Reclamación por falta de respuesta y posterior inadmisión extemporánea de solicitud de información sobre la Ley de Amnistía

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 24 de noviembre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA (actual MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, donde se reflejen las órdenes o instrucciones recibidas por el Presidente del Gobiernos sobre las S/REF: 00001-00084216 N/REF: 50/2024 Fecha: La de firma. Dirección: LAS CORTES. Información solicitada: Documentación relativa a las actuaciones a realizar desde el Ministerio de Justicia para conseguir la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía. R CTBG Número: 2024-0561 Fecha: 24/05/2024 actuaciones que deben realizar desde el Ministerio de Justicia para conseguir que la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía no se vea perjudicada y se puedan cumplir los pactos acordados por su Grupo político». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 10 de enero de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que puso de manifiesto lo siguiente: «Que en fecha de 24 de noviembre de 2023 se solicitó información al Ministerio de Justicia cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA co mo órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la legislación autonómica análoga y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación.» 4. Con fecha 11 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerara pertinentes. El 1 de abril de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito de alegaciones en el que el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES, tras declarar de forma liminar que la solicitud de acceso a la información había sido «(…) recibida en la Subsecretaría del Departamento el 26 de diciembre de 2023, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para notificar su resolución, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre» manifestó haber resuelto aún de forma extemporánea la inadmisión a trámite de la solicitud de información al declarar que: R CTBG Número: 2024-0561 Fecha: 24/05/2024 «Con fecha 26 de marzo de 2024 se firmó la resolución en la que de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitía a trámite>> En la resolución se recogía que: “Una vez analizada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y una vez consultado el Gabinete del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se inadmite a trámite. La citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, reconoce en su artículo 12 el derecho de acceso a la información pública, en los términos definidos en la propia ley, que desarrolla el artículo 105.b) de la Constitución Española. En otras palabras, y salvo por las excepciones constitucionalmente previstas, se garantizará el acceso de los ciudadanos a los “archivos y registros administrativos”, entendidos estos como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A este respecto, lo que se requiere en la solicitud excede el concepto de información pública establecido por la normativa en vigor, en tanto que no hace referencia a un archivo o registro administrativo, sino a una iniciativa parlamentaria –propuesta por un grupo parlamentario–, cuya tramitación está siguiendo los cauces correspondientes en las Cortes Generales, en el ejercicio de su función legislativa. Por consiguiente, no es una información a la que se pueda dar acceso por obrar en poder de este Ministerio, y tampoco se tiene conocimiento de que la información solicitada pudiera obrar en algún otro organismo de los comprendidos entre los sujetos obligados de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Por tanto, entendemos que la pretensión del solicitante no puede ser acogida a tenor de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.” La resolución ha sido notificada al solicitante mediante su puesta a disposición a través del Portal de Transparencia el 26 de marzo de 2024. Se acompaña una copia de la citada resolución. Por tanto, la solicitud ha sido atendida, aunque fuera de plazo». 5. El 5 de abril de 2024, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 19 de abril de 2024 en el que expuso que el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES reconoció en fase de alegaciones que había contestado fuera de plazo y que no existía la documentación solicitada, y solicitando al efecto lo siguiente: «Dejando constancia de lo manifestado procede por tanto la estimación por carácter formal, al no existir la información, por lo que solicitamos del CTBG una resolución estimatoria sin más trámite». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “ en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a «Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, donde se reflejen las órdenes o instrucciones recibidas por el Presidente del Gobiernos sobre las actuaciones que deben realizar desde el Ministerio de Justicia para conseguir que la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía no se vea perjudicada y se puedan cumplir los pactos acordados por su Grupo político». El Ministerio requerido no contestó en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio administrativo —conforme al artículo 20.4 LTAIBG— y expedita la vía de la reclamación del artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, con ocasión de la remisión del expediente, puso de manifiesto en fase de alegaciones haber dictado con fecha 26 de marzo de 2024 resolución de forma extemporánea acordando la inadmisión a trámite de la solicitud de información, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 18.1 LTAIBG, con aportación de la misma. 4. Procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo de un mes legalmente establecido para ello sin que conste causa o razón que lo justifique. Por otra parte, se da la circunstancia de que el tiempo transcurrido entre la fecha de la presentación de la solicitud y la fecha declarada de recepción en el órgano competente para resolver resulta desproporcionado para la tramitación de una solicitud dentro de un mismo ministerio e incompatible con el principio de eficacia que según el artículo 103 de la Constitución ha de regir la actuación de la Administración Pública. En consecuencia, debe recordarse a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no cabe desconocer que, aún de forma extemporánea, el Ministerio ha resuelto sobre la solicitud de acceso y la reclamante únicamente ha objetado el retraso, solicitando la estimación por motivos formales. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede estimar de la reclamación por razones formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez