Reclamación de acceso a cuestionarios, actas y exámenes de un proceso selectivo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desestimada por aplicación de la normativa de procedimiento administrativo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 30 de octubre de 2023 la reclamante remitió tres solicitudes al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), relativas a la siguiente información: «Que se cumpla lo expuesto en la legislación española y que se me entregue y/o publique el cuestionario del Primer ejercicio del tribunal número 3 Área global A2- Vida “V1- Técnicas instrumentales transversales en ciencias de la vida” de la “Pruebas Selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación, convocada por S/REF: N/REF: 384/2024. Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Cuestionario oposición y actas de Tribunal de selección. R CTBG Número: 2024-0778 Fecha: 09/07/2024 Resolución de 21 de febrero de 2023 de la Subsecretaria del Ministerio de Ciencia e Innovación”». «Considerando los motivos alegados en el documento anexo "Antecedentes de Hecho", solicito que se me entreguen copias de las actas y de todos los documentos, en cualquier formato, desarrollados durante el proceso de actuación del TRIBUNAL CALIFICADOR (incluyendo las comunicaciones pertinentes a este proceso selectivo, incluyendo aquellas con los miembros del tribunal suplente que según la convocatoria podían, y de hecho han, participado en el proceso), así como los metadatos de los mismos. Si este no es el órgano competente ante el que presentar este recurso, ruego le haga llegar al órgano competente este recurso. Se lo envió a este órgano siguiendo las indicaciones recibidas según OEP-Funcionarios del INTA». «Que se cumpla lo expuesto en la legislación española y que se me entregue copias de los exámenes realizados por todos los opositores del Primer y Segundo ejercicio del tribunal número 3 Área global A2-Vida “V1- Técnicas instrumentales transversales en ciencias de la vida” de la “Pruebas Selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución de 21 de febrero de 2023 de la Subsecretaria del Ministerio de Ciencia e Innovación”. Si este no es el órgano competente ante el que presentar este recurso, ruego le haga llegar al órgano competente este recurso. Se lo envió a este órgano siguiendo las indicaciones recibidas según OEP-Funcionarios del INTA.» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 7 de marzo de 2024, al considerar desestimada su solitud por silencio administrativo, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4. Con fecha 8 de marzo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el R CTBG Número: 2024-0778 Fecha: 09/07/2024 informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 26 de marzo de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: « (…) 1. La solicitud de información de fecha 30 de octubre de 2023 presentada a este ministerio por la reclamante, traía causa de un procedimiento en curso en el que la reclamante ostentaba la condición de interesada, por tanto, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Primera. 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), la petición de la reclamante se cursó aplicando el procedimiento que correspondía al caso. 2. La reclamante presenta reclamación ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) fuera del plazo de un mes señalado por la normativa de aplicación (artículo 24.2 de la LTAIBG). Tal y cómo consta en el expediente que se aporta junto con el presente informe de alegaciones, el escrito de solicitud se presenta en fecha 30 de octubre de 2023 y la reclamación ante el CTBG se presenta el día 7 de marzo de 2024, es decir, más de dos meses más tarde de que expirara el plazo señalado para presentar la reclamación. 3. A continuación se detalla el procedimiento seguido por este ministerio, según reporta el centro directivo competente en este asunto, esto es, la SG de Recursos y Relaciones con los Tribunales: 3.1. [la persona reclamante] presentó un recurso de alzada en fecha 30 de octubre de 2023 contra la Resolución de 24 de octubre de 2023, del Tribunal Calificador Nº3, por la que se publicaban las calificaciones definitivas de los ejercicios y se hacía pública la relación de personas que habían superado la fase de oposición del proceso selectivo de la Escala de Tecnólogos de los OPIS con destino en el INTA, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación. El proceso selectivo se configuró como un concurso-oposición. En esa misma fecha la recurrente presentó, a su vez, dos instancias aparte, en las que solicitaba el acceso a los documentos del expediente del proceso selectivo (actas y exámenes). En estas dos instancias se aludía al final al recurso previamente interpuesto con su primera instancia, motivo por el cual entendimos que todo debía tramitarse en el mismo asunto/expediente de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3.2. Analizada la impugnación y los documentos presentados por la recurrente, desde esta Subdirección General se le dio tratamiento de recurso y se procedió a la apertura de la instrucción, con número de expediente R.103.2023. Como se hace habitualmente, se remitió un oficio con el acuse de recibo a la recurrente y se pidió al INTA la remisión del expediente administrativo y la emisión de un informe en respuesta al recurso presentado, a fin de poder preparar la correspondiente propuesta de resolución. 3.3. Una vez recibido el expediente confirmamos que la recurrente, a pesar de estar disconforme con la puntuación obtenida en la fase de oposición del proceso selectivo, había superado dicha fase y por tanto, continuaba en el proceso selectivo, con posibilidades de conseguir la plaza, una vez finalizase la correspondiente fase de concurso. En casos como este, en los que el aspirante en un proceso selectivo impugna el resultado de algún ejercicio o fase, pero continúa en el proceso, el criterio es inadmitir el recurso, por no ser el acto recurrido un acto de trámite cualificado, es decir, por no ser un acto recurrible. Se entiende que, si el recurrente sigue en el proceso, todavía puede obtener la plaza, en cuyo caso la impugnación perdería su razón de ser y no se habría generado indefensión para el aspirante. 3.4. Con respecto a la solicitud de acceso a los documentos realizada por la recurrente al hilo de su recurso de alzada, dado que procedía la inadmisión a trámite del recurso presentado, entendimos que no era necesaria la apertura del trámite de audiencia para darle acceso a la documentación obrante en el expediente. Al seguir concurriendo en un proceso selectivo que aún estaba en tramitación, se consideró que no era el momento oportuno para ello, pues la recurrente siempre tenía la oportunidad de recurrir el resultado final del proceso selectivo. 3.5. En la propia resolución de inadmisión, además de explicarle a la recurrente todo lo que se acaba de exponer, le indicábamos expresamente como sigue: «Por último, al acordarse la inadmisión a trámite del presente recurso, esta instancia revisora no considera procedente atender a la petición de la recurrente solicitando el acceso a las actas y los documentos del proceso selectivo, así como una copia de los exámenes del primer y segundo ejercicio de todos los aspirantes que concurrieron a su misma plaza. No obstante, en caso de que la recurrente efectúe las eventuales impugnaciones correspondientes a los actos finalizadores del proceso selectivo de referencia, podrá solicitar de nuevo acceso a los documentos que conforman el expediente administrativo, a los que se le dará acceso mediante el correspondiente trámite de audiencia, en los términos de lo previsto en el artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». 3.6. La resolución fue notificada a la recurrente en fecha 24 de enero de 2024 (según consta en el justificante). Y la resolución finalizadora del proceso selectivo, en la que la recurrente suspende finalmente, fue publicada en la página web del INTA el 23 de enero de 2024. La recurrente no impugnó esta última resolución (la que debía de haber recurrido) y por dicho motivo al final no ha tenido acceso al expediente ni a los documentos que solicitaba. 4. Junto a los antecedentes que se acaban de exponer, adjuntamos, a continuación, la documentación obrante en el expediente del recurso R.103.2023.» 5. El 1 de abril de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 10 de abril de 2024 en el que señala: «(…) Respecto al apartado 2: El artículo 24.2 de la LTAIBG no indica en ningún momento que el plazo para presentar alegaciones al Consejo empiece a contar desde el momento en el que se presentan las reclamaciones, sino cuando ese proceso se termina, ya sea por notificación o por silencio administrativo. Respecto al apartado 3: En el subapartado 3.1. Si bien entiendo la comodidad que supone para el Ministerio unificar los recursos y las solicitudes en un único procedimiento, ignorar los motivos por los que se presentaron en solicitudes diferentes y reducirlo únicamente a una queja por la nota obtenida me parece inapropiado. Los Recursos de Alzada se presentaron porque eran la única herramienta que conocía para elevar ante el Órgano competente las irregularidades del proceso. Irregularidades lo suficientemente graves y diferentes como para justificar dos recursos por separado. No me refiero únicamente a los continuos defectos de forma en las publicaciones del tribunal (no firmar la plantilla de respuestas del primer ejercicio, no indicar cómo se continúa la vía administrativa o poner un número de despacho que no existe para la revisión del cuestionario…). Aunque ya se mencionan en mis solicitudes, procedo a reflejar los hechos más destacables: • La manifiesta falta de imparcialidad de algunos miembros del tribunal. No solo se trata de que la secretaria (…) y una de las vocales (…) sean las directoras de la tesis doctoral de la persona que acabó consiguiendo la plaza por el turno ordinario, sino que, además, en al menos dos ocasiones, expresaron que “era más urgente que dicha persona (…) consiguiera la plaza ya que se ha quedado sin beca” (seis días antes del primer examen) o que “tenían que hacer lo que fuese necesario para que esta persona consiguiera la plaza” (primavera de 2023). • Amenazas realizadas por distintos miembros del tribunal. El vocal suplente (…) dijo, después de que el tribunal publicara la subsanación de preguntas del tipo test, que “ya sabía el tribunal lo que pretendía con las reclamaciones” y que “ya me enteraría”. No discuto que como miembro suplente del tribunal participara en el proceso de tomas de decisiones del mismo. Pero debería haber firmado las actas de las reuniones del proceso en las que él haya participado. Estaba muy ofendido por que algunas de las preguntas reclamadas eran suyas. Además de lo anteriormente mencionado, creo necesario concretar los motivos que me llevaron a realizar dos recursos de alzada diferentes y por qué la respuesta, genérica, emitida por el Ministerio de Ciencia considero no da respuesta a los mismos. No sólo se trata de que no entregaran a los opositores el cuestionario del examen tipo test (ni lo publicaran). Se trata de la forma tan irregular que propusieron para revisarlo. Fueron necesarios múltiples correos y solicitudes para conseguir la revisión. Las bases originales de la revisión también son cuestionables: • Solo media hora como tiempo máximo de revisión. • Prohibido copiar el texto íntegro de las preguntas (… se encargó de comprobarlo). • Todo el tribunal alrededor de nosotros en una mesa pequeña en un claro intento de intimidación y distracción (no guardaron silencio en ningún momento, protestas continuas a la pérdida de su tiempo que suponía esta revisión, risas, uso del móvil, levantarse a coger revistas…). La falta de respeto y educación fue lamentable. • Al acabar la media hora se entregará el escrito final de la reclamación de las preguntas. Se negaron a darme las instrucciones por escrito. Tras mis quejas, ampliaron el plazo de entrega y el tiempo de revisión. El resto se mantuvo igual. En el recurso de alzada se entra más en detalle sobre las circunstancias, pero sí quisiera añadir un último detalle. Tanto el presidente del tribunal como la secretaria me dieron informaciones contradictorias sobre el procedimiento y los plazos para entregar el escrito. Todavía siguen sin publicarlas a pesar de que me dijeron que las publicarían y que el plazo para presentarlo empezaría a contar desde el día siguiente de la publicación. En cuanto al segundo recurso de alzada, los motivos para presentarlo son radicalmente diferentes. No cumplieron en ningún momento las bases legales de la convocatoria, las cuales indican que la prueba debe atenerse a los temas exigidos en la convocatoria. La secretaria realizó únicamente preguntas sobre economía, tema que no estaba entre los temas de la convocatoria y por lo tanto no era evaluable. Además, las dos personas que consiguieron las plazas dedicaron más de la mitad de sus exámenes a hablar sobre la financiación en el caso práctico planteado. Insisto, no incluido en el temario publicado. Por todo ello, no es solo que los motivos por los que se presenta el recurso de alzada vayan mucho más allá de la nota obtenida, sino que son fácilmente demostrables. Y en el caso de que el recurso de alzada no fuera el procedimiento adecuado, la situación me parece lo suficientemente grave como para que el Ministerio de Ciencia abriera, de oficio, las diligencias oportunas (art. 58, Ley 39/2015) En el segundo párrafo del subapartado 3.1 de las alegaciones, sólo se hace referencia a dos instancias presentadas el mismo día que presenté los dos recursos de alzada. No es correcto. Ese día presenté 4 solicitudes: • Solicitud de las actas y documentos del proceso selectivo (REGAGE23e00073413504). • Solicitud Cuestionario del Primer Ejercicio Oposición (REGAGE23e00073401818). • Solicitud de Aclaración sobre la recusación de un miembro de tribunal calificador (REGAGE23e00073398444). • Solicitud de los Exámene s de todos los opositores (REGAGE23e00073414062). Visto la respuesta del Ministerio, hay al menos dos solicitudes sobre las que no me han contestado, o bueno, ha operado el silencio administrativo. En el subapartado 3.2: Ignoro cual es el procedimiento a seguir por el Ministerio de Ciencia. No creo que sea darle toda la documentación presentada por el opositor reclamante a la secretaria del tribunal (alrededor del 29/11/2023 en este caso). La secretaria me recriminó el contenido de mis escritos la última vez que hablamos en una reunión de trabajo. Desde que les entregaron los escritos, llevo sufriendo acoso laboral por su parte, y por las vocales (…) y (…). Respecto a los subapartados 3.4 y 3.5, en la base legal en la que sustento mi derecho a la información (art. 105 de la Constitución, art. 13 de la Ley 39/2015, art. 55 del Estatuto Básico del Empleado Público y las múltiples sentencias jurídicas mencionadas) no se especifica que sea necesario que el procedimiento administrativo haya concluido. Por lo tanto, la negativa a permitirme ejercer mi derecho de acceso a la información no procede. Respecto a los subapartados 3.3 y 3.6: En el mismo suba partado 3.6, el Ministerio de Ciencia indica que cuando yo recibí contestación a mis reclamaciones, ya se había publicado la resolución finalizadora del proceso y yo ya no continuaba en el proceso selectivo. Por lo tanto, no se puede inadmitir mis solicitudes por los motivos que indican ya que el proceso selectivo había terminado antes de recibir respuesta. Por todo ello, considero que debería entregárseme las actas, los exámenes de todos los opositores y el cuestionario del examen tipo test ya que son imprescindibles para poder tener los medios y recursos necesarios para poder ejercitar mis derechos.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a un proceso selectivo. El Ministerio concernido no contestó a las solicitudes en el plazo legalmente establecido. Posteriormente, en el trámite de alegaciones instado en el seno de este procedimiento de reclamación indica que las solicitudes han sido formuladas por una participante en un proceso selectivo en curso en el que la reclamante ostentaba la condición de interesada, cursándose la petición aplicando el procedimiento que correspondía al caso en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional primera LTAIBG. Asimismo, afirma que la reclamación es extemporánea al haberse interpuesto fuera del plazo de un mes previsto en el artículo 24 LTAIBG. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». A mayor abundamiento, en lo que respecta a la extemporaneidad de la reclamación por rebasar el plazo de un mes previsto en el artículo 24 LTAIBG, debe rechazarse de plano lo vertido por el Ministerio concernido en el trámite de alegaciones. Valga a estos efectos traer a colación el Criterio Interpretativo 1/2016, de 17 de febrero de 2016, en el que, con fundamento en la jurisprudencia constitucional y el contenido de los artículos 122 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concluye que, respecto de resoluciones presuntas, como es el caso, no está sujeto a plazo la presentación de una reclamación ante este Consejo frente a la desestimación de una solicitud de acceso por silencio administrativo. 5. Sentado lo anterior, y en lo concerniente al acceso a los exámenes del primer y segundo ejercicio y a las actas del tribunal calificador de la fase de oposición del proceso selectivo, cabe recordar que la Disposición adicional primera dispone en su apartado primero que «la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesado en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Según la mencionada previsión, mientras el procedimiento administrativo de que se trate se encuentre en curso —esto es, en tramitación—, el acceso a la información y documentación se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a tal procedimiento —en este caso, la normativa general del procedimiento administrativo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común—. Por lo tanto, tal como este Consejo ha señalado en reiteradas ocasiones, para que dicha previsión desplace la aplicación de la LTAIBG deben concurrir, cumulativamente, tres circunstancias: (i) que el solicitante tenga la condición de interesado; (ii) que la solicitud de acceso se formule en relación con información perteneciente a un procedimiento administrativo; (iii) que tal procedimiento se halle en curso —esto es, que no haya finalizado por resolución definitiva (ya sea expresa o presunta), o por la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 84 LPAC—. En este caso, se solicita información relativa a la fase de oposición de un proceso selectivo en el que ha participado la reclamante, y que no se encuentra finalizado con resolución definitiva en el momento de la solicitud. En efecto, tal y como se desprende del Fundamento primero de la resolución del recurso de alzada R.103.2023, por la que se inadmite el recurso planteado, «la recurrente ha superado debidamente la fase de oposición del proceso selectivo, cuya fase de concurso todavía está pendiente de resolverse.» De lo anterior se desprende que resulta de aplicación la Disposición adicional primera, primer apartado, LTAIBG y, en consecuencia, la reclamación ha de desestimarse. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fund amentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación planteada frente al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez