Reclamación por falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Huelva sobre barcos y pecios hundidos, resuelta con estimación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 3 de enero de 2024 el reclamante solicitó a la AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA (en adelante AP de Huelva) / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) barcos y pecios hundidos en el dominio marítimo de la Autoridad Portuaria de Huelva, así como detalles sobre su estado actual». 2. No consta respuesta de la Administración. S/REF: N/REF: 221/2024 Fecha: La de firma. Dirección: SOSTENIBLE. Información solicitada: Barcos y pecios hundidos dominio marítimo AP Huelva. R CTBG Número: 2024-0672 Fecha: 20/06/2024 3. Mediante escrito registrado el 9 de febrero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4. Con fecha 9 de febrero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 26 de febrero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «En la referida solicitud no se invocó por parte del solicitante la posible aplicación de la LTAIBG en la tramitación y resolución de la citada petición, por lo que este organismo público consideró tratar la petición formulada a través de los cauces previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). (…) Con fecha 1 de febrero de 2024, mediante escrito de este organismo público, se ha requerido al interesado para que acotara los términos de su solicitud, en virtud de lo previsto en los artículos 68.1 y 66.1 letra c) de la LPACAP, facilitándole, igualmente, el email del Jefe de División de Proyectos y Obras de esta APH, a los efectos de que le facilitara éste último detalles de los documentos obrantes, a este respecto, en este organismo público. (…) A fecha de hoy el peticionario no ha procedido a atender el anterior requerimiento, pese a que fue notificado con fecha 15 de febrero de 2024. Por todo lo anterior, consideramos que la Reclamación planteada por el Sr. (…) ante el C.T.B.G. debe ser desestimada, o en su caso, inadmitida, puesto que la solicitud presentada está siendo oportunamente atendida p or esta Autoridad Portuaria. (…) Del anterior escrito se da traslado, vía email, el día 21 de febrero de 2024, al precitado Jefe de División de Proyectos y Obras, con el fin de que informara si los documentos requeridos por el Sr. (…) son susceptibles de ser remitidos directamente al reclamante o debe éste consultarlos en la propia sede de la APH. Por todo lo anterior, consideramos que la Reclamación planteada por el Sr. (…) ante el C.T.B.G. debe ser desestimada o inadmitida, en su caso, puesto que la solicitud R CTBG Número: 2024-0672 Fecha: 20/06/2024 presentada en su día está siendo tramitada oportunamente por esta Autoridad Portuaria» 5. El 27 de febrero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya presentado observación alguna. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre barcos y pecios hundidos en el dominio marítimo de la Autoridad Portuaria de Huelva. La Administración no respondió a la solicitud en plazo, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LAITBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y, en consecuencia, expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, habiendo sido remitido por este Consejo el requerimiento para alegaciones en este procedimiento, la AP DE Huelva requirió al reclamante, en fecha 15 de febrero de 2024, para que acotara los términos de su solicitud, facilitándole el email del Jefe de División de Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria, para que este le informara de los documentos obrantes en esta. Este requerimiento no ha sido contestado por el reclamante, que tampoco ha dado respuesta al requerimiento de alegaciones formulados por este Consejo en el trámite de audiencia concedido. 5. Teniendo en cuenta lo anterior cabe recordar, en primer lugar, que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, como ya se ha puesto de manifiesto, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 4. La petición de acotación de la solicitud por parte de la AP de Huelva, además de haberse notificado al solicitante tras la presentación de la reclamación, no se compadece con los términos en que se formula la solicitud, que no deja lugar a dudas sobre su pretensión: que es la de tener acceso al listado de los buques o pecios de los que tenga constancia la Autoridad Portuaria que están hundidos en el territorio en el que es competente y, en su caso, facilitar las información en posesión de la Administración sobre la situación o estado actual de los restos de dichas naves. Ciertamente, la AP de Huelva ha puesto de manifiesto que tras ese requerimiento se ha puesto en contacto con el órgano o unidad competente para resolver a fin de determinar el modo de acceso a la información solicitada. De lo anterior se desprende que no considera aplicable causa de inadmisión o restricción alguna al ejercicio del derecho de acceso, si bien no conta que, en el momento de resolver esta reclamación, se haya facilitado la información al peticionario, sea mediante comparecencia en la sede de la autoridad portuaria, sea mediante envío en formato electrónico. 5. En consecuencia, a la vista de cuanto antecede, partiendo de las propias alegaciones de la autoridad portuaria, procede la estimación de la reclamación a fin de que se haga efectivo el acceso solicitado. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la AP DE HUELVA/MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. SEGUNDO: INSTAR a la AP DE HUELVA/MI NISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Barcos y pecios hundidos en el dominio marítimo de la Autoridad Portuaria de Huelva, así como detalles sobre su estado actual. TERCERO: INSTAR a la AP DE HUELVA/MI NISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez