Reclamación de acceso a información institucional y económica de la Comunidad de Regantes Jarafe-Casicas con estimación parcial

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 17 de julio de 2023 el reclamante solicitó a la COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « 1. Los nombres de la actual Junta de Gobierno, así como la de las tres juntas anteriores, nombres y fecha de su constitución. 2. El padrón actualizado de la Comunidad de Regantes, al objeto de estar enterado como miembro de la Comunidad, ya que en las últimas elecciones celebradas en S/REF: N/REF: 3054/2023 Fecha: La de firma. Dirección: -CASICAS. Información solicitada: Documentación institucional y económica de la comunidad. R CTBG Número: 2024-0522 Fecha: 13/05/2024 Mayo de 2.023 hubo algunas anomalías con respecto al número de votos de algún comunero. 3. Comprobantes legales del combustible gastado en la comunidad en 2.022». 2. La COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS contestó con fecha 18 de julio de 2023 lo siguiente: « (…) 1º El día 18 de julio de 2023, le fue entregado por esta secretaría las tres actas anteriores donde fueron elegidas en Asamblea General las anteriores Juntas de Gobierno. 2º Una vez consultada nuestra asesoría jurídica, la entrega del padrón actualizado de la comunidad, no se le puede entregar por la ley de protección de datos tal y como Ud. solicita. (…) 3º Los comprobantes legales (facturas) del combustible gastado por la comunidad en el año 2022, lo tiene disponible para su comprobación en la oficina de la comunidad y le será presentado en presencia del Tesorero de la comunidad en el momento que lo solicite atendiendo a las normas de nuestros estatutos». 3. El reclamante presentó nuevo escrito de solicitud de acceso a la información el 4 de septiembre de 2023, solicitando el acceso a todas las actas desde que se fundó la Comunidad de Regantes. 4. El reclamante realizó una nueva petición de acceso a la información el 11 de septiembre de 2023, con el siguiente contenido: «1. Factura de compra de jamones y demás viandas, adquiridas durante los años 2021 y 2022 para regalo a los miembros de la Junta de Gobierno y demás personas, si la hubiere. 2. Albaranes de recepción del abono adquirido en los años 2.022 y 2.023, firmados por la persona encargada de recepcionarlo así como las facturas correspondientes del abono recepcionado, y los comprobantes de pago. 3. Resultado del escrutinio de la votación para la renovación de la Junta de Gobierno llevada a cabo en la Asamblea General celebrada el día 19 de junio de 2.023, incluyendo las votaciones emitidas y asignadas a cada una de las candidaturas». R CTBG Número: 2024-0522 Fecha: 13/05/2024 5. El 19 de septiembre de 2023 se le hace entrega presencial al reclamante de ciertas actas, así como del acta de escrutinio y resultado de la votación de renovación de la Junta de Gobierno del día 19 de junio de 2023. 6. El 21 de septiembre de 2023, el reclamante presentó nueva solicitud de información con el siguiente contenido: «1. El nombre de las personas que votaron en la última y única votación realizada en esta comunidad, para la renovación de la Junta de gobierno en su 50 por ciento, según los estatutos de la misma, en representación del propietario de las Fincas, así como el poder por escrito para representar a los mismos. 4.2. Número de olivos que riega esta comunidad de regantes 4.3. Vuelvo a reiterar se me dé el Padrón de esta Comunidad». 7. La COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS dictó resolución con fecha 12 de octubre de 2023, afirmando lo siguiente: «De acuerdo con la ley de protección de datos no podemos facilitarle datos personales de los comuneros si no se acredita un interés legítimo por su parte. (…)». 8. Mediante escrito registrado el 30 de octubre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protecc ión de Datos de Andalucía, con el siguiente contenido: « (…) A la fecha de interposición de la presente reclamación y, por tanto, una vez transcurrido el plazo de 1 mes a que se refiere el art. 20.1 de la LTAIBG desde que fueron presentadas las citadas solicitudes, la Comunidad de Regantes Jarafe- Casicas tan solo me ha facilitado copias de algunas de las actas de sus Juntas Generales, en concreto de las celebradas los días 25 de marzo de 1.999, 12 de abril de 2.006, 20 de septiembre de 2.012, 5 de septiembre de 2.016, 14 de noviembre de 2.017, 17 de septiembre de 2.017 y 19 de junio de 2.023. Sin embargo, no se me ha proporcionado el acceso a las restantes actas, ni al resto de documentación e información solicitada en virtud de los escritos relacionados en el apartado precedente, pese a tratarse de información pública a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, definida como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. A parte de no haberse recibido la documentación ni información solicitada, tampoco se me ha notificado respuesta alguna que justifique la inadmisión de mis solicitudes o la existencia de cualquier limitación que restrinja mi acceso a la misma. En conclusión, la Comunidad de Regantes Jarafe-Casicas –corporación de derecho público de Andalucía y, por tanto, con sujeción a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)–, al no proporcionar la documentación e información solicitada, ha vulnerado el derecho de quién suscribe de acceso a la información pública, infringiendo lo dispuesto en los art. 6 a) y 24 de la LTPA. (…)». 9. Con fecha 15 de noviembre el de 2023, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía trasladó la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) al considerarlo competente para la resolución de la misma. 10. Con fecha 21 de noviembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación a la COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS solic itando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 2 de enero de 2024 se recibió escrito en el que se señala: «(…) Que, dentro del plazo concedido, acompañamos (…) copia del expediente interesado en donde se acredita de forma palmaria que en todo momento se ha cumplido por parte de la Comunidad que presido el deber de información y se ha facilitado al referido comunero acceso a la información interesada. Se ha de dejar asimismo constancia que en todo momento y por la persona encargada de la documentación de la Comunidad se ha recibido y atendido (…), facilitándole toda la información requerida y se le ha contestado bien de forma directa, bien por escrito a todas y cada una de sus solicitudes (…)». 11. El 3 de enero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 15 de enero de 2024, se recibió un escrito en el que se expone que: « (…) dichas afirmaciones no pueden ser corroboradas por quién suscribe, ya que, tal y como ya se ha dejado expuesto, no se me ha dado vista a todo el citado expediente. (…) De la totalidad de peticiones referidas, documentadas y remitidas por escrito a la C.R., por parte de quién suscribe, únicamente han sido atendida las referidas al número de votos emitidos en las votaciones realizadas en el mes de mayo de 2.023 y copias de las actas de los cuatro últimos años. (…) No me ha sido proporcionada ninguna otra documentación de la que he solicitado por escrito, referida anteriormente, ni tampoco se me ha permitido su examen, que es lo que se indica en el escrito de la C.R., lo cual es completamente incierto, como lo prueba el hecho de que no exista ningún documento firmado por quién suscribe justificando la entrega de aquella, tal y como ha sucedido con la única documentación que me ha sido proporcionada hasta la fecha, consistente en las copias de algunas de las actas que había solicitado. (…)». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de cuatro solicitudes, formuladas en los términos que figuran en los antecedentes, en las que se pide el acceso a diversa información institucional y económica de la entidad reclamada. En concreto, se solicita el nombre de los integrantes de las últimas juntas de gobierno, el padrón de la comunidad, todas las actas desde que se fundó, resultados de la votación de renovación de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, nombre de los votantes que participaron en la votación, número de olivos regados por la comunidad, y facturas sobre pagos de combustible, alimentación y abono. La entidad reclamada concede el acceso parcial a la información, denegando la que contiene datos personales de los comuneros, en aplicación de la normativa de protección de datos personales. 4. Con carácter previo, procede acotar el objeto de la reclamación, por cuanto se han producido varias solicitudes de acceso y varias respuestas, en las que la Comunidad de Regantes ha proporcionado parte de la información solicitada. Así, la entidad ha dado acceso a las actas donde constan los integrantes de las últimas juntas de gobierno, en los términos solicitados. Del mismo modo, ha proporcionado el resultado de la votación de la renovación de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023. Finalmente, ha entregado algunas facturas de los pagos en concepto de abono y algunas actas. Respecto de esta parte de la información debe decirse que el acceso ha sido concedido. En lo que respecta al padrón de la comunidad y los nombres de los votantes en la última renovación de la junta, se deniega el acceso por contener datos de carácter personal. No consta respuesta, ni se invoca límite alguno al acceso, en lo relativo al resto de actas, a las facturas –con excepción de las señaladas– y al número de olivos regados por la comunidad. 5. Sentado lo anterior, en relación con el fondo del asunto, debe analizarse si los documentos cuyo acceso no ha sido concedido tienen el carácter de información pública de acuerdo con la LTAIBG. Para ello es preciso recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, tiene tal consideración todo contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder de los sujetos obligados por la norma, y que haya sido elaborada o adquirida en ejercicio de sus funciones. Por tanto, el primer presupuesto necesario para que el ejercicio del derecho de acceso prospere es que esa información exista y se encuentre en el ámbito de disposición de los órganos o entidades sometidas a la LTAIBG por haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias; presupuesto que aquí parece concurrir, y no ha sido negado por la entidad requerida. 6. Por otro lado, debe analizarse si la información solicitada se integra o no en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, puesto que la entidad a la que se formula la solicitud se trata de una Corporación de Derecho Público con un régimen jurídico especial en cuanto al acceso a la información pública, tal como dispone el artículo 2.1.e) LTAIBG, limitando la aplicación de la LTAIBG a las actividades sujetas a derecho administrativo. La jurisprudencia constitucional (STC 227/1988 y 207/1994) ha determinado que en ningún caso hay que desconocer el sustrato de base privada que integra a estas Corporaciones sectoriales. De ahí que las potestades o facultades administrativas se ejerzan por delegación o atribución específica. Esta jurisprudencia continúa afirmando que, «en realidad, su conformación como Administraciones Públicas, exclusivamente viene determinada por la medida en que sean titulares de funciones públicas otorgadas por ley o delegadas por la Administración. De esta forma a las Comunidades de Regantes se les asigna la organización de los aprovechamientos de riegos, potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas (…)». Este Consejo de Transparencia estima, y ha considerado con anterioridad, que si las peticiones de acceso no tienen que ver con la organización de los aprovechamientos de riegos, ni con las potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de Riego o con sus potestades de policía administrativa en relación con los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas, no encontrarían amparo en la Ley de Transparencia al tratase de cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones públicas. 7. Aplicando la doctrina anterior al presente supuesto, es preciso diferenciar cuatro tipos de informaciones: (i) la referida a las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno, (ii) la del padrón de la comunidad, (iii) la del número de olivos regados por la entidad, (iv) la de las facturas (información económico-financiera de la entidad) y (vi) la identidad de los votantes. Respecto a las actas, no cabe duda del carácter de información pública de las mismas, como este Consejo ha determinado en ocasiones anteriores, por cuanto constituyen documentos íntimamente ligados a los principales actos relacionados con la organización y funcionamiento de estas Corporaciones, al reflejar acuerdos que inciden en el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a derecho administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de estas Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. El artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que «[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley». Además, por lo que concierne al acceso a las actas, existe ya una consolidada doctrina de este Consejo favorable a dicho acceso que ha sido confirmada, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 19 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:704) en la que se subraya que los datos incorporados en las actas de forma obligatoria no afectan a la garantía de la confidencialidad, «al no reflejar, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros». En este sentido, el Tribunal Supremo señala que: «(…) Y en similares términos se pronuncia la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, reproduciendo este esquema general. Así, el art. 18.1 dispone que "De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados", lo que se corresponde con el contenido necesario del acta. En definitiva, en las actas de las reuniones de un órgano colegiado no se recogen, como contenido mínimo necesario, las discusiones y deliberaciones integras ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo "los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados". Sin que la mera referencia genérica a lo que se debatió, y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados en dicha sesión, pueden quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación. Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron». Por ello, procede reconocer el acceso a las actas que no han sido entregadas. 8. Desde este mismo punto de vista, no cabe dudar de que el padrón de usuarios vigentes, donde se indica el nombre y cabida de cada finca en hectáreas y el derecho que la misma posee al aprovechamiento del agua por volumen o por turno y tiempo, constituye un documento, en caso de encontrarse disponible–, directamente ligado a la organización de los aprovechamientos de riegos, por lo que su acceso estaría amparado con arreglo a los artículos 12 y 13 LTAIBG. No obstante, la Comunidad de Regantes ha denegado el acceso invocando el límite previsto en el artículo 15 LTAIBG —protección de datos de carácter personal—, cuya concurrencia procede verificar. Desde la perspectiva apuntada conviene recordar que, con arreglo al artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)], tiene consideración de datos personales toda información sobre una persona física identificada o identificable; entendiéndose por persona física identificable «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona». Resulta evidente, por tanto, que la información solicitada puede contener datos de carácter personal, puesto que del nombre de las fincas que poseen derechos de aprovechamiento se puede identificar a personas físicas concretas. Lo anterior, sin embargo, no ha de conducir automáticamente a la denegación de la información. Conviene recordar, en este punto, que el acceso a la información solicitada ha de resolverse con arreglo al apartado segundo del artículo 15 LTAIBG, en el que se prevé que «salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano». En este caso es claro que los datos solicitados están estrechamente relacionados con la organización y el funcionamiento de la comunidad de regantes. De ahí que aun en los supuestos en los que la información solicitada pueda ser referida a personas físicas identificadas o identificables y, por tanto, revista la naturaleza de datos personales, como quiera que estamos ante datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de la entidad, conforme a la ponderación realizada por el legislador en el artículo 15.2 LTAIBG, se ha de conceder el acceso salvo en aquellos casos concretos en los que concurran circunstancias excepcionales que aquí no han sido invocadas. En definitiva, por las razones expuestas, procede estimar la reclamación en este punto y reconocer el derecho de acceso a la información del padrón de usuarios de la comunidad. 9. En la misma línea, ha de entenderse que debe estimarse el acceso, por parte de un miembro de una determinada comunidad de regantes, a los nombres de los votantes en la última renovación de la junta de gobierno de dicha comunidad de regantes. A esta conclusión abona el hecho de que la constitución de tales comunidades es obligatoria para los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión, siendo los propios usuarios los que aprueban sus estatutos y los que, en Junta general (constituida por todos los usuarios de la comunidad), eligen a la Junta de gobierno que tiene, entre otras de sus funciones, la de dictar disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas — resultando ejecutivos sus acuerdos en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la posibilidad de recurso de alzada ante el organismo de cuenca correspondiente—. De lo anterior se desprende que la actividad de la Junta de Gobierno se encuentra directa y estrechamente vinculada con la función de gestionar el uso de las aguas, y que, por ello, puede considerase incluida en el concepto de actividades sometidas a derecho administrativo desde la perspectiva del derecho de acceso a la información. Por tanto, habiendo acreditado el reclamante su condición de socio comunero, y no habiéndose solicitado acceder al sentido del voto, sino a la identidad de los otros socios comuneros que votaron en la renovación de la Junta de gobierno, y en la línea de lo acordado en el precedente fundamento jurídico, procede estimar la reclamación en este punto. 10. Sin embargo, debe llegarse a una conclusión diferente respecto a la información económico-financiera de la Corporación (las diversas facturas solicitadas), que debe reputarse como privativa de la Comunidad, en tanto que no relacionada directamente con el desempeño de sus funciones públicas. En efecto, en lo que aquí interesa, la caracterización de estas Corporaciones Públicas ha sido puesta de relieve por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de junio de 2005 [ECLI:ES:TS:2005:4092], cuando dice lo siguiente de las Comunidades de Regantes: «son Corporaciones sectoriales de base privada, esto es, Corporaciones Públicas que realizan una actividad que en gran parte es privada, si bien tienen atribuidas, por ley o delegadas, algunas funciones públicas; ni sus fondos constituyen dinero público, ni sus cuotas o derramas (entre sus miembros, no ad extra) exacciones públicas regidas por el principio de legalidad tributaria, ni sus empleados funcionarios, ni sus bienes nunca demaniales, ni sus actos son actos administrativos fuera del caso específico en que se produzcan en el ejercicio de funciones públicas». Por tanto, dada la naturaleza estrictamente privada de los gastos de las Comunidades de Regantes que, como sostiene el Tribunal Supremo, no se financian públicamente, sino de cuotas y derramas de sus miembros que no constituyen exacciones públicas, y habida cuenta también de que sus finanzas no se controlan por la Intervención del Estado ni por el Tribunal de Cuentas, es evidente que los documentos acreditativos de gastos de estas corporaciones no se rigen por el Derecho Administrativo, no son actividades sujetas a Derecho Administrativo, y, por tanto, no están incluidas en el ámbito de aplicación de la LTAIBG. 11. Finalmente, respecto al número de olivos regados por la comunidad, en el supuesto de que la comunidad de regantes disponga de esa información, puede considerarse relacionada con la organización de los aprovechamientos de riego, por lo que en este caso debería estimarse la solicitud, toda vez que sobre la misma no se ha pronunciado la entidad requerida en ninguna de sus respuestas y, por tanto, no se ha invocado la aplicación de alguno de los límites o causas de inadmisión previstos en los artículos 14, 15 y 18 LTAIBG. 12. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procede estimar parcialmente la reclamación a fin de que se proporcione la información a que se refieren los fundamentos jurídicos 7, 8, 9 y 11 de esta resolución. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS. SEGUNDO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES JARAFE-CASICAS a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x El padrón actualizado de la Comunidad de Regantes, al objeto de estar enterado como miembro de la Comunidad, ya que en las últimas elecciones celebradas en Mayo de 2.023 hubo algunas anomalías con respecto al número de votos de algún comunero. x Todas las actas desde que se fundó la Comunidad de Regantes. x Nombre de los votantes de la última renovación de la Junta de Gobierno x Número de olivos que riega esta comunidad de regantes. TERCERO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANT ES JARAFE-CASICAS, a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transpare ncia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez