Reclamación sobre acceso a informes de sanciones impuestas a la mutua MAZ entre 2008 y 2022 con resultado estimatorio

Página1de 6 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 14 de septiembre de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Informes de sanciones impuestas a la mutua MAZ desde 2008 a 2022». 2. La Mutua MAZ, mediante resolución con fecha 3 de noviembre de 2023, estimó la solicitud procediendo a conceder el acceso a la información requerida. En concreto, a la resolución se acompaña escrito titulado «Relación de sanciones efectuadas a MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 desde el año 2008 a 2022». El documento comienza reproduciendo el artículo 16 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas S/REF:00001-00082234 N/REF:3201-2023. Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Informes de sanciones. R CTBG Número: 2024-0396 Fecha: 08/04/2024 Colaboradoras con la Seguridad Social, a tenor del cual, «[s]in perjuicio de lo que, en su caso, puedan establecer disposiciones específicas, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social deberán conservar, por un período mínimo de cinco años, la documentación relativa a prestaciones, contabilidad, justificación de ingresos y gastos y, en general, la derivada de la gestión que realizan». Asimismo, advierte que la entidad comenzó a digitalizar la información a partir del año 2015, procediéndose a destruir de forma regular toda aquella información en soporte papel que no debiera permanecer archivada «por lo que si bien se relacionan en este documento todas las sanciones de las que a fecha de hoy tenemos constancia, es posible que la información anterior al año 2015 no sea del todo exacta». A estos efectos, se relacionan 17 sanciones impuestas en el período de tiempo requerido, 15 procedentes de la Inspección de Trabajo y 2 relacionadas con inspecciones tributarias, realizándose una sucinta descripción de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta, pero no se adjuntan las actas de inspección al contener, se sostiene, datos de carácter personal. 3. Mediante escrito registrado el 14 de diciembre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto su disconformidad con la información recibida pues «Se contesta sin completar la información de las sanciones interpuestas por la Auditoria de Intervención de la Seguridad Social». 4. Con fecha 15 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 18 de diciembre de 2023 se recibió respuesta indicando que la reclamación asignada a ese Departamento no corresponde al mismo, sino que el destinatario de la reclamación se trata de la Unidad de Información de Transparencia Singular de la Seguridad Social. Con fecha 18 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación a la Unidad de Información y Transparencia Singular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones -UITSSS- solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 11 de enero de 2024 se recibió respuesta remitiendo las alegaciones evacuadas por MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, con relación a la reclamación referenciada. En el escrito de contestación se afirma que R CTBG Número: 2024-0396 Fecha: 08/04/2024 «[t]ras haber solicitado la información pertinente al departamento depositario de la misma, MAZ no ha recibido sanción alguna por parte de la Auditoría de la Intervención de la Seguridad Social entre los años 2008 a 2022». 5. El 12 de enero de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 27 de febrero de 2024, se recibió un escrito en el que expone que ha podido cotejar que no se ha facilitado la información completa. Para acreditar tal extremo aporta a este Consejo dos documentos. Por una parte, la Sentencia 3/2016, de 19 de abril, dictada por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el recurso de apelación nº 8/16, que estima el recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, al que se adhiere el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de 25 de junio de 2015 dictada por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento en el Procedimiento de reintegro por alcance nº A-101/14 y revoca la misma cuyo fallo, resuelve, es el siguiente: “1º) Se estima parcialmente la demanda interpuesta por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social – MAZ y, en su virtud, se hacen los siguientes pronunciamientos: A. Se cifra en 85.758,44 €, el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los caudales públicos. B. Se declara responsable contable directa a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social – MAZ. C. Se condena a la declarada responsable contable directa al pago de la suma de los 85.758,44 €, así como al pago de los intereses de demora devengado hasta la completa ejecución de la presente sentencia, que se fijarán en fase de ejecución, con arreglo a los criterios incorporados al fundamento de derecho décimo. D. El importe del alcance deberá contraerse en la correspondiente cuenta de la contabilidad pública (…)». Asimismo, en segundo lugar, precisa que ha podido cotejar que según las cuentas de MAZ de 2022, publicadas por la Seguridad Social, se mencionan una serie de “sanciones” por la auditoría de varios años (2009, 2011, 2013 y 2014) de las que no se ha mencionado nada en la respuesta a la solicitud, concluyendo que « [e]stos son los motivos por los que considero no se ha contestado correctamente a mi solicitud de transparencia, pudiendo haber algún interés de obviar la información y no realizar la transparencia debida». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a los informes de sanciones impuestas a la MUTUA MAZ desde 2008 a 2022. La entidad requerida estimó la solicitud y facilitó un listado de 17 sanciones impuestas en el período de tiempo requerido. En el trámite de alegaciones instado en este procedimiento de reclamación manifiesta que «MAZ no ha recibido sanción alguna por parte de la Auditoria de la Intervención de la Seguridad Social entre los años 2008 a 2022». El solicitante, en el trámite de alegaciones instado al efecto en el seno de este procedimiento de reclamación, aportó la documentación reseñada en los Antecedentes demostrativa, a su juicio, de que no se le había facilitado la información requerida. 4. Centrado el objeto de la reclamación en los términos expuestos, cabe recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, el objeto del derecho de acceso a la información pública está conformado por los contenidos o documentos que obren en poder de e los sujetos obligados por haber sido adquiridos o elaborados en el ejercicio de sus funciones; por lo que la existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el ejercicio del derecho. Desde la perspectiva apuntada no puede desconocerse que la entidad requerida ha aportado un archivo con la información que, según declara, obra en su poder y en la que queda constancia, como se ha señalado en los antecedentes de esta resolución, de que se le han impuesto 17 sanciones en el período referenciado, precisando en el trámite de alegaciones que no ha recibido sanción alguna por parte de la Auditoria de la Intervención de la Seguridad Social en el mismo período. No obstante, no es menos cierto que el interesado, en el trámite de alegaciones instado al efecto en este procedimiento de reclamación, ha aportado información adicional sobre diferentes tipos de sanciones que se habrían impuesto a la Mutua de referencia. Por ello, a juicio de este Consejo, dado los términos genéricos en los que está formulada la solicitud -Informes de sanciones impuestas a la mutua MAZ desde 2008 a 2022-, sin desagregar por ámbito material alguno -laboral, tributario, etc.- cabe considerar la existencia de indicios racionales sobre la existencia de inform ación adicional a la facilitada en la resolución recurrida. Por ello, procede estimar la reclamación planteada instando al sujeto requerido facilitar la información adicional no entregada o, en caso de que no exista, deje constancia expresa de ello en su resolución. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la información no facilitada que obre en su poder en relación con la siguiente solicitud: x Informes de sanciones impuestas a la mutua MAZ desde 2008 a 2022 TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez