Reclamación sobre el acceso a los listados y criterios de reparto de complementos de productividad del Ministerio de Hacienda

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 3 de octubre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA), al amparo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la siguiente información: «Listado de productividades (2022 y 2023) abonados al personal de esta Secretaría General y criterios de distribución que han regulado el complemento de productividad en los ejercicios 2022 y 2023 dentro del mismo ámbito». 2. EL MINISTERIO DE MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA) dictó resolución con fecha 6 de octubre de 2023 en la que contestó a la solicitante lo siguiente: «1.- Los listados de productividad de toda la plantilla son expuestos en el Tablón de Personal en cuanto son recibidos procedentes de la Subdirección General de Recursos Humanos, lugar en el que permanecen a disposición de todo el personal hasta que son S/REF: N/REF:3021/2023 Fecha:La de firma. Dirección: NISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA). Información solicitada:Criterios aplicables en el reparto de la productividad. R CTBG Número: 2024-0404 Fecha: 10/04/2024 reemplazados por los siguientes listados que se reciban. A día de hoy, se encuentran expuestos los últimos correspondientes a 2022, no habiéndose recibido hasta la fecha ninguno de 2023. 2.- La cuantía individual del complemento de productividad es determinada por mí, como delegada de Economía y Hacienda, en base a la valoración de elementos y circunstancias que determinen la actividad y dedicación, el rendimiento, las tareas extraordinarias, el interés y la iniciativa. En concre to, se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes factores: -RENDIMIENTO: calidad de trabajo; productividad y cantidad/carga de trabajo; logro de resultados. -ACTIVIDAD Y DEDICACIÓN: cumplimiento horario; disponibilidad; expedientes tramitados u otros elementos vinculados a la actividad y dedicación específicos de cada puesto de trabajo. -INTERÉS E INICIATIVA: capacidad de toma de decisiones; capacidad de resolver problemas; colaboración e implicación; flexibilidad y capacidad de adaptación; capacidad de actuar con autonomía». 3. Mediante escrito registrado el 7 de noviembre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: «(…) La respuesta (documento 2) es manifiestamente insuficiente teniendo en cuenta la finalidad de la motivación (interdicción de la arbitrariedad y posibilitar la defensa de los intereses del administrado). 1. “…en concreto se tiene en cuenta la productividad…” reconocer la productividad en función de, entre otros aspectos, la productividad, no es un criterio garante de los principios de objetividad e imparcialidad. 2. El “cumplimiento horario; disponibilidad; expedientes tramitados u otros elementos vinculados a la actividad y dedicación específicos de cada puesto de trabajo” son obligaciones de TODO trabajador, en este caso, de todo empleado público. Este planteamiento, más que despejar dudas, las plantea: R CTBG Número: 2024-0404 Fecha: 10/04/2024 -Los funcionarios que no entran en el reparto mensual de productividad están exentos del CUMPLIMIENTO DE HORARIO Y DE LAS TAREAS PROPIAS DE SU PUESTO DE TRABAJO? ¿Esto no confrontaría con la ley? pero lo contrario sería discriminatorio. - ¿En base a qué extremo, que entiendo debe ser público para los trabajadores, se selecciona qué funcionario “merece” ese incremento mensual extra por ejercer su compromiso laboral? Las decisiones de la Administración deben estar motivadas y esta motivación tiene que ser suficiente. A la vista del escrito recibido, los “criterios” de reparto del complemento de productividad avalan arbitrariedad y trato de favor». 4. Con fecha 10 de noviembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA) solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 5 de diciembre de 2023 se recibió respuesta en la que, en resumen, se pone de manifiesto que los listados de productividades del año 2023 se recibieron en fechas 11 y 25 de octubre y que han sido expuestos en el tablón de anuncios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984 y se señala lo siguiente: «(…) I.- En relación con la falta de publicación de los listados de productividad, se manifiesta que no es cierto este incumplimiento, pues han sido expuestos en el Tablón en cuanto han sido recibidos de Servicios Centrales. Esta Delegación desconoce los motivos del retraso del envío de los listados correspondientes al primer semestre de 2023, que afectó, según tenemos entendido, a todas las Delegaciones, extremo éste fácilmente comprobable en la Subdirección General de Recursos Humanos. II.- Finalmente, en relación con los criterios de reparto de la productividad, quiero subrayar que en esta Delegación éstos no han variado y que esta funcionaria no ha dejado de cobrar dicho complemento, que a su vez es exactamente el mismo que el del resto de funcionarios C1 y C2 que no ejercen funciones y responsabilidades de Jefe/a de Sección». 5. Concedido trámite de audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, el 27 de diciembre de 2023 se recibió un escrito en el que expone, entre otros aspectos: «(…) Punto II. - Si los criterios de reparto de productividad no han variado (habiendo pasado por este centro 5 delegados diferentes) será porque estos criterios son conocidos –aunque sólo por quienes lo otorgan cuando la ley habla de CONOCIMIENTO PÚBLICO- e irrefutables (se toman medidas y se ejerce presión difícil de llevar sobre quién pregunte por ello). Se menciona que no he dejado de cobrar dicho complemento, cierto, llevo 33 años en la Administración, en concreto en la Intervención Territorial y no he cobrado nunca la productividad mensual, pero no es menos cierto que desde hace tiempo los trabajadores de la I.T. sabemos los criterios de reparto, de ahí que no tenga ninguna duda de su objetividad e imparcialidad. No es exigible estar de acuerdo con los criterios (decisión discrecional), pero si reconocerlos (interdicción de la arbitrariedad). A la vista de la documentación presentada, tanto por la Delegación como por mí, queda claro que no reclamo –ni lo he hecho nunca- ser perceptora del complemento, básicamente porque al no conocer los criterios de reparto no existe la posibilidad de saber qué derecho tenemos en este aspecto (motivo de la solicitud) (…)». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al listado de productividades abonadas al personal de la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila en los años 2022 y 2023; así como a los criterios en virtud de los cuales se realiza la distribución. El organismo requerido dictó resolución concediendo el acceso, informando del lugar en el que figuran los listados de productividad disponibles hasta el momento (año 2022) y los factores tenidos en cuenta para el efectuar el reparto. 4. Sentado lo anterior, conviene recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG antes transcrito, se considera información pública aquella que obre en poder del sujeto obligado por haberla elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias. La preexistencia de la información pública así entendida constituye un presupuesto necesario para poder ejercer el derecho de acceso; pues, de lo contrario, no existe objeto sobre el que proyectarlo. En este caso, el organismo requerido ha proporcionado toda la información de que dispone; indicando, por una parte, que los listados de productividad se muestran en el Tablón de Personal hasta que son reemplazados por los siguientes que se reciban, constando expuestos, hasta la fecha, los últimos correspondientes al año 2022 por no haberse recibido ninguno de 2023; y por otra, que la cuantía individual de este complemento se determina por la delegada de Economía y Hacienda teniendo en cuenta diversos factores, como el rendimiento (calidad de trabajo; productividad y cantidad o carga de trabajo; logro de resultados), la actividad y dedicación (cumplimiento horario; disponibilidad; expedientes tramitados u otros elementos vinculados a la actividad y dedicación específicos de cada puesto de trabajo) y el interés o la iniciativa (capacidad de toma de decisiones; capacidad de resolver problemas; colaboración e implicación; flexibilidad y capacidad de adaptación; capacidad de actuar con autonomía). Por otro lado, no puede desconocerse que la reclamación interpuesta ante este Consejo no cuestiona el alcance y el carácter completo de la información proporcionada, sino los concretos criterios que se utilizan para el reparto de la productividad, entendiendo que no se encuentran motivados —en particular, respecto al hecho de que se tome en consideración la productividad y otros criterios (como el cumplimiento horario y realización de las tareas propias del puesto de trabajo) que, considera, suponen obligaciones de todo empleado público—. 5. En consecuencia, a la vista de los términos de la reclamación y dado que se ha proporcionado la información que obra en poder del órgano requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 LTAIBG, entiende este Consejo que se ha dado respuesta completa a la petición de acceso y procede desestimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA). De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez