Solicitud de información sobre plazas de acogida para personas vulnerables y dependientes en Cataluña y estimación formal de la reclamación

Página1de 6 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 2 de agosto de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Me dirijo a ustedes porque desearía recibir información respeto a la acción concertada. Concretamente quisiera saber si el procedimiento de acción concertada prevé mecanismos de acogida para personas en situación de elevada dependencia (personas que no vayan a poder ser insertadas en el mercado laboral, o que no podrán ser autónomas en su día a día). S/REF:00001-00081556 N/REF:2886/2023 Fecha:La de firma. Dirección: ERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Información solicitada:Información sobre procedimiento de acción concertada. R CTBG Número: 2024-0344 Fecha: 21/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente En caso de que se prevea, se incluyen estas casuísticas en las plazas de acogida de personas vulnerables y las plazas de acogida de personas vulnerables reforzadas. Finalmente, me gustaría saber cuántas plazas de acogida de personas vulnerables y cuántas plazas de acogida de personas vulnerables reforzadas se han concertado en Cataluña para el 2023». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 19 de octubre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4. Con fecha 19 de octubre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación a la Unidad de Información y Transparencia Singular de la Seguridad Social solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 23 de octubre de 2023 se recibió respuesta indicando que se procedía a rechazar el registro de la reclamación de referencia ya que esa reclamación es competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMI). Con fecha 23 de octubre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 1 de marzo de 2024 se recibió escrito de respuesta al que se adjuntaba copia de la resolución dictada el 12 de febrero de 2024 por la titular de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección internacional. Dicha resolución tiene el siguiente contenido: «(…) En primer lugar, la regulación de la acción concertada se encuentra fundamentalmente recogida en las siguientes normas: El artículo 31.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; El título V del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4978). R CTBG Número: 2024-0344 Fecha: 21/03/2024 La Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, aprobada en aplicación de la disposición final tercera del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo. Esta orden desarrolla la acción concertada con entidades para la gestión del sistema de acogida de protección internacional y, en concreto, dispone el procedimiento para la determinación y asignación de plazas en función de la fase del itinerario de acogida. Por último, la Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, por la que se establece la planificación de prestaciones, actuaciones o servicios estructurales del sistema de acogida en materia de protección internacional para su gestión mediante acción concertada (disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022- 18548). En el apartado V del Anexo B de esta última resolución se establece que las plazas en fase de acogida para atención a personas en situación vulnerabilidad “están destinadas fundamentalmente a atender a personas en situación de vulnerabilidad por la edad o a personas de las que se sospecha que pueden ser víctima de trata de seres humanos”, especificando a continuación que “se consideran plazas para personas en situación de vulnerabilidad las plazas para personas con problemas de salud mental, las plazas para víctimas de violencia de género, las plazas para personas jóvenes y las plazas para víctimas de trata de seres humanos.” Por lo que se refiere a las plazas de atención en fase de acogida para atención reforzada a personas vulnerables con problemas de salud mental/atención psiquiátrica (esto es, la acogida para la atención reforzada a personas vulnerables), se dispone que estas plazas “están destinadas a personas con patología psiquiátrica que necesitan atención psiquiátrica especializada 24 horas al día.” Por último, y de acuerdo con los recursos disponibles comunicados por las entidades autorizadas a prestar servicios mediante acción concertada, se informa de que a finales de 2023 había 29 plazas de acogida para la atención a personas en situación de vulnerabilidad y 31 plazas de acogida para la atención reforzada a personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña. (…)». 5. El 5 de marzo de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre la acción concertada y las personas dependientes. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución emitida el 12 de febrero de 2024 en la que se acuerda conceder el acceso a lo solicitado. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aun de forma tardía, el órgano competente dictó resolución, notificada a la reclamante, en la que concede el acceso, sin que la reclamante haya manifestado objeción alguna en el trámite de audiencia que le ha sido concedido. Por tanto, ha de tenerse en cuenta, por un lado, el hecho de que la información ha sido facilitada y, por otro, que se ha dictado resolución concediendo el acceso de forma tardía. 6. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener la información completa en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez