de Protección Internacional, pero no las instrucciones de la Dirección General de Policía a las Brigadas de Extranjería por las que se amplían y modifican las instrucciones de abril de 2021. Por concretar más la información solicitada: en las instrucciones de 2021 se establece cómo en las comisarías se debe aplicar la normativa de asilo en el acceso al procedimiento, la entrevista y la formalización de la solicitud, incluyendo la documentación identificativa que tienen que entregar a las personas que piden asilo. En 2023 modificaron los documentos facilitados a las personas "solicitantes de protección internacional", incluyendo un código QR, un CSV de verificación, modificando la duración de las tarjetas rojas a 1 año y creando el nuevo documento "Resguardo de Prórroga de Derechos en fase de Recursos". Son estas nuevas instrucciones policiales de 2023 las que conforman el objeto de nuestra solicitud de información.» II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a las Instrucciones que detallan la actuación de los funcionarios ente solicitudes de protección internacional. El ministerio requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución emitida el 15 de junio de 2024 por la que se concede la información. La reclamante manifiesta su disconformidad dado que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Interior detalla las instrucciones de la Dirección General de Protección Internacional, pero no las instrucciones de la Dirección General de Policía a las Brigadas de Extranjería por las que se amplían y modifican las instrucciones de abril de 2021. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.El Ministerio concernido, tal y como ha quedado reflejado anteriormente, en la resolución extemporánea de la solicitud ha facilitado información sobre las instrucciones de la Dirección General de Protección Internacional pero no sobre las instrucciones de la Dirección General de la Policía a las Brigadas de Extranjería. El derecho de acceso se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad». 6.A la vista de cuanto antecede, dado que lo solicitado tiene la consideración de información pública, que el Ministerio reclamado no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 de la LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación interpuesta. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: •Instrucciones que detallan la actuación de los funcionarios ante las solicitudes de protección internacional, incluyendo las relacionadas con la nueva documentación acreditativa de la prórroga de derechos como solicitante de protección internacional pendiente de recurso. TERCERO: INSTARal MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez