Reclamación por falta de respuesta a solicitud de acceso a la autorización de videocámaras en Monesterio, estimada para exigir resolución expresa

Página1de 9 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 5 de octubre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) el Ayuntamiento de Monesterio, provincia de Badajoz, ha emitido con fecha de ayer una nota de prensa en la que se informaba de la instalación de seis cámaras fijas de control de vías públicas, (…) Dado que de la lectura de la nota de prensa del Ayuntamiento de Monesterio se tratan asuntos que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos de forma S/REF: N/REF:3065/2023 Fecha:La de firma. Dirección: TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA). Información solicitada:Autorización para la instalación videocámaras fijas. R CTBG Número: 2024-0429 Fecha: 15/04/2024 poco clara y dado que es una materia reguladísima conforme a la Ley Orgánica 4/1997, de 4 agosto, y siendo competencia de esa Autoridad la obtención de los permisos según el Art. 3.2 del RD 596/1999, esta Asociación, alegando la Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno, que nos dé traslado de copia de la autorización otorgada al Ayuntamiento de Monesterio para uso de videocámaras fijas en el casco urbano, así como que se informe qué facultades sobre el uso tiene el Ayuntamiento de Monesterio, así sobre el control de la imágenes y si es legal que la pantalla de control esté instalada como consta en la imagen de la nota de prensa (…)» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 19 de noviembre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4. Con fecha 20 de noviembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al entonces MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 4 de diciembre de 2023, se recibió únicamente un escrito de alegaciones en el que se señala lo siguiente: « (…) Primera. Con respecto a la solicitud de acceso a la información, presentada el día 5 de octubre de 2023 por la Asociación Bien Común de Monesterio ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, motivo de la presente reclamación, este centro directivo no ha tenido conocimiento de la misma hasta el día 20 de noviembre de 2023, fecha en que se recibió la reclamación objeto de estas alegaciones. Tras ello se procedió a consultar a la Delegación del Gobierno en Extremadura sobre las actuaciones practicadas. Segunda. El 5 de octubre de 2023 la Asociación Bien Común de Monesterio presentó ante la Delegación del Gobierno en Extremadura un escrito mediante el cual comunicaba que el Ayuntamiento de Monesterio había instalado en la localidad “seis cámaras físicas de control de vías públicas, que por lo que se ve tiene múltiples aplicaciones como contador de vehículos que pasan por la localidad, pero (…) también es una herramienta para la Policía Local pues controla, mediante avisos y grabación, cualquier imprudencia en la circulación, incluso la velocidad con la que se circula”, e interesaba una copia de la autorización otorgada a dicho Ayuntamiento para uso de R CTBG Número: 2024-0429 Fecha: 15/04/2024 videocámaras fijas en el casco urbano, así como información acerca de qué facultades sobre el uso de las mismas y sobre el control de las imágenes tiene dicha administración local. También mencionaba la ubicación de la pantalla de control. Tercera. La Delegación del Gobierno en Extremadura asegura que no entendió ni interpretó dicho escrito como una solicitud de derecho de acceso a la información en los términos del artículo 12 de la LTAIBG, sino que lo consideró como un escrito general, dado que en su redacción en ningún momento se mencionó que el mismo obedeciera al ejercicio del derecho de acceso a la información regulado en dicha ley. Por este motivo el escrito estaba siendo tratado conforme a los plazos generales de contestación y estaba pendiente de evacuar la correspondiente respuesta. Cuarta. En cuanto al fondo del asunto, la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (en adelante, LO 4/1997), establece en el apartado 2 del artículo 3 que: “Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Corporaciones Locales serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate, previo informe de una Comisión cuya presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma Comunidad”. Quinta. La LO 4/1997 prevé en el apartado 3 del artículo 3 que: “No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras cuando el informe de la Comisión prevista en el apartado segundo de este artículo estime que dicha instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica”. Asimismo, en el apartado 4 del mismo artículo estipula que: “La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada caso al lugar público concreto que ha de ser objeto de observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá también todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en particular la prohibición de tomar sonidos, excepto cuando concurra un riesgo concreto y preciso, así como las referentes a la cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de imágenes y sonidos y las medidas a adoptar para garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá precisar genéricamente el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara, sus especificaciones técnicas y la duración de la autorización, que tendrá una vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá de solicitarse su renovación.” Sexta. En cuanto a los criterios para autorizar la instalación de videocámaras fijas amparadas por la LO 4/1997, según el artículo 4 de la citada norma “se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes.” Por tanto, dichas cámaras tienen por objeto su uso exclusivo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir los hechos delictivos o infracciones administrativas que atenten contra la seguridad ciudadana, previa ponderación suficientemente valorada de la afectación a los derechos a la intimidad de los ciudadanos de la localidad de que se trate en cada caso. Séptima. Existen procedimientos, como el de instalación de cámaras de videovigilancia para el control del tráfico, cuya autorización no es competencia de las Delegaciones del Gobierno. La Delegación del Gobierno en Extremadura carece de competencia en el ámbito de la regulación del tráfico. A estos efectos, la Disposición adicional octava de la LO 4/1997 establece que “La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia (…).” La Disposición adicional única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, establece en su apartado 2 que “Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos (…)”. Octava. Según la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Extremadura, esta no tiene constancia de que el Ayuntamiento de Monesterio le haya requerido autorización para el uso de videocámaras en dicha localidad, amparada en razones de seguridad ciudadana, en virtud de los términos establecidos en la LO 4/1997, sin perjuicio de que se hayan podido instalar cámaras de videovigilancia en virtud de otros criterios y en otro ámbito de competencia que no corresponda al de la citada Delegación del Gobierno. Novena. El 23 de noviembre de 2023 la Delegación del Gobierno en Extremadura solicitó al Ayuntamiento de Monesterio un informe respecto a la instalación y utilización de las videocámaras referidas por la Asociación, de forma que el ayuntamiento exponga los criterios y razones en virtud de los cuales ha realizado la instalación mencionada. Por ello, este centro directivo entiende que se da respuesta al punto principal contenido en el escrito de 5 de octubre de 2023 de la asociación ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, que es objeto de la presente reclamación. Décima. En lo referente a la solicitud de información acerca de las facultades que sobre el uso de las videocámaras y sobre el control de las imágenes tiene atribuidas el Ayuntamiento de Monesterio, también contenida en el escrito de 5 de octubre de 2023, esta Dirección General considera que esta petición queda ligada al supuesto de que exista una resolución administrativa al efecto emitida por la Delegación del Gobierno en Extremadura, pudiendo constatarse entonces el alcance de la misma, por lo que en estos momentos no procedería efectuar mayores consideraciones. En todo caso, se señala que no está entre las funciones de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitir informes jurídicos, a instancias de un particular, acerca de las competencias o la legalidad de la actuación de una Administración Local, disponiendo todo particular de las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para actuar respecto de las actuaciones de una Administración que pueda no considerar acorde a derecho. Undécima. A la vista de todo lo expuesto, se constata que por parte de este centro directivo se han dado las explicaciones correspondientes en relación con el plazo para contestar el escrito presentado el 5 de octubre de 2023 ante la Delegación del Gobierno en Extremadura (alegación tercera), se han explicado las competencias concurrentes en cuanto a la autorización de videocámaras fijas (alegaciones cuarta a séptima) y se ha dado contestación a los puntos incluidos por la asociación reclamante en su escrito de 5 de octubre de 2023 (alegaciones octava a décima). » 5. El 11 de diciembre de 2023, se concedió audiencia a la asociación reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En esa misma fecha se recibió un escrito en el que, tras subrayar que la solicitud de acceso se efectuó invocando de forma expresa la LTAIBG, se expone que: « (…) b) De la lectura de algunas de las alegaciones, especialmente la décima, da a entender que la propia Delegación del Gobierno en Extremadura, siempre en boca del Director General que las suscribe, no tiene nada que ver si una entidad local no cumple con la legislación estatal, y en este caso la Ley Orgánica 4/1997, y deja en manos particulares cualquier tipo de acción legal, desoyendo dicha dirección lo que dispone los artículos 56.2 y 65 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local. c)Hasta el día presente la Delegación del Gobierno en Extremadura no ha contestado por escrito a esta Asociación sobre el particular, sino un filtrado de información por la Dirección General que no es una auténtica información.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide copia de la autorización para la instalación de videocámaras fijas en el casco urbano del Ayuntamiento de Monesterio. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. El Ministerio requerido presenta alegaciones en los términos reproducidos en los Antecedentes. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique; pues no resulta suficiente a estos efectos la alegación de la Delegación de Gobierno de Extremadura consistente en que tramitó la petición como un escrito general, cuando en la solicitud consta de forma inequívoca que se fundamentaba en la LTAIBG. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio requerido ha comunicado a este Consejo en el trámite de alegaciones que su competencia para autorizar la instalación de videocámaras se ciñe a los supuestos en que tal instalación obedece a las finalidades de «asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes», según dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos; indicando, a continuación, que «existen procedimientos, como el de instalación de cámaras de videovigilancia para el control del tráfico, cuya autorización no es competencia de las Delegaciones del Gobierno. La Delegación del Gobierno en Extremadura carece de competencia en el ámbito de la regulación del tráfico» y, concluye manifestando que «Según la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Extremadura, esta no tiene constancia de que el Ayuntamiento de Monesterio le haya requerido autorización para el uso de videocámaras en dicha localidad, amparada en razones de seguridad ciudadana, en virtud de los términos establecidos en la LO 4/1997, sin perjuicio de que se hayan podido instalar cámaras de videovigilancia en virtud de otros criterios y en otro ámbito de competencia que no corresponda al de la citada Delegación del Gobierno». De lo anterior se desprende que la información solicitada por la asociación reclamante no obra en poder del órgano requerido al no haberse tramitado solicitud alguna, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG —que circunscribe la noción de información pública a aquella que obre en poder de los sujetos obligados por haberla elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones—, la respuesta ofrecida en el trámite de alegaciones —en la que se explicita la normativa aplicable y en la que expresamente se manifiesta que no se ha tramitado solicitud alguna de autorización para la instalación de videocámaras de vigilancia en el casco urbano del Ayuntamiento de Monesterio— ha de considerarse completa en cuanto al contenido material exigido por la LTAIBG, sin que corresponda a este Consejo pronunciarse sobre las consideraciones vertidas por la asociación reclamante acerca del cumplimiento por la Delegación del Gobierno de las funciones atribuidas por la normativa de régimen local. 6. No obstante, la reclamante afirma que no ha recibido resolución de la Delegación del Gobierno en contestación a su solicitud de acceso y, efectivamente, no consta en el expediente que dicha resolución haya sido adoptada y notificada. A este respecto, es necesario recordar a la Administración que el artículo 20 LTAIBG antes reproducido exige una resolución expresa (motivada cuando se deniegue el acceso o se conceda el acceso parcial), y que la misma se notifique al solicitante, sin que su emisión pueda ser sustituida por las alegaciones aportadas al procedimiento de reclamación. En consecuencia, procede estimar la reclamación para que el Ministerio requerido resuelva expresamente sobre la solicitud y lo notifique a la reclamante, cumpliendo con lo establecido en la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación interpuesta por la Asociación Bien Común de Monesterio frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, dicte resolución sobre la solicitud de acceso y la notifique a la reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de lo actuado y de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez