Reclamación sobre acceso a información de ONGs y fondos destinados a inmigrantes trasladados desde Canarias, estimada por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 23 de enero de 2024 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Relación de ONG que han intervenido en la atención a los inmigrantes subsaharianos trasladados desde Canarias a la Península desde el año 2023 hasta la actualidad, importe abonado a cada una de ellas y forma de instrumentar la S/REF: 00001-00086100 N/REF: 365/2024 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: ONGs que han atendido inmigrantes subsaharianos trasladados desde Canarias a la Península en 2023. R CTBG Número: 2024-0789 Fecha: 11/07/2024 ayuda (subvención, adjudicación directa) con copia de los correspondientes expedientes administrativos para adjudicación de los fondos a cada una de ellas». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 5 de marzo de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «PRIMERO: Que en fecha de 23 de enero de 2024 se solicitó información al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa». 4. Con fecha 5 de marzo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 11 de marzo 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «En contestación al oficio de ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 5 de marzo de 2024 (ref. expediente 365/2024), y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se traslada copia de la resolución dictada el 8 de marzo de 2024 por la titular de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección internacional». En esta resolución, se acuerda conceder parcialmente el acceso a la información en los siguientes términos: «La presión migratoria por vía marítima se ha acentuado de manera muy significativa en las islas Canarias desde mediados de 2023, lo cual ha motivado la R CTBG Número: 2024-0789 Fecha: 11/07/2024 necesidad de adoptar diversas declaraciones de emergencia (https://www.inclusion.gob.es/w/el-gobierno-destina- 60-6-millones-de-euros-a- la-atencion-de-necesidades-basicas-de-las-personas-migrantes- llegadas-a-las- costas). De acuerdo con lo anterior, toda vez que el periodo de la declaración de emergencia sigue vigente, el importe que finalmente perciban las entidades dependerá de la justificación que presenten por los servicios y actuaciones efectivamente prestados y realizados. En consecuencia, se considera que la información solicitada (relación de ONGs que han intervenido e importe abonado a cada una de ellas) incurre en la causa de inadmisión establecida en el artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que dispone que se inadmitirá a trámite aquellas solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. En todo caso, las entidades que participan en estos expedientes de contratación tramitados de emergencia conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son -en su gran mayoría- aquellas que están autorizadas en el marco de acción concertada además de otras entidades especializadas y con dilatada experiencia en la materia». 5. El 11 de marzo de 2024, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 25 de marzo de 2024 en el que señala: «En relación a las alegaciones presentadas por el Ministerio de Inclusión, no desvirtúan lo ya manifestado en nuestro escrito de interposición de la reclamación, alegando en la resolución extemporánea aportada que se encuentra en fase de elaboración. De la resolución aportada, deducimos que se han producido una serie de subvenciones a diversas entidades, que es lo que se preguntaba. Es distinto que se encuentren pendientes de justificación las cuantías subvencionadas, cuestión sobre la que no versaba la pregunta sino sobre las cuantías abonadas hasta la fecha. En elaboración puede estar parte del expediente, pero las subvenciones aprobadas y realmente abonadas, ya existen y esa es la información solicitad y negada». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre las organizaciones no gubernamentales que han atendido a los inmigrantes subsaharianos trasladados desde Canarias a la Península desde el año 2023 hasta la actualidad (relación de las que han intervenido, importe percibido, subvenciones o adjudicaciones directas realizadas y copia de los expedientes administrativos de adjudicación de los fondos). El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución emitida el 8 de marzo de 2024 en la que informa sobre las entidades que participan en la tramitación de la contratación de emergencia; y acuerda la inadmisión de la solicitud en lo referente a la información del importe abonado por estar en curso de elaboración, en aplicación del artículo 18.1.a) LTAIBG. La solicitante manifiesta su disconformidad en el trámite de audiencia respecto a la falta de información sobre las subvenciones aprobadas y abonadas porque, según indica, ya existen. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sentado lo anterior, corresponde verificar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión invocada por la Administración prevista en el artículo 18.1.a), partiendo de la premisa, tantas veces reiterada por este Consejo, de la amplia formulación del derecho constitucional de acceso a la información y la consecuente interpretación estricta, cuando no restrictiva, de los límites y de las causas de inadmisión previstas en los artículos 14 y 18 LTAIBG que, en todo caso se aplicarán ponderando los diversos intereses concurrentes y de forma proporcionada —por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530)— . Respecto de la concreta causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG (que permite la inadmisión a trámite, mediante resolución motivada, de las solicitudes «[q]ue se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general»), este Consejo ya ha señalado en varias ocasiones —por todas, R CTBG 152/2023, de 13 de marzo, que «(…) la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general». En definitiva, la causa de inadmisión invocada permite inadmitir aquellas solicitudes de acceso a información que no está aún acabada, pero que ha de estarlo próximamente; esto es, que está todavía en fase de elaboración o en curso de publicación. De lo anterior se desprende que no es lo mismo la información que se encuentra en elaboración y que, por ello, no está disponible y no puede proporcionarse en el momento en que se da respuesta —circunstancia que no está llamada a prolongarse en el tiempo, sino que finalizará con la elaboración de la información (debiendo permitirse a partir de ese momento el acceso) o con su publicación—, con las diversas fases y documentos de un expediente en tramitación, sin que sea dable aplicar la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) LTAIBG a todos y cada uno de los documentos que integran dicho expediente inconcluso. En definitiva, no debe confundirse expediente en tramitación o en desarrollo con información en elaboración; por lo que nada impide el reconocimiento del derecho de acceso a aquellos documentos terminados o perfeccionados que formen parte de un expediente inconcluso (salvo que concurra algún límite legal). 6. De acuerdo con lo expuesto, procede en este caso la aplicación de la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG en la medida en que la información solicitada está vinculada a una declaración de emergencia que sigue vigente; no siendo posible determinar el importe abonado a cada una de las entidades que han prestado ayuda a los inmigrantes subsaharianos trasladados de Canarias a la península hasta que justifiquen los servicios efectivamente prestados y realizados. 7. No obstante, no puede desconocerse que, aun de forma tardía, el ministerio dictó resolución en la que concede parcialmente el acceso informando sobre las entidades que participan en la tramitación de la contratación de emergencia en relación con la atención de migrantes llegados a Canarias. Por tanto, ha de tenerse en cuenta, por un lado, el hecho de que la información pública disponible ha sido facilitada y, por otro, que se ha dictado resolución concediendo el acceso de forma tardía. 8. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez