Solicitud de base jurídica sobre copyright de archivos nacionales y resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 24 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (actual MINISTERIO DE CULTURA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En la url ios/licencias-uso.html se afirma que: S/REF: N/REF: 22/2024 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Copyright sobre documentos de archivos nacionales. R CTBG Número: 2024-0573 Fecha: 28/05/2024 " [...] Ministerio de Cultura y Deporte, como titular del "cop yright" de los documentos conservados en el Archivo." La misma información aparece en ios/publicacion-de-documentos.html Solicita Conocer la base jurídica, con mención precisa de artículo y párrafo, de esa atribución de derecho. Obtener copia de los informes jurídicos relativos al uso y difusión de imágenes de fondos de archivos nacionales» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 3 de enero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a la solicitud. 4. Con fecha 4 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 31 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «1. Antecedentes Con fecha de 24 de enero de 2023 tuvo entrada en el entonces Ministerio de Cultura y Deporte una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dirigida a la Subdirección General de Propiedad Intelectual por D. (…) Debido a discrepancias internas sobre la competencia para dar respuesta a dicha solicitud, ésta se demoró y quedó sin respuesta por la falta de acuerdo. R CTBG Número: 2024-0573 Fecha: 28/05/2024 La solicitud de D. (…) hacía referencia a cierto contenido, replicado en varias páginas web de los Archivos Estatales, en el que se afirmaba que el Ministerio de Cultura y Deporte era titular del "copyright" de los documentos conservados dichos Archivos. En dicha solicitud, se requería al Ministerio de Cultura y Deporte la base jurídica de esa atribución de derecho y una copia de los informes jurídi cos relativos al uso y difusión de imágenes de fondos de archivos nacionales. 2. Alegaciones y conclusión El 3 de enero de 2024 el reclamante interpone reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, solicitando sea atendida la solicitud. (…) Se ha dado respuesta, a través de un oficio al ciudadano atendiendo a su solicitud original del 24 de enero de 2023. Se adjunta el oficio de respuesta al ciudadano». En el citado oficio, de fecha 30 de enero de 2024, se responde al ciudadano en los siguientes términos: «Del análisis de la petición se desprende que la mención al concepto de copyright no era adecuada, por lo que esta Subdirección General de los Archivos Estatales ha eliminado toda mención que apareciera en las páginas citadas por el solicitante. Asimismo, a efectos informativos, le comunico que la Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan los precios públicos de determinados servicios prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura, es la vigente normativa que regula el procedimiento de solicitudes de reprografía en los Archivos Estatales. De modo complementario, le comunico que en los Archivos Estatales se puede disfrutar de Servicio de autocopias en sala. Los documentos del archivo que se consulten presencialmente por los usuarios podrán ser objeto de autocopias, sin necesidad de aplicar precio público para ello, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas al efecto». 5. El 1 de febrero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya realizado observación alguna. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide conocer la base jurídica que permite al Ministerio de Cultura ser el titular del copyright de los documentos conservados en los archivos estatales, con mención precisa del artículo y párrafo; así como la copia de los informes jurídicos relativos al uso y difusión de imágenes de fondos de archivos nacionales. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta oficio emitido el 30 de enero de 2024 en el que da respuesta a las cuestiones planteadas por el interesado. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, poniendo de manifiesto que, debido a discrepancias internas sobre la competencia, la respuesta a la solicitud se demoró y quedó sin respuesta por la falta de acuerdo. Esta demora en dar una contestación por parte de la Administración puede provocar, como en este caso, que el ciudadano considere que se le ha denegado la información por silencio administrativo y que presente una reclamación perfectamente evitable, generando un consumo innecesario de recursos públicos y privados. En cualquier caso, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial de l contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio ha comunicado a este Consejo en el trámite de alegaciones que el reclamante ha obtenido respuesta a través de un oficio emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes en fecha 30 de enero de 2024. A este respecto, es necesario recordar que el artículo 20 LTAIBG exige una resolución expresa (motivada cuando se deniegue el acceso o se conceda el acceso parcial) y que la misma se notifique al solicitante y a los terceros afectados, sin que su emisión pueda ser sustituida por un mero oficio sin reunir los requisitos propios de una resolución administrativa. En consecuencia, procede est imar la reclamación para que el organismo requerido resuelva expresamente sobre la solicitud y lo notifique al reclamante, cumpliendo con lo establecido en la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE CULTURA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE CULTURA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, dicte resolución sobre la solicitud de acceso y la notifique al reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE CULTURA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez