Reclamación de acceso a información sobre altas y bajas de incapacidad permanente de una concejal y su compatibilidad con cargo público

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de noviembre de 2023 el reclamante solicitó al INSS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Conocer si es cierto que , quien también ostenta el puesto/cargo como (…) ha estado cobrando simultáneamente paga del INSS por Incapacidad Permanente y retribución por su puesto/cargo en S/REF: N/REF: 16/2024 Fecha: La de firma. Dirección: NSS/ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Información solicitada: Listado altas y bajas incapacidad permanente de concejal. R CTBG Número: 2024-0654 Fecha: 14/06/2024 Solicito listado y o copia íntegra donde figuren sus altas y o aprobación de la Incapacidad Permanente concedida, así como sus bajas o renuncia a la Incapacidad. Solicito conocer si existe o no incompatibilidad al recibir una persona paga del INSS por Incapacidad Permanente y retribución por puesto/cargo público simultáneamente. (…). Por lo tanto, solicito acceso íntegro a la información pública que solicito y ruego omitan incluir cualquier dato de carácter personal o cualquier motivo médico o de salud de , pues únicamente solic ito acceso a la información económica que debe ser de acceso público. En el caso de que sí exista incompatibilidad y (…) cobrara ilegalmente paga del INSS y retribución por su puesto en solicito que me lo detallen claramente». 2. La Dirección Provincial del INSS de respondió al solicitante el 20 de noviembre de 2023, mediante un correo electrónico, por el que se le remite un dossier a efectos de responder a las cuestiones planteadas con información general sobre la materia de la compatibilidad del percibo de una pensión de incapacidad permanente con otras actividades. 3. Con fecha 21 de noviembre, el demanda nte presentó una segunda solicitud requiriendo a la Dirección Provincial de que se le proporcionara una respuesta satisfactoria a su petición, no obteniendo respuesta por parte de esa Dirección Provincial. 4. Mediante escrito registrado el 22 de diciembre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el cual dio traslado de la misma el 3 de enero de 2024 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del art. 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En dicha reclamación pone de manifiesto que no está conforme con la respuesta recibida por correo electrónico y que no le han respondido a la segunda instancia presentada, añadiendo lo siguiente: «(…) mi solicitud fue bastante acotada, es 100% información pública y recalqué que omitieran los datos de carácter personal, así como cualquier información médica». 5. Con fecha 3 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación Unidad de Información y Transparencia Singular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones -UITSSSP solicitando la remisión de la copia completa del R CTBG Número: 2024-0654 Fecha: 14/06/2024 expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 31 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «1. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en lo sucesivo LTAIPBG)en su artículo 15 establece que cuando la información solicitada incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Establece ese artículo asimismo que, con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 2. El artículo 193.1 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, (LGSS) aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, define la situación de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Por lo tanto, la incapacidad permanente, en tanto que situación protegida por el sistema de Seguridad Social, atiende a la capacidad laboral del trabajador considerando su situación médica o de salud. Por lo tanto, es una prestación para cuyo reconocimiento es imprescindible tomar en consideración datos de salud de los trabajadores/as. En consecuencia, hay que considerar que la información sobre la prestación de incapacidad permanente contiene, entre otros, datos relacionados con la salud de los beneficiarios. 3. El interesado ha conocido que (…) percibe una pensión de incapacidad permanente como consecuencia del cumplimiento por la concejal de lo establecido por el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. (…) declaró, en cumplimiento de esa obligación, que percibe una pensión de incapacidad permanente total, su importe y la profesión para la que fue declarada esa situación. 4. La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido que los datos relativos a la salud son datos especialmente protegidos y su tratamiento está prohibido salvo que concurran una serie de circunstancias entre las que se encuentra el hecho de que el interesado haya hecho manifiestamente públicos sus datos personales 5. Los únicos datos personales, en relación con su situación de incapacidad permanente, que (…) ha hecho manifiestamente públicos son, como se ha señalado, que percibe una incapacidad permanente total, así como su importe. 6. Esa manifestación pública se ha realizado por un imperativo legal pero no puede constituirse, a juicio de esta Entidad, como un consentimiento tácito para que todos sus datos, sea cual sea su naturaleza, sean revelados. 7. Por lo tanto, la información no revelada por (…), en relación con su prestación de incapacidad permanente: a. o bien tiene carácter médico, en cuyo caso el acceso a la información solicitada sólo podría autorizarse, conforme a lo que establece el art. 15 LTAIBG, si aquél estuviera amparado por una norma con rango de ley, circunstancia que no concurre en este caso, o que el interesado contase con el consentimiento expreso del afectado, lo que no ha acreditado el solicitante. b. o se trata de información de carácter personal, afecta por lo tanto a la normativa sobre protección de datos que, a juicio de esta Entidad, prevalece sobre el derecho de acceso a la información. 8. Los datos solicitados por el interesado, en relación con la pensión de incapacidad permanente, se refieren a “listado y o copia integra donde figuren sus altas y o aprobación de la incapacidad permanente concedida, así como sus bajas o renuncia a la incapacidad“. La resolución de concesión de la prestación de incapacidad permanente contiene información de carácter médico lo que, conforme a lo anteriormente indicado, impide que se autorice el acceso a esa información. Y por lo que se refiere a “las bajas o renuncia a la incapacidad”, se trataría de datos personales protegidos por la normativa sobre protección de datos, lo que, de igual manera, impide el acceso a esa información. 9. Por lo que se refiere a la solicitud sobre la posible incompatibilidad de la pensión de incapacidad permanente y la retribución por puesto/cargo público, hay que indicar que, conforme a lo que establece el art. 198 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre la percepción del incremento previsto en el artículo 196.2, párrafo segundo, LGSS y la realización de trabajos, por cuenta propia o ajena, incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. Por lo que se refiere al ámbito concreto de la compatibilidad o incompatibilidad del percibo de una pensión de incapacidad permanente total (IPT) o absoluta (IPA) con el desempeño de un cargo público representativo, el INSS, a través de su Subdirección General de ordenación y Asistencia Jurídica, publicó el 18 de mayo de 2021 su criterio de gestión nº 16/2021, que puede consultarse en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (…). 7 El criterio de gestión 16/2021 del INSS, aplica el criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tras los pronunciamientos en esta materia de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Madrid, seguidos en la STSJ de Castilla-León 519/2018, de 23 de marzo, que acoge la STSJ de Madrid 969/2020, de 4 de noviembre, que concluye la procedencia de modificar el anterior criterio que consideraba compatible el percibo de pensiones por incapacidad permanente total y absoluta del sistema de Seguridad Social con el desempeño de cargos electivos de las corporaciones locales en régimen de dedicación exclusiva o parcial, en el sentido de considerarlo incompatible con el percibo de dichas pensiones, sin que la modificación del criterio suponga la revisión por la Entidad Gestora de compatibilidades ya reconocidas. En consecuencia, según el criterio señalado, el desempeño de cargos electivos de las corporaciones locales en régimen de dedicación exclusiva o parcial se considera incompatible con el percibo de la IPT o IPA si bien no procede la revisión de los expedientes en los que se estimó la compatibilidad en aplicación de la anterior interpretación recogida en el apartado 2 del criterio 1/2021 de esta Entidad. Y todo ello sin perjuicio de lo establecido por el art. 2 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican diversos aspectos en la normativa vigente en materia de invalidez permanente en la Seguridad Social, que establece que los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez que simultaneen la percepción de su pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán comunicar tal circunstancia a la Entidad gestora competente. En cualquier caso, el Área de Información y Transparencia de la Secretaría General del INSS dará traslado a la dirección provincial del INSS en de la información relativa a la condición de de miembro electo del a los efectos que procedan. 8 Conclusión: Esta Entidad acuerda no autorizar por las razones expuestas el acceso a la información solicitada». Este escrito iba acompañado por un anexo que recogía el criterio de gestión 16/2021, de fecha 18 de mayo, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS, en la que se señala la incompatibilidad del percibo de una pensión de incapacidad permanente total (IPT) o absoluta (IPA) con el desempeño de un cargo público representativo. 6. El 2 de febrero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito de contestación en esa misma fecha, el 2 de febrero de 2024 en el que señala: «En los puntos 1, 2, 4, 6 y 8 del Informe que me han aportado, hacen mención una y otra vez a que no pueden facilitarme el acceso a la información, bien porque la misma con tiene información médica o bien datos de carácter personal de la concejal (…). ¿Dónde figuran en mis solicitudes pretensiones de acceso a información médica o de carácter personal? Hice hincapié y además de forma reiterada, “ruego omitan incluir cualquier dato de carácter personal o cualquier motivo médico o de salud de la concejal”. Esta concejal, ostenta dicho cargo público desde junio del año 2019 y mi solicitud de información va orientada claramente y únicamente a datos económicos que percibe del dinero público que pagamos los españoles con nuestros impuestos. No solicitando conocer la cantidad que cobra, sino claramente, mi solicitud va enfocada a conocer si cobra o no cobra por Incapacidad Permanente Total, desde cuándo y si hasta la actualidad, donde no ha existido baja alguna en su ostentación de cargo público, ha existido bajas y altas en dicha Incapacidad Permanente Total. Para nada refiriéndose a su estado de salud, sino inequívocamente, pretendiendo conocer si ha cobrado y o dejado de cobrar en algún momento de ese periodo como POLÍTICA, dicha prestación de la Seguridad Social (…) 2. Como bien han detallado en la alegación nº3 de su Informe, he conocido que esta Concejal percibe una pensión de incapacidad permanente como consecuencia del cumplimiento de lo establecido por el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Es más, precisamente he sido yo quien en mi solicitud de acceso a información les adjunté la “DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 2019-2023” de (…), la cual figura en el Portal de Transparencia del Ilustre , en la que efectivamente sí declara percibir esta pensión de incapacidad permanente total. Sin embargo, en la “DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 2023-2027” de la misma Concejal y publicada por el mismo Ayuntamiento, NO declara percibir pensión por incapacidad permanente total (…) Y en la alegación Nº6 del Informe que me aportan, detallan ustedes mismos, que esta concejal, manifiesta que percibe dicha pensión de incapacidad permanente por imperativo legal. Haciendo mención directamente y nuevamente al artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las bases del Régimen Local. Si ustedes mismos coinciden conmigo en que esta concejal sí está obligada por Ley a declarar que percibe pensión por incapacidad permanente total, ¿por qué no ha declarado esta misma Concejal que en el periodo 2023-2027 sí cobra dicha pensión por incapacidad? También les adjunto la “DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES” que la misma concejal ha declarado en con fecha de firma 30 de agosto de 2023, publicada también en su respectivo Portal de Transparencia. Donde NO declara tampoco que sí percibe pensión por incapacidad permanente total. ¿Por qué no ha declarado esta misma política que sí cobra dicha pensión por incapacidad? Precisamente es en esta administración pública “MANCOMUNIDAD”, donde le asignan (…) una retribución por valor de 26.139,27€, siendo publicada dicha retribución en el anuncio de 4 de octubre de 2023 y su nombramiento como en el mismo Boletín Oficial de la Provincia, del mismo día, en el anuncio (…). 3. Faltando intencionadamente o no, en dos Declaraciones de Bienes Patrimoniales de la concejal (…), que no tiene incompatibilidades y que no percibe pensión por incapacidad permanente total. Es bastante obvia mi duda razonable y mi preocupación, pues también son diversos Plenos Municipales del donde esta señora sí dice percibir la pensión por incapacidad. Celebrándose estos Plenos Municipales a lo largo del año 2023, disponiendo en ese momento tanto de nombramiento como concejal del y como Siendo estos mismos comentarios realizados en un medio público, los que originan mi solicitud de acceso a información al INSS, porque si esta concejal recibe simultáneamente pensión por incapacidad permanente total y retribución por su cargo . Es bastante probable que sí exista una IRREGULARIDAD e incluso un presunto Delito de Prevaricación y o Malversación de Fondos Públicos, e incluso delito de Falsedad Documental. Pues en estas 2 Declaraciones de Bienes Patrimoniales está obligada por IMPERATIVO LEGAL a detallar que sí percibe la pensión por incapacidad y no figura detallado que cobra dicha pensión. 4. En la alegación Nº9 de vuestro Informe, sí me dais la razón de que efectivamente una persona que percibe una pensión por incapacidad permanente total del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no puede simultáneamente percibir retribución por cargo público “POLÍTICO”. Y es lo que se detalla claramente en la Sentencia 969/2020A del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Adjunto la Sentencia), donde precisamente, los denunciantes son EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 5. En la alegación Nº9 de vuestro Informe, detallan: “el Área de Información y Transparencia de la Secretaría General del INSS dará traslado a la dirección provincial del INSS en de la información relativa a la condición de (…) de miembro electo del a los efectos que procedan”. Sin embargo, teniendo constancia de que la administración pública que le ha concedido a (…) la retribución por su cargo por valor de 26.139,27€. Entiendo que la información correcta que sí procede que den traslado a la dirección provincial del INSS en , es en su condición de miembro de la . Conclusión: Solicito que estudien mis alegaciones presentadas en tiempo y forma, así como todos los documentos adjuntos que presento como pruebas resolutivas de la existencia de la irregularidad». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida al supuesto cobro simultáneo por una concejal de un ayuntamiento de una pensión del INSS por Incapacidad Permanente y de la correspondiente retribución por su puesto/cargo en El INSS responde por correo electrónico enviando al solicitante información general sobre la compatibilidad de una pensión de incapacidad permanente y el desarrollo de trabajo remunerado. El interesado reiteró su solicitud que no recibió respuesta; por lo que, entendiéndola desestimada por silencio, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que la remitió a este Consejo por ser el órgano competente para decidir. En el trámite de alegaciones de este procedimiento el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega el acceso al listado de «altas y o aprobación de la Incapacidad Permanente concedida, así como sus bajas o renuncia a la Incapacidad», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.1 LTAIBG, pues contiene información que hace referencia « al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor» cuyo acceso « solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley». Desde esta perspectiva el INSS señala que los datos solicitados o bien tienen carácter médico, o bien se trata de información de carácter personal, afectando, en consecuencia, a la normativa sobre protección de datos, por lo que debería prevalecer aquélla sobre el derecho de acceso a la información. 4. Sentado lo anterior, no puede desconocerse que tanto en su solicitud inicial de acceso como en el trámite de audiencia en este procedimiento, el reclamante ha subrayado que no pretende el acceso a datos médicos u otros datos de carácter personal de la concejal, que no sean los meramente económicos. Así, una vez respondida la cuestión relativa a la compatibilidad o la incompatibilidad de la percepción simultánea de una pensión por incapacidad permanente y otras retribuciones públicas, lo que pretende el reclamante con el acceso listado de fechas de altas y bajas en la percepción de la pensión por incapacidad permanente total, es conocer si la concejal sigue percibiendo esta contribución económica. Y ello, explica, porque si bien consta declarada su percepción en el periodo 2019-2023, no es así respecto del periodo de 2023-2027. Tomando en consideración los elementos aludidos, entiende este Consejo que no procede la denegación del acceso, sino su articulación de forma tal que se excluya el acceso a la información médica, cuyo conocimiento no pretende el reclamante. Por otro lado, respecto de la información solicitada (en particular, los periodos en que se percibe la pensión por incapacidad, sin necesidad de especificar la cuantía), debe precisarse que, si bien es cierto que se trata de información que contiene datos de carácter personal, también lo es que su acceso no se rige por lo dispuesto en el artículo 15.1 LTAIBG (regulador del acceso a determinadas categorías especiales de datos), sino por la previsión contenida en el apartado tercero del precepto (referido al acceso a datos que ni están especialmente protegidos ni se configuran como «datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano»). Por tanto, facilitar el acceso a la información solicitada exige de una ponderación razonada entre el interés público en divulgar la información y la protección del derecho a la protección de datos de carácter personal de la afectada. 5. En este caso, contra lo sostenido por el INSS, el resultado de la ponderación arroja un resultado favorable a la prevalencia del derecho de acceso a la información pública, atendiendo a la relevancia pública de la persona afectada ( , así como a la finalidad que subyace al acceso pretendido (someter a escrutinio el uso o de los recursos públicos, controlando las eventuales irregularidades en el cobro de una prestación de la Seguridad Social por su percepción simultánea con otros ingresos correspondientes al desempeño de un cargo público en una entidad local). El interés público de esta información está referido a la necesidad de asegurar el buen uso de los fondos públicos, de manera que no se produzcan desviaciones de recursos económicos, mucho más teniendo en cuenta la importancia que tiene la buena gestión de la financiación destinada el mantenimiento del Sistema de la Seguridad Social, evitando costes que legalmente no tienen justificación. 6. En consecuencia, de acuerdo con lo señalado en lo antecedentes y con lo manifestado en los anteriores fundamentos de esta resolución, debe estimarse la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al INSS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. SEGUNDO: INSTAR al INSS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información,: x «Listado donde figuren altas y o aprobación de la Incapacidad Permanente concedida a , así como sus bajas o renuncia a la Incapacidad. TERCERO: INSTAR al INSS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez