Reclamación por acceso a la información sobre el requerimiento al Consejo de Gobierno de Castilla y León y estimación por motivos formales

Página1de 8 Resoluciónreclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de enero de 2023 el reclamante solicitó al entonces MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Expediente completo (incluidos informes jurídicos) que sustenta el requerimiento acordado en el Consejo de Ministros del 17/01/2023: S/REF:00001-00075989 N/REF:687/2023 Fecha:La de firma. Dirección: E POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA) Información solicitada:Requerimiento alConsejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de enero de 2023, en relación con la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. Sentido de la resolución: Estimatoria por motivos formales. R CTBG Número: 2024-0345 Fecha: 21/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente “Política Territorial. REQUERIMIENTO A LA JUNTA DE C ASTILLA Y LEÓN. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior”». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que, en relación con la solicitud objeto del presente expediente, pone de manifiesto que habiendo transcurrido el plazo de un mes establecido no ha recibido respuesta a la misma por lo que, no concurriendo ninguna de las causas de inadmisión del artículo 18 de la LTAIBG, ni límite del derecho de acceso de los recogidos en su artículo 14, solicita sea estimada su reclamación, indicando también que: «[E]l acceso a los documentos solicitados reviste un evidente interés público, pues el requerimiento efectuado a la Junta de Castilla y León supone una grotesca y torticera utilización política de los procedimientos constitucionales, pues ̶ como se deducirá del contenido del expediente ( y para ello hay que tener acceso al mismo) ̶ no existe acto, disposición o resolución de la Comunidad Autónoma que pueda originar dicho procedimiento constitucional» 4. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2023, el interesado reitera su reclamación ante este Consejo, indicando que con fecha 21 de febrero, pero con posterioridad al registro de su reclamación, ha recibido respuesta del Ministerio requerido, manifestando su disconformidad con el contenido de la misma en los siguientes términos: «(…) Que se deduce del acuerdo por el que se da acceso (p arcial) a lo solicitado que existen otros documentos (entre ellos, informes jurídicos que conforman la petición de acceso), a los que no se concede acceso, haciendo alusiones genéricas a excepciones legales, sin hacer mención detallada de los documentos existentes en el expediente y R CTBG Número: 2024-0345 Fecha: 21/03/2024 la causa o motivación por la que resulta esencial conocer de form a detallada si existen otros documentos en el expediente y la naturaleza de los mismos». A este escrito de ampliación de la reclamación acompaña: (i) copia de la resolución del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL; (ii) copia del Acuerdo del Consejo de Ministros; y (iii) copia del certificado de la adopción del Acuerdo firmado por el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 5. La mencionada resolución del Ministerio, de 21 de febrero de 2023, concede el acceso a la información en los siguientes términos: «Una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local resuelve conceder el acceso a la información a la que se refiere la solicitud deducida por D. (…) en lo relativo al texto del Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior, que se adjunta como Anexo a esta Resolución. Dicho requerimiento, aprobado por el Consejo de Ministros del 17 de enero de 2023, junto con el material audiovisual o documental de acceso público al que se hace referencia en el mismo, constituye el expediente a estos efectos. En ese sentido cabe hacer referencia al Criterio Interpretativo Nº 6 publicado por el Consejo de Transparencia en el año 2015, en el que, en relación con el concepto de información “auxiliar o de apoyo”, señalaba que una solicitud de información podría ser inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: (…) Igualmente debe hacerse referencia al artículo 5.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno, que establece “el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros” y al apartado 6.2 de las Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno,, donde se señala que “la información elaborada para esos órganos tiene carácter confidencial y su uso queda autorizado exclusivamente a los efectos de la preparación de las reuniones de los órganos de colaboración y colegiados del Gobierno”». 6. Con fecha 7 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de marzo se recibió respuesta con el siguiente contenido: «Primero. - Con fecha de 18 de enero de 2023, tuvo entrada en el Portal de Transparencia solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por D(…), solicitud que quedó registrada con el número 001-75989, y que tenía el siguiente tenor: (…) Segundo.: Con fecha 23 de enero, dicha solicitud fue trasladada al órgano competente para resolver, en este caso, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, fecha a partir de la cual, comienza a computar el plazo de un mes para resolver previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre. Tercero. - Una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, resolvió, con fecha 21 de febrero de 2023, dentro del plazo legalmente establecido, admitir a trámite el acceso a la información a la que se refería la solicitud deducida por D. (…), comunicándosele, con esa misma fecha, al ciudadano la Resolución. Cuarto. - El solicitante, igualmente con fecha 21 de febrero de 2022 interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, alegando que había transcurrido más de un mes desde la presentación de la Solicitud de acceso a la información pública sin que se le hubiera contestado y reclamando el acceso a la información solicitada. De acuerdo con todo lo expuesto, y en contestación a la reclamación presentada, se formula la siguiente ALEGACIÓN: ÚNICA. - Tal y como se ha expuesto anteriormente, la Resolución por la que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública fue resuelta y comunicada al ciudadano dentro del plazo legalmente establecido en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al expediente completo (incluidos informes jurídicos) que sustenta el requerimiento acordado en el Consejo de Ministros de 17 de enero de 2023, dirigido a la Junta de Castilla y León a fin de que se abstenga de tomar cualquier medida o actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior. El reclamante entendió desestimada su solicitud por silencio, al haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su resolución, interponiendo la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, pone en conocimiento de este Consejo que le ha sido notificada resolución del entonces Ministerio de Política Territorial en la que se concede copia del acuerdo del Consejo de Ministros en el que se aprueba el requerimiento a la Junta de Castilla y León; información que considera insuficiente. Trasladada la reclamación al Ministerio requerido, este aporta informe alegando que se dictó resolución concediendo el acceso en los términos indicados dentro del plazo legalmente establecido. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, si bien el Ministerio requerido resolvió dentro del plazo establecido de un mes desde que la solicitud tiene entrada en el órgano competente para resolver, tal como alega ante este Consejo, lo cierto es que concurre una serie de circunstancias que abocan a que la reclamación interpuesta por el solicitante frente al pretendido silencio sea admitida sin considerarse prematura. En efecto, presentada la solicitud en fecha 18 de enero de 2023, el solicitante interpone la reclamación el 21 de febrero de 2023 (aproximadamente a las 6 am) poniendo de manifiesto que no ha recibido respuesta. Ese mismo día, pero con posterioridad, se le comunica que su solicitud de acceso tuvo entrada en el órgano competente para resolver en fecha 23 de enero de 2023 y que el cómputo del mes comienza desde esa fecha (dictándose la resolución y notificándose ese mismo día 21 de febrero). Lo cierto es que el reclamante, que no había recibido con anterioridad comunicación alguna, interpuso la reclamación una vez superado el plazo de un mes desde la fecha en presentó la solicitud (18 de enero) —única fecha de la que tenía certeza—, sin que pueda considerarse de recibo que, habiendo entrado tal solicitud en el órgano competente para resolver el 23 de enero, no se comunique tal circunstancia al interesado hasta prácticamente un mes después. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sentado lo anterior, no puede desconocerse que el Ministerio requerido dictó resolución en la que acuerda conceder la información solicitada aportando copia, por un lado, del acuerdo del Consejo de Ministerios y del requerimiento remitido a la Junta de Castilla y León y, señalando, por otro lado, que «dicho requerimiento, aprobado por el Consejo de Ministros del 17 de enero de 2023, junto con el material audiovisual o documental de acceso público al que se hace referencia en el mismo, constituye el expediente a estos efectos.» A juicio de este Consejo esta última afirmación resulta determinante del sentido de esta resolución, pues de ella se desprende que se ha proporcionado el acceso completo a la información solicitada, en la medida en que el expediente pretendido se conforma únicamente por el requerimiento (cuya copia se aporta) y por las intervenciones en medios de comunicación a las que se hace referencia en el acuerdo (que son de acceso público). Ciertamente, las alusiones que, a continuación, se contienen en la resolución referidas al artículo 18.1.b) LTAIBG (información auxiliar o de apoyo) —en relación con la naturaleza secreta de las deliberaciones del Gobierno y con el carácter preparatorio y confidencial de las comunicaciones elaboradas por los órganos colegiados del Gobierno— inducen a confusión, pues puede entenderse, como mantiene el reclamante, que existe más información de la proporcionada cuya denegación no se ha justificado suficientemente. Sin embargo, de la lectura conjunta de la resolución sobre el acceso pretendido y del requerimiento acordado por el Consejo de Ministros, entiende este Consejo que se ha facilitado toda la información de la que se dispone, si bien con carácter tardío, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas. 6. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la respuesta se proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener respuesta a su solicitud en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA). De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez