Solicitud de información sobre entidades memorialistas y exhumaciones de fosas de la Guerra Civil con estimación formal por retraso administrativo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de enero de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « 1.- ¿Existe algún Registro de Entidades Memorialistas en funcionamiento? Si fuese así, solicito indiquen el modo de acceso y si éste es público. S/REF: 00001-00085934 N/REF: 0290/2024 Fecha: La de firma. Dirección: MEMORIA DEMOCRÁTICA (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA). Información solicitada: Entidades memorialistas y actu aciones de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. R CTBG Número: 2024-0725 Fecha: 28/06/2024 2.- ¿Cuáles de las referidas Entidades están realizando exhumaciones en el conjunto del territorio español? Con indicación de las ayudas o subvenciones recibidas desde la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. 3.- Se solicita información acerca de si las exhumaciones están incluyendo a víctimas de la represión realizada en el bando republicano. 4.- Se solicita información acerca del total de exhumaciones realizadas en el período comprendido entre la entrada en vigor de la entonces Ley de Memoria Histórica hasta la actualidad, desagregado, en lo posible, por CC.AA., provincias y municipios; y por importe destinado a las referidas actuaciones. Lo anterior no incurriría en causa de reelaboración, tal como el Consejo de Transparencia, en su Criterio Interpretativo CI/007/2015, y una reiterada jurisprudencia (por todas, la STS de 03-03-2020), por cuanto a que se trataría de una información que no estaría dispersa ni diseminada, y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática habilitó, en su día, un mapa (desconozco si, actualmente, sigue operativo) con las exhumaciones. Por ello, solicito me sea notificada, en el plazo de un mes, la Resolución expresa acordando la remisión de la información en los términos anteriormente expuestos o, en su defecto, la ampliación del plazo que resulte procedente, supuesto de que la información a suministrar sea compleja o voluminosa .» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 20 de febrero de 2024, al considerar desestimada su solicitud por aplicación de la regla del silencio administrativo, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4. Con fecha 20 de febrero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 23 de febrero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito de la Subsecretaría de dicho Departamento en el que se comunica que se ha dado traslado del expediente de R CTBG Número: 2024-0725 Fecha: 28/06/2024 reclamación al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para que proceda a dar tramitación de la misma en el ámbito de sus competencias. Con fecha 26 de marzo de 2024 el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 26 de marzo de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito del indicado Departamento en el que señala que se «ha procedido a remitir hoy día respuesta al interesado a través de la aplicación GESAT facilitando la información disponible». Al escrito de alegaciones se acompaña resolución de 21 de marzo de 2024 en la que consta lo siguiente: x El Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática se recoge en el artículo 59 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (en adelante LMD). No obstante, su operatividad está condicionada al desarrollo reglamentario que determinará su organización, funcionamiento y procedimiento de inscripción. «El Real Decreto que lo regula se encuentra actualmente en tramitación. Por este motivo, no se puede ofrecer la información solicitada ya que la misma no obra en poder de este centro directivo.» x Respecto de la solicitud sobre “si las exhumaciones están incluyendo a víctimas de la represión en el bando republicano” la LMD establece que corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad. Determina también que las exhumaciones pueden ser solicitadas por la persona que fue cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado, las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas o cualesquiera otras personas y entidades que acrediten un interés legítimo, sin ninguna distinción. x En cuanto a los relativos a las exhumaciones realizadas en el período comprendido entre la entrada en vigor de la entonces Ley de Memoria Histórica hasta la actualidad, se indica que la información sobre las actuaciones promovidas por la Administración General del Estado en esta materia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y otros portales de acceso público, enumerando 12 resoluciones en la propia resolución, indicando fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, de convocatoria de subvenciones. Asimismo, la resolución indica que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha financiado intervenciones de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura a través de subvenciones de concesión directa a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y a otra serie de entidades públicas, adjuntando listados de las intervenciones como anexos a la resolución. 5. El 3 de abril de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el mismo 3 de abril de 2024 en el que señala: « (…) TERCERO.- En el oficio emitido por dicho Centro Directivo, en fecha 26 de marzo de 2024, incorporado en el expediente de reclamación, se significa lo siguiente: “En relación al procedimiento TR-5-2024 00085934 relativo a la información solicitada sobre entidades memorialistas y actuaciones de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil, se indica a ese Consejo que esta Dirección ha procedido a remitir hoy día respuesta al interesado a través de la aplicación GESAT facilitando la información disponible”. Que dicha Resolución no le ha sido notificada a fe cha del presente escrito; y es práctica habitual de quien suscribe acudir al Portal de Transparencia en el momento en que recibo un correo electrónico desde GESAT comunicando la puesta a disposición. A fecha del presente escrito no he recibido aviso alguno en mi dirección de correo electrónico, por lo que no me consta recepción de notificación enviada por parte de la Dirección General de Memoria Democrática. CUARTO.- No obstante lo anterior, y en lo relativo a la información recibida, entiendo que la solicitud ha dado satisfacción plena al resolver en sentido favorable a lo solicitado. Sin embargo, entiendo que ha de existir cierto reproche al órgano competente en cuanto al retraso en la resolución de la solicitud en base a los siguientes motivos: 1.- En primer término, por cuanto a que, siendo que dicha solicitud tuvo entrada en el órgano competente (la Dirección General de Memoria Democrática) el día 23 de enero (según consta en la comunicación de inicio del procedimiento), no fue hasta el día 26 de marzo cuando le fue notificada dicha incoación. De este modo, y en el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud en el Portal de la Transparencia -23 de enero de 2024- y la notificación de la incoación del procedimiento -26 de marzo de dicho año-, quien suscribe el presente escrito desconocía que dicha solicitud había tenido entrada en la Dirección General de Memoria Democrática el día 23 de enero. En consecuencia, siendo la única fecha que conocía a efectos de cómputo del plazo era la de presentación de la solicitud en el Portal de Transparencia -19 de enero de dicho año-, no se comprende que no hubiese sido notificado dicho acuerdo una vez que la solicitud tuvo entrada en dicho Centro Directivo, pues en nada interfería a la tramitación de la contestación comunicar la entrada de la solicitud en el órgano competente. 2.- En segundo término, y como ya se ha expuesto en la interposición de la reclamación núm. 247/2024, si se trataba de una información voluminosa y compleja, lo cierto es que dicha complejidad pudo y debió haber sido prevista, pues dicho órgano contaba con el mecanismo de la ampliación del plazo recogida en la LTAIBG, del que no se hizo uso. La Dirección General de Memoria Democrática o, en su caso, la UIT del Ministerio, en consecuencia, debieron haber acordado y notificado, con anterioridad al vencimiento del plazo del mes, la correspondiente ampliación, de haber constatado que la información era voluminosa y compleja. 3.- En tercer término, esta práctica de reaccionar cuando hay una reclamación interpuesta ante este Consejo ya ha sido constatada por quien suscribe, en otros expedientes tramitados al amparo de la Ley de Transparencia, de los que ha recaído desestimación presunta, y constituye un perjuicio para el ciudadano que solicita la información y ninguna consecuencia para el órgano competente. Dicha práctica ha de ser objeto de un reproche jurídico, en el sentido de un recordatorio a los órganos competentes de su obligación de dictar y notificar resolución expresa en el plazo legalmente establecido. Por todo ello, SOLICITA sea dictada y notificada resolución expresa en el expediente núm. 290/2024, conforme a lo anteriormente expuesto, y se dé traslado de la misma.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a las denominadas entidades memorialistas y a las subvenciones de actuaciones de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. El Departamento ministerial requerido no contestó en el plazo legalmente establecido. Con posterioridad, y como consecuencia de la interposición de la reclamación en aplicación de lo previsto en el artículo 24 LTAIBG, dictó resolución en la que concedía el acceso a la información disponible. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no puede desconocerse que, aun de forma tardía, se ha dictado resolución estimando la solicitud y facilitando el acceso a la información pública de la que dispone el Departamento ministerial concernido, sin que el reclamante haya manifestado objeción alguna al contenido de la misma, manifestando que se «ha dado satisfacción plena al resolver en sentido favorable a lo solicitado», aunque critica la actuación de la administración por el retraso inj ustificado en responder a su solicitud. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la estimación por motivos formales de la reclamación al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener la resolución de su solicitud en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación planteada frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez