Solicitud de información sobre expedientes sancionadores, cobro de multas y negociaciones de compra de fincas en Doñana con resultado de estimación formal

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 10 de octubre de 2023 el reclamante solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR / MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) impuso tres sanciones económicas a los propietarios de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), multas confirmadas por el Tribunal Supremo. Solicito saber cuáles de estas tres S/REF: 00001-00082952 N/REF: 76/2024 Fecha: La de firma. Dirección: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Información solicitada: Expedientes sancionadores y cobro de sanciones. R CTBG Número: 2024-0595 Fecha: 30/05/2024 sanciones ha cobrado la Confederación, por qué importe y por qué razón no ha podido cobrar las tres multas. En paralelo, solicito conocer cuántos de los 13 expedientes sancionadores impuestos a dichos propietarios por la CHG han culminado en cobro por parte de la Confederación, y por qué importe total. En 2018 la confederación hizo una consulta a la Abogacía del Estado sobre si se podía conceder derechos de riego a estos propietarios de la finca Hato Viejo Blanco después de haber sido sancionados durante años. ¿Permitió la Abogacía del Estado dichos derechos de riego? ¿Cuál fue el sentido del informe de la abogacía del Estado? ¿Por qué razón les otorgó Confederación una concesión pese a los 13 expedientes acumulados durante 11 años, tres de ellos ratificados en el Supremo? ¿Está o ha estado el Ministerio para la Transición Ecológica en negociaciones para la compra de la finca Hato Blanco Viejo con sus propietarios? En tal caso, ¿ha culminado dicha negociación? ¿Con cuántas fincas ha negociado el Miteco su compra para aliviar la presión sobre el acuífero de Doñana desde que anunció su plan de 356 millones en noviembre de 2022? ¿Ha cerrado alguna de ellas? ¿Por qué importe?». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 15 de enero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta. 4. Con fecha 16 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 22 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo una copia de la resolución remitida al reclamante, en la que se señalaba: « (…) Por todo lo expuesto y, una vez analizada la petición, esta Presidencia, RESUELVE: R CTBG Número: 2024-0595 Fecha: 30/05/2024 Conceder el acceso a la información pública solicitada, dándola por contestada con lo informado por el Jefe de Área Económica y Financiera Organismo de cuenca, que se ha dejado transcrito en el apartado segundo de esta resolución». 5. El 23 de enero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que conste su comparecencia a la notificación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a determinados expedientes sancionadores y las sanciones económicas derivados de los mismos. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución emitida el 15 de enero de 2024 por la que se concede la información disponible. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. Tampoco remite el expediente administrativo solicitado por este Consejo ni alegaciones que permitan conocer las causas por las que se ha producido este retraso, limitándose a adjuntar copia de la resolución remitida al reclamante. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no puede desconocerse que, aun de forma tardía, el Ministerio dictó resolución, notificada al reclamante, en la que concede el acceso facilitando la información que se encuentra disponible sobre los expedientes por los que se interesaba el reclamante [en particular, sobre la situación cobratoria de los expedientes sancionadores (que se refleja en el cuadro) y las actuaciones recaudatorias desarrolladas en cada expediente; así como, sobre los otros expedientes sancionadores que han culminado en cobro por parte de la Confederación, la falta de constancia del informe de la Abogacía del Estado de 2018 y la falta de encaje en la noción de información pública de las cuestiones referidas a las negociaciones], sin que haya manifestado objeción alguna en el trámite de audiencia concedido. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la estimación por motivos formales de la reclamación al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener la resolución de su solicitud en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR / MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez