Reclamación de acceso a la información sobre importes de cánones y vigencia de concesiones administrativas de dominio público marítimo-terrestre

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 8 de noviembre de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁ FICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En la realización de estudio socio-económico sobre el tema industrial de Huelva y más concretamente en apartado sobre actividades económicas derivadas de la producción de yeso y su vertido y/o depósito en las marismas del Rincón y Mendaña, en zona delimitada como dominio público marítimo-terrestre y por tanto S/REF: N/REF: 3230/2023 Fecha: La de firma. Dirección: DEMOGRÁFICO. Información solicitada: Cantidades abonadas por las concesiones: C-469, C-470 y C-785 y periodo efectivo de sus autorizaciones. R CTBG Número: 2024-0556 Fecha: 22/05/2024 competencia del estado, desearíamos conocer las cantida des que las diferentes empresas a cargo de las denominadas concesiones C-469 y C-470, unificadas en la C-785, han ido abonado a las arcas del Estado desde el primer abono hasta el último. Habida cuenta que desde ese Ministerio se declaró la caducidad de la concesión C- 485 en 27 de noviembre de 2003, y sin embargo se siguió vertiendo y/o depositando yeso en los terrenos concesionados sin título habilitante para ello, desearíamos conocer si desde esa fecha hasta el cese efectivo de los vertidos y/o depósitos, realizado según Auto de 14 de diciembre de 2009 en la fe cha de 31 de diciembre de 2010, se han estado abonado los cánones pertenecientes a las dos concesiones refundidas en la C-785, o bien se ha estado vertiendo o depositando al margen de dicho abono al haberse declarado la caducidad de la concesión y, por tanto, sin título habilitante no podría haber habido devengo de canon. Nos dirigimos a la Dirección General de la Costa y el Mar como órgano sustantivo; no obstante, si esta información no obrase en poder de dicha Dirección General rogaríamos encarecidamente que se cumpliera lo estipulado en el artículo 19, en su punto 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de forma tal que, si la información no obrara en su poder, se remitiera al competente y se nos informara de esta circunstancia. Por todo ello, se solicita: 1º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-469. 2º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-470. 3º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-785. 4º.- Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C-470, y, en su caso, sobre la C-785.» 2. El MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓ GICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO dictó resolución en relación con esta y otra petición del interesado de forma conjunta, notificada el reclamante con fechas 16 y 20 de noviembre de 2023, resolviendo, en lo que respecta a la petición de información objeto del presente expediente: «(…)[E]n cuanto a su solicitud de información acerca de las cantidades liquidadas en concepto de canon, cabe señalar qu e los cánones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre tienen el carácter de “tasa” (artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos), R CTBG Número: 2024-0556 Fecha: 22/05/2024 siendo por tanto un tributo (art. 2.2.a de la Ley General Trib utaria), por lo que no podría proporcionarse la información relativa a las liquidaciones de los cánones dado el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, recogido en la Ley General Tributaria (Sentencia de la Audiencia Nacional 251/2017, Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso 145/2016).» 3. El 20 de noviembre de 2023, el interesado se dirige nuevamente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO en los siguientes términos: «(…) Tal como reproduce su escrito, se contenía en nuestro escrito lo siguiente: “desearíamos conocer si desde esa fecha hasta el cese efectivo de los vertidos y/o depósitos, realizado según Auto de 14 de diciembre de 2009 en la fecha de 31 de diciembre de 2010, se han estado abonado los cánones pertenecientes a las dos concesiones refundidas en la C-785, o bien se ha estado vertiendo o depositando al margen de dicho abono al haberse declarado la caducidad de la concesión y, por tanto, sin título habilitante no podría haber habido devengo de canon”. A lo que añadimos en el término final lo que sigue, no siendo reflejado en su contestación: "Por todo ello, se solicita: 1º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-469. 2º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-470. 3º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-785. 4º.- Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C-470, y, en su caso, sobre la C-785." Respecto de los puntos 1º, 2º y 3º ya se han pronunciado , pero no así sobre el 4º, que resulta omitido. En consecuencia, se vuelve a solicitar se nos diga si Fertiberia S.A. ha abonado el canon a partir de la Orden Ministerial que declaraba la caducidad de la concesión en 27 de noviembre de 2003. No pedimos liquidación en este apartado, tan sólo que se nos informe si Fertiberia abonaba, o no, a partir de 2003 y durante qué periodo. No creemos que esa información esté protegida por disposiciones legales y facilitarla entraría de lleno en los postulados de transparencia que se predican por el Ministerio. Asimismo, rogaríamos nos facilitaran sobre las dos sentencias que mencionan el número de identificación de CENDOJ o algún dato que nos permite recuperar tales sentencias, ya que no se han obtenido con los datos aportados. 4. Mediante escrito registrado el 15 de diciembre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto su disconformidad con la respuesta recibida y reclama en los siguientes términos: «En fecha 16 de noviembre de 2023, se recibió oficio de la Dirección General de la Costa y el Mar con respuesta a nuestras preguntas, el cual se adjunta de igual manera. El 20/11/2023 se recibió la misma respuesta vía correo superficie. El mismo día 20 de noviembre se procedió a precisar y reiterar una de las preguntas que había quedado sin respuesta a través del REGAGE23e00078916100, que se adjunta igualmente. El motivo de la reclamación ante ese Consejo se refiere a no estar de acuerdo con lo manifestado por la citada D.G. al considerar que se ha vulnerado la transparencia por virtud de no facilitar la información y, por otra parte, aunque se aceptara la legitimidad de la respuesta, ésta es sólo parcial, ya que se ha omitido responder a una de las 4 preguntas, concretamente la 4ª. En nuestro escrito original se solicitaban una serie de datos sobre los cánones que supuestamente han debido de estar abonando las sociedades anónimas que obtuvieron la titularidad de las concesiones administrativas de dominio público y de las que estamos realizando un estudio general. Las solicitudes, en concreto, eran: (Reproduce literalmente la petición inicial) La respuesta ofrecida el 20 de noviembre pasado fue del tenor literal siguiente: (Reproducción literal de la parte relacionada con el tema en la resolución) Realizamos esta reclamación al amparo de la Ley de Transparencia bajo dos premisas: 1ª.- Sometemos a ese Consejo la afirmación de la Subdirección General del carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria y, en consecuencia, su no facilitación, a lo que tenemos que añadir que se trata de concesiones administrativas de dominio público marítimo-terrestre del Estado cuyos importes obran en diversos documentos públicos, que pudieran ser exhibidos si se precisara y que obran en poder de la Administración del Estado. De forma que lo que se solicita son los líquidos de esos ingresos sobre importes ya conocidos y que por lo tanto no tendría sentido proteger. 2º.- El hecho de no haber respondido a una pregunta muy concreta que quedaría fuera del ámbito de esa supuesta protección al no contener las liquidaciones, sino tan solo si por los obligados tributarios se ha procedido a efectuar los ingresos y el periodo o periodos en los cuales se han estado efectuando tales ingresos. Este no es un tema baladí porque el canon se refiere a siete millones doscientos mil metros cuadrados (720 hectáreas) pudiendo importar 13,6 millones de las antiguas pesetas, anualmente. La Administración no puede pretender ocultar lo que las empresas concesionarias están obligadas a abonar a dicha Administración, porque de esa manera la ausencia de transparencia pudiera dar lugar a un uso clientelar de los tributos y a poder actuar con los obligados de manera discrecional, circunstancias que se quieren evitar con la Ley de Transparencia cuando dice en su preámbulo que: (…) En adición, se solicita se inste a responder sobre el periodo efectivo de abono del canon, tema sobre el que no se han pronunciado. Por tanto, en disconformidad con lo contestado por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre se solicita de ese Consejo sea admitida a trámite esta reclamación a fin de surtir los efectos deseados.» 5. Con fecha 21 de diciembre de 2023, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 16 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo copia del expediente en el que figura: (i) copia de las órdenes ministeriales de autorización de ocupación en relación con las concesiones: C-469, a la empresa UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. y C-470 a la empresa FERTILIZANTES DE IBERIA, S.A.; (ii) copia de las Órdenes Ministeriales de 4 y 8 de junio de 1993, de establecimiento de nuevos cánones sobre dichas concesiones; junto con el informe indicado en el que, tras reproducir el contenido de la solicitud inicial y la resolución dictada, se señala: «(…) A la vista de la reiteración de solicitud de información realizada por don (…) en el sentido de “No pedimos liquidación en este apartado, tan sólo que se nos informe si Fertiberia abonaba, o no, a partir de 2003 y durante qué periodo.”, se ha remitido escrito de esta misma fecha, informándole acerca del importe del canon establecido para las concesiones de referencia y la fecha hasta la que se emitieron liquidaciones del mismo. Se adjunta copia del citado escrito.» Dicho escrito o resolución es del siguiente tenor literal: «A este respecto, cabe informar que consultada la información disponible en esta Dirección General y el Servicio Provincial de Costas en Huelva, las últimas liquidaciones de canon que constan giradas a Fertiberia dentro de los expedientes C-469 y C-470 de Huelva (y por tanto, dentro del C-785 del que son origen) fueron las correspondientes al segundo semestre del año 2003 (julio – diciembre de 2003), por un importe de 8.654,58 € por cada expediente, es decir, un total de 17.309,16 € para ese periodo. Dichos importes resultan de aplicar a las superficies otorgadas en concesión el canon unitario establecido en los respectivos títulos de ocupación, y que si bien se fijó originalmente en los títulos de otorgamiento de los expedientes C-469 y C-470 (O.O.M.M. de 14.03.1967 y 17.05.1968), fue posteriormente revisado mediante las O.O.M.M. de 4/06/1993 y 8/06/1993, quedando establecido en 0,80 pesetas/m2 y año (se adjuntan dichas resoluciones). En cuanto a las referencias de las sentencias, se trata de la Sentencia de la Sala 7 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 6/02/2017 (AN 251/2017 - ECLI:ES:AN:2017:251) que desestima el recurso de apelación número 71/2016 , interpuesto contra la sentencia, desestimatoria, de fecha 28 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5, en el Procedimiento Ordinario número 18/2016, interpuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que ha sido parte apelada la (AEAT),y la citada Sentencia nº 145/2016 del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº5.» 6. El 18 de enero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 31 de enero en el que señala: «En las Alegaciones se nos facilita parte de la información que se solicitó en su día, pero a la vista de la respuesta dada como consecuencia de la reclamación ante ese Consejo, seguimos sin conocer el “4º.- Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C-470, y, en su caso, sobre la C-785”. Sin embargo y a pesar de lo que se nos refirió anteriormente sobre imposibilidad de facilitar datos tributarios bajo la consideración de resultar protegidos, se nos comunican las cantidades de liquidación del año 2003. Es decir, primero no se nos facilita ningún dato con base en el supuesto secreto de los datos tributarios, para posteriormente, previa reclamación, se nos facilita con amplitud las cantidades liquidadas el último ejercicio y su base impositiva, por lo que no vemos que estén tan protegidos. Ante esta circunstancia sobrevenida, creemos que deben ser facilitadas todas las liquidaciones que se solicitaron en primer término vía REGAGE23e00075746488: 4º.- Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C-470, y, en su caso, sobre la C- 85. Por tanto, solicitamos de ese Consejo se proceda a transmitir al organismo alegante lo que consideramos que está afectado por la transparencia en la gestión del Ministerio y se proceda a facilitar las liquidaciones de todo el periodo de la concesión. Si se puede facilitar la liquidación de 2003, no vemos inconveniente en facilitar de años anteriores.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida a: (i) las cantidades abonadas, por las diferentes empresas concesionarias, en virtud de las concesiones C-469, C-470, y C-785, desde el primer abono hasta el último; (ii) periodo de vigencia de las autorizaciones sobre dichas concesiones. El Ministerio concernido dictó resolución denegando el acceso argumentando que lo solicitado son datos de trascendencia tributaria que tienen, por disposición de la Ley General Tributaria, carácter reservado. Consta en el expediente escrito del reclamante de 20 de noviembre de 2023, previo a su reclamación, en el que manifiesta específicamente su interés por conocer si desde el 27 de noviembre de 2003 —fecha en la que, según manifiesta, se dicta la Orden Ministerial que declaraba la caducidad de la concesión— hasta el cese efectivo de los vertidos y/o depósitos, el 31 de diciembre de 2010 (por Auto de 14 de diciembre de 2009), se han estado abonado los cánones correspondientes a las dos concesiones refundidas en la C-785, y concretamente, si Fertiberia S.A. ha abonado su canon, indicando que: «no pedimos liquidación en este apartado, tan sólo que se nos informe si Fertiberia abonaba, o no, a partir de 2003 y durante qué periodo» . Así mismo solicitó los datos identificativos en CENDOJ de las sentencias recogidas en la resolución del Ministerio. A continuación, el interesado presenta su reclamación en la que recupera los términos de su solicitud inicial, manifestando no estar de acuerdo con la respuesta recibida, considerando que a misma vulnera las obligaciones de transparencia y señalando que, aun en el caso de que se aceptara el razonamiento del Ministerio, su respuesta seguiría siendo parcial al no haber informado sobre lo solicitado en el punto 4 de su petición inicial. En el trámite de alegaciones de este procedimiento, el Ministerio requerido facilita información relativa al importe de la liquidación de canon que consta girada a Fertiberia dentro de los expedientes C-469 y C-470, señalando que se corresponde al segundo semestre del año 2003 (julio–diciembre de 2003), e indicando que ascendió a 8.654,58 € por cada expediente, es decir, un total de 17.309,16 € para ese periodo. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente denegó inicialmente el acceso a la información, para, posteriormente, una vez interpuesta la reclamación, rectificar su criterio inicial y proporcionar parte de lo solicitado. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. A la vista de las diversas peticiones y respuestas que figuran documentadas en el expediente, procede en primer lugar centrar el objeto de debate, y a tal efecto es necesario recordar que, como ha manifestado en múltiples ocasiones este Consejo, la naturaleza revisora de la reclamación del artículo 24 de la LTAIBG impide modificar los términos de la inicial solicitud de acceso (excepto si es para acotarla por lo que no procede pronunciamiento alguno respecto a la información sobre los temas tratados que no fueron objeto de su inicial pretensión, debiendo esta Autoridad circunscribir su examen y valoración exclusivamente al objeto de la solicitud formulada ante el órgano cuya decisión ahora se revisa, sin extender su pronunciamiento a otras materias no incluidas en dicha solicitud inicial, como sucede cuando la nueva formulación no supone un acotamiento, sino un nivel de desglose y finalmente una información diferente de la que constituyó el objetivo inicial. En virtud de esta limitación del ámbito objetivo del procedimiento de reclamación, este Consejo no puede entrar a conocer, por ejemplo, sobre la pretensión relativa a «el periodo o periodos en los cuales se han estado efectuando (…) ingresos», como tampoco puede entrar en las precisiones y niveles de desglose posteriormente solicitados en relación con la empresa FERTIBERIA, en tanto excedan los términos en los que se efectuó la petición inicial de acceso. 6. A la vista de lo anterior, y en relación con los tres primeros puntos de la solicitud inicial de información, cabe concluir que el Ministerio no ha dado debida respuesta a la petición recibida. Debe recordarse, que lo solicitado fueron los importes efectivamente abonados y no las liquidaciones efectuadas por la Administración, es decir, los líquidos globales percibidos y no la liquidación tributaria correspondiente a cada abono. Así mismo, la información entregada resultaría parcial, al limitarse a una sola empresa y un periodo concreto. La Administración no ha razonado, ni justificado debidamente, por qué, una vez ha rectificado su criterio inicial y ha facilitado información en un caso concreto, no puede facilitar la información correspondiente al importe de todos los cánones percibidos durante el periodo solicitado —esto es, desde que se autorizaron las concesiones hasta la actuali dad—, como tampoco justifica la entrega de información referida a FERTIBERIA, pero no así la correspondiente a la otra empresa concesionaria, siendo que lo solicitado se extendía a todo lo cobrado en función de los cánones establecidos para todas las citadas concesiones. Consecuentemente, teniendo en cuenta el carácter público de la información solicitada, y la falta de acreditación respecto de la existencia de límite o causa de inadmisión que impida su entrega, procede estimar la reclamación en relación con los tres primeros puntos de la petición inicial. 7. Finalmente, en relación con el acceso solicitado en el punto 4 de la petición inicial («Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C-470, y, en su caso, sobre la C-785»), debe señalarse que, si bien ini cialmente el Ministerio omitió en su respuesta toda referencia a esta cuestión, posteriormente, en sus alegaciones, ha facilitado copia de las Ordenes de 14 de marzo de 1967 (de autorización de la conexión C-469) y 17 de mayo de 1968 (de autorización de la conexión C-470) en las que consta que las mismas se conceden por un periodo de 50, y 99 años respectivamente, así como de las Órdenes de 4 y 8 de junio de1993, por las que se modifican las citadas concesiones y se fijan nuevos cánones, estableciendo un nuevo periodo de vigencia de 30 años a partir del 29 de julio de 1998. 8. En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, procede estimar la reclamación a fin de que se proporcione la información referida las concesiones C-469 y C-470 en su integridad (y no únicamente respecto del periodo temporal facilitado), así como la información referida a la concesión C-785. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: En relación con las diferentes empresas a cargo de las denominadas concesiones C- 469 y C-470, unificadas en la C-785 x 1º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-469. x 2º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-470. x 3º.- Cantidades que se han ido abonando con relación a la C-785. x 4º.- Periodo efectivo operativo de las autorizaciones sobre la C-469 y la C- 470, y, en su caso, sobre la C-785.» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el mismo pl azo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos mese s, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez