Reclamación de acceso al justificante de remisión de una consulta al órgano competente por parte del Ministerio de Industria y Turismo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 4 de noviembre de 2023, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (actual MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que ha recibido contestación a consulta 21010 en fecha 4 de noviembre, indicando que el competente para atenderla es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Que no se adjunta comprobante alguno de su remisión a dicho organismo. S/REF: N/REF: 209/2024 Fecha: La de firma. Dirección: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO). Información solicitada: Justificante de remisión de solicitud a órgano competente. R CTBG Número: 2024-0736 Fecha: 02/07/2024 Que conforme al art. 14 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público cuando un órgano administrativo se estime incompetente para la resolución de un asunto deberá remitirlo directamente al órgano que considere competente, notificándolo al interesado. Solicita: Se le remita el justificante de la remisión de la consulta al órgano competente, dado que no se adjuntó en la comunicación recibida.» La consulta en la que se produce el documento solicitado, versa sobre el ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante RITE) 2. Mediante escrito registrado el 7 de febrero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud, y reitera su petición en los siguientes términos: «Solicito copia de documento de remisión, por incompetente, de un procedimiento administrativo sin resolver, sin respuesta una vez transcurrido más de un mes.» 3. Con fecha 8 de febrero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 29 de febrero tuvo entrada en este Consejo de Transparencia escrito en el que se señala: «El 2 de noviembre de 2023, el departamento de Información Administrativa del Ministerio recibió la siguiente consulta por correo electrónico (DOC1): (Reproducción literal de la consulta sobre el ámbito de aplicación del RITE) Ese mismo día 2 de noviembre de 2023, el departamento de Información Administrativa del Ministerio dio respuesta al ciudadano (DOC1): “En respuesta a su consulta, le comunicamos que, para obtener una respuesta más ágil y detallada a su consulta, debe plantear la misma en la aplicación específica que tiene la S. G. de Calidad y Seguridad Industrial, que es el órgano competente en esta materia, dentro de la web del Ministerio de Indu stria, Comercio y Turismo. R CTBG Número: 2024-0736 Fecha: 02/07/2024 Con fecha 2 de noviembre de 2023, D. (..) realizó la consulta a través del portal de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial (DOC2): (…) El día 4 de noviembre de 2023, se facilitó al ciudadano la siguiente respuesta (DOC2): “El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por lo tanto, las consulta sobre el RITE deben plantearse ante el citado Ministerio de Transportes.”» A continuación, el Ministerio indica que ese mismo día el interesado formula la petición que da lugar a esta reclamación, en la que solicita comprobante de la remisión al órgano competente. Así mismo, señala que con fecha 22 de noviembre de 2023, remite correo electrónico a la Dirección General Energía y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), dando traslado de la consulta efectuada, e informando de ello al interesado. Aporta copia del documento remitido al ciudadano con la indicada fecha, cuyo contenido es el siguiente: «Buenos días, Con fecha 2 de noviembre se recibió en esta Unidad consulta relativa al RITE, con fecha 4 de noviembre se dio respuesta la interesado indicando que este reglamento no es competencia de esta Unidad, no obstante el solicitante en aplicación del artículo 14 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, requiere que se dé traslado a la unidad competente, por lo que a continuación se transcribe la consulta recibida y los datos de la persona que realizado la consulta, para su tramitación según se considere. Persona que realiza la consulta. (…) Dirección: –(…) Email: (...) (reproducción textual de la consulta relativa al RITE) Así mismo, con fecha 24 de noviembre, en respuesta a una reiteración del interesado relacionada con su consulta sobre el RITE, el ministerio le remite nuevo correo en los siguientes términos: «Remitimos en este mismo correo su consulta a la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, ya que este Departamento no es competente como se le indicó anteriormente.» A continuación, señala que el MITERD responde a través de la Subdirección General de Eficiencia Energética, indicando que la materia está transferida a las Comunidades Autónomas, y facilitando el contacto correspondiente a la Junta de Andalucía, siendo que desde la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria se remite tal respuesta al ciudadano. Finalmente alega: «Este Ministerio procedió a analizar tanto la primera consulta del ciudadano, como sus posteriores reiteraciones, dando el adecuado curso en todos los casos a las mismas. El artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que, “si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.” Por tanto, tras recibir la consulta y conformar que no tiene asignada la competencia, se procedió a remitir la información al departamento ministerial competente e informar al ciudadano (...) D. (…) requiere al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: “Solicito copia de documento de remisión, por incompetente, de un procedimiento administrativo sin resolver, sin respuesta una vez transcurrido más de un mes.” Como se ha indicado en el apartado de “Antecedentes”, en todo momento se dio curso a sus consultas y se le remitió el traslado de las consultas realizadas al órgano competente a nivel estatal. CONCLUSIÓN De lo más arriba expuesto, se concluye que el documento de remisión requerido por D. (…) en el expediente de la reclamación del que dispone este Ministerio, le fue enviado el día 24 de noviembre de 2023, constando en la copia del expediente como “DOC10”: Dicho documento es un correo dirigido al interesado, con copia al órgano competente de la Junta de Andalucía y a la Subdirección General de Eficiencia Energética con el siguiente contenido: «Asunto: RE: RV: Consulta ciudadana Remitimos en este mismo correo su consulta a la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, ya que este Departamento no es competente como se le indico anteriormente.» 4. El 7 de marzo de 2024 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 9 de marzo en el que señala: «Primero. Competencia Si bien es posible que no fuera competente para la resolución de la petición original de información, evidentemente sí lo es para remitir copia de la comunicación enviada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a quien la persona responsable de la tramitación considera competente según el escrito que indica como “DOC2” y al que se solicitaba esa respuesta. Segundo. Tramitación del procedimiento La administración reclamada no habría contestado conforme a la normativa de procedimiento administrativo, utilizando, en su caso a falta de comprobación, medios que no admite a los ciudadanos para el envío de sus peticiones. Además de ello el galimatías posterior a la petición de información pública, que recordemos consiste en copia del documento de remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según DOC2, de fecha 2 de noviembre de 2023, que fue solicitado en fecha 4 de noviembre de 2023 según su propio DOC3, entiende no corresponde a la solicitud original y podría ser, en todo caso, parte de una nueva reclamación, constituyendo una mezcla de diferentes expedientes, sin referencias, registros electrónicos de entrada ni salida, etc., que solo demuestran el caos organizativo de la administración reclamada. (…) En fecha 4 de noviembre de 2023 solicité un documento muy concreto, amparado en la normativa vigente, que resulta relevante para conocer el funcionamiento de las administraciones públicas permitiendo a la ciudadanía comprobar si cumplen la normativa vigente respecto a las comunicaciones electrónicas, remisión a los órganos competentes de las solicitudes, etc. o, como parece deducirse del expediente, si se incumple la normativa en cuanto a comunicaciones, no se genera expediente alguno (no aparece referencia interna en ninguna parte de las alegaciones presentadas, ni registros electrónicos), y el personal a cargo de la tramitación no sabe a quién desviar las solicitudes pasando por varios Ministerios, Secretarías Generales, Subdirecciones, etc. De la documentación aportada sin que haya podido tener acceso esta parte a la misma (16 documentos al parecer), en ninguno de ellos se indica que se haya enviado el documento solicitado, que recuerdo es la copia de la remisión al Ministerio de Transportes de la solicitud ciudadana. Por tanto, debo insistir en que se conteste a la solicitud de información pública realizada, y más concretamente se remita el documento electrónico por el que se remitió la solicitud el pasado 4 de noviembre al Ministerio de Transportes, siendo irrelevante para esta reclamación, porque no trata de eso, cualquier correo, llamada telefónica, whatsapp o señal de humo que hayan hecho desde cualquiera de los Ministerios entre ellos o a terceros desconocidos, sobre todo si no se adjuntan y resulta imposible su comprobación. Por tanto, considera que la administración reclamada no ha aportado la contestación, con registro electrónico de salida.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el documento justificativo de la remisión, por el Ministerio de Industria y Turismo al órgano competente por razón de la materia, de una consulta planteada por el mismo interesado sobre el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). El solicitante, entendiendo que no se ha satisfecho su so licitud, interpuso la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. En el trámite de alegaciones de este procedimiento el ministerio reque rido ha puesto de manifiesto todas las actuaciones llevadas a cabo en relación con la inicial consulta del ciudadano, así como respecto de la petición del comprobante de traslado al órgano competente para resolver. En este sentido aporta copia de los correos electrónicos por los que se da traslado de la consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante MITERD) –—en un primer momento, a la Dirección General de Política Energética y Minas y, posteriormente, tanto a la Subdirección General de Eficiencia Energética, como a la Junta de Andalucía—. 4. Sentado lo anterior, conviene poner de relieve que el objeto de este procedimiento de reclamación no versa sobre la tramitación y resolución dada a la consulta planteada en relación con el ámbito de aplicación del RITE, sino que se circunscribe a la obtención de la copia del justificante de la remisión de dicha consulta al órgano competente para resolver. Desde la perspectiva apuntada, a la vista de las alegaciones efectuadas por el ministerio y del expediente de la consulta cuya copia se adjunta, ha quedado acreditado que el ministerio informó al solicitante del traslado de su consulta al órgano competente por razón de la materia mediante su remisión por correo electrónico (en cuya copia figura el reclamante). Sin embargo, lo realmente pretendido por el reclamante es la obtención del justificante de ese traslado, entendiendo que el mismo ha realizado por los medios electrónicos que prevé la normativa aplicable: bien a través SIR, bien a través de la puesta a disposición de los documentos que se acompañaron a dicho traslado en un repositorio de intercambio de ficheros. Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 56 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, las administraciones están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, disponiendo el artículo 57 del citado Reglamento, que las comunicaciones se efectuarán a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o registro del organismo público o entidad de derecho público de que se trate, o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. Resulta evidente en este caso que no se ha proporcionado la información solicitada, ni el Ministerio se ha pronunciado sobre su existencia o inexistencia, limitándose a remitir la copia de los correos electrónicos enviados (en los que figura en copia el reclamante). 5. En consecuencia, a la vista de todo lo actuado y de la documentación aportada, procede estimar la reclamación a fin de que el Ministerio proporcione la información solicitada y, en caso de no obrar en su poder, ponga de manifiesto esta circunstancia de forma expresa. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO a que, en el plazo máximo de diez días, remita al reclamante la siguiente información: «(…) justificante de la remisión de la consulta al órgano competente, dado que no se adjuntó en la comunicación recibida» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información entregada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez